Aurelio León Sosa

Expediente 188/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
188/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Aurelio León Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. En tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que sobresee el presente juicio ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. DESTRUCCIÓN Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una sentencia que sobreseyó en el juicio; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), en el entendido de que el presente sumario se tramito sin incidente de suspensión. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese.

  2. Principal

    RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Aurelio León Sosa, respecto del acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, ante la responsable, por las razones expuestas en el considerativo tercero del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. intégrese al expediente el informe justificado rendido por el Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación de su contenido en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, designando como Delegados de su parte en términos del artículo 9° de la Ley de la Materia a las personas que menciona en su informe de cuenta. En términos de lo establecido en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene al oficiante señalando como cuenta de correo electrónico y como números telefónicos los que precisa en su oficio de cuenta, únicamente, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, sin que lo anterior implique que se realicen notificaciones personales por esos conductos, atento a que no son un medio de comunicación oficial, de conformidad con el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las que destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual se da a conocer el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", por el que a su vez decretó que en dicho periodo no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Por otra parte, del contenido de la circular SECNO/1/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo, se advierte que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que determinó, entre otras cosas, reactivar el funcionamiento de este órgano jurisdiccional a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, con la aplicación del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19"; esto es la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. En ese sentido, de conformidad con el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente expediente dada a conocer mediante la circular CAP/3/2020, y se acuerda en los siguientes términos: Vista la segunda de las certificaciones de cuenta, así como los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que "Manufacturas Solco", Sociedad Anónima de Capital Variable, y "Aplicaciones Médicas Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas Armando Iniestra Murillo y Fernando Saavedra Ramírez no dieron cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado Federal el siete de diciembre de dos mil veinte; por tanto, es legal hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, en virtud de que es indispensable para la admisión de la demanda, que se cumplan cabalmente los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. En el caso, se requirió a la parte impetrante para que realizara lo siguiente: "1. Precise "Aplicaciones Médicas Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas Fernando Saavedra Ramírez, el acto que reclama en la presente instancia constitucional, esto es, indique si de lo que en realidad se duele es de la resolución emitida en el procedimiento administrativo de sanción PISI-A-NC-DS-0053/2017, contenida en el oficio 0041/30.15/5772/2019 de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Titular de Responsabilidades del Órgano Administrativo Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual impone a la moral quejosa una multa equivalente a $679,272.00 (seiscientos setenta y nueve mil doscientos setenta y dos pesos, cero centavos, moneda nacional), así como la inhabilitación por un año seis meses para presentar propuestas, celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las Empresas Productivas del Estado, así como con las entidades federativas cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Ello, ya que de la lectura integral al escrito de demanda, así como de las documentales que adjuntó a la misma, se advierte que la referida moral quejosa mediante escritos de diez de julio y treinta de julio de dos mil diecinueve compareció al procedimiento administrativo de sanción PISI-A-NC-DS-0053/2017, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizó personas para tales efectos, ofreció pruebas y formuló los alegatos que estimó pertinentes. 2. Indique "Manufacturas Solco", Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas Armando Iniestra Murillo, el acto que en concreto reclama en el presente juicio de amparo, es decir, precise si de lo que en realidad se duele es de la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de sanción PISIA- NC-DS-0053/2017, y todo lo actuado con posterioridad, entre ello, la resolución emitida en el procedimiento administrativo de sanción PISI-A-NC-DS-0053/2017, contenida en el oficio 0041/30.15/5772/2019 de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Titular de Responsabilidades del Órgano Administrativo Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, debido a que de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito no puede presumir cuál es el acto reclamado a ésta, pues es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, en atención a que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. También: 3. Bajo protesta de decir verdad, a manera de antecedentes, tanto "Manufacturas Solco", Sociedad Anónima de Capital Variable, como "Aplicaciones Médicas Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas Armando Iniestra Murillo y Fernando Saavedra Ramírez, proporcionen su domicilio fiscal. Se hace el citado requerimiento, ya que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, cuando en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que la parte inconforme deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con cinco copias para ser distribuidas entre las partes, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, de la siguiente manera: una para la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita, dos para las autoridades señaladas como responsables, y dos más para formar los respectivos cuadernos incidentales. Se apercibe a "Manufacturas Solco", Sociedad Anónima de Capital Variable, y "Aplicaciones Médicas Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas Armando Iniestra Murillo y Fernando Saavedra Ramírez, que de no dar cumplimiento a la presente prevención en los términos indicados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo." Por lo que al no haber dado cumplimiento a lo precisado en el párrafo que antecede, la consecuencia jurídica es tener por no presentada la demanda promovida por "Manufacturas Solco", Sociedad Anónima de Capital Variable, y "Aplicaciones Médicas Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas Armando Iniestra Murillo y Fernando Saavedra Ramírez, lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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