Aurora Castro Castro

Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
742/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • Aurora Castro Castro

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de junio de dos mil veintitrés. Parte quejosa solicita embargo de cuentas bancarias- se niega. Visto el escrito recibido de manera electrónica, de la apoderada legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita que se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que se retengan y aseguren las cuentas bancarias a nombre del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, hasta por la cantidad de ****, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, en virtud de que esta autoridad de amparo no cuenta con facultades expresas en la Ley de la materia que permita efectuar las acciones que solicita. Para evidenciar lo anterior, conviene precisar que la Ley de Amparo, tratándose del procedimiento de la ejecución de las sentencias de amparo, establece en sus artículos 192 y 193, lo siguiente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." Como se advierte, las facultades del juez de distrito para lograr que las autoridades cumplan con las sentencias de amparo están limitadas a imponer las multas que correspondan y, en su caso, remitir los autos al tribunal colegiado de circuito para iniciar el incidente de inejecución. Aunado a lo anterior, el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece que no podrá dictarse, en contra de las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo. Dicho artículo dispone lo siguiente: "ARTICULO 4º.- Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes." Si bien en el citado precepto no se incluye expresamente a los Ayuntamientos municipales, en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que deben considerarse comprendidos en el supuesto jurídico de ese precepto a los ayuntamientos, pues actualmente el Municipio cuenta con los caracteres que lo colocan como nivel autónomo de gobierno que ejerce una administración pública propia y distinta de la que realiza la entidad federativa a la que pertenezca. La tesis referida en el párrafo que precede, es de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS COMO ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. DEBEN CONSIDERARSE COMPRENDIDOS EN LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El citado precepto establece una regla general de igualdad de las partes en los juicios regidos bajo las normas de ese Código, al señalar que las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán, en cualquier forma en que intervengan en el procedimiento judicial, la misma situación que otra parte cualquiera; pero acota esa regla general con dos excepciones específicas, a saber: 1) que no se podrá dictar mandamiento de ejecución ni providencia de embargo en contra de los entes públicos allí referidos; y 2) que éstos estarán exentos de prestar las garantías señaladas en el propio ordenamiento. Ahora bien, ese dispositivo no hace mención expresa como destinatarios de esas excepciones a los entes de la Administración Pública Municipal, particularmente, a los Ayuntamientos; sin embargo, esa imprevisión de la norma encuentra explicación en el hecho de que, el Código Federal de Procedimientos Civiles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1943, y su artículo 4o. no ha tenido cambio alguno desde su expedición; siendo que, en la época de su creación, el sistema federal mexicano se encontraba concentrado en una organización de estructuras y competencias bajo dos órdenes de gobierno: el federal y el estatal, y los municipios estaban subordinados a este último; y ha sido conforme a la evolución constitucional que ha tenido el Municipio, a través de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que éste se ha consolidado como un orden de gobierno y no sólo de administración, con autonomía jurídica y competencia específica en la prestación de determinados servicios públicos. Por tanto, advirtiéndose que la anterior es la razón por la cual el artículo 4o. referido no hace mención expresa del orden municipal, distinguiéndolo del federal y el estatal, se concluye que los entes de la Administración Pública Municipal, entre ellos, los Ayuntamientos, deben considerarse comprendidos en el supuesto jurídico de ese precepto, pues actualmente el Municipio cuenta con los caracteres que lo colocan como nivel autónomo de gobierno que ejerce una administración pública propia y distinta de la que realiza la entidad federativa a la que pertenezca." En ese sentido, es improcedente la solicitud de la parte quejosa porque, como quedó establecido, tanto la ley de la materia como la jurisprudencia, contemplan el procedimiento a seguir para cumplir con la sentencia, que de ninguna manera incluye que este juzgado esté facultado para ordenar el embargo de las cuentas bancarias de las autoridades responsables. Además, como ya se ha indicado a la parte quejosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió algunos mecanismos que deben llevar a cabo las autoridades responsables a fin de cumplir con la ejecutoria, en el supuesto de que exista una obligación de pago en favor del quejoso. Dichos mecanismos se plasmaron en las tesis siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA PAGOS A CARGO DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. AL CONSTITUIR PRESUPUESTO DEVENGADO, SU MONTO DEBE INCLUIRSE CON PRECISIÓN EN EL ANTEPROYECTO, PROGRAMARSE EN EL PROYECTO Y APROBARSE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, expedido por el Congreso de la Unión, constituye una atribución exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa que contenga el proyecto anual del presupuesto de egresos, de donde le resulta la obligación correlativa de solicitar una partida especial -separada de los demás adeudos derivados de laudos o sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales locales- para hacer frente a los pasivos generados por el cumplimiento de las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo, cuando vinculen a la administración pública del Distrito Federal al pago de cantidades ciertas y determinadas, solicitud en la cual deberá explicar en forma detallada la fecha en la que causaron estado los fallos, el monto aproximado de las devoluciones y, en su caso, los accesorios que podrían generarse por su falta de liquidación oportuna dentro del ejercicio fiscal respectivo. Lo anterior encuentra explicación lógica en que la restitución de dichas cantidades se considera presupuesto devengado, en términos del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, cuyo pago por tanto es ineludible y carece de sentido no programarlo, presupuestarlo y aprobarlo desde que inicia el año, con el propósito de que las autoridades que conforman la administración pública del Distrito Federal, a cargo del Jefe de Gobierno por disposición del párrafo cuarto del artículo 122 de la Constitución Federal, no resten en forma generalizada y continua la eficacia de dichas sentencias, pues el artículo 66, fracción II, del propio Estatuto, atribuye a dicha conducta incluso consecuencias políticas, al señalar que son causas graves para la remoción de este servidor público "Abstenerse de ejecutar en forma reiterada y sistemática, o incurrir en contravención de actos legislativos, jurisdiccionales y administrativos que dicten los Poderes de la Unión;"; lo cual significa que existe un mandato específico de colaboración para que, en materia presupuestal, el órgano ejecutivo de carácter local programe el pago de las cantidades destinadas al cumplimiento de las sentencias protectoras de garantías, y el órgano legislativo de esta entidad federativa apruebe la partida específica que abastezca de fondos bastantes para sufragarlas, más aún cuando el párrafo tercero del artículo 1o. de esta ley señala que los sujetos obligados a cumplirla observarán que la administración de los recursos públicos se realice con un enfoque de respeto a los derechos humanos, entre otros principios." "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD. El citado precepto legal establece que para cada ejercicio fiscal se debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal que permita cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, según se deduce de la respectiva exposición de motivos, la intención del legislador fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica. Por ende, la interpretación de ese mandato legal conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, permite concluir que la previsión legal en comento vincula al referido órgano legislativo en el sentido de que la partida presupuestal de mérito, salvo casos debidamente justificados por el mismo, debe autorizarse cuando menos por la suma de las condenas impuestas y de las devoluciones ordenadas en las sentencias dictadas contra el gobierno del Distrito Federal, monto que deberá acreditarse por las autoridades encargadas de formular el anteproyecto y proyecto anual de presupuesto de egresos respectivo. Consecuentemente, no basta con la existencia de la partida presupuestal mencionada, pues acorde con las disposiciones constitucionales citadas, es imprescindible que permita cumplir con las obligaciones pendientes de pago derivadas de las sentencias dictadas contra la citada entidad política, más aún cuando resulten de sentencias de amparo, cuyo acatamiento constituye parte esencial de la preservación del Estado de Derecho, que fue precisamente lo que motivó el contenido de la norma secundaria que ahora este Alto Tribunal interpreta conforme a la Constitución Federal y los propósitos que animaron a su establecimiento." "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. Como se advierte de lo dispuesto en el citado precepto legal para cada ejercicio fiscal la Asamblea Legislativa debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, en caso de que dicha partida presupuestal sea insuficiente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá solicitar a la Asamblea una ampliación. En ese tenor, si la intención del legislador con el establecimiento de dicho numeral, según se desprende de la respectiva exposición de motivos, fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica, la interpretación conforme de ese mandato legal, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, lleva a concluir que el referido artículo 73 no tiene como finalidad obstaculizar el cumplimiento de las sentencias, impidiendo la aplicación del sistema general de adecuaciones presupuestarias establecido en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, sino que constituye un mecanismo que permite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación de la partida en comento una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, se hayan agotado, mediante las adecuaciones presupuestales autorizadas por las autoridades competentes de esa entidad política, al no ser disponibles, sin menoscabo de que la ampliación referida en el citado numeral pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones en comento, quedando bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente con el objeto de evitar la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Importa destacar que interpretar el citado artículo 73 en el sentido de que impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que, por ende, prevé como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuir a este órgano legislativo la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el gobierno del Distrito Federal." "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." En ese orden, la petición de la parte quejosa, resulta improcedente. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de mayo de dos mil veintitrés. Precluye derecho para ofrecer pruebas y adicionar cuestionario. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito fueron omisos en manifestar si desean adicionar puntos a la prueba pericial en materia de contabilidad ordenada en autos, cuya vista les fue otorgada mediante auto de dos de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, se declara precluido su derecho. De igual manera, se advierte que dicha autoridades no realizaron manifestación alguna respecto a la designación de perito en materia de contabilidad, ni ofrecieron las pruebas que estimaran convenientes respecto al incidente de liquidación de mérito; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y se declara precluido su derecho, por lo que se les tendrá por conformes con lo dictaminado por la perita oficial designada. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Requerimiento a perita oficial. Ahora bien, requiérase a la perita oficial, ********************, para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale cuáles son las constancias que requiere para poder rendir su dictamen en materia de contabilidad dentro del incidente de liquidación cuya apertura se ordenó en el presente juicio, a fin de que este Juzgado Federal le remita copia de las actuaciones que precise. Se apercibe a dicha persona que en caso de ser omisa en atender el requerimiento de mérito, se le impondrá una multa de veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo, por desacato a un mandato judicial. Barra de peritos propone perito. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la encargada de la Barra de Peritos del Estado de Puebla asociación civil, mediante el cual informa que se designó para que funja como perito oficial en el presente asunto al experto Guillermo Iván Islas Cacique. Se toma conocimiento de lo informado; sin embargo, indíquesele que en auto de diez de mayo pasado se tuvo por designada a la perita ********************, que fue propuesta por la Fiscalía General del Estado; de modo que no será requerida la intervención del nombrado experto. Copia de conocimiento. Finalmente, glósese a los autos la copia de conocimiento del oficio SSP/SDIAP/DGA/3794/2023, signado por el director general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, dirigido al director general de asuntos jurídicos de la misma dependencia, del cual se advierte que le remitió el oficio ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, para que se imponga de su contenido. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; por oficio a la perita ******************** por conducto del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Valoración del cumplimiento de la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de diez de abril de dos mil veintitrés, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sentencia Al respecto, se precisa que mediante sentencia de catorce de abril de dos mil veintitrés se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "VII. DECISIÓN 28. En esas circunstancias, al haber quedado evidenciada la violación al derecho de petición de la parte quejosa, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el director y Unidad Médica Familiar Número 09 del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del plazo de diez días hábiles, que se estima razonable para dar cumplimiento a la presente sentencia, deberán emitir la respuesta que corresponda a la solicitud de pensión por invalidez formulada por la parte quejosa, la que podrá ser en sentido negativo o afirmativo, y notificarla en la forma que corresponda." Ejecutoria Así, mediante proveído de seis de marzo del año dos mil veintitrés causó ejecutoria la sentencia y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. En cumplimiento a lo anterior, y previas gestiones realizadas por este juzgado, las autoridades responsables remitieron copia certificada del oficio con número de referencia 222415200200/DIR/100/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por el director de la Unidad de Medicina Familiar Número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, a través del cual se dio respuesta a la petición de la parte quejosa, como se desprende de la captura de pantalla siguiente: Oficio que derivado de la imposibilidad de parte de las autoridades responsables de notificarlo a la parte quejosa, se le hizo llegar mediante notificación personal que derivó del acuerdo de diez del actual mes y año, en el que se le dio vista con el cumplimiento dado al fallo protector. Conclusión En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector, pues las autoridades responsables atendieron la petición de la parte quejosa; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Manifestaciones de la parte quejosa. Por último, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, en las que argumentó que las autoridades responsables insisten en [.] contestar con lo siguiente usted decidió no continuar con su trámite de pensión se dejó cita abierta en caso de continuar su trámite, lo cual no implica ninguna contestación negativa o positiva, como lo requirió esta autoridad en el apartado "DECISIÓN" de la ejecutoria. Por lo anterior, solicito se requiera a la responsable emitir una resolución y no solo un escrito haciendo manifestaciones, resolución la cual pude determinar el otorgamiento de pensión o una negativa de pensión. En ese sentido, se advierte que dichas alegaciones están encaminadas a controvertir la respuesta dada por la autoridad responsable al escrito materia de la litis; por tanto, indíquese que los efectos de la sentencia de amparo versaron sobre el derecho de petición de la parte quejosa, en concreto, para que la autoridad responsable diera respuesta a la multicitada solicitud de pensión de ... En virtud de lo anterior, como se precisó en párrafos que anteceden, la autoridad responsable emitió respuesta mediante el oficio 222415200200/DIR/100/2023; por tanto, no resulta procedente realizar mayores requerimientos a la autoridad responsable derivado de lo expuesto en este acuerdo, pues no obstante que la autoridad responsable no se negó expresamente a acordar favorablemente lo solicitado por la parte quejosa, resulta evidente su negativa de otorgar la pensión solicitada, pues, como se le indicó en el oficio en comento, la parte quejosa "[.] decidió no continuar con su trámite de pensión se dejó cita abierta en caso de querer continuar su trámite [.] y siendo que Usted de manera voluntaria decidió no continuar con el trámite de pensión su derecho prescribió. De igual manera, se reitera a la parte quejosa que debe tener presente el límite señalado en la ejecutoria donde se concedió la protección de la Justicia Federal, por lo que no es factible que a través de la presente determinación se analice la legalidad de la respuesta emitida por la autoridad responsable. Lo anterior se concluye, puesto que si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo, por lo que no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 18 DE ABRIL DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Valoración de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "IX. DECISIÓN (.) 57. Tomando en cuenta lo fundado de uno de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca realice lo siguiente: Deje insubsistente la interlocutoria del quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de nulidad promovido en el juicio ejecutivo mercantil ******************** y, con libertad de jurisdicción, dicte una diversa, en la que resuelva lo conducente respecto a la incidencia, pero deberá pronunciarse respecto a todos los argumentos planteados por la quejosa en su demanda incidental, que esencialmente están relacionados con la deficiencia de los elementos utilizados por la Diligenciaria responsable en la diligencia de exeqüendo para cerciorarse de ubicarse en la dirección buscada y que en ese sitio viva la demandada". Ejecutoria Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés causó ejecutoria la sentencia y, por tanto, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Consecuentemente, mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido lo siguiente: Oficio que contiene la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés emitida por el juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca en el juicio ejecutivo mercantil ********************, de la que destaca que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el incidente de nulidad promovido en el juicio ejecutivo mercantil ******************** y, con libertad de jurisdicción, dictó una diversa, en la que determinó que los argumentos vertidos por la parte quejosa fueron fundados y suficientes para declarar la nulidad de la notificación impugnada. Así, resolvió que ******************** probó su acción incidental sobre declaración de nulidad de notificación y, como consecuencia, declaró la nulidad de la diligencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que ordenó turnar los autos a la diligenciaria de la adscripción para que realice la notificación de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte actora incidental. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, toda vez que la autoridad responsable emitió una nueva resolución con libertad de jurisdicción partiendo de los efectos precisados en la sentencia de amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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