Aurelio Jesús Romero Gutiérrez

Expediente 521/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
521/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Aurelio Jesús Romero Gutiérrez
  • Agente del Ministerio Federal adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Magistrada Semanera Integrante de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, por medio del cual en atención al requerimiento inserto en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, acusa recibo de las diversas constancias, remitidas con el oficio 20305/2021, del índice de este juzgado; en consecuencia, se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo el acuse en comento, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Adilene Valencia Antillón, Secretaria que da fe. César

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su único resolutivo la justicia de la Unión no amparó ni protegió a ---------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. A criterio de este juzgado, el presente asunto no tiene valor jurídico e histórico para su conservación conforme al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, no es de relevancia documental. Por otra parte, se aprecia que ya no son necesarias las constancias remitidas por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México consistentes en: Toca original 557/2020. Expediente 534/2018. Cuaderno de antecedentes del expediente 534/2019. Cuaderno de la segunda sección del intestamentario. Cuaderno de la tercera sección del intestamentario. Cuaderno de la cuarta sección del intestamentario. Incidente de oposición al proyecto de partición. Por lo tanto, devuélvanse a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a dicha autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de las constancias que se le remiten. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: SENTENCIA VISTOS para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 521/2021-VIII, promovido por Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante oficio 272, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el Magistrado Semanero de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, remitió su informe justificado al cual adjuntó la demanda de amparo promovida por Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, por propio derecho, y diversas constancias, a través de la cual el promovente demandó el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos y autoridades: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo con este carácter a los integrantes magistrados de la Primera Sala Regional de Tlalnepantla, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye en su totalidad la sentencia de segunda instancia de fecha 26 de noviembre de 2020 emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, en los autos de la apelación con número de toca 557/2020, promovido por el quejoso en contra de la interlocutoria de fecha 02 de septiembre de 2020. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de ocho de 1 El presente sumario es únicamente de carácter informativo, por lo que no forma parte integral de la sentencia que se dicta en el presente asunto. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 marzo de dos mil veintiuno, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, registró el asunto con el número de amparo directo 35/2021, y declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio promovido por Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, por propio derecho, en atención a que el acto reclamado a la autoridad responsable, no constituye una sentencia definitiva o una resolución que puso fin al juicio, por lo que ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Así, en proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal asumió el conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número 521/2021-VIII; se formaron siete tomos de pruebas con las constancias exhibidas por la responsable y se previno al quejoso a efecto de que bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica y concisa narrara los hechos o abstenciones que le constaban y que constituían los antecedentes del acto reclamado. Posteriormente, por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, previo desahogo de la prevención antes referida, se admitió a trámite la demanda de amparo, sin que se solicitara informe con justificación a la autoridad responsable, en virtud de que el mismo ya obraba en autos; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Lucina Romero Gutiérrez y Miguel Romero Gutiérrez y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado tiene ejecución en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, del escrito de desahogo de la prevención y de las diversas constancias que obran en el se advierte que el quejoso reclamó: ? La resolución emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el toca de apelación 557/2020, que confirma la improcedencia por extemporaneidad del incidente de oposición de proyecto de partición de herencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con los originales relativos al toca de apelación 557/202, el expediente 534/2018, un cuaderno de antecedentes, cuadernos relativos a la segunda, tercera y cuarta sección y al incidente de oposición al proyecto de partición, todos derivados del juicio intestamentario de referencia, que remitió para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, a los que se les otorga pleno valor probatorio al tratarse de documentales públicas, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causas de improcedencia y el suscrito no advierte que se actualice alguna de manera oficiosa, por lo que se procede a resolver el fondo de la controversia planteada. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de proceder al estudio de fondo, se considera importante hacer referencia a ciertos antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto reclamado, entre ellos se destaca lo siguiente: 1. El once de octubre de dos mil diecisiete, el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, resolvió el procedimiento judicial no contencioso 700/2017, sobre identidad de persona respecto de Miguel Romero y/o Miguel Romero Hernández y/o José Serafín Romero, declarando que se identificaba como la misma persona. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 2. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, la hoy tercera interesada Lucina Romero Gutiérrez, denunció la sucesión intestamentaria a bienes de Miguel Romero y/o Miguel Romero Hernández y/o José Serafín Romero, respecto del único bien inmueble susceptible de herencia legítima consistente en el lote de terreno número catorce, manzana diez, zona uno de la colonia Adolfo López Materos, del ex ejido San Bartolo Naucalpan, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México y a favor de los herederos Lucina, Miguel, Ángel, Aurelio Jesús y Guillermo, todos de apellidos Romero Gutiérrez; la cual, por razón de turno tocó conocer al Juzgado Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien la radicó bajo el número de expediente 534/2018, y que se llevó en sus etapas hasta la Junta de Herederos, la cual se desahogó el seis de mayo de dos mil diecinueve, en comparecencia de todos los interesados, y en la que se designó como albacea de la sucesión a Miguel Romero Gutiérrez. 3. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de conocimiento dio por iniciada la cuarta sección relativa a la liquidación y partición de la herencia, con la exhibición del proyecto de partición del bien inmueble susceptible de herencia, presentado por la tercera interesada Lucina Romero Gutiérrez, en el que se asentó que se repartiría en partes iguales a los cinco herederos, a razón del 20% a favor de cada uno, aduciendo además que Guillermo Romero Gutiérrez y Ángel Romero Gutiérrez, cedían a su favor, sus derechos hereditarios, por lo que entonces Lucina se adjudicaría el 60%, y el otro 40% se dividiría entre el hoy quejoso Aurelio Jesús Romero Gutiérrez y el diverso tercero interesado Miguel Romero Gutiérrez, otorgándoles a los herederos el plazo de diez días a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera; determinación que les fue notificada mediante lista y boletín judicial de nueve de diciembre de dos mil diecinueve. 4. Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil veinte, el quejoso manifestó oponerse a la aprobación del proyecto de partición exhibido por la hoy tercera interesada, por las razones que ahí expuso, siendo que el Juzgado de conocimiento, el nueve de enero de dos mil veinte, emitió acuerdo en los siguientes términos: Naucalpan de Juárez, México, a nueve de enero de dos mil veinte, la Secretaria (sic) en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1.152 del código de procedimientos civiles, c e r t i f i c a: que el plazo de diez días conferido para manifestar lo que a su derecho corresponda respecto de la apertura de la cuarta sección, inició el diez de diciembre de ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? dos mil diecinueve y feneció el ocho de enero de dos mil veinte. Sin computar los días inhábiles. Doy fe. Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de enero de dos mil veinte. El Secretario de Acuerdos da cuenta al Juez con un escrito signado por Jesús Aurelio Romero Gutiérrez, registrado con la promoción 126 sin anexos que se encuentran registrados al reverso. Conste. Auto. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de enero de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, visto su pedimento, con fundamento en los artículos 1.134, 1.135 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, se tienen por hechas sus manifestaciones, sin embargo, atento al contenido de la certificación que antecede, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado en razón de ser extemporánea su solicitud. 5. Por comparecencia de quince de enero de dos mil veinte, Guillermo Romero Gutiérrez y Ángel Romero Gutiérrez, ratificaron el contenido del escrito de cesión de derechos hereditarios a favor de la tercera interesada. 6. El diecisiete de enero de dos mil veinte, el quejoso Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, por propio derecho, promovió incidente de oposición al proyecto de partición hereditaria presentado por la hoy tercera interesada Lucina Romero Gutiérrez, el cual, previo desahogo de prevención, fue admitido el siete de febrero siguiente, y resuelto por determinación dos de septiembre de dos mil veinte, en la que en lo que aquí interesa se asentó: C O N S I D E R A N D O: I.- El artículo 4.66 del Código adjetivo en la materia, estatuye: "Con el proyecto a que se refiere el artículo anterior se dará vista por cinco días a los interesados. Si están conforme o nada exponen, lo aprobará el Juez. La inconformidad se substanciará en forma incidental." Por su parte, el artículo 1.153 del mismo ordenamiento legal, señala: "Concluidos los plazos fijados a las partes se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía". En el caso concreto, si bien el actor incidentista, mediante escrito presentado en fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, interpuso incidente de oposición al proyecto de partición, presentado por la albacea designada, no menos ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 cierto que ello lo realizó fuera del plazo concedido para tal efecto. Como ya se dijo, LUCINA ROMERO GUTIÉRREZ, exhibió el proyecto de partición, en fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve. El auto con el que se tuvo por iniciada la cuarta sección, fue emitido el día seis de diciembre de dos mil diecinueve, y, notificado el nueve del mismo mes y año; motivo por el cual, resulta claro que al haberse concedido un término de diez días a los coherederos para inconformarse con dicho proyecto, el coheredero AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ tenía hasta el día diez de enero de dos mil veinte para interponer del incidente de oposición al proyecto de partición a que se ha hecho referencia, lo que en el concreto no aconteció, pues la oposición se formuló hasta el diecisiete de enero de dos mil veinte. En ese tenor, tomando en cuenta que este Juzgador, en términos de lo previsto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra obligado a velar porque se cumplan y respeten las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las le leyes aplicables al caso concreto, debe decirse que la interposición de la presente incidencia, resulta extemporánea. . R E S U E L V E: ÚNICO.- Se declara improcedente por extemporáneo el incidente de oposición al proyecto de partición formulado por el coheredero AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ; en consecuencia, no es dable entrar al estudio de los argumentos de oposición expresados. 7. Contra dicha resolución, el catorce de septiembre de dos mil veinte, el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, el treinta de octubre de dos mil veinte, bajo el número de toca 557/2020, y admitido sin efecto suspensivo. 8. Así, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la Sala responsable, emitió la resolución del recurso de apelación, en la que en lo que aquí interesa señaló: TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). . C O N S I D E R A N D O . Una vez analizados los argumentos de agravio, a la luz de las actuaciones judiciales de primera instancia, este Tribunal de Alzada, estima que los agravios resultan infundados, lo ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? que da lugar a confirmar la sentencia interlocutoria impugnada. Asimismo, dada la íntima relación que los agravios guardan entre sí, se dará contestación a ellos de forma conjunta. En primer término, es infundado el argumento del apelante al decir que LUCINA ROMERO GUITIÉRREZ, promueve el proyecto de partición, siendo que quien se encuentra legitimado y tiene personalidad como albacea es MIGUEL ROMERO GUTIÉRREZ; cuenta habida que, si bien, el último referido tiene conferido el carácter de albacea, como así se desprende de la junta de herederos que tuvo verificativo en fecha seis (06) de mayo de dos mil diecinueve (2019), visible a fojas 111 a 112 del expediente principal, sin embargo, ninguno de los interesados en la presente intestamentaria se inconformó con la emisión del auto de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) (foja 3 de cuaderno de la cuarta sección), mediante la cual se tuvo por presentada a la coheredera nombrada en primer término, iniciando la cuarta sección, otorgándose trámite a la misma; de ahí que en términos del artículo 1.215 del código procesal civil, ha operado la preclusión en contra del recurrente para inconformarse con la actuación procesal señalada, la cual adquirió firmeza procesal, aunado a que, no obstante que el albacea no ha impulsado el desarrollo de las etapas del juicio sucesorio intestamentario, sin embargo, de autos no se desprende que frente a dicha omisión, los interesados hubieran instando ante el Juez los procedimientos legales pertinentes para que el representante de la sucesión otorgue cumplimiento a las obligaciones inherentes en su encargo o bien, se haga acreedor a las sanciones legales correspondientes, lo cual de ninguna manera sea motivo de reposición del procedimiento como lo aduce el inconforme. Por otro lado, ante la incongruencia que hace valer el apelante, la cual hace derivar de su escrito de desahogo de vista con el proyecto de partición y su incidente de oposición al (sic) dicho proyecto; este colegiado estima que es infundado tal argumento, porque en principio, conviene mencionar que las actuaciones judiciales se desarrollan en observancia a ciertos principios inmutables, como lo son: "el Juez no puede revocar sus propias determinaciones", "guardar y hacer guardar con la mayor exactitud os trámites y plazos marcados por la ley", "no permitir que de cualquier otro modo se altere el método y orden de procedimiento" y "La dirección del proceso está confiada al Juez, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones del código procesal civil"; principios que se disponen en los artículos 1.134, 1.135. 1.137 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles. En ese sentido, no obstante que en el auto de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) (foja 3, cuaderno de la cuarta sección), con el proyecto de partición presentado por LUCINA ROMERO GUTIÉRREZ, se dio vista a los coherederos no por cinco (5), sino por diez (10) días, tal actuación ha adquirido también firmeza ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 procesal, de ahí que, conforme a la certificación que obra a fojas 9 del citado cuaderno, el plazo de diez (10) días para desahogar la vista con el aludido proyecto, transcurrió del diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), al ocho (8) de enero de dos mil veinte (2020). Ante ello, el apelante no debe soslayar que, ciertamente como lo invocó el juzgador en el fallo interlocutorio impugnado, el dígito 1.153 del código procesal civil, dispone que: "Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía.", al igual que, de acuerdo al artículo 1.148 de dicha legislación procesal, "Los plazos judiciales son improrrogables, salvo disposición en contrario.". Luego entonces, es evidente la extemporaneidad, tanto del escrito de fecha nueve (9) de enero de dos mil veinte (2020), mediante el cual el apelante JESÚS AURELIO ROMERO GUTIÉRREZ (sic), desahogó la vista oponiéndose al proyecto de partición, como de su escrito incidental inicial de oposición al aludido proyecto, de fecha diecisiete (17) del citado mes de enero de la presente anualidad; puesto que la presentación de ambos escritos se hizo fuera del plazo de diez (10) días que fue concedido por auto de seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), sin que al respecto resulte atendible el argumento de agravio, en el sentido de que en la interlocutoria impugnada se señaló que el recurrente tenía hasta el diez (10) de enero del año en curso para interponer su incidente de oposición, puesto que tal señalamiento no es acorde a las constancias de autos, obedeciendo a un mero error de apreciación; sin embrago, tal circunstancia no deja en estado de indefensión al inconforme, pues se hizo sabedor del auto de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), donde se le otorgó un plazo de diez (10) días para manifestar lo que a su derecho correspondiera con el proyecto de partición, lo cual hizo fuera de dicho plazo, lo que torna inatendibles e infundados sus argumentos ante la improrrogabilidad de los plazos judiciales, así como al decir que el Juez debió haber desechado desde un comienzo su incidente, puesto que tal circunstancia es ajena a la Litis instaurada en esta segunda instancia. Por otro lado, al apelante alude que el A quo, al emitir la sentencia que se combate, debió advertir que no se exhibió la cuenta general, ni asimismo el proyecto de partición por el albacea, por lo que el Juez debió convocar a una junta para que se hiciera la elección del partidor, lo cual tampoco aconteció, por lo que se violan en su perjuicio la legalidad y seguridad jurídica de las partes, principios que deben regir el proceso. Tales argumentos devienen infundados, cuenta habida que como se desprende de los considerandos expuestos en el fallo interlocutorio impugnado, el A quo no entró al estudio de la oposición que el hoy apelante ejerció en vía incidental, dada su extemporaneidad, de ahí que no era factible que realizara pronunciamiento alguno en el sentido que refiere. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? Finalmente, contrario a lo que adujo el recurrente, la emisión de la interlocutoria impugnada, no vulnera sus derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, puesto que el apelante se hizo saber del plazo de diez (10) días que le fue otorgado a fin de manifestar lo que su derecho correspondiera respecto del proyecto de partición que presentó la coheredera, lo cual omitió realizar en dicho plazo, por lo que presentó la coheredera, lo cual omitió realizar en dicho plazo, por lo que sus garantías se encontraron salvaguardadas. Luego, al haber resultado infundados los agravios que hizo valer el apelante, se CONFIRMA la sentencia interlocutoria impugnada. . R E S U E L V E PRIMERO. Resultaron infundados los agravios expuestos por el apelante AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ, atento a los argumentos expuestos en el presente fallo. SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia interlocutoria de fecha dos (2) de septiembre de dos mil veinte (2020), dictada por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el INCIDENTE DE OPOSICIÓN AL PROYECTO DE PARTICIÓN, que promovió AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ, en la Sucesión Intestamentaria a bienes de MIGUEL ROMERO HERNÁNDEZ, seguido en el expediente 534/2018. . Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación del quejoso se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente referir que, en su demanda de amparo, en síntesis, hizo valer lo siguiente: a) Argumenta que la Sala responsable, no cumplió con las formalidades del procedimiento y con ello la aplicación de la ley de la materia, al calificar de inicio de infundados sus argumentos y estimar una íntima relación en los agravios planteados, omitiendo el estudio individualizado de cada uno de ellos. b) Por otro lado, manifiesta que se violó el debido proceso, ya que el Juez de origen permitió que una persona diversa al albacea designado en autos iniciara las etapas del procedimiento, sin que se cerciorara de que quien promovía estaba facultada o no para tal efecto, y que en caso de no haber existido promoción de su parte, debía pronunciarse al respecto y no acordar de manera arbitraria e imparcial. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 Aunado a que pasó por alto lo establecido en el artículo 4.69 del código de procedimientos civiles para la entidad, que faculta al Juez del conocimiento a convocar la junta para designar al partidor. c) Aduce que la sentencia que se combate carece de congruencia y exhaustividad, ya que justifica como "errores de apreciación" las diferencias entre los cómputos de los plazos para determinar la extemporaneidad de la presentación tanto de su escrito en donde expresó su inconformidad al proyecto de partición como el del incidente de oposición. Reclama como un "error de apreciación" que el Juez de origen no agotó el estudio de las constancias para determinar que quien exhibió el proyecto de partición no era el albacea designado d) Finalmente, señala la falta de impartición de justicia en virtud de que en un momento dentro del considerando que estudió sus agravios, se modificó su nombre, en donde se menciona a Jesús Aurelio Romero Gutiérrez y no a Aurelio Jesús Romero Gutiérrez. Ahora bien, a continuación se procede a analizar si la resolución reclamada, viola en perjuicio del quejoso alguno de sus derechos fundamentales. Para dar contestación a los argumentos que dieron origen al concepto de violación sintetizado en el inciso a), debemos partir del hecho de que una sentencia se traduce en la decisión mediante la cual, el juez o tribunal del conocimiento, muestra cómo resolvió el problema que le fue planteado, con la independencia y la capacidad para regular y orientar sus actuaciones, tanto en el sentido que las emite, como en la manera en que lo hace, sin que exista un manual o reglas de estilo que deban ser seguidos de manera obligatoria. En ese sentido, la calificación previa que se hace de los argumentos que se están analizando, únicamente se traduce en el estilo que puede emplear el operador jurídico al momento de plasmar su decisión, lo que no quiere decir que el método de análisis que se llevó a cabo para llegar a la conclusión, haya partido de la calificación de las consideraciones; razón por la cual este Juzgador, considera que el hecho de que la Sala responsable le haya dado un calificativo anticipado a los agravios planteados por el quejoso, no afecta su derecho de acceso a la justicia. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? Asimismo, el estudio sistematizado que se hizo de los agravios planteados en la apelación que se analiza, responde a un estilo de redacción y estructura de la decisión del operador jurídico, ya que de una lectura íntegra de la resolución reclamada, se pone de manifiesto que contrario a lo que argumenta el quejoso, aún y cuando la Sala responsable, realizó el estudio en un mismo considerando, sí hizo una individualización de los puntos de disenso en diferentes párrafos a lo largo del texto, los que culminan en una conclusión independiente para cada uno de ellos, lo que no constituye una falta de atención o estudio en las peticiones que le fueron planteadas. En efecto, una resolución puede vulnerar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, cuando contenga faltas e imprecisiones de diversa índole, que se traduzca en dificultad de lectura y comprensión; sin embargo, en el caso a estudio, no acontece dicha situación, pues la resolución que se reclama, es clara, concisa y directa en la contestación de cada uno de los agravios hechos valer por el apelante, hoy quejoso; además, que si bien es cierto, existen diversas guías que pueden servir como directrices para la redacción de las sentencias, también lo es que no constituyen una obligatoriedad en la forma en que un operador jurídico plasme su decisión individual en la resolución de un caso concreto. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.2 Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que, se debe declarar como INFUNDADO el concepto de violación en estudio. 2 (IV Región) 2o. J/5 (10a.), en Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, y número de registro digital 2011406, ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 Por lo que hace al concepto de violación sintetizado en el inciso b), este Juzgador estima que el quejoso no controvierte de manera alguna los argumentos planteados por la Sala responsable, pues se limita a manifestar: El operario de segunda instancia violenta la administración de justicia la cual debe ser completa e imparcial al considerar excesiva fuerza al principio inmutable que reza: juez (sic) no puede revocar sus propias determinaciones y restarles a los principios que el mismo reza en la sentencia combatida y que incluso transcribe guardar y hacer guardar con la mayor exactitud los trámites y plazos marcados por la ley; no permitir que de cualquier otro modo se altere el método y orden de procedimiento y la dirección del proceso está confiada al Juez, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones del código procesal civil, principios que el operario considera principios inmutables que todo juez debe embestir, pero que es evidente que no pone en práctica, evidenciando lo anterior en lo siguiente: (Transcripción de una parte de la resolución reclamada) Se advierte la contradicción del juez de alzada en tano que, en primer lugar, al manifestar el juez de primera instancia no puede revocar sus propias determinaciones pero permite que se altere el orden y método del procedimiento al permitir que sea una diversa persona al albacea inicie (sic) las etapa del procedimiento violentando con ello la figura de ALBACEATO luego entonces viene a colación las preguntas (sic) ¿para qué fue creada? ¿Por qué sigue vigente? son creación por el capricho del legislador, luego entonces ¿en qué momento la dirección del procedimiento debe ser confiada al JUEZ? De la que alude. El Juez de primera instancia no guarda exactitud en el estudio de los trámites, violentando no solo el debido proceso, son figuras que fueron creadas y legalizadas para salvaguardar derechos propios y de terceros en este caso particular el albaceato, sin embargo, la hoy responsable pretende fundar su sentencia considerando que ninguno de los interesados en la presente intestamentaria se inconformó con la emisión del auto de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), siendo que es el Juez quien debe cerciorarse que aquél que promueva está facultado para ello pues pasa por alto 4.69 del código de procedimientos civiles para la entidad (sic) que faculta al a quo a convocar a junta para designar al PARTIDOR ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? De manera que si como se advierte de lo antes transcrito, lo que ahora expone el quejoso en su concepto de violación, sólo se trata de reiteraciones hechas valer en sus agravios de impugnación, en torno a que quien presentó el proyecto de partición, no estaba facultada para ello y que, el Juez de la causa, de manera oficiosa debía haber llamado a una junta para la elección del partidor antes de haber dado inicio a la cuarta etapa del procedimiento de origen, sin que derrote la respuesta que recibió por la Sala responsable y señale por ejemplo que si existió inconformidad en tiempo y forma a la prosecución judicial que realizó Lucina Romero Gutiérrez, la solicitud de cambio del nombramiento de albacea, la citación para la selección del partidor, o en su caso, por qué no se requería tal demostración. De lo anterior se advierte que, en el concepto de violación que se estudia, señala las violaciones que considera cometió el Juez de origen, sin combatir los argumentos expuestos al respecto por la Sala, por lo que no pueden considerarse dichas afirmaciones como verdadero razonamiento tendiente a desvirtuar los argumentos de la autoridad; por ende, los mismos deben calificarse como INOPERANTES para lograr derrotar las razones sostenidas por la Sala responsable. Robustece la anterior determinación la tesis de jurisprudencia que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil.3 Estimar lo contrario, es decir, analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. 3 SJF, Novena Época Tesis: Jurisprudencia II.2o.C. J/11 Tomo XI, Marzo de 2000 Página: 845 Materia(s): Común Registro: 192315. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 Lo anterior, puesto que en el juicio de amparo, al ser un medio extraordinario de defensa, se analizan los fundamentos y motivos de las resoluciones reclamadas para determinar si son o no violatorios de derechos fundamentales; sin embargo, si tales argumentos no son combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la determinación que se reclama, al desconocerse los hechos que la parte quejosa estima conculcados. Es ilustrativa la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA SENTENCIA IMPUGNADA.4 Situación que también acontece con el concepto de violación sintetizado en el inciso c), pues de su análisis se advierte que el promovente no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones torales en que se sustenta la resolución impugnada, emitida por la Sala responsable. En efecto, el quejoso reclama de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, bajo el número de toca 557/2020, en la que confirmó la improcedencia por extemporaneidad del incidente de oposición de proyecto de partición de herencia. En esa determinación, la Sala declaró infundados los agravios expuestos por el apelante, en virtud que no se inconformó con la emisión del auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se tuvo por presentada a Lucina Romero Gutiérrez, iniciando la cuarta sección, otorgándose trámite a la misma; por lo que en términos del artículo 1.215 del código procesal civil, operó la preclusión en contra del recurrente para inconformarse con la actuación procesal señalada. Agregó, que tanto el escrito de fecha nueve de enero de dos mil veinte, mediante el cual el hoy quejoso, se opuso al proyecto de partición, así como su escrito incidental inicial de oposición al aludido proyecto, de fecha diecisiete siguiente fueron presentados de forma extemporánea, puesto que la presentación de ambos escritos se hizo fuera del plazo de diez días que fue concedido por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve. 4 Tesis IV. 3o. J/8, consultable en la página 54, Número 52, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 219526. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? Señaló, que si bien es cierto el nueve de enero de dos mil veinte, se realizó una certificación en la que se computó el plazo de diez días otorgado a las partes para que manifestaran su oposición a partir del diez de diciembre de dos mil diecinueve y hasta el ocho de enero de dos mil veinte; siendo que en la interlocutoria apelada se señaló como último día de ese mismo término el diez de enero de dos mil veinte; dicho error obedecía únicamente "a un error de apreciación" ya que de acuerdo a las constancias de autos, la presentación de ambos escritos, se hizo fuera del plazo de diez días que se concedió por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve. Frente a tales consideraciones de la Sala responsable, el quejoso alega en su concepto de violación, lo siguiente: El operario en segunda instancia pretende justificar las incongruencias en autos y la interlocutoria recurrida mediante apelación como ERRORES DE APRECIACIÓN, luego entonces la sentencia que se combate carece de congruencia y exhaustividad, características sine qua non en todo fallo para pronta referencia se transcribe: (transcripción de una parte de la resolución reclamada) Ahora bien, resulta un mero error de apreciación para el juzgador de alzada, que el a quo no agote todo el estudio de las constancias para determinar en primer lugar que LUCINA ROMERO GUTIÉRREZ, no está legitimada para promover; que el albacea MIGUEL ROMERO GUTIÉRREZ no promueva y ante la advertencia que diverso coheredero lo realice, se permita apercibir al albacea para que realice sus funciones o bien, sea removido del cargo; y más aún el propio juez de alzada no pueda determinar el nombre completo y correcto de apelante AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ y no como se advierte de sus considerandos JESÚS AURELIO ROMERO GUTIÉRREZ, es evidente entonces que ambos operarios no están impartiendo justicia, y pretendan emitir sentencias carentes de congruencia, exhaustividad, legalidad, y seguridad jurídica para las partes. Una confrontación de los anteriores argumentos, permite concluir en la inoperancia de las inconformidades del quejoso, precisamente porque, por una parte, omite controvertir las consideraciones torales en que se sustenta la resolución impugnada y por otra, sus argumentos de nueva ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 cuenta, giran en torno a la actuación de la Juez de primer grado. En primer lugar, contrario a lo que señala el promovente en su concepto a estudio, la Sala utilizó el término "error de apreciación" únicamente cuando advirtió que de las constancias de autos, se desprendía que la presentación de sus dos escritos de oposición, se realizó fuera del plazo de diez días que se concedió por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, no así respecto a la facultad o no de Lucina Romero Gutiérrez, para exhibir el proyecto de mérito, así como la omisión de apercibimiento a quien fuera designado como albacea para realizar sus funciones. Como se ve, el peticionario esencialmente se limitó a afirmar que la resolución reclamada viola en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que no se agotó el estudio de las constancias para determinar la facultad de la tercera interesada para dar inicio a la siguiente etapa y la omisión de quien fuera designado como albacea, para la prosecución judicial; pero sin controvertir en forma alguna las consideraciones contenidas en la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, según se advierte de la síntesis realizada en el cuerpo de la presente sentencia, en las que la Sala responsable se apoyó para confirmar la resolución interlocutoria apelada, de manera toral que: "ninguno de los interesados en la intestamentaria se inconformó con la emisión del auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que ha operado la preclusión para inconformarse con la actuación procesal señalada", y que la presentación de ambos escritos se hizo fuera del plazo de diez días que fuera concedido para tal efecto. Por tanto, como el quejoso únicamente se limita a realizar meras afirmaciones, pero sin razonar por qué estima violados los artículos constitucionales que invoca, de tal forma que se ponga de manifiesto la contravención que alega sufrió; dado que si bien, es criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para que se proceda el estudio de los conceptos de violación, basta con que se exprese la causa de pedir; sin embargo, ello no implica que los quejosos puedan limitarse a realizar meras afirmaciones, como sucede en el particular, pues es de explorado derecho que a ellos corresponde exponer los motivos por los cuales estimen ilegales los actos reclamados; tal y como lo puso de relieve la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal de la Nación, en la jurisprudencia 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." . En ese orden de ideas, es dable considerar que el concepto de violación hecho valer por el quejoso deviene INOPERANTE, pues como se dijo, por una parte omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la resolución impugnada y por otra, sus argumentos giran en torno al Juez de primera instancia. Cabe citar, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 de violación en el escrito de demanda de amparo.5 Finalmente, respecto a su reclamo sintetizado en el inciso d), respecto a que la modificación de su nombre en un momento dentro del considerando que estudió sus agravios, se traduce en la falta de impartición de justicia; dicho concepto es INFUNDADO, pues se trata de un error mecanográfico, de poca importancia, que no trascendió al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.6 Por todo lo anterior, en atención a las razones expuestas a lo largo del presente considerando, al resultar INFUNDADOS e INOPERANTES los conceptos de violación, lo conducente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: UNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, en contra del actos precisado en el considerando SEGUNDO, en términos de los razonamientos expuestos en el considerando SEXTO de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, ante Adilene Valencia Antillón, Secretaria que da fe, hasta hoy treinta de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado...

  4. Principal

    SENTENCIA VISTOS para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 521/2021-VIII, promovido por Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante oficio 272, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el Magistrado Semanero de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, remitió su informe justificado al cual adjuntó la demanda de amparo promovida por Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, por propio derecho, y diversas constancias, a través de la cual el promovente demandó el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos y autoridades: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo con este carácter a los integrantes magistrados de la Primera Sala Regional de Tlalnepantla, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye en su totalidad la sentencia de segunda instancia de fecha 26 de noviembre de 2020 emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, en los autos de la apelación con número de toca 557/2020, promovido por el quejoso en contra de la interlocutoria de fecha 02 de septiembre de 2020. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de ocho de 1 El presente sumario es únicamente de carácter informativo, por lo que no forma parte integral de la sentencia que se dicta en el presente asunto. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 marzo de dos mil veintiuno, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, registró el asunto con el número de amparo directo 35/2021, y declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio promovido por Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, por propio derecho, en atención a que el acto reclamado a la autoridad responsable, no constituye una sentencia definitiva o una resolución que puso fin al juicio, por lo que ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Así, en proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal asumió el conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número 521/2021-VIII; se formaron siete tomos de pruebas con las constancias exhibidas por la responsable y se previno al quejoso a efecto de que bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica y concisa narrara los hechos o abstenciones que le constaban y que constituían los antecedentes del acto reclamado. Posteriormente, por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, previo desahogo de la prevención antes referida, se admitió a trámite la demanda de amparo, sin que se solicitara informe con justificación a la autoridad responsable, en virtud de que el mismo ya obraba en autos; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Lucina Romero Gutiérrez y Miguel Romero Gutiérrez y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado tiene ejecución en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, del escrito de desahogo de la prevención y de las diversas constancias que obran en el se advierte que el quejoso reclamó: ? La resolución emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el toca de apelación 557/2020, que confirma la improcedencia por extemporaneidad del incidente de oposición de proyecto de partición de herencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con los originales relativos al toca de apelación 557/202, el expediente 534/2018, un cuaderno de antecedentes, cuadernos relativos a la segunda, tercera y cuarta sección y al incidente de oposición al proyecto de partición, todos derivados del juicio intestamentario de referencia, que remitió para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, a los que se les otorga pleno valor probatorio al tratarse de documentales públicas, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causas de improcedencia y el suscrito no advierte que se actualice alguna de manera oficiosa, por lo que se procede a resolver el fondo de la controversia planteada. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de proceder al estudio de fondo, se considera importante hacer referencia a ciertos antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto reclamado, entre ellos se destaca lo siguiente: 1. El once de octubre de dos mil diecisiete, el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, resolvió el procedimiento judicial no contencioso 700/2017, sobre identidad de persona respecto de Miguel Romero y/o Miguel Romero Hernández y/o José Serafín Romero, declarando que se identificaba como la misma persona. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 2. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, la hoy tercera interesada Lucina Romero Gutiérrez, denunció la sucesión intestamentaria a bienes de Miguel Romero y/o Miguel Romero Hernández y/o José Serafín Romero, respecto del único bien inmueble susceptible de herencia legítima consistente en el lote de terreno número catorce, manzana diez, zona uno de la colonia Adolfo López Materos, del ex ejido San Bartolo Naucalpan, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México y a favor de los herederos Lucina, Miguel, Ángel, Aurelio Jesús y Guillermo, todos de apellidos Romero Gutiérrez; la cual, por razón de turno tocó conocer al Juzgado Cuarto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien la radicó bajo el número de expediente 534/2018, y que se llevó en sus etapas hasta la Junta de Herederos, la cual se desahogó el seis de mayo de dos mil diecinueve, en comparecencia de todos los interesados, y en la que se designó como albacea de la sucesión a Miguel Romero Gutiérrez. 3. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de conocimiento dio por iniciada la cuarta sección relativa a la liquidación y partición de la herencia, con la exhibición del proyecto de partición del bien inmueble susceptible de herencia, presentado por la tercera interesada Lucina Romero Gutiérrez, en el que se asentó que se repartiría en partes iguales a los cinco herederos, a razón del 20% a favor de cada uno, aduciendo además que Guillermo Romero Gutiérrez y Ángel Romero Gutiérrez, cedían a su favor, sus derechos hereditarios, por lo que entonces Lucina se adjudicaría el 60%, y el otro 40% se dividiría entre el hoy quejoso Aurelio Jesús Romero Gutiérrez y el diverso tercero interesado Miguel Romero Gutiérrez, otorgándoles a los herederos el plazo de diez días a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera; determinación que les fue notificada mediante lista y boletín judicial de nueve de diciembre de dos mil diecinueve. 4. Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil veinte, el quejoso manifestó oponerse a la aprobación del proyecto de partición exhibido por la hoy tercera interesada, por las razones que ahí expuso, siendo que el Juzgado de conocimiento, el nueve de enero de dos mil veinte, emitió acuerdo en los siguientes términos: Naucalpan de Juárez, México, a nueve de enero de dos mil veinte, la Secretaria (sic) en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1.152 del código de procedimientos civiles, c e r t i f i c a: que el plazo de diez días conferido para manifestar lo que a su derecho corresponda respecto de la apertura de la cuarta sección, inició el diez de diciembre de ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? dos mil diecinueve y feneció el ocho de enero de dos mil veinte. Sin computar los días inhábiles. Doy fe. Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de enero de dos mil veinte. El Secretario de Acuerdos da cuenta al Juez con un escrito signado por Jesús Aurelio Romero Gutiérrez, registrado con la promoción 126 sin anexos que se encuentran registrados al reverso. Conste. Auto. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de enero de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, visto su pedimento, con fundamento en los artículos 1.134, 1.135 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles, se tienen por hechas sus manifestaciones, sin embargo, atento al contenido de la certificación que antecede, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado en razón de ser extemporánea su solicitud. 5. Por comparecencia de quince de enero de dos mil veinte, Guillermo Romero Gutiérrez y Ángel Romero Gutiérrez, ratificaron el contenido del escrito de cesión de derechos hereditarios a favor de la tercera interesada. 6. El diecisiete de enero de dos mil veinte, el quejoso Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, por propio derecho, promovió incidente de oposición al proyecto de partición hereditaria presentado por la hoy tercera interesada Lucina Romero Gutiérrez, el cual, previo desahogo de prevención, fue admitido el siete de febrero siguiente, y resuelto por determinación dos de septiembre de dos mil veinte, en la que en lo que aquí interesa se asentó: C O N S I D E R A N D O: I.- El artículo 4.66 del Código adjetivo en la materia, estatuye: "Con el proyecto a que se refiere el artículo anterior se dará vista por cinco días a los interesados. Si están conforme o nada exponen, lo aprobará el Juez. La inconformidad se substanciará en forma incidental." Por su parte, el artículo 1.153 del mismo ordenamiento legal, señala: "Concluidos los plazos fijados a las partes se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía". En el caso concreto, si bien el actor incidentista, mediante escrito presentado en fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, interpuso incidente de oposición al proyecto de partición, presentado por la albacea designada, no menos ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 cierto que ello lo realizó fuera del plazo concedido para tal efecto. Como ya se dijo, LUCINA ROMERO GUTIÉRREZ, exhibió el proyecto de partición, en fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve. El auto con el que se tuvo por iniciada la cuarta sección, fue emitido el día seis de diciembre de dos mil diecinueve, y, notificado el nueve del mismo mes y año; motivo por el cual, resulta claro que al haberse concedido un término de diez días a los coherederos para inconformarse con dicho proyecto, el coheredero AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ tenía hasta el día diez de enero de dos mil veinte para interponer del incidente de oposición al proyecto de partición a que se ha hecho referencia, lo que en el concreto no aconteció, pues la oposición se formuló hasta el diecisiete de enero de dos mil veinte. En ese tenor, tomando en cuenta que este Juzgador, en términos de lo previsto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra obligado a velar porque se cumplan y respeten las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las le leyes aplicables al caso concreto, debe decirse que la interposición de la presente incidencia, resulta extemporánea. . R E S U E L V E: ÚNICO.- Se declara improcedente por extemporáneo el incidente de oposición al proyecto de partición formulado por el coheredero AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ; en consecuencia, no es dable entrar al estudio de los argumentos de oposición expresados. 7. Contra dicha resolución, el catorce de septiembre de dos mil veinte, el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, el treinta de octubre de dos mil veinte, bajo el número de toca 557/2020, y admitido sin efecto suspensivo. 8. Así, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la Sala responsable, emitió la resolución del recurso de apelación, en la que en lo que aquí interesa señaló: TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020). . C O N S I D E R A N D O . Una vez analizados los argumentos de agravio, a la luz de las actuaciones judiciales de primera instancia, este Tribunal de Alzada, estima que los agravios resultan infundados, lo ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? que da lugar a confirmar la sentencia interlocutoria impugnada. Asimismo, dada la íntima relación que los agravios guardan entre sí, se dará contestación a ellos de forma conjunta. En primer término, es infundado el argumento del apelante al decir que LUCINA ROMERO GUITIÉRREZ, promueve el proyecto de partición, siendo que quien se encuentra legitimado y tiene personalidad como albacea es MIGUEL ROMERO GUTIÉRREZ; cuenta habida que, si bien, el último referido tiene conferido el carácter de albacea, como así se desprende de la junta de herederos que tuvo verificativo en fecha seis (06) de mayo de dos mil diecinueve (2019), visible a fojas 111 a 112 del expediente principal, sin embargo, ninguno de los interesados en la presente intestamentaria se inconformó con la emisión del auto de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) (foja 3 de cuaderno de la cuarta sección), mediante la cual se tuvo por presentada a la coheredera nombrada en primer término, iniciando la cuarta sección, otorgándose trámite a la misma; de ahí que en términos del artículo 1.215 del código procesal civil, ha operado la preclusión en contra del recurrente para inconformarse con la actuación procesal señalada, la cual adquirió firmeza procesal, aunado a que, no obstante que el albacea no ha impulsado el desarrollo de las etapas del juicio sucesorio intestamentario, sin embargo, de autos no se desprende que frente a dicha omisión, los interesados hubieran instando ante el Juez los procedimientos legales pertinentes para que el representante de la sucesión otorgue cumplimiento a las obligaciones inherentes en su encargo o bien, se haga acreedor a las sanciones legales correspondientes, lo cual de ninguna manera sea motivo de reposición del procedimiento como lo aduce el inconforme. Por otro lado, ante la incongruencia que hace valer el apelante, la cual hace derivar de su escrito de desahogo de vista con el proyecto de partición y su incidente de oposición al (sic) dicho proyecto; este colegiado estima que es infundado tal argumento, porque en principio, conviene mencionar que las actuaciones judiciales se desarrollan en observancia a ciertos principios inmutables, como lo son: "el Juez no puede revocar sus propias determinaciones", "guardar y hacer guardar con la mayor exactitud os trámites y plazos marcados por la ley", "no permitir que de cualquier otro modo se altere el método y orden de procedimiento" y "La dirección del proceso está confiada al Juez, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones del código procesal civil"; principios que se disponen en los artículos 1.134, 1.135. 1.137 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles. En ese sentido, no obstante que en el auto de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) (foja 3, cuaderno de la cuarta sección), con el proyecto de partición presentado por LUCINA ROMERO GUTIÉRREZ, se dio vista a los coherederos no por cinco (5), sino por diez (10) días, tal actuación ha adquirido también firmeza ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 procesal, de ahí que, conforme a la certificación que obra a fojas 9 del citado cuaderno, el plazo de diez (10) días para desahogar la vista con el aludido proyecto, transcurrió del diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), al ocho (8) de enero de dos mil veinte (2020). Ante ello, el apelante no debe soslayar que, ciertamente como lo invocó el juzgador en el fallo interlocutorio impugnado, el dígito 1.153 del código procesal civil, dispone que: "Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía.", al igual que, de acuerdo al artículo 1.148 de dicha legislación procesal, "Los plazos judiciales son improrrogables, salvo disposición en contrario.". Luego entonces, es evidente la extemporaneidad, tanto del escrito de fecha nueve (9) de enero de dos mil veinte (2020), mediante el cual el apelante JESÚS AURELIO ROMERO GUTIÉRREZ (sic), desahogó la vista oponiéndose al proyecto de partición, como de su escrito incidental inicial de oposición al aludido proyecto, de fecha diecisiete (17) del citado mes de enero de la presente anualidad; puesto que la presentación de ambos escritos se hizo fuera del plazo de diez (10) días que fue concedido por auto de seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), sin que al respecto resulte atendible el argumento de agravio, en el sentido de que en la interlocutoria impugnada se señaló que el recurrente tenía hasta el diez (10) de enero del año en curso para interponer su incidente de oposición, puesto que tal señalamiento no es acorde a las constancias de autos, obedeciendo a un mero error de apreciación; sin embrago, tal circunstancia no deja en estado de indefensión al inconforme, pues se hizo sabedor del auto de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), donde se le otorgó un plazo de diez (10) días para manifestar lo que a su derecho correspondiera con el proyecto de partición, lo cual hizo fuera de dicho plazo, lo que torna inatendibles e infundados sus argumentos ante la improrrogabilidad de los plazos judiciales, así como al decir que el Juez debió haber desechado desde un comienzo su incidente, puesto que tal circunstancia es ajena a la Litis instaurada en esta segunda instancia. Por otro lado, al apelante alude que el A quo, al emitir la sentencia que se combate, debió advertir que no se exhibió la cuenta general, ni asimismo el proyecto de partición por el albacea, por lo que el Juez debió convocar a una junta para que se hiciera la elección del partidor, lo cual tampoco aconteció, por lo que se violan en su perjuicio la legalidad y seguridad jurídica de las partes, principios que deben regir el proceso. Tales argumentos devienen infundados, cuenta habida que como se desprende de los considerandos expuestos en el fallo interlocutorio impugnado, el A quo no entró al estudio de la oposición que el hoy apelante ejerció en vía incidental, dada su extemporaneidad, de ahí que no era factible que realizara pronunciamiento alguno en el sentido que refiere. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? Finalmente, contrario a lo que adujo el recurrente, la emisión de la interlocutoria impugnada, no vulnera sus derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, puesto que el apelante se hizo saber del plazo de diez (10) días que le fue otorgado a fin de manifestar lo que su derecho correspondiera respecto del proyecto de partición que presentó la coheredera, lo cual omitió realizar en dicho plazo, por lo que presentó la coheredera, lo cual omitió realizar en dicho plazo, por lo que sus garantías se encontraron salvaguardadas. Luego, al haber resultado infundados los agravios que hizo valer el apelante, se CONFIRMA la sentencia interlocutoria impugnada. . R E S U E L V E PRIMERO. Resultaron infundados los agravios expuestos por el apelante AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ, atento a los argumentos expuestos en el presente fallo. SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia interlocutoria de fecha dos (2) de septiembre de dos mil veinte (2020), dictada por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el INCIDENTE DE OPOSICIÓN AL PROYECTO DE PARTICIÓN, que promovió AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ, en la Sucesión Intestamentaria a bienes de MIGUEL ROMERO HERNÁNDEZ, seguido en el expediente 534/2018. . Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación del quejoso se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente referir que, en su demanda de amparo, en síntesis, hizo valer lo siguiente: a) Argumenta que la Sala responsable, no cumplió con las formalidades del procedimiento y con ello la aplicación de la ley de la materia, al calificar de inicio de infundados sus argumentos y estimar una íntima relación en los agravios planteados, omitiendo el estudio individualizado de cada uno de ellos. b) Por otro lado, manifiesta que se violó el debido proceso, ya que el Juez de origen permitió que una persona diversa al albacea designado en autos iniciara las etapas del procedimiento, sin que se cerciorara de que quien promovía estaba facultada o no para tal efecto, y que en caso de no haber existido promoción de su parte, debía pronunciarse al respecto y no acordar de manera arbitraria e imparcial. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 Aunado a que pasó por alto lo establecido en el artículo 4.69 del código de procedimientos civiles para la entidad, que faculta al Juez del conocimiento a convocar la junta para designar al partidor. c) Aduce que la sentencia que se combate carece de congruencia y exhaustividad, ya que justifica como "errores de apreciación" las diferencias entre los cómputos de los plazos para determinar la extemporaneidad de la presentación tanto de su escrito en donde expresó su inconformidad al proyecto de partición como el del incidente de oposición. Reclama como un "error de apreciación" que el Juez de origen no agotó el estudio de las constancias para determinar que quien exhibió el proyecto de partición no era el albacea designado d) Finalmente, señala la falta de impartición de justicia en virtud de que en un momento dentro del considerando que estudió sus agravios, se modificó su nombre, en donde se menciona a Jesús Aurelio Romero Gutiérrez y no a Aurelio Jesús Romero Gutiérrez. Ahora bien, a continuación se procede a analizar si la resolución reclamada, viola en perjuicio del quejoso alguno de sus derechos fundamentales. Para dar contestación a los argumentos que dieron origen al concepto de violación sintetizado en el inciso a), debemos partir del hecho de que una sentencia se traduce en la decisión mediante la cual, el juez o tribunal del conocimiento, muestra cómo resolvió el problema que le fue planteado, con la independencia y la capacidad para regular y orientar sus actuaciones, tanto en el sentido que las emite, como en la manera en que lo hace, sin que exista un manual o reglas de estilo que deban ser seguidos de manera obligatoria. En ese sentido, la calificación previa que se hace de los argumentos que se están analizando, únicamente se traduce en el estilo que puede emplear el operador jurídico al momento de plasmar su decisión, lo que no quiere decir que el método de análisis que se llevó a cabo para llegar a la conclusión, haya partido de la calificación de las consideraciones; razón por la cual este Juzgador, considera que el hecho de que la Sala responsable le haya dado un calificativo anticipado a los agravios planteados por el quejoso, no afecta su derecho de acceso a la justicia. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? Asimismo, el estudio sistematizado que se hizo de los agravios planteados en la apelación que se analiza, responde a un estilo de redacción y estructura de la decisión del operador jurídico, ya que de una lectura íntegra de la resolución reclamada, se pone de manifiesto que contrario a lo que argumenta el quejoso, aún y cuando la Sala responsable, realizó el estudio en un mismo considerando, sí hizo una individualización de los puntos de disenso en diferentes párrafos a lo largo del texto, los que culminan en una conclusión independiente para cada uno de ellos, lo que no constituye una falta de atención o estudio en las peticiones que le fueron planteadas. En efecto, una resolución puede vulnerar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, cuando contenga faltas e imprecisiones de diversa índole, que se traduzca en dificultad de lectura y comprensión; sin embargo, en el caso a estudio, no acontece dicha situación, pues la resolución que se reclama, es clara, concisa y directa en la contestación de cada uno de los agravios hechos valer por el apelante, hoy quejoso; además, que si bien es cierto, existen diversas guías que pueden servir como directrices para la redacción de las sentencias, también lo es que no constituyen una obligatoriedad en la forma en que un operador jurídico plasme su decisión individual en la resolución de un caso concreto. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.2 Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que, se debe declarar como INFUNDADO el concepto de violación en estudio. 2 (IV Región) 2o. J/5 (10a.), en Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, y número de registro digital 2011406, ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 Por lo que hace al concepto de violación sintetizado en el inciso b), este Juzgador estima que el quejoso no controvierte de manera alguna los argumentos planteados por la Sala responsable, pues se limita a manifestar: El operario de segunda instancia violenta la administración de justicia la cual debe ser completa e imparcial al considerar excesiva fuerza al principio inmutable que reza: juez (sic) no puede revocar sus propias determinaciones y restarles a los principios que el mismo reza en la sentencia combatida y que incluso transcribe guardar y hacer guardar con la mayor exactitud los trámites y plazos marcados por la ley; no permitir que de cualquier otro modo se altere el método y orden de procedimiento y la dirección del proceso está confiada al Juez, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones del código procesal civil, principios que el operario considera principios inmutables que todo juez debe embestir, pero que es evidente que no pone en práctica, evidenciando lo anterior en lo siguiente: (Transcripción de una parte de la resolución reclamada) Se advierte la contradicción del juez de alzada en tano que, en primer lugar, al manifestar el juez de primera instancia no puede revocar sus propias determinaciones pero permite que se altere el orden y método del procedimiento al permitir que sea una diversa persona al albacea inicie (sic) las etapa del procedimiento violentando con ello la figura de ALBACEATO luego entonces viene a colación las preguntas (sic) ¿para qué fue creada? ¿Por qué sigue vigente? son creación por el capricho del legislador, luego entonces ¿en qué momento la dirección del procedimiento debe ser confiada al JUEZ? De la que alude. El Juez de primera instancia no guarda exactitud en el estudio de los trámites, violentando no solo el debido proceso, son figuras que fueron creadas y legalizadas para salvaguardar derechos propios y de terceros en este caso particular el albaceato, sin embargo, la hoy responsable pretende fundar su sentencia considerando que ninguno de los interesados en la presente intestamentaria se inconformó con la emisión del auto de fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), siendo que es el Juez quien debe cerciorarse que aquél que promueva está facultado para ello pues pasa por alto 4.69 del código de procedimientos civiles para la entidad (sic) que faculta al a quo a convocar a junta para designar al PARTIDOR ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? De manera que si como se advierte de lo antes transcrito, lo que ahora expone el quejoso en su concepto de violación, sólo se trata de reiteraciones hechas valer en sus agravios de impugnación, en torno a que quien presentó el proyecto de partición, no estaba facultada para ello y que, el Juez de la causa, de manera oficiosa debía haber llamado a una junta para la elección del partidor antes de haber dado inicio a la cuarta etapa del procedimiento de origen, sin que derrote la respuesta que recibió por la Sala responsable y señale por ejemplo que si existió inconformidad en tiempo y forma a la prosecución judicial que realizó Lucina Romero Gutiérrez, la solicitud de cambio del nombramiento de albacea, la citación para la selección del partidor, o en su caso, por qué no se requería tal demostración. De lo anterior se advierte que, en el concepto de violación que se estudia, señala las violaciones que considera cometió el Juez de origen, sin combatir los argumentos expuestos al respecto por la Sala, por lo que no pueden considerarse dichas afirmaciones como verdadero razonamiento tendiente a desvirtuar los argumentos de la autoridad; por ende, los mismos deben calificarse como INOPERANTES para lograr derrotar las razones sostenidas por la Sala responsable. Robustece la anterior determinación la tesis de jurisprudencia que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil.3 Estimar lo contrario, es decir, analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. 3 SJF, Novena Época Tesis: Jurisprudencia II.2o.C. J/11 Tomo XI, Marzo de 2000 Página: 845 Materia(s): Común Registro: 192315. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 Lo anterior, puesto que en el juicio de amparo, al ser un medio extraordinario de defensa, se analizan los fundamentos y motivos de las resoluciones reclamadas para determinar si son o no violatorios de derechos fundamentales; sin embargo, si tales argumentos no son combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la determinación que se reclama, al desconocerse los hechos que la parte quejosa estima conculcados. Es ilustrativa la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA SENTENCIA IMPUGNADA.4 Situación que también acontece con el concepto de violación sintetizado en el inciso c), pues de su análisis se advierte que el promovente no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones torales en que se sustenta la resolución impugnada, emitida por la Sala responsable. En efecto, el quejoso reclama de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, bajo el número de toca 557/2020, en la que confirmó la improcedencia por extemporaneidad del incidente de oposición de proyecto de partición de herencia. En esa determinación, la Sala declaró infundados los agravios expuestos por el apelante, en virtud que no se inconformó con la emisión del auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se tuvo por presentada a Lucina Romero Gutiérrez, iniciando la cuarta sección, otorgándose trámite a la misma; por lo que en términos del artículo 1.215 del código procesal civil, operó la preclusión en contra del recurrente para inconformarse con la actuación procesal señalada. Agregó, que tanto el escrito de fecha nueve de enero de dos mil veinte, mediante el cual el hoy quejoso, se opuso al proyecto de partición, así como su escrito incidental inicial de oposición al aludido proyecto, de fecha diecisiete siguiente fueron presentados de forma extemporánea, puesto que la presentación de ambos escritos se hizo fuera del plazo de diez días que fue concedido por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve. 4 Tesis IV. 3o. J/8, consultable en la página 54, Número 52, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 219526. ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? Señaló, que si bien es cierto el nueve de enero de dos mil veinte, se realizó una certificación en la que se computó el plazo de diez días otorgado a las partes para que manifestaran su oposición a partir del diez de diciembre de dos mil diecinueve y hasta el ocho de enero de dos mil veinte; siendo que en la interlocutoria apelada se señaló como último día de ese mismo término el diez de enero de dos mil veinte; dicho error obedecía únicamente "a un error de apreciación" ya que de acuerdo a las constancias de autos, la presentación de ambos escritos, se hizo fuera del plazo de diez días que se concedió por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve. Frente a tales consideraciones de la Sala responsable, el quejoso alega en su concepto de violación, lo siguiente: El operario en segunda instancia pretende justificar las incongruencias en autos y la interlocutoria recurrida mediante apelación como ERRORES DE APRECIACIÓN, luego entonces la sentencia que se combate carece de congruencia y exhaustividad, características sine qua non en todo fallo para pronta referencia se transcribe: (transcripción de una parte de la resolución reclamada) Ahora bien, resulta un mero error de apreciación para el juzgador de alzada, que el a quo no agote todo el estudio de las constancias para determinar en primer lugar que LUCINA ROMERO GUTIÉRREZ, no está legitimada para promover; que el albacea MIGUEL ROMERO GUTIÉRREZ no promueva y ante la advertencia que diverso coheredero lo realice, se permita apercibir al albacea para que realice sus funciones o bien, sea removido del cargo; y más aún el propio juez de alzada no pueda determinar el nombre completo y correcto de apelante AURELIO JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ y no como se advierte de sus considerandos JESÚS AURELIO ROMERO GUTIÉRREZ, es evidente entonces que ambos operarios no están impartiendo justicia, y pretendan emitir sentencias carentes de congruencia, exhaustividad, legalidad, y seguridad jurídica para las partes. Una confrontación de los anteriores argumentos, permite concluir en la inoperancia de las inconformidades del quejoso, precisamente porque, por una parte, omite controvertir las consideraciones torales en que se sustenta la resolución impugnada y por otra, sus argumentos de nueva ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 cuenta, giran en torno a la actuación de la Juez de primer grado. En primer lugar, contrario a lo que señala el promovente en su concepto a estudio, la Sala utilizó el término "error de apreciación" únicamente cuando advirtió que de las constancias de autos, se desprendía que la presentación de sus dos escritos de oposición, se realizó fuera del plazo de diez días que se concedió por auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, no así respecto a la facultad o no de Lucina Romero Gutiérrez, para exhibir el proyecto de mérito, así como la omisión de apercibimiento a quien fuera designado como albacea para realizar sus funciones. Como se ve, el peticionario esencialmente se limitó a afirmar que la resolución reclamada viola en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que no se agotó el estudio de las constancias para determinar la facultad de la tercera interesada para dar inicio a la siguiente etapa y la omisión de quien fuera designado como albacea, para la prosecución judicial; pero sin controvertir en forma alguna las consideraciones contenidas en la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, según se advierte de la síntesis realizada en el cuerpo de la presente sentencia, en las que la Sala responsable se apoyó para confirmar la resolución interlocutoria apelada, de manera toral que: "ninguno de los interesados en la intestamentaria se inconformó con la emisión del auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que ha operado la preclusión para inconformarse con la actuación procesal señalada", y que la presentación de ambos escritos se hizo fuera del plazo de diez días que fuera concedido para tal efecto. Por tanto, como el quejoso únicamente se limita a realizar meras afirmaciones, pero sin razonar por qué estima violados los artículos constitucionales que invoca, de tal forma que se ponga de manifiesto la contravención que alega sufrió; dado que si bien, es criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para que se proceda el estudio de los conceptos de violación, basta con que se exprese la causa de pedir; sin embargo, ello no implica que los quejosos puedan limitarse a realizar meras afirmaciones, como sucede en el particular, pues es de explorado derecho que a ellos corresponde exponer los motivos por los cuales estimen ilegales los actos reclamados; tal y como lo puso de relieve la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal de la Nación, en la jurisprudencia 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 ??????????????? CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." . En ese orden de ideas, es dable considerar que el concepto de violación hecho valer por el quejoso deviene INOPERANTE, pues como se dijo, por una parte omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la resolución impugnada y por otra, sus argumentos giran en torno al Juez de primera instancia. Cabe citar, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos ADILENE VALENCIA ANTILLON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.3a 10/08/22 18:14:10 de violación en el escrito de demanda de amparo.5 Finalmente, respecto a su reclamo sintetizado en el inciso d), respecto a que la modificación de su nombre en un momento dentro del considerando que estudió sus agravios, se traduce en la falta de impartición de justicia; dicho concepto es INFUNDADO, pues se trata de un error mecanográfico, de poca importancia, que no trascendió al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.6 Por todo lo anterior, en atención a las razones expuestas a lo largo del presente considerando, al resultar INFUNDADOS e INOPERANTES los conceptos de violación, lo conducente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: UNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Aurelio Jesús Romero Gutiérrez, en contra del actos precisado en el considerando SEGUNDO, en términos de los razonamientos expuestos en el considerando SEXTO de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, ante Adilene Valencia Antillón, Secretaria que da fe, hasta hoy treinta de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado

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