Aurelio Soria Gasca

Expediente 237/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
237/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2016

Partes del expediente

  • Aurelio Soria Gasca

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger el documento original que adjuntó al escrito de demanda, apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger el documento original que adjuntó al escrito de demanda, apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 237/2016-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. El suscrito estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De dichos preceptos se obtiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución, entendiéndose como aquella la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados. A efecto de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo, es menester puntualizar que el peticionario del amparo acude ante este órgano de control constitucional como tercero extraño en sentido estricto al juicio especial de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria C-594/2013, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, promovido por Manuel Cervantes León, en contra de Erasmo Parra Pérez, reclamando el desposeimiento del inmueble ubicado en calle Serenata Huasteca número 211, del Fraccionamiento El Cantar, de esta ciudad, del que aduce tener la posesión, con motivo del contrato de arrendamiento celebrado el diez de enero de dos mil quince, entre Mayra Flores Calderón, como arrendadora y el quejoso como arrendatario. Asimismo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 500/2015-IV del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los siguientes datos: En relación al juicio de origen: Manuel Cervantes León por su propio derecho, presentó demanda en la vía sumaria hipotecaria en contra de Erasmo Parra Pérez, respecto del cumplimiento de contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria consignado en la escritura pública 15,152, de quince de enero de dos mil nueve pasada ante la fe del notario público veintinueve de esta ciudad, entre otras prestaciones. Del asunto tocó conocer al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de esta ciudad, donde mediante providencia de diez de febrero de dos mil catorce se despachó mandamiento de ejecución para que se requiriera al demandado el pago de las prestaciones reclamadas, se le corriera traslado con copias de la demanda emplazándolo para que en el plazo de cinco días ocurriera a pagar lo reclamado, o en su caso contestara la demanda oponiendo excepciones. Al no haberse localizado el domicilio del demandado Erasmo Parra Pérez, se ordenó y se llevó a cabo su emplazamiento por medio de edictos. Al no haber acudido la parte reo a dar contestación a la demanda, el veintidós de enero de dos mil quince se citó a las partes para oír sentencia, la que se dictó en la misma fecha condenando a Erasmo Parra Pérez al pago de la suerte principal, intereses ordinarios así como los gastos y costas del juicio. En proveído de veintisiete de marzo de dos mil quince se dictó proveído en el que se declaró que la sentencia causó ejecutoria; asimismo, se tuvo a la parte actora exhibiendo certificado de gravámenes del bien inmueble embargado a Erasmo Parra Pérez, ordenándose notificar a los acreedores que se advertían de dicho documento para que hicieran valer sus derechos. Seguida la secuela del procedimiento de ejecución, en diligencia de veintiséis de mayo de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de remate en primera almoneda, respecto del inmueble ubicado en calle Serenata Huasteca número 211, fraccionamiento El Cantar de esta ciudad, declarándose fincado y adjudicado en favor de Emma Madrigal Coria. Asimismo, mediante sentencia dictada en el juicio de amparo 500/2015-IV, el treinta de septiembre de dos mil quince, confirmada el veinte de enero del año en curso, por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, se estimó que al haber adquirido Mayra Flores Calderón, el inmueble cuya propiedad y posesión defendió en esa instancia constitucional, con posterioridad a que se inscribiera en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio la escritura que contiene el reconocimiento de adeudo e hipoteca a favor de Erasmo Parra Pérez, le resultaba el carácter de causahabiente del demandado en el juicio de origen. Al respecto, resulta necesario establecer que la causahabiencia es una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el bien. Esta relación (causahabiencia) se da siempre que se transmite un bien o un derecho, y consiste en que la persona que lo recibe soporta sus cargas. La figura de la causahabiencia y la responsabilidad respecto de las cargas que implica la adquisición de ciertos bienes y derechos también pueden darse dentro de juicio. Así, puede decirse que existen dos clases de causahabiencia: 1) La que se da fuera de los juicios o de orden sustantivo, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Ello puede darse cuando se transmite un bien que tiene como carga un derecho real (como sucede cuando se transmite un bien hipotecado, caso en el cual si en un juicio se quisiera hacer efectiva la carga que reporta el bien transmitido, existe el derecho del acreedor de demandar del nuevo propietario haciendo efectiva la carga que pesa sobre el bien), o bien, cuando se transmite y sobre él existe otro tipo de cargas no reales (como sucede en los casos en que se adquiere un bien sobre el cual existe un contrato de arrendamiento, contrato que por disposición legal no termina por la transmisión de la propiedad). 2) La segunda, de orden adjetivo o procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro del juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Entonces, ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, precisamente porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional. En ese contexto, cabe mencionar que las obligaciones reales siguen o acompañan al propietario o poseedor de la cosa, ya que guardan una dependencia absoluta con ésta; por ende, si se transmiten a un tercero, será éste quien deba soportarlas. Asimismo, cuando una persona compra un bien inmueble sobre el cual recae un gravamen inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de otra persona y ésta ejerce la acción real de hipoteca, entonces, ésta subsiste, actualizándose así la figura de la causahabiencia, dada la estrecha relación del nuevo adquirente con el demandado en un juicio, como su causante, a virtud de la transmisión de la propiedad del bien materia de litigio. Entonces, al haberse considerado que Mayra Flores Calderón, tenía el carácter de causahabiente, lo excluyó de la posibilidad de que pudiera ser considerado como tercera extraña al juicio natural en el que fue parte demandada su causante Erasmo Parra Pérez. Ahora bien, si en el caso concreto el quejoso acude ante esta instancia constitucional, reclamando el desposeimiento del inmueble ubicado en calle Serenata Huasteca número 211, fraccionamiento El Cantar de esta ciudad, del que aduce tiene la posesión, derivada del contrato de arrendamiento celebrado el celebrado el diez de enero de dos mil quince, entre Mayra Flores Calderón, como arrendadora y el quejoso como arrendatario, es decir, que la causahabiente del demandado en el juicio del que emana el acto recamado, le arrendó el bien inmueble que aduce tiene en posesión, se estima que el quejoso también es causahabiente, por lo que tampoco puede ser considerado tercero extraño al citado juicio. Ello es así, al tomar en cuenta que por persona extraña en el juicio de amparo se considera a aquella que no ha figurado en el procedimiento del que deriva el acto reclamado como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de éste o en la ejecución de su resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. De ahí que, si el solicitante del amparo se ostenta con dicho carácter, pero se demuestra plenamente que es causahabiente de quien es parte demandada en el juicio natural, su situación jurídica es idéntica a la de esa parte demandada, por lo que se encuentra sujeta a lo resuelto en contra de su causante. Puntualizado lo anterior, queda claro que si el acto que en esta vía se reclama se dictó dentro del procedimiento de remate, en donde el quejoso es a su vez causahabiente del causahabiente de los demandados en el juicio de origen, quien impugna el desposeimiento del bien inmueble ubicado en la calle Serenata Huasteca número 211, fraccionamiento El Cantar de esta ciudad, que se declaró fincado y adjudicado en favor de Emma Madrigal Coria; es inconcuso, que esa determinación no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega del bien rematado; y en el caso de que la autoridad responsable hubiera requerido a la parte demandada para que otorgara la escritura correspondiente, también lo es que, en caso de que ésta no la otorgue el Juzgado lo hará en su rebeldía, con lo que se demuestra plenamente que el acto reclamado no es la última resolución en el procedimiento de remate. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de la ley de la materia, esta última aplicada a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalado como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Manuel Arreaga Vera, al contar con cédula profesional número 2587059, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del Word SISE.

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