Aurora Bermudes Hernández

Expediente 1158/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1158/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Aurora Bermudes Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz; veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por AURORA BERMUDES HERNÁNDEZ, contra actos del Encargado de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad y otras autoridades. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO En principio, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: ? El oficio 1.4.2802/2019 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en la parte conducente, donde se determinó que tiene carácter de obligatorio para el otorgamiento y pago de las pensiones que emanen de la Ley del ISSSTE, la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, no pudiendo eximirla de dicha aplicación, hacerlo implicaría ir en contra de la normatividad 26, 41 y 123 de la Carta Magna (fojas 16 a 19). Ahora el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." De esta manera, se considera que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho artículo consagra el principio de definitividad que debe imperar previo a instar la acción constitucional; este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la quejosa debe, previamente a su promoción, agotar los juicios, recursos o medios de defensa correspondientes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación; lo anterior con excepción de los casos previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, se considera que la quejosa antes de acudir a la instancia de amparo, contra el oficio reclamado, debió agotar el juicio contencioso administrativo federal (también conocido como juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previsto en los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracciones VII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los que disponen: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.) XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. (.)." De los numerales citados se advierte que contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa federal, así como las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -como en el caso en estudio- procede el juicio contencioso administrativo federal (también conocido como juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En efecto, como se expuso la quejosa AURORA BERMUDES HERNÁNDEZ, señala como acto reclamado el oficio 1.4.2802/2019 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en la parte conducente, donde se determinó que tiene carácter de obligatorio para el otorgamiento y pago de las pensiones que emanen de la Ley del ISSSTE, la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, no pudiendo eximirla de dicha aplicación, hacerlo implicaría ir en contra de la normatividad 26, 41 y 123 de la Carta Magna (fojas 16 a 19). Por tanto, se concluye que este juicio es improcedente dado que la promovente antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar en contra del oficio reclamado, en donde dice se determinó integrar el pago de la pensión jubilatoria en salarios mínimos diarios, el juicio contencioso administrativo federal. Máxime que no se actualiza algún caso de excepción al citado principio y fundamentalmente se combaten las particularidades relacionadas con el pago de su pensión jubilatoria en salario mínimos y no en UMAS. Lo anterior, porque a pesar de que la promovente aduzca falta de fundamentación en el acto reclamado, lo cierto es, que se aprecia que la autoridad responsable para emitir el oficio que se combate, relacionó diversos preceptos, entre ellos, 26, 41 y 123 de la Carta Magna, por tanto, se considera que no existe excepción a la causal de improcedencia que se analiza. Además, cabe precisar que en contra de este tipo de actos administrativos procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia 111/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 326 del tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 177279 de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 988, libro XXI, tomo 1, junio de 2013, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003874, de rubro siguiente: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO." En consecuencia, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tienen como sus autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Chimal Ruiz, José Antonio Galván Martínez y Pascual García Luna, por así haberlo solicitado la parte quejosa. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. Asimismo, en términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. No obstante lo anterior, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá realizarse por escrito y acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere su expedición. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 20/2017 (10.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, tomo I, página 308, mayo de 2017, materia civil, número de registro 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO." Notifíquese como corresponda. Así, lo proveyó y firma Carlos Sebastián Casados González, Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por oficio CCJ/ST/6918/2019, de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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