Aurelio Martínez González
Expediente 219/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Aurelio Martínez González
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda firmado por Aurelio Martínez González, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 219/2021 y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Atento a lo anterior, el suscrito juzgador advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, la peticionaria del amparo aduce como tal el siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Este lo hago consistir en la sentencia interlocutoria de fecha ocho de Junio del año 2021, dictados en el expediente número 102/2020-II secretaria Segunda relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por AMIRA ORDUÑA TENORIO en contra de AURELIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, resolución judicial que considero es ilegal, toda vez que viola mis garantías de debido proceso legal, causándome los conceptos de violación que más adelante expresaré." En efecto, por lo que respecta al acto reclamado antes transcrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 113, 171 y 172, fracción V, del mismo ordenamiento legal, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;." De la lectura armonizada de los dispositivos legales transcritos, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, en virtud de que el acto reclamado por el peticionario del amparo, consiste la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, en el expediente 102/2020-II. En ese sentido, el acto antes destacado no es de aquellos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial atento a la hipótesis prevista por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, antes transcrita, en relación con el diverso artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que dice: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-.. II.-.. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales y administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..." De la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de garantías procede ante un juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. Pues en el caso propuesto, el acto reclamado por la impetrante de garantías constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos en la determinación reclamada, en la cual la autoridad señalada como responsable determinó no tenerle por impugnado el dictamen pericial emitido por el perito tercero en discordia en materias de caligrafía y documentoscopía designado por el juzgado de origen, ya que mediante proveído de nueve de abril del presente año, se le tuvo por perdido el derecho para exhibir en el plazo de tres días la ficha de depósito del pago de los honorarios del referido experto, en razón de que ya le había operado la preclusión de ese derecho, no conculca en modo alguno sus derechos fundamentales que tutela la Constitución Federal de la República a través de las garantías individuales, como lo son la libertad, integridad física, posesiones o derechos, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales dentro del juicio laboral de origen. Tiene aplicación al caso concreto la tesis jurisprudencial XIV. 2º. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible a página mil ciento dos, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO." Lo anterior se determina así, en virtud de que en el caso concreto existe la eventualidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el juicio de origen, supuesto en el cual desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en la demanda de amparo directo que se promueva contra dicho laudo o resolución que ponga fin al juicio. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso en su capítulo del acto reclamado se aprecie que lo es la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 102/2020-II; y el capítulo de hechos precisa como tal el acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno; ya que con independencia de la data de la determinación reclamada, esta es una violación intraprocesal que no es de imposible reparación. Cobra aplicación la Jurisprudencia VI.2o.C. J/231, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XVII, mayo de dos mil tres, a página mil ciento ochenta y seis, de rubro que a la voz dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. En función de la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ismael Rojas Catalán, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Antonio Alarcón Don Juan, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
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