Aurelio Sánchez Alegría
Expediente 1429/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1429/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2019
Partes del expediente
- Aurelio Sánchez Alegría
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, al respecto se provee: Como las partes no recurrieron dentro del término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 27 a 29), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento de las partes el contenido del presente auto, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO A LA PARTE QUEJOSA. Ahora, tomando en consideración que obra en autos documento original exhibido por la parte quejosa Aurelio Sánchez Alegría (foja 5), en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que en un plazo de noventa días naturales contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado, en día y hora hábiles a recoger el documento que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Visto el estado de autos, y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, al respecto se provee: Como las partes no recurrieron dentro del término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 27 a 29), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento de las partes el contenido del presente auto, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO A LA PARTE QUEJOSA. Ahora, tomando en consideración que obra en autos documento original exhibido por la parte quejosa Aurelio Sánchez Alegría (foja 5), en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que en un plazo de noventa días naturales contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado, en día y hora hábiles a recoger el documento que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el ********con sede en esta ciudad, mediante el cual remite en vía de alcance al informe justificado rendido por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, en esta ciudad (fojas 23 y 24), copia certificada del diverso *******, de treinta y uno de octubre del presente año, del que se advierte que notificó al autorizado del aquí quejoso el contenido del acuerdo de prevención recaído a la solicitud de trámite realizada el veinte de junio del presente año; toda vez que, en auto de treinta y uno de octubre del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio (fojas 27 a 29). Lo anterior, sin que pase inadvertido que el comunicado que se provee, está firmado por diversa persona a la que se ostenta como Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, atento al sobreseimiento decretado fuera de audiencia.
- Principal
Agréguese el INFORME JUSTIFICADO y anexos de cuenta, y con fundamento en el numeral 119 del mismo ordenamiento, se tiene por exhibida y admitida la DOCUMENTAL consistente en copia certificada del acuerdo de prevención de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala; y, en términos del artículo 9 de la Ley de la materia, téngase como delegado a la persona que menciona en su informe de cuenta. Máxime lo anterior, cabe señalar que la constancia remitida por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, resulta suficiente para resolver el presente juicio de amparo. Ahora bien, de la referida documental, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que para mayor claridad se trascribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo anterior, toda vez que la parte quejosa Aurelio Sánchez Alegría en esencia, señaló como acto reclamado: La omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite número 07190007700, realizada el veinte de junio de dos mil diecinueve, ante la responsable. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en el presente juicio cesó sus efectos atendiendo a que la autoridad responsable el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, realizó un acuerdo de prevención, para que en un plazo máximo de veinte días hábiles a partir de la notificación del citado proveído, el solicitante anexe el original del certificado de derechos parcelarios número 419596/2, que ampara la parcela 28, así como el pago de derechos correspondientes al monto del año fiscal; actualizándose la causal de improcedencia referida, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el presente juicio. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos del acto reclamado resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá, en virtud de que la responsable en atención a la solicitud de trámite número 07190007700, realizada el veinte de junio del presente año, por el aquí quejoso, el veintiocho de octubre siguiente, emitió un acuerdo de prevención, cuya omisión fue reclamada en esta vía constitucional; de manera análoga así se hubiera concedido la protección constitucional. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, novena época, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual forma, la Jurisprudencia número 2ª./J.9)98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Sin que obste lo anterior, que la autoridad responsable en su informe justificado haya manifestado que emitió el oficio número D´CHIS/ACyC/2782/2019 de ésta propia fecha, dirigido a Sergio Santacruz Lara y/o Isis Avilez Sol, autorizados de la parte quejosa, al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en el presente juicio, en el que, informa la atención dada a la solicitud de trámite 07190007700, sin embargo, como se advierte del acuse de recibo del citado trámite, el solicitante señaló como domicilio para recibir notificaciones las oficinas del Registro Agrario Nacional Tuxtla 451, Santa Elena (foja 5). Consecuentemente, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo; pues constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si el sentido del fallo sería el mismo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTOS la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del quince de noviembre de dos mil diecinueve (foja 19).
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