Aurelio Mondragón Díaz
Expediente 866/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/09/2017
Partes del expediente
- Aurelio Mondragón Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***** por el que desahoga la vista otorgada en proveído de treinta de agosto último, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad, las cuales serán analizadas en líneas posteriores. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Aurelio Mondragón Díaz, para el efecto siguiente: "En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa, a fin de que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado, esto es, en un plazo de treinta días, el cual se estima razonable, en caso de existir, desahogue las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tiene a su alcance para la integración de la carpeta de investigación 16-102-6935-16; hecho lo cual, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o en su caso, emita la resolución que conforme a derecho corresponda, justificando su actuación." Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se dio vista a la parte quejosa con el oficio 18251, signado por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el catorce de agosto del indicado año, dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16 determinó el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; para lo cual remitió copia certificada de la resolución aludida para acreditar su actuación. (foja 80, en relación con las diversas 70 a 78) En ese contexto, este juzgador federal estima que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el catorce de agosto del año en curso, se pronunció sobre el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16, con lo que justificó que dentro del plazo de treinta días emitió la resolución correspondiente; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que sea óbice a la anterior determinación, lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA." es oportuno precisar lo siguiente: Sobre el particular la parte quejosa aduce que la Fiscal responsable ha incumplido con la sentencia, toda vez que de nueva cuenta la autoridad responsable insiste en determinar el no ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo de la carpeta de investigación, por lo que considera que la fiscal exige mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para ejercer la acción penal, lo que lo lleva a concluir que no se encuentra fundada y motivada la determinación emitida. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus manifestaciones son inoperantes para evidenciar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues tal y como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo únicamente constriñeron a la fiscal responsable a avocarse inmediatamente a la integración de la carpeta de investigación de mérito, y en caso de existir, desahogara las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tuviera a su alcance para la integración de la misma; hecho lo cual, si fuera posible, se pronunciara respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal o, en su caso, emitiera la resolución que conforme derecho procediere; lo cual, como se ha visto, sí realizó, no siendo técnico que este resolutor federal emita un pronunciamiento de fondo sobre si fue correcto o no, que haya determinado el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el estudio del acto reclamado en el presente juicio, únicamente versó sobre la dilación por parte de la fiscal responsable en determinar el ejercicio o no de la acción penal de la citada averiguación previa; más no sobre la manera en que debería pronunciarse al respecto, ni mucho menos sobre la legalidad o ilegalidad del pronunciamiento que derivara en esa investigación; ya que tal circunstancia es ajena a los efectos del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido de Ulises Alejandro López Téllez, Secretario que autoriza y da fe.Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Aurelio Mondragón Díaz, por el que desahoga la vista otorgada en proveído de treinta de agosto último, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad, las cuales serán analizadas en líneas posteriores. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Aurelio Mondragón Díaz, para el efecto siguiente: "En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa, a fin de que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado, esto es, en un plazo de treinta días, el cual se estima razonable, en caso de existir, desahogue las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tiene a su alcance para la integración de la carpeta de investigación 16-102-6935-16; hecho lo cual, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o en su caso, emita la resolución que conforme a derecho corresponda, justificando su actuación." Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se dio vista a la parte quejosa con el oficio 18251, signado por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el catorce de agosto del indicado año, dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16 determinó el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; para lo cual remitió copia certificada de la resolución aludida para acreditar su actuación. (foja 80, en relación con las diversas 70 a 78) En ese contexto, este juzgador federal estima que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el catorce de agosto del año en curso, se pronunció sobre el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16, con lo que justificó que dentro del plazo de treinta días emitió la resolución correspondiente; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que sea óbice a la anterior determinación, lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA." es oportuno precisar lo siguiente: Sobre el particular la parte quejosa aduce que la Fiscal responsable ha incumplido con la sentencia, toda vez que de nueva cuenta la autoridad responsable insiste en determinar el no ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo de la carpeta de investigación, por lo que considera que la fiscal exige mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para ejercer la acción penal, lo que lo lleva a concluir que no se encuentra fundada y motivada la determinación emitida. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus manifestaciones son inoperantes para evidenciar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues tal y como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo únicamente constriñeron a la fiscal responsable a avocarse inmediatamente a la integración de la carpeta de investigación de mérito, y en caso de existir, desahogara las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tuviera a su alcance para la integración de la misma; hecho lo cual, si fuera posible, se pronunciara respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal o, en su caso, emitiera la resolución que conforme derecho procediere; lo cual, como se ha visto, sí realizó, no siendo técnico que este resolutor federal emita un pronunciamiento de fondo sobre si fue correcto o no, que haya determinado el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el estudio del acto reclamado en el presente juicio, únicamente versó sobre la dilación por parte de la fiscal responsable en determinar el ejercicio o no de la acción penal de la citada averiguación previa; más no sobre la manera en que debería pronunciarse al respecto, ni mucho menos sobre la legalidad o ilegalidad del pronunciamiento que derivara en esa investigación; ya que tal circunstancia es ajena a los efectos del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Aurelio Mondragón Díaz, por el que desahoga la vista otorgada en proveído de treinta de agosto último, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad, las cuales serán analizadas en líneas posteriores. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Aurelio Mondragón Díaz, para el efecto siguiente: "En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa, a fin de que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado, esto es, en un plazo de treinta días, el cual se estima razonable, en caso de existir, desahogue las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tiene a su alcance para la integración de la carpeta de investigación 16-102-6935-16; hecho lo cual, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o en su caso, emita la resolución que conforme a derecho corresponda, justificando su actuación." Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se dio vista a la parte quejosa con el oficio 18251, signado por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el catorce de agosto del indicado año, dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16 determinó el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; para lo cual remitió copia certificada de la resolución aludida para acreditar su actuación. (foja 80, en relación con las diversas 70 a 78) En ese contexto, este juzgador federal estima que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el catorce de agosto del año en curso, se pronunció sobre el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16, con lo que justificó que dentro del plazo de treinta días emitió la resolución correspondiente; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que sea óbice a la anterior determinación, lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA." es oportuno precisar lo siguiente: Sobre el particular la parte quejosa aduce que la Fiscal responsable ha incumplido con la sentencia, toda vez que de nueva cuenta la autoridad responsable insiste en determinar el no ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo de la carpeta de investigación, por lo que considera que la fiscal exige mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para ejercer la acción penal, lo que lo lleva a concluir que no se encuentra fundada y motivada la determinación emitida. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus manifestaciones son inoperantes para evidenciar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues tal y como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo únicamente constriñeron a la fiscal responsable a avocarse inmediatamente a la integración de la carpeta de investigación de mérito, y en caso de existir, desahogara las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tuviera a su alcance para la integración de la misma; hecho lo cual, si fuera posible, se pronunciara respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal o, en su caso, emitiera la resolución que conforme derecho procediere; lo cual, como se ha visto, sí realizó, no siendo técnico que este resolutor federal emita un pronunciamiento de fondo sobre si fue correcto o no, que haya determinado el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el estudio del acto reclamado en el presente juicio, únicamente versó sobre la dilación por parte de la fiscal responsable en determinar el ejercicio o no de la acción penal de la citada averiguación previa; más no sobre la manera en que debería pronunciarse al respecto, ni mucho menos sobre la legalidad o ilegalidad del pronunciamiento que derivara en esa investigación; ya que tal circunstancia es ajena a los efectos del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Aurelio Mondragón Díaz, por el que desahoga la vista otorgada en proveído de treinta de agosto último, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad, las cuales serán analizadas en líneas posteriores. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Aurelio Mondragón Díaz, para el efecto siguiente: "En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa, a fin de que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado, esto es, en un plazo de treinta días, el cual se estima razonable, en caso de existir, desahogue las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tiene a su alcance para la integración de la carpeta de investigación 16-102-6935-16; hecho lo cual, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o en su caso, emita la resolución que conforme a derecho corresponda, justificando su actuación." Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se dio vista a la parte quejosa con el oficio 18251, signado por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el catorce de agosto del indicado año, dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16 determinó el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; para lo cual remitió copia certificada de la resolución aludida para acreditar su actuación. (foja 80, en relación con las diversas 70 a 78) En ese contexto, este juzgador federal estima que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el catorce de agosto del año en curso, se pronunció sobre el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16, con lo que justificó que dentro del plazo de treinta días emitió la resolución correspondiente; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que sea óbice a la anterior determinación, lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA." es oportuno precisar lo siguiente: Sobre el particular la parte quejosa aduce que la Fiscal responsable ha incumplido con la sentencia, toda vez que de nueva cuenta la autoridad responsable insiste en determinar el no ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo de la carpeta de investigación, por lo que considera que la fiscal exige mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para ejercer la acción penal, lo que lo lleva a concluir que no se encuentra fundada y motivada la determinación emitida. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus manifestaciones son inoperantes para evidenciar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues tal y como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo únicamente constriñeron a la fiscal responsable a avocarse inmediatamente a la integración de la carpeta de investigación de mérito, y en caso de existir, desahogara las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tuviera a su alcance para la integración de la misma; hecho lo cual, si fuera posible, se pronunciara respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal o, en su caso, emitiera la resolución que conforme derecho procediere; lo cual, como se ha visto, sí realizó, no siendo técnico que este resolutor federal emita un pronunciamiento de fondo sobre si fue correcto o no, que haya determinado el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el estudio del acto reclamado en el presente juicio, únicamente versó sobre la dilación por parte de la fiscal responsable en determinar el ejercicio o no de la acción penal de la citada averiguación previa; más no sobre la manera en que debería pronunciarse al respecto, ni mucho menos sobre la legalidad o ilegalidad del pronunciamiento que derivara en esa investigación; ya que tal circunstancia es ajena a los efectos del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destrui....V
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 08/09/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO AURELIO MONDRAGON DIAZ EL AUTO DE 07/09/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***** por el que desahoga la vista otorgada en proveído de treinta de agosto último, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad, las cuales serán analizadas en líneas posteriores. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Aurelio Mondragón Díaz, para el efecto siguiente: "En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa, a fin de que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado, esto es, en un plazo de treinta días, el cual se estima razonable, en caso de existir, desahogue las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tiene a su alcance para la integración de la carpeta de investigación 16-102-6935-16; hecho lo cual, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o en su caso, emita la resolución que conforme a derecho corresponda, justificando su actuación." Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se dio vista a la parte quejosa con el oficio 18251, signado por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el catorce de agosto del indicado año, dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16 determinó el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; para lo cual remitió copia certificada de la resolución aludida para acreditar su actuación. (foja 80, en relación con las diversas 70 a 78) En ese contexto, este juzgador federal estima que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el catorce de agosto del año en curso, se pronunció sobre el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16, con lo que justificó que dentro del plazo de treinta días emitió la resolución correspondiente; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que sea óbice a la anterior determinación, lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA." es oportuno precisar lo siguiente: Sobre el particular la parte quejosa aduce que la Fiscal responsable ha incumplido con la sentencia, toda vez que de nueva cuenta la autoridad responsable insiste en determinar el no ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo de la carpeta de investigación, por lo que considera que la fiscal exige mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para ejercer la acción penal, lo que lo lleva a concluir que no se encuentra fundada y motivada la determinación emitida. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus manifestaciones son inoperantes para evidenciar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues tal y como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo únicamente constriñeron a la fiscal responsable a avocarse inmediatamente a la integración de la carpeta de investigación de mérito, y en caso de existir, desahogara las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tuviera a su alcance para la integración de la misma; hecho lo cual, si fuera posible, se pronunciara respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal o, en su caso, emitiera la resolución que conforme derecho procediere; lo cual, como se ha visto, sí realizó, no siendo técnico que este resolutor federal emita un pronunciamiento de fondo sobre si fue correcto o no, que haya determinado el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el estudio del acto reclamado en el presente juicio, únicamente versó sobre la dilación por parte de la fiscal responsable en determinar el ejercicio o no de la acción penal de la citada averiguación previa; más no sobre la manera en que debería pronunciarse al respecto, ni mucho menos sobre la legalidad o ilegalidad del pronunciamiento que derivara en esa investigación; ya que tal circunstancia es ajena a los efectos del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido de Ulises Alejandro López Téllez, Secretario que autoriza y da fe.Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Aurelio Mondragón Díaz, por el que desahoga la vista otorgada en proveído de treinta de agosto último, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad, las cuales serán analizadas en líneas posteriores. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Aurelio Mondragón Díaz, para el efecto siguiente: "En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa, a fin de que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado, esto es, en un plazo de treinta días, el cual se estima razonable, en caso de existir, desahogue las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tiene a su alcance para la integración de la carpeta de investigación 16-102-6935-16; hecho lo cual, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o en su caso, emita la resolución que conforme a derecho corresponda, justificando su actuación." Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se dio vista a la parte quejosa con el oficio 18251, signado por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el catorce de agosto del indicado año, dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16 determinó el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; para lo cual remitió copia certificada de la resolución aludida para acreditar su actuación. (foja 80, en relación con las diversas 70 a 78) En ese contexto, este juzgador federal estima que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el catorce de agosto del año en curso, se pronunció sobre el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16, con lo que justificó que dentro del plazo de treinta días emitió la resolución correspondiente; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que sea óbice a la anterior determinación, lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA." es oportuno precisar lo siguiente: Sobre el particular la parte quejosa aduce que la Fiscal responsable ha incumplido con la sentencia, toda vez que de nueva cuenta la autoridad responsable insiste en determinar el no ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo de la carpeta de investigación, por lo que considera que la fiscal exige mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para ejercer la acción penal, lo que lo lleva a concluir que no se encuentra fundada y motivada la determinación emitida. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus manifestaciones son inoperantes para evidenciar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues tal y como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo únicamente constriñeron a la fiscal responsable a avocarse inmediatamente a la integración de la carpeta de investigación de mérito, y en caso de existir, desahogara las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tuviera a su alcance para la integración de la misma; hecho lo cual, si fuera posible, se pronunciara respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal o, en su caso, emitiera la resolución que conforme derecho procediere; lo cual, como se ha visto, sí realizó, no siendo técnico que este resolutor federal emita un pronunciamiento de fondo sobre si fue correcto o no, que haya determinado el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el estudio del acto reclamado en el presente juicio, únicamente versó sobre la dilación por parte de la fiscal responsable en determinar el ejercicio o no de la acción penal de la citada averiguación previa; más no sobre la manera en que debería pronunciarse al respecto, ni mucho menos sobre la legalidad o ilegalidad del pronunciamiento que derivara en esa investigación; ya que tal circunstancia es ajena a los efectos del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Aurelio Mondragón Díaz, por el que desahoga la vista otorgada en proveído de treinta de agosto último, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad, las cuales serán analizadas en líneas posteriores. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Aurelio Mondragón Díaz, para el efecto siguiente: "En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa, a fin de que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado, esto es, en un plazo de treinta días, el cual se estima razonable, en caso de existir, desahogue las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tiene a su alcance para la integración de la carpeta de investigación 16-102-6935-16; hecho lo cual, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o en su caso, emita la resolución que conforme a derecho corresponda, justificando su actuación." Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se dio vista a la parte quejosa con el oficio 18251, signado por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el catorce de agosto del indicado año, dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16 determinó el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; para lo cual remitió copia certificada de la resolución aludida para acreditar su actuación. (foja 80, en relación con las diversas 70 a 78) En ese contexto, este juzgador federal estima que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el catorce de agosto del año en curso, se pronunció sobre el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16, con lo que justificó que dentro del plazo de treinta días emitió la resolución correspondiente; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que sea óbice a la anterior determinación, lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA." es oportuno precisar lo siguiente: Sobre el particular la parte quejosa aduce que la Fiscal responsable ha incumplido con la sentencia, toda vez que de nueva cuenta la autoridad responsable insiste en determinar el no ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo de la carpeta de investigación, por lo que considera que la fiscal exige mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para ejercer la acción penal, lo que lo lleva a concluir que no se encuentra fundada y motivada la determinación emitida. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus manifestaciones son inoperantes para evidenciar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues tal y como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo únicamente constriñeron a la fiscal responsable a avocarse inmediatamente a la integración de la carpeta de investigación de mérito, y en caso de existir, desahogara las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tuviera a su alcance para la integración de la misma; hecho lo cual, si fuera posible, se pronunciara respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal o, en su caso, emitiera la resolución que conforme derecho procediere; lo cual, como se ha visto, sí realizó, no siendo técnico que este resolutor federal emita un pronunciamiento de fondo sobre si fue correcto o no, que haya determinado el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el estudio del acto reclamado en el presente juicio, únicamente versó sobre la dilación por parte de la fiscal responsable en determinar el ejercicio o no de la acción penal de la citada averiguación previa; más no sobre la manera en que debería pronunciarse al respecto, ni mucho menos sobre la legalidad o ilegalidad del pronunciamiento que derivara en esa investigación; ya que tal circunstancia es ajena a los efectos del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Aurelio Mondragón Díaz, por el que desahoga la vista otorgada en proveído de treinta de agosto último, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad, las cuales serán analizadas en líneas posteriores. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Aurelio Mondragón Díaz, para el efecto siguiente: "En las narradas circunstancias, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa, a fin de que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado, esto es, en un plazo de treinta días, el cual se estima razonable, en caso de existir, desahogue las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tiene a su alcance para la integración de la carpeta de investigación 16-102-6935-16; hecho lo cual, se pronuncie sobre el ejercicio o no de la acción penal, o en su caso, emita la resolución que conforme a derecho corresponda, justificando su actuación." Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se dio vista a la parte quejosa con el oficio 18251, signado por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, quien en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el catorce de agosto del indicado año, dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16 determinó el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; para lo cual remitió copia certificada de la resolución aludida para acreditar su actuación. (foja 80, en relación con las diversas 70 a 78) En ese contexto, este juzgador federal estima que la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integral en San Juan del Río, Querétaro, ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el catorce de agosto del año en curso, se pronunció sobre el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 16-102-6935-16, con lo que justificó que dentro del plazo de treinta días emitió la resolución correspondiente; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que sea óbice a la anterior determinación, lo alegado por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA." es oportuno precisar lo siguiente: Sobre el particular la parte quejosa aduce que la Fiscal responsable ha incumplido con la sentencia, toda vez que de nueva cuenta la autoridad responsable insiste en determinar el no ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo de la carpeta de investigación, por lo que considera que la fiscal exige mayores requisitos a los establecidos en la Constitución Federal para ejercer la acción penal, lo que lo lleva a concluir que no se encuentra fundada y motivada la determinación emitida. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus manifestaciones son inoperantes para evidenciar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues tal y como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo únicamente constriñeron a la fiscal responsable a avocarse inmediatamente a la integración de la carpeta de investigación de mérito, y en caso de existir, desahogara las diligencias y pruebas pendientes, necesarias y procedentes, utilizando, en su caso, los medios de apremio que tuviera a su alcance para la integración de la misma; hecho lo cual, si fuera posible, se pronunciara respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal o, en su caso, emitiera la resolución que conforme derecho procediere; lo cual, como se ha visto, sí realizó, no siendo técnico que este resolutor federal emita un pronunciamiento de fondo sobre si fue correcto o no, que haya determinado el no ejercicio de la acción penal, por estimar actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el estudio del acto reclamado en el presente juicio, únicamente versó sobre la dilación por parte de la fiscal responsable en determinar el ejercicio o no de la acción penal de la citada averiguación previa; más no sobre la manera en que debería pronunciarse al respecto, ni mucho menos sobre la legalidad o ilegalidad del pronunciamiento que derivara en esa investigación; ya que tal circunstancia es ajena a los efectos del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destrui
- Principal
Vistos; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, que por un lado sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otro concedió el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso Aurelio Mondragón Díaz; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA, consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro que corresponda. Por otro, toda vez que por auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se reservó proveer lo conducente al oficio remitido por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integra en San Juan del Río, Querétaro, a través del cual informa cumplimiento a la sentencia que ha causado ejecutoria, y remite las copias certificadas relativas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Finalmente, el caso de que posteriormente se reciban promociones que provengan de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante las cuales informe sobre los actos que secunden a los que les correspondía realizar, se ordena que se agreguen al sumario sin necesidad de dictar diverso acuerdo que el presente, dejando sólo certificación en autos de que se hace así de acuerdo a lo aquí determinado. Por otra parte, con motivo de lo decretado en líneas precedentes se ordena devolver la copia certificada de la carpeta de investigación 1-16-102-6935-16, a la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integra en San Juan del Río, Querétaro, sin que haya necesidad de requerirle acuse de recibo, en virtud de que el acuse postal hace sus veces....IV Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 28/08/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO AURELIO MONDRAGON DIAZ EL AUTO DE 24/08/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, que por un lado sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otro concedió el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso Aurelio Mondragón Díaz; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA, consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro que corresponda. Por otro, toda vez que por auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se reservó proveer lo conducente al oficio remitido por la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integra en San Juan del Río, Querétaro, a través del cual informa cumplimiento a la sentencia que ha causado ejecutoria, y remite las copias certificadas relativas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Finalmente, el caso de que posteriormente se reciban promociones que provengan de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante las cuales informe sobre los actos que secunden a los que les correspondía realizar, se ordena que se agreguen al sumario sin necesidad de dictar diverso acuerdo que el presente, dejando sólo certificación en autos de que se hace así de acuerdo a lo aquí determinado. Por otra parte, con motivo de lo decretado en líneas precedentes se ordena devolver la copia certificada de la carpeta de investigación 1-16-102-6935-16, a la Fiscal de Investigación adscrita a la Unidad de Atención Integra en San Juan del Río, Querétaro, sin que haya necesidad de requerirle acuse de recibo, en virtud de que el acuse postal hace sus veces
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