Aurelio Natalio López Cruz y Otros.

Expediente 1201/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1201/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
28/07/2016

Partes del expediente

  • Aurelio Natalio López Cruz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el escrito del quejoso Aurelio Natalio López Cruz; visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, previa copia certificada que se deje en autos, devuélvase al promovente la documental que indica en su escrito de cuenta, misma que corre agregadas en este expediente (fojas 5 a 8); teniéndose por autorizada para recibirla a las personas que menciona, previa identificación y razón que de su entrega se dejen en autos.

  2. Principal

    MESA III B Con la demanda de amparo promovida por Aurelio Natalio López Cruz, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1201/2016. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Soledad Etla, Oaxaca, la parte quejosa reclama, lo siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: la negativa a otorgar una contestación debidamente fundada y motivada, a mi oficio de fecha veintiuno del junio del año dos mil dieciséis, y presentado ante la responsable el día veinticuatro del mismo mes y año, siendo que a la fecha, me ha sido notificado con fecha primero de julio del año dos mil dieciséis, una contestación al mismo, intentado evadir su responsabilidad en los hechos que se mencionan en el libelo materia del presente asunto, sin que el mismo se encuentre debidamente fundado ni motivado y por ende, dicho resultado me deja en total y absoluto estado de indefensión como lo establece el artículo 8, 14 y 16 de nuestra carga magna; MÁXIME CUANDO EL RESULTADO DEL MISMO ES LA SEPARACIÓN DE MI CARGO COMO POLICÍA MUNICIPAL SIN QUE PARA ELLO EXISTA MOTIVO ORAZÓN ALGUNO QUE PUEDA FUNDAR Y MOTIVAR SU CONTESTACIÓN". Ahora, de los antecedentes de los actos reclamados, se conoce que el quejoso precisa que el día dieciséis de junio del presente año regresó a laborar después de una licencia que le habían otorgado en el municipio, presentándose con el encargado en turno de la policía municipal, manifestándole que no tenía ninguna indicación para él pero que se reportara con el síndico, quien le dijo que se retirara a su domicilio y que regresara mas tarde para que lo comentara directamente con la presidenta Municipal, quien le indicó que no tenía permitido regresarlo a sus funciones en virtud de que tenía una demanda ante la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca; luego, el diecisiete de junio del actual, se presentó ante la Presidenta Municipal a fin de que le entregara los documentos concernientes a la aludida demanda, sin que dicha funcionaria le atendiera, por lo que al no asignársele funciones pese estar en el palacio Municipal, el veintiuno del junio del presente año presentó ante la autoridad Municipal de Soledad Etla, un oficio manifestando que se le designaran labores para desempeñar como policía Municipal, petición a la que recayó una resolución en la que se le indicó que causaba baja rescindiéndose su relación laboral. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia por los motivos que a continuación se emitirán. Así, de los hechos narrados con anterioridad se desprende que el quejosos precisa pertenecer a la policía Municipal de Soledad Etla, Oaxaca, de ahí que se imputa la relación laboral a una corporación de seguridad municipal. Ahora bien, la fracción XIII, Apartado "B", del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán...B.- Entre los poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores:... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. El precepto constitucional trascrito en su parte relativa, contiene las bases aplicables en las relaciones de trabajo de todas las personas que presten sus servicios a las diferentes dependencias que integran el gobierno federal, con la única excepción contenida en la fracción XIII, que señala que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Acorde con tal numeral, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que los miembros de las instituciones policiales de una entidad, están excluidos por la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, y con tal argumento concluye que la relación que guardan éstos con el Estado o Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les corresponda, tal y como en el presente caso acontece, dado que el quejoso, forma parte de la corporación de Policía Municipal de Miahuatlán, Oaxaca, y goza de diversas prestaciones contractuales, como son la reinstalación o cumplimiento del contrato, pago de salarios caídos o vencidos, reconocimiento de antigüedad, pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, derivado de su relación laboral; siendo que en el caso en concreto el Amparista sostiene una controversia contra las autoridades Municipales de esa corporación, relativa a la relación laboral, pues reclama que causó baja en dicha corporación rescindiéndose su relación de trabajo. Bajo esta perspectiva se concluye que si en la especie se trata de un miembro de un cuerpo de seguridad Municipal, la relación que mantiene con el Municipio de Soledad Etla, Oaxaca, es de naturaleza administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 24, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y tres, tomo II, Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito". Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiterados criterios de jurisprudencias, señala que la competencia para conocer de una demanda promovida por un policía municipal o judicial en contra de las instituciones de seguridad pública, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios, debe recaer en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ese criterio se obtiene de la jurisprudencia número 77/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa, del tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.- En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y tres, tomo II, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: 'POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA', se estableció que los miembros de dichas corporaciones, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el gobierno del Estado o del Municipio, que está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, con lo cual se excluye de considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como a los militares, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Ahora bien, ni los artículos 1, 2, 3 y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, respecto del Tribunal de Arbitraje, ni los artículos 30 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos ordenamientos de la citada entidad federativa, señalan con precisión la competencia para que uno de esos órganos conozca de la demanda promovida por un policía municipal o judicial en contra de las instituciones de seguridad pública, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa. En tal virtud, es claro que los conflictos que surjan de esa relación deben ser, de acuerdo a lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del conocimiento de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo; en el caso en concreto correspondería conocer al Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca, pues la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca establece en su ordinal 1º que dicha normatividad se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo e inciso C de la Constitución Política del Estado, además, que regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. Sentado lo anterior, se establece como consecuencia de lo anteriormente narrado, se actualiza el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón a que el quejoso no agotó el recurso ordinario de defensa que existe para combatir los actos reclamados, como lo es, el recurso administrativo de revisión o en su caso el juicio contencioso administrativo en términos del artículo 66 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca, de conformidad con los artículos 82, fracción I, y 96, fracción I, del citado ordenamiento legal, ya que si el acto reclamado le causa agravio, debió haber interpuesto los medios de defensa referidos, a través de los cuales pudo haber obtenido resolución favorable atendiendo al principio de definitividad que exige la materia que nos ocupa. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; El precepto legal transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Lo que significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar el medio ordinario de impugnación. Es importante destacar que el artículo y fracción indicados hacen referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese supuesto. En esa tesitura, y con base en los antecedentes antes precisados se estima que los actos reclamados son susceptibles de ser impugnados a través del recurso administrativo de revisión o en su caso juicio contencioso administrativo, toda vez que el quejoso, antes de instar el juicio constitucional, debió agotar el medio de impugnación ordinario. En efecto, los artículos 66, 82, fracción I y 96, fracción I de la Ley de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, disponen lo siguiente: Articulo 66.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes, ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Garantías, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta Ley. Artículo 82.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: I. Entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Estado; los Organismos públicos Descentralizados y Desconcentrados; (.) Artículo 96.- Las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; (.) En el primero de los mencionados numerales se establece que los particulares afectados por alguna resolución emitida por la autoridad administrativa, quien ponga fin a un procedimiento, a una instancia o resuelva un expediente, podrá interponer recurso de revisión o en su caso instar las vías judiciales-administrativas correspondientes; el segundo de los citados numerales dispone que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas para el Estado de Oaxaca tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública del Estado; finalmente, el último de los aludidos dispositivos dispone que las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cunetas son competentes para conocer y resolver respecto de juicios que se promuevan en contra de actos y resoluciones emanados de las autoridades entre ellas de los Municipios. De ahí que, en el caso concreto, resulten impugnables sus actos a través del recurso de revisión administrativa o en su caso por medio del juicio contencioso administrativo. Ahora, en los juicios contenciosos administrativos que se promueven ante el citado tribunal existe la posibilidad de suspender el acto reclamado, pues rige lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, el cual prevé la suspensión de los actos reclamados, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Al respecto del análisis de los artículos 185, 187, 188, 189, 190 y 191 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en contraposición con los artículos 112, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 143 de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que actualmente la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca no establece mayores requisitos que los de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. En efecto, toda vez que la Ley de Amparo, en su numeral 128 establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, que consisten en: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que el numeral 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si la quejosa otorgue garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Por último, el ordinal 135 establece que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Por su parte, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, en sus numerales relativos esencialmente dispone: a) Que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que se conserve la materia del juicio, no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. b) Que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. c) Que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. d) Que en los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. En ese sentido, debe decirse que la circunstancia de que en el juicio contencioso administrativo no se exijan mayores requisitos para obtener la suspensión, que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, obliga a los afectados por un acto de autoridad competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para el Estado de Oaxaca, a su agotamiento antes de acudir al juicio de amparo, salvo que se esté en presencia de alguna de las excepciones previstas en el artículo 61, fracción XX, de la ley invocada, lo cual en el caso no se advierte; la peticionaria del amparo no se trata de un tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución; tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Luego, conforme a los elementos expuestos, se arriba a la conclusión de que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto que aquí se reclama puede ser combatido mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas para el Estado de Oaxaca, dado que el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado; de ahí que resulta inconcuso que la parte quejosa, previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, las jurisprudencias 130/2013 y 19/2015, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , sin que pase inadvertido que si bien el primero de los criterios fue emitido bajo la vigencia de la anterior ley de la materia; lo cierto es que en los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley de Amparo vigente, prevalecen requisitos similares a los que rigieron la suspensión del acto en la anterior Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Téngase a la parte quejosa señalando los estrados de este juzgado para recibir notificaciones, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquensele sus notificaciones, aún las de orden personal, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; además, por autorizadas sin las amplias facultades que dispone el ordinal 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo señalado expresamente la parte quejosa. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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