Aurora Chino Rodriguez
Expediente 204/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 30 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Aurora Chino Rodriguez
- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Ditrito Judicial de los Bravo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, se advierte que en proveído de esta fecha se declaró ejecutoriada la sentencia ahí dictada; por tanto, en observancia del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en específico en el capítulo cuarto, artículo 12, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Entonces, dado que en proveído de cuatro e interlocutoria de once, ambos de marzo del año en curso, se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, el original del incidente de suspensión, es susceptible de ser depurado conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del capítulo séptimo "expedientes depurables", por ende, después de tres años a partir del dictado de este acuerdo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar el expediente, conservando la resolución que concedió la medida cautelar. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, es destruible, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses, después de haberse dictado este proveído, dentro de los treinta días posteriores a ello se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación para la plena identificación del expediente destruido, y se remita el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, remítanse los cuadernos al archivo, hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso b), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. En relación de los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, capítulo cuarto, del Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente respecto a su archivo y valoración. En mérito de lo expuesto, y toda vez que es innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, que obran por separado en un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO QE PRECEDE...MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa Aurora Chino Rodríguez, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de cinco de agosto del año que transcurre, es decir, no recogió los edictos para su publicación, a fin de lograr el emplazamiento del tercero interesado Genaro Ocampo Valle; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado. Lo anterior es así, pues, no obstante que en el presente juicio de amparo, se llevó a cabo la investigación correspondiente con la finalidad de conocer el domicilio cierto del referido tercero interesado, a efecto de emplazarlo legalmente al presente juicio como se acordó en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, no fue posible conocerlo, razón por la cual en auto de cinco de agosto del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de veintiséis de abril del presente año, y se ordenó el emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Acuerdo este último, en el que se le hizo del conocimiento que, en caso de no comparecer a recoger dichos edictos ni exhibir las publicaciones en los términos ordenados o bien manifestar la imposibilidad que tuviera para ello, dentro del término concedido, se decretaría el sobreseimiento del presente asunto. En tales condiciones, como se hizo constar en la certificación de cuenta, ya transcurrió el término concedido a efecto de que la parte quejosa recogiera los edictos para su publicación, sin que haya dado cumplimiento a lo que le fue requerido. Esta postura, hace patente que el peticionario del amparo carece de interés para que se continúe con el trámite del juicio de amparo, situación que actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el dispositivo 63, fracción II, en relación con lo establecido en el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107, Constitucionales, que en su orden disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." En los numerales transcritos, se prevé como causa de sobreseimiento en el juicio de amparo, el no recoger dentro del término de veinte días los edictos que fueron puestos a disposición del peticionario de derechos fundamentales para su publicación. Lo que tiene como finalidad constituir la relación jurídica procesal, la que está condicionada a que la parte quejosa, no solo acredite la entrega de los edictos para su publicación, sino que previo a ello, los haya recogido; por tanto, el incumplimiento de tal obligación provoca que se impida al tercero interesado que se vio beneficiado en su esfera jurídica con motivo de la emisión del acto reclamado, acuda al juicio de amparo en defensa de sus derechos por la posición jurídica que guarda en relación con el acto reclamado, y por disposición expresa del numeral 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero o terceros interesado, pudiendo tener tal carácter..." En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente lo rigen, en virtud de que las determinaciones que se adopten en la litis de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de esa parte procesal, atribuible a la parte quejosa por no recoger los edictos para su publicación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. Esto encuentra sustento en lo preceptuado por el artículo 14 constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa del impetrante de garantías, para lograr la notificación de la parte tercera interesada se contraviene lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b), último párrafo y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Circunstancia que no es atribuible a este órgano jurisdiccional sino a la promovente de la demanda de amparo, pues con su omisión impide -como se dijo- que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, ya que no obstante que se agotó la investigación a que alude el numeral 27, en términos de la fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo y que se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Genaro Ocampo Valle, por medio de edictos a su costa, no se apersonó para recogerlos y posteriormente publicarlos en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación nacional, ni manifestó imposibilidad para ello, tal como se le indicó en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el cual se le notificó por medio de lista como consta de autos. Lo que trae como consecuencia que se declare procedente el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en virtud de que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en una formalidad esencial del procedimiento, lo que hace que este juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio, pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de garantías al arbitrio del inconforme, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corrobora lo anteriormente dicho, la tesis de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 164074, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 108/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 416, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." La diversa jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.), Registro digital: 2006231, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias Constitucional y Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 727, del rubro "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS." Del contenido de las jurisprudencias mencionadas, se advierte que se deberán analizar las particularidades de cada caso, respecto de si la parte quejosa manifestó tener o no capacidad económica para solventar el costo que implica la publicación de los edictos relativos al emplazamiento de la tercero interesada y analizar si en autos hay indicios suficientes para determinar que, por falta de capacidad económica, el costo de su publicación se haga con cargo al Consejo de la Judicatura Federal, lo que en el presente caso no aconteció, lo que trae como consecuencia que no se logró concluir el proceso por causas imputables al propio inconforme. Hipótesis que actualmente se encuentra contemplada en el artículo 27, fracción III, inciso c), que al efecto dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (...) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso (...)." Circunstancia que no se advierte que se materialice en el presente asunto, pues de autos no se advierte que la parte quejosa haya manifestado por escrito incapacidad económica para solventar ese costo; y, analizando las particularidades del caso, tampoco se aprecia la existencia de algún indicio que revele esta circunstancia, por lo cual no se concretan los elementos que establecen los criterios jurisprudenciales referidos, a saber: 1. Manifestación del quejoso que no puede solventar el costo de los edictos y 2. La existencia de indicios que revelen que carece de capacidad económica para solventar ese costo), para determinar que sea el Consejo de la Judicatura Federal, el que a su costa publique los edictos del emplazamiento a la tercero interesada. En mérito de lo analizado, al haberse actualizado la hipótesis de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63, en relación con los normativos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del artículo antes citado, y 5º, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, así como lo dispuesto en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente asunto. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, Registro digital 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que tendría verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO.. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO QE PRECEDE...MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa Aurora Chino Rodríguez, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de cinco de agosto del año que transcurre, es decir, no recogió los edictos para su publicación, a fin de lograr el emplazamiento del tercero interesado Genaro Ocampo Valle; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado. Lo anterior es así, pues, no obstante que en el presente juicio de amparo, se llevó a cabo la investigación correspondiente con la finalidad de conocer el domicilio cierto del referido tercero interesado, a efecto de emplazarlo legalmente al presente juicio como se acordó en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, no fue posible conocerlo, razón por la cual en auto de cinco de agosto del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de veintiséis de abril del presente año, y se ordenó el emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Acuerdo este último, en el que se le hizo del conocimiento que, en caso de no comparecer a recoger dichos edictos ni exhibir las publicaciones en los términos ordenados o bien manifestar la imposibilidad que tuviera para ello, dentro del término concedido, se decretaría el sobreseimiento del presente asunto. En tales condiciones, como se hizo constar en la certificación de cuenta, ya transcurrió el término concedido a efecto de que la parte quejosa recogiera los edictos para su publicación, sin que haya dado cumplimiento a lo que le fue requerido. Esta postura, hace patente que el peticionario del amparo carece de interés para que se continúe con el trámite del juicio de amparo, situación que actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el dispositivo 63, fracción II, en relación con lo establecido en el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107, Constitucionales, que en su orden disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." En los numerales transcritos, se prevé como causa de sobreseimiento en el juicio de amparo, el no recoger dentro del término de veinte días los edictos que fueron puestos a disposición del peticionario de derechos fundamentales para su publicación. Lo que tiene como finalidad constituir la relación jurídica procesal, la que está condicionada a que la parte quejosa, no solo acredite la entrega de los edictos para su publicación, sino que previo a ello, los haya recogido; por tanto, el incumplimiento de tal obligación provoca que se impida al tercero interesado que se vio beneficiado en su esfera jurídica con motivo de la emisión del acto reclamado, acuda al juicio de amparo en defensa de sus derechos por la posición jurídica que guarda en relación con el acto reclamado, y por disposición expresa del numeral 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero o terceros interesado, pudiendo tener tal carácter..." En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente lo rigen, en virtud de que las determinaciones que se adopten en la litis de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de esa parte procesal, atribuible a la parte quejosa por no recoger los edictos para su publicación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. Esto encuentra sustento en lo preceptuado por el artículo 14 constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa del impetrante de garantías, para lograr la notificación de la parte tercera interesada se contraviene lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b), último párrafo y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Circunstancia que no es atribuible a este órgano jurisdiccional sino a la promovente de la demanda de amparo, pues con su omisión impide -como se dijo- que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, ya que no obstante que se agotó la investigación a que alude el numeral 27, en términos de la fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo y que se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Genaro Ocampo Valle, por medio de edictos a su costa, no se apersonó para recogerlos y posteriormente publicarlos en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación nacional, ni manifestó imposibilidad para ello, tal como se le indicó en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el cual se le notificó por medio de lista como consta de autos. Lo que trae como consecuencia que se declare procedente el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en virtud de que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en una formalidad esencial del procedimiento, lo que hace que este juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio, pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de garantías al arbitrio del inconforme, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corrobora lo anteriormente dicho, la tesis de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 164074, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 108/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 416, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." La diversa jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.), Registro digital: 2006231, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias Constitucional y Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 727, del rubro "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS." Del contenido de las jurisprudencias mencionadas, se advierte que se deberán analizar las particularidades de cada caso, respecto de si la parte quejosa manifestó tener o no capacidad económica para solventar el costo que implica la publicación de los edictos relativos al emplazamiento de la tercero interesada y analizar si en autos hay indicios suficientes para determinar que, por falta de capacidad económica, el costo de su publicación se haga con cargo al Consejo de la Judicatura Federal, lo que en el presente caso no aconteció, lo que trae como consecuencia que no se logró concluir el proceso por causas imputables al propio inconforme. Hipótesis que actualmente se encuentra contemplada en el artículo 27, fracción III, inciso c), que al efecto dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (...) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso (...)." Circunstancia que no se advierte que se materialice en el presente asunto, pues de autos no se advierte que la parte quejosa haya manifestado por escrito incapacidad económica para solventar ese costo; y, analizando las particularidades del caso, tampoco se aprecia la existencia de algún indicio que revele esta circunstancia, por lo cual no se concretan los elementos que establecen los criterios jurisprudenciales referidos, a saber: 1. Manifestación del quejoso que no puede solventar el costo de los edictos y 2. La existencia de indicios que revelen que carece de capacidad económica para solventar ese costo), para determinar que sea el Consejo de la Judicatura Federal, el que a su costa publique los edictos del emplazamiento a la tercero interesada. En mérito de lo analizado, al haberse actualizado la hipótesis de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63, en relación con los normativos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del artículo antes citado, y 5º, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, así como lo dispuesto en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente asunto. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, Registro digital 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que tendría verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
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