Auria María Ruiz Aguilar

Expediente 1476/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1476/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Auria María Ruiz Aguilar
  • Auria María Ruiz Aguilar y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Archivo. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Valoración documental. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina su valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), por lo tanto: a) Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Nueva integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte ha transcurrido el término concedido a ********************, por propio derecho y en nombre y representación de ********************y********************., en proveído de once de enero del año en curso, sin que hubiere hecho manifestación alguna; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado en dichos autos, por lo que se tiene al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en representación del Presidente, acatando la suspensión definitiva otorgada en interlocutoria de cinco de enero actual. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1476/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, *****, por su propio derecho y en representación de los menores de edad de identidad reservada con iniciales ********************y *****. -como ********************-, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistentes en: "IV. Actos reclamados: (sic) De la responsable (sic) reclamo la omisión de garantizar la salud mental y desarrollo psicosocial de mis hijas **** y ******de apellidos Navarro Ruiz, quienes son menores de edad; en razón de no designar guardias correspondientes en los juzgados familiares de Tuxtepec, Oaxaca, para atender la urgencia en la ministración de Justicia." Acto que estimó violatorio de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, modificado con el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; aunado a que las autoridades responsables tienen su domicilio dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisas los actos reclamados y las autoridades responsables, en atención al contenido integral de la demanda de amparo, los cuales son los siguientes: Al Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La omisión de salvaguardar el derecho a la salud mental y desarrollo psicosocial de las infantes de identidad reservada, con iniciales X.M.N.R. y G.E.N.R., con motivo de no designar guardias en los juzgados familiares de Tuxtepec, Oaxaca, para atender casos urgentes, es decir, no velar por el acceso a la justicia que tienen todas las personas, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca -por conducto de la Secretaria General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia de ese tribunal-, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto reclamado Lo que además se corrobora con la fracción XXVIII del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de la que se advierte la facultad de fijar los periodos vacacionales es del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, el cual es de la literalidad siguiente: "Artículo 52. Son atribuciones del pleno del Consejo de la Judicatura: [.] XXVIII. Fijar los períodos vacacionales de los tribunales especializados y del propio Consejo de la Judicatura; [.]" Asimismo, el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, tiene entre sus facultades representar legalmente a dicho consejo, así como tramitar los asuntos competencia del Pleno y, en caso de asuntos trascendentes turnar a algún consejero para que dé el trámite correspondiente. Lo anterior, con la diversa fracción I del artículo 66 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, establece lo que sigue: "Artículo 66. Son atribuciones del presidente del Consejo de la Judicatura, las siguientes: I. Representar legalmente al Consejo de la Judicatura; II. Tramitar los asuntos de la competencia del pleno del Consejo de la Judicatura y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución. En caso de que el presidente estime trascendental algún trámite, designará a un consejero ponente para que someta el asunto a la consideración del pleno del Consejo de la Judicatura, a fin de que este determine lo que corresponda; [.]" Aunado a lo anterior, se tiene que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, es el órgano del Poder Judicial del Estado es el encargado de conducir la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, como se advierte del artículo 48 de la ley orgánica multicitada, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 48. El Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica, de gestión y capacidad para emitir resoluciones y acuerdos generales. Es el encargado de conducir la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, en los términos que señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y esta ley." De manera que, con fundamento en la normativa y las razones precisadas, las anteriores razones corroboran le negativa del acto reclamado, puesto que se encuentra fuera de la competencia del Presidente del tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. En tales condiciones, se sobresee en el juicio respecto de la autoridad responsable precisada, en cuanto al acto reclamado que fue precisado en el considerando segundo de este fallo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca -a través de la Secretaria Ejecutiva auxiliar de dicho consejo-, aceptó parcialmente el acto reclamado. Lo que se corrobora con las normatividad y razones que se precisaron en el considerando que antecede, puesto que con motivo de que se fijaron vacaciones y no se consideró guardia para asuntos familiares urgentes, en específico en el distrito judicial de Tuxtepec, puesto que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca es el órgano encargado del Poder Judicial del Estado de conducir la administración de dicho poder, entre cuyas facultades se encuentra fijar los periodos vacacionales y que el Presidente de dicho consejo es quien lo representa. QUINTO. Causal de improcedencia. Establecida la existencia del acto precisado en el considerando segundo, este juzgado federal advierte de oficio, la actualización de una causa de improcedencia del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual procede el análisis oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto del acto reclamado -consistente en la omisión de salvaguardar el derecho a la salud mental y desarrollo psicosocial de las infantes de identidad reservada, con iniciales X.M.N.R. y G.E.N.R., con motivo de no designar guardias en los juzgados familiares de Tuxtepec, Oaxaca, para atender casos urgentes, es decir, no velar por el acceso a la justicia que tienen todas las personas, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". Como se ve, el juicio de amparo resulta improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, este no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o su materia, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, la jurisprudencia ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que la condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Las consideraciones que anteceden se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, con número de registro digital 173858, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Como se dijo, en el caso en particular, el acto reclamado es la omisión de salvaguardar el derecho a la salud mental y desarrollo psicosocial de las infantes de identidad reservada, con iniciales X.M.N.R. y G.E.N.R., con motivo de no designar guardias en los juzgados familiares de Tuxtepec, Oaxaca, para atender casos urgentes, es decir, no velar por el acceso a la justicia que tienen todas las personas, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el Acuerdo general 01/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mediante el cual se establece el calendario judicial de periodos vacacionales y de suspensión de labores para el poder judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, correspondiente al año dos mil veintidós, prevé en sus numerales 1, inciso b) y 3, lo siguiente: "Artículo 1. Los servidores públicos adscritos a juzgados en materias civil, familiar y laboral disfrutarán durante el año dos mil veintidós de dos periodos vacacionales: [.] Segundo periodo: abarcará del dieciséis al veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Durante estos periodos los juzgados en mención permanecerán cerrados y no correrán los términos. Artículo 3. En los Juzgados Mixtos del Estado, los plazos y términos en materia civil y familiar transcurrirán de forma normal durante los periodos vacacionales citados, con excepción de los días inhábiles que se encuentren establecidos en la Ley y en el presente Acuerdo General, por lo que dichos órganos jurisdiccionales estarán en funciones durante los periodos vacacionales mencionados." De lo anterior se tiene que, aun cuando es cierto lo alegado por la quejosa, en cuanto que los juzgados mixtos familiares permanecieron cerrados durante el segundo periodo vacacional, comprendido del dieciséis al veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; lo cierto es que a partir del treinta de diciembre de dos mil veintidós, estuvo en posibilidad de presentar la demanda o escrito que estimara conducente para hacer valer sus derechos ante los órganos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Luego, queda evidenciado, que si bien el acto reclamado repercutió en la esfera jurídica de la quejosa, tal afectación, perjuicio o menoscabo ya no surte efectos sobre su persona, pues aun cuando subsiste la razón por la cual no se le recibió el documento con el que pretendía hacer valer sus derechos la parte quejosa, dicha causa se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de la promovente. Por tanto, el objeto o materia del acto reclamado (la omisión de salvaguardar el derecho a la salud mental y desarrollo psicosocial de las infantes de identidad reservada, con iniciales *** y ****, con motivo de no designar guardias en los juzgados familiares de Tuxtepec, Oaxaca, para atender casos urgentes, es decir, no velar por el acceso a la justicia que tienen todas las personas, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), dejó de existir los efectos por haber precluido el segundo periodo vacacional, de modo que la protección que, en su caso, se concediera carecería de efectos, pues tal omisión no surte ningún efecto jurídico; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en con el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, se impone revocar la sentencia recurrida y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo. Toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Cabe puntualizar que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas, a pesar de haber sido integrados antes de la Onceava Época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos, respectivamente, de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios del Decreto por el cual, entre otras disposiciones, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1476/2022, promovido por********************por su propio derecho y como ******************** de las menores de edad de identidad reservad con iniciales ********************y********************respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo, en términos de los fundamentos y motivos expuestos en el diverso último, ambos de este fallo. NOTIFÍQUESE.

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