Aurelio Mercado Diaz
Expediente 1315/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1315/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Aurelio Mercado Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ha causado estado el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Se ordena el archivo definitivo del presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Téngase por recibido el oficio suscrito por el Auxiliar de la Junta por Ministerio de Ley actuando como Presidente de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el que remite copia certificada del proveído de veinticuatro de los corrientes, dictado en el expediente 1811/2014; documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Atento a su contenido y toda vez que del estado que guardan los presentes autos se advierte que en el presente juicio de amparo se señaló como acto reclamado, esencialmente la omisión de acordar el escrito de trece de septiembre de dos mil diecisiete, por el cual solicitó la regularización de la secuela procesal. En ese sentido, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Por tanto, al cesar los efectos de ese acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si ésta nunca se hubiera realizado, lo que actualiza la improcedencia del juicio debido a que el quejoso se ve restituido en los derechos que se estiman infringidos con el acto reclamado, y en consecuencia innecesario entrar al examen de su constitucionalidad, en tanto que perseguiría lo que se ha logrado con la cesación de efectos. Así, como se dijo de la lectura integral de la demanda de amparo, se deduce que el motivo del reclamo de la parte quejosa, se traduce esencialmente en la omisión de acordar el escrito de trece de septiembre por el cual solicitó se regularizara la secuela procesal, sin embargo, de la constancia que allegó el Auxiliar de la Junta por Ministerio de Ley actuando como Presidente de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que el veinticuatro de septiembre del año en curso, dictó un acuerdo en los autos del expediente 1811/2014, mediante el cual, en atención a dicho escrito, regularizó el procedimiento laboral, por lo que señaló hora y fecha para el desahogo de diversas probanzas; de lo que se colige, que con posterioridad al veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fecha en que se presentó la demanda de amparo), cesaron los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que se ha extinguido el estado de inactividad que reclamaba el promovente del amparo, en virtud de que la autoridad responsable se pronunció respecto al escrito de trece de septiembre de dos mil diecisiete y en atención a su contendido regularizó el procedimiento laboral, señalando hora y fecha para el desahogo de diversas pruebas, sin que implique analizar la legalidad del referido acuerdo ni su notificación. Sustenta lo anterior, la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de las garantías imputadas por la parte quejosa a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la ley de la materia, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. Por lo que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento jurídico; no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DEL ACTUAL, ya que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No es óbice para este juzgador el hecho que no se advierta de la constancia remitida por la autoridad responsable, la notificación a la parte quejosa del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 1811/2014, toda vez que este órgano jurisdiccional le hará de su conocimiento dicha determinación al notificarle el presente acuerdo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese y dese vista a las partes con el informe justificado rendido por el Auxiliar de Junta por Ministerio de Ley actuando como Presidente de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y en representación de dicho órgano colegiado. SE REQUIEREN CONSTANCIAS DEL ACTO RECLAMADO Por otra parte, se advierte que la autoridad responsable a su informe justificado no adjuntó las constancias relacionadas con el acto reclamado, derivadas del expediente 1811/2014 de su índice. En consecuencia, para evitar mayores dilaciones al procedimiento se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, remita las constancias relacionadas con el acto reclamado, toda vez que las mismas son necesarias para resolver el presente juicio. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 del ordenamiento legal en cita.
- Principal
ALEGATO MINISTERIAL...
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