Aurelio Lopez Hernandez
Expediente 1050/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aurelio Lopez Hernandez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria en cita, mediante el cual acusa recibo e informa que en auto de veintitrés de noviembre del año en curso, acepta la competencia planteada por este Órgano Jurisdiccional. Finalmente, vista la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se este tribunal declaro carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, lo anterior de conformidad con los artículos 12, 14, 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por -, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número V-1050/2021-2. Del análisis integral de la demanda de garantías se aprecia que el acto reclamado, se hace consistir en la sentencia definitiva dictada dentro del juicio agrario número -, en la cual se ventiló derechos de propiedad de la parte quejosa en cuanto tercero extraño en ese contradictorio, respecto de la parcela identificada en la comunidad indígena de - la cual el cinco de noviembre del año en curso se pretendió ejecutar y se le otorgó el pazo de tres días para la entrega real y material del mismo. Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer de la demanda de garantías de cuenta. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, si el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en la sentencia definitiva dictada dentro del juicio agrario número -, en la cual se ventiló derechos de propiedad de la parte quejosa en cuanto tercero extraño en ese contradictorio, respecto de la parcela identificada en la comunidad indígena de -, la cual el cinco de noviembre del año en curso se pretendió ejecutar y se le otorgó el pazo de tres días para la entrega real y material del mismo, lo que evidentemente lleva una ejecución material, la cual se materializara en aquella Población. Por consiguiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por -, a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevara a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama. Ahora, como en el particular el acto que se reclama en esta vía, lo es atendido a lugar de ejecución del acto reclamado, tiene sustento la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.- Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Así como la tesis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, ordenándose remitirla con sus copias anexos para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte promovente por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y por autorizando a las personas que indica únicamente para para oír y recibir notificaciones, dado que no se localizaron registradas sus cedulas dentro del el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
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