Aurora Carrillo Hidalgo

Expediente 429/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
429/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • Aurora Carrillo Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signados por la apoderada del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 167 y 168), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro de julio del año que transcurre (foja 169), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hubiere realizado manifestación respecto del citado cumplimiento; asimismo, se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el nueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 146 a 152), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con sede en esta ciudad (antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado de Nayarit), emitiera respuesta congruente con la petición que le fue formulada por la quejosa en su solicitud presentada el treinta y uno de enero del año en curso, en la que solicitó, entre otras cosas, la tramitación de la escrituración de lotes urbanos, en cumplimiento a las ejecutorias emitidas en los juicios de amparo directo 710/2011 y 468/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito; asimismo, la notificara de forma inmediata. Sentencia que causó ejecutoria el veintiuno de junio de dos mil diecinueve (fojas 163 y 164). Luego, por oficio y anexo recibidos el tres de julio de esta anualidad, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, signado por la apoderada del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 167 y 168), acreditó que dio cumplimiento al fallo protector, es decir, dio respuesta al escrito presentado por el quejoso el treinta y uno de enero del año en curso y se la notificó el dos de julio de la presente anualidad, como se desprende de la firma de recibo respectiva que obra en dicha respuesta (foja 68). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. Finalmente, se tiene por recibido el oficio signado por el Director Jurídico y de Seguridad Patrimonial , en representación del Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, señala que en su carácter de superior jerárquico, requirió al Encargado de los Asuntos de la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que diera cumplimiento al fallo protector, tal y como lo demuestra con el anexo que acompaña; en consecuencia, con sustento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos para que obren como correspondan. De igual manera, con sustento en los ordinales 9 de la ley de la materia, 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, por disposición de su numeral 2°, téngase como delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, de la autoridad oficiante el que se indica en el comunicado de cuenta. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTEA LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos ante este órgano jurisdiccional, el quince de marzo y dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 1081 a 1083 y 1115 a 1117 del tomo II), suscritos por el delegado de las autoridades responsables Presidente, Síndico, Secretario, Tesorero y Jefe de Catastro, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, indicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecisiete de mayo del año actual (foja 1118 del tomo II), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución pronunciada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 765 a 808 del tomo II), por un lado sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que fue confirmada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante ejecutoria terminada de engrosar el veintidós de enero de dos mil dieciocho, dentro del cuaderno auxiliar 513/2017, de su índice, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito de esta ciudad, en el amparo en revisión administrativa número 166/2017 (fojas 888 a 927 del tomo II), cuyos efectos concesorios fueron para los efectos siguientes: "[.] En esas condiciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, y siguiendo los lineamientos sostenidos por el Órgano Superior, al resolver el amparo en revisión 1/2016, relacionado con el juicio de amparo indirecto 782/2012, lo procedente es, conceder a la persona moral ********, por conducto de su apoderado ******, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y Predios Urbanos y Rústicos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, devuelva la cantidad total que la quejosa pagó el veinticinco de febrero de dos mil quince, (correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince), por concepto de impuesto predial respecto del predio con cuenta predial *****, con clave catastral ************, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por constituir el primer acto de aplicación en perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional, la que deberá ser debidamente actualizada como si se tratara del pago de lo indebido; a excepción, de las actualizaciones, actualizaciones de rezago, recargos, recargos de rezago o bien, por diversos impuestos no reclamados en el juicio que nos ocupa, en caso de existir. Por ende, los efectos de la protección constitucional abarcan en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. [.] Asimismo, dicha concesión comprende a las autoridades denominadas Presidente Municipal, Síndico, Secretario, Tesorero y Jefe del Departamento de Catastro Municipal del VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, quienes participaron en la elaboración y autorización de las tablas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio de garantías. [.] Luego, y toda vez que, en tratándose de inconstitucionalidad de leyes reclamadas en amparo indirecto, el efecto de la sentencia que otorga la protección federal, consiste, -además- en dejar insubsistentes los actos de aplicación reclamados, e impedir que el dispositivo combatido pueda volverse a aplicar válidamente en perjuicio de la quejosa, es por lo que, se hace extensiva la concesión del amparo antes decretada a los actos reclamados consistentes en los oficios números 100016232, 100016233, 100016234, 100016235, 100016236, 100016237, 100016238, todos de diez de junio de dos mil quince, atribuidos al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto de las cantidades de *****, *****, *****, *****, ****, ***** y ****** respectivamente; correspondientes al primer trimestre del año dos mil catorce al tercer trimestre del dos mil quince, pues al haberse declarado inconstitucional el precepto 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil catorce y dos mil quince, fundamento legal en que, esencialmente se sustentan los mandamientos de ejecución de requerimiento de pago, dictados en contra de la empresa quejosa, *********, N.V., Sociedad Anónima de Capital Variable, es incuestionable que también lo serán éstos; por tanto, resulta innecesario abordar los motivos de disenso hechos valer por la gestionante del amparo, respecto a los mismos, ya que a nada práctico conduciría su estudio, cuando a la postre se han dejado sin efecto legal alguno." Ante ello y siguiendo el trámite de ejecución de la sentencia, el catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 950 a 951, Tomo I), se aperturó incidente innominado; por lo que seguido el juicio por sus demás trámites legales, el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se resolvió dicho incidente, en el que se determinó devolver a la parte quejosa la suma de $****** pesos (fojas 1044 a 1048, Tomo II). En relación con lo anterior y en cumplimiento al fallo protector, el quince de marzo de dos mil diecinueve (foja 1081 a 1083, Tomo II), se tuvo al delegado de las autoridades responsables exhibiendo el billete de depósito ******, valioso por la cantidad de $******* pesos, cantidad que fue fijada en el incidente innominado de previa cita. Por lo que, por proveído de ocho de mayo del año en curso (fojas 1107 a 1109), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en análisis y se determinó que ésta no se encontraba cabalmente cumplida, toda vez que se dijo que no obstante haber cubierto el pago a la parte quejosa, es menester que obrara manifestación expresa por parte de las autoridades responsables en el sentido de desincorporar de la esfera jurídica a la parte peticionaria de garantías la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional, requiriéndose nuevamente a las autoridades responsables para que acataran dicha circunstancia. Así pues, por oficio recepcionado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el delegado las autoridades responsables adjuntó el oficio TM-206/2019, suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, del cual se advierte que desincorporó de la esfera jurídica lo previsto en los preceptos declarados inconstitucionales, en lo que concierne al impuesto predial respecto del predio con número de cuenta U015379, ubicado en la citada municipalidad. Con base a ello, por auto de diecisiete de mayo del año en curso (foja 1118 del tomo II), se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por lo que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa desapercibido, que la parte quejosa no hubiera recogido el certificado de depósito que nos ocupa, pues dicha circunstancia resulta irrelevante para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues, en el caso el ente responsable ha mostrado su disposición para dar cumplimiento al requerimiento efectuado; consecuentemente, este órgano jurisdiccional declara cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. ...". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por un lado se sobreseyó y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asuntos concluidos, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, al no ser necesaria la retención del certificado de depósito ******, valioso por la cantidad de ******* pesos, requiérase a la parte agraviada, para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional a recoger el propio, previa toma de razón y recibo que deje en autos; apercibida que de no realizarlo en el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito el mismo a favor del Fisco Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta presentado por la apoderada del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte solicitante del amparo, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por conducto de su Delegado, a través del cual informa que giró oficio a la Dirección General de Fondo de Pensiones, con sede en esta ciudad, a efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida, y devuelva vía transferencia bancaria la cantidad que le fue descontada por concepto 53 y que asciende a la cantidad de $117,464.62 (ciento diecisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 62/100 moneda nacional) al quejoso J. Jesús Flavio Manzo González; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que con lo manifestado se considera el fallo protector en vías de cumplimiento; lo expuesto, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia que se estará en espera del acatamiento total a la sentencia concesoria del amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de amparo, requiérase a las autoridades responsables, Secretario de Administración y Finanzas y Director General de Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, ambos con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de tres días posteriores al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, informen el cumplimiento total a la ejecutoria de marras, en los términos indicados en la sentencia pronunciada por este juzgado federal. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del consejo de la judicatura federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el manual de organización general del consejo de la judicatura federal, publicado en el diario oficial de la federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.

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