Aurelio Guerra Orona
Expediente 478/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Aurelio Guerra Orona
- Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, Zona Norte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que pudieran interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de diciembre último, en la que se sobreseyó en ese juicio; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma causa ejecutoria; agréguese el original del incidente de suspensión relativo. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción y el original del cuaderno incidental relativo, es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y número 2 del punto 7.5 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en este asunto se decretó el sobreseimiento; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tienen relevancia documental y en el cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y la definitiva, por una parte se negó y por otra se concedió. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), fracción II, del artículo veinte, Capítulo Octavo del acuerdo general citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores a su archivo. Asiéntense los anteriores datos en las carátulas respectivas de los expedientes mencionados; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A: Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 478/2020-VII, promovido por Aurelio Guerra Orona, contra actos de las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación de Distrito Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, todos con residencia en esta ciudad y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que por razón de turno tocó conocer a este órgano de control constitucional, Aurelio Guerra Orona, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra los actos de las autoridades responsables señaladas en el proemio de esta resolución, por estimarlos violatorios de las garantías consagradas, en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales hizo consistir en los siguientes: "IV) ACTO RECLAMADO: De las Autoridades señaladas como ordenadoras, reclamo la Orden de Detención y/o Aprehensión expedida en mi contra para privarme de mi libertad, de las autoridades señaladas como ejecutoras, ya sea que actúen por sí o a través de sus agentes o de sus subordinados la materialización y ejecución del citado ordenamiento Judicial, con el objeto de privarme de mi libertad toda vez que no he cometido delito o falta administrativa alguna". SEGUNDO. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, diferida en una ocasión por causas legales e iniciada en los términos señalados. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de un juicio de amparo indirecto, promovido contra actos de autoridad que se estiman violatorios de derechos fundamentales, cuya ejecución tiene lugar dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del sumario, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, del análisis integral del escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, se advierte que los actos que reclama el hoy quejoso los hace consistir en la orden de detención o aprehensión; ello en detrimento de sus derechos fundamentales y garantías contenidas en los preceptos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. La autoridad responsable Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con sede en esta localidad fronteriza, rindió su respectivo informe justificado negando categóricamente la existencia de los actos atribuidos, sin que la quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. A su vez, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, fueron omisas en pronunciarse respecto al acto de autoridad consistente en la orden de detención señalada por el quejoso, sin que la falta de respuesta a ese punto, permita la presunción de certeza en términos del cuarto párrafo del numeral 117, de la Ley de Amparo, ya que de las constancias que obran en autos aparece demostrado que lo que realmente existe, es una orden de aprehensión librada en contra del amparista. Cobra aplicación al caso la tesis consultable en la página 285, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia administrativa, registro 227024, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. SE DESVIRTUA LA PRESUNCION DE CERTEZA SI EL ACTO RECLAMADO NO EXISTE. Cuando de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, debe sobreseerse en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, aun cuando opere la presunción de certeza derivada del artículo 149 del propio ordenamiento legal en cita por haber omitido las autoridades responsables rendir su informe justificado". Por tanto, con fundamento en el precepto 63, fracción IV, de la ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por lo que hace a dichas autoridades y por los actos precisados en este considerando. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Segunda Sección, Improcedencia y sobreseimiento, página 305, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. No obstante lo asentando, las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, convinieron en la existencia del acto reclamado consistente en que el diecisiete de octubre de dos mil veinte, a solicitud del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, se libró la orden de aprehensión en contra de Aurelio Guerra Orona, por el delito de homicidio imprudencial, previsto y sancionado por los artículos 123 y 124, en relación con el 138, fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos ocurridos el once de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, sobre la calle Marfil antes del cruce con la calle Rayo, de la colonia Libertad, en esta ciudad. Como apoyo a sus informes con justificación el juez responsable remitió copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 5057/2020, seguida contra el aquí quejoso del índice del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, de las que obran la solicitud de orden de aprehensión del agente del Ministerio Público en comento, así como la resolución que contiene la orden de captura de referencia. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de actuaciones judiciales, expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Por ende, se tiene plenamente probado el acto consistente en la orden de aprehensión que de ellas se reclama. Es aplicable al respecto el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Posteriormente, en alcance a su informe legal la autoridad judicial responsable hizo del conocimiento en este juicio constitucional que la diversa juez de control licenciada Yira Celida Ochoa Contreras, en fecha veintidós de octubre del presente año, decretó auto de vinculación a proceso al imputado Aurelio Guerra Orona, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio imprudencial, previsto y sancionado por los artículos 123 y 124, en relación con el 138, fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos ocurridos el once de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, sobre la calle Marfil antes del cruce con la calle Rayo, de la colonia Libertad, en esta ciudad. Lo que se corrobora con el disco versátil digital que contiene los registros de los archivos ópticos y acústicos de la audiencia de vinculación en cita, y al que calza la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello de la institución del Distrito Judicial Bravos, al cual se le concede valor probatorio pleno de instrumental de actuaciones, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con su numeral 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, materia Común, Penal, página 703, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia del presente juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Es aplicable al caso la jurisprudencia 940 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda parte, Salas y Tesis, página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, este resolutor advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)" De la lectura del citado precepto se advierte que dicha causal establece que es improcedente el juicio de amparo cuando por virtud de cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas al no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. CXI/96, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 199808, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia Común, página 219, que literalmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Bajo ese orden de ideas, se tiene que el quejoso Aurelio Guerra Orona reclamó como acto el dictado de la orden de aprehensión y su inminente ejecución, de la cual el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, así como el agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, aceptaron la existencia de la orden de captura emitida en contra del citado agraviado en la causa penal 5057/2020, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio imprudencial, por hechos ocurridos el once de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, sobre la calle Marfil antes del cruce con la calle Rayo, de la colonia Libertad, en esta ciudad. Con posterioridad, el licenciado Juan Alonso Martínez Grajales, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, comunicó que el veintidós de octubre del presente año, se llevó a cabo la audiencia en que se dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso de referencia, como probable participe en la comisión del ilícito de homicidio imprudencial, previsto y sancionado por los artículos 123 y 124, en relación con el 138, fracción II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Lo que se corrobora con el contenido del disco versátil digital certificado que remitió dicha autoridad, documental a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia, VI.3o.P. J/1 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 1972, que dice: "DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, a la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, guardados en un archivo digital y, por ende, aptos para acreditar la existencia de un acto procesal; además de que no obstante estar soportados en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal. Por tanto, aun cuando dichos discos carezcan del sello y la firma correspondientes, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le dan certeza a éste, como pudieran ser, por ejemplo, que fueron remitidos al tribunal de apelación por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hizo por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata, corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD". En tal virtud, es evidente que con las referidas constancias surge un cambio de situación jurídica en razón de haberse decretado auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso, pues si el juicio de amparo fue promovido señalando como actos reclamados, entre otro, la orden de aprehensión girada en su contra y su inminente ejecución, y con posterioridad se emitió el auto de vinculación a proceso por el injusto antes mencionado, cambió su situación jurídica, pues actualmente está siendo procesado a consecuencia del auto de término constitucional que le fue dictado por su probable participación en la comisión de dicho delito. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, que dispone: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Luego, si por oficio de fecha veintitrés de octubre de la anualidad en curso, el licenciado Juan Alonso Martínez Grajales, en su carácter de Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, comunicó a este órgano jurisdiccional federal que el veintidós de ese mes, se pronunció el auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por el ilícito descrito y para comprobar su afirmación con posterioridad allegó el disco óptico que contiene la videograbación de la audiencia en comento, se colige que efectivamente ese acontecimiento originó un cambio de situación jurídica que impide a esta potestad federal a decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se encuentra sujeto el quejoso, por lo que, como se adelantó al inicio de este considerando, se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XVII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, y por ende, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Materia Común, Penal, visible a página 2482, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, cuyo texto se transcribe: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, porque no se reclaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa el hecho de que este juzgado de distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, primera parte, página 335, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, se hace la precisión que la jurisprudencia y tesis invocadas en la presente resolución, integradas conforme a la ley de la materia anterior, resultan aplicables en atención a que no se oponen a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de dicho cuerpo de leyes, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 77, 78, 79 y 124, de la Ley de Amparo, se, resuelve: R E S O L U T I V O S: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Aurelio Guerra Orona, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, todos con sede en esta localidad fronteriza, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Vania Gómez Márquez, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe. Con lo cual concluye la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo comunicado en las Circulares SECNO/24/2020 y SECNO/25/2020 de treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se hace del conocimiento que en sesión de esa data la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua"; en el que se adoptó, entre otras medidas, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; y como consecuencia, la suspensión de los plazos y términos procesales durante catorce días, contados a partir del treinta y uno de octubre al trece de noviembre del año en curso, así como su extensión del catorce al veintisiete del mismo mes y año, días en los que se dejó de actuar en este asunto, por lo que no se llevó a cabo la audiencia de ley prevista para las diez horas con treinta minutos del once de noviembre del año en curso. Por tanto, a fin de dar continuidad con el trámite del presente juicio de amparo, se fijan las diez horas con treinta minutos del quince de diciembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Fernando Javier Miranda Marín, secretario quien autoriza lo actuado y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con el que informa que el veintidós de octubre actual la diversa Juez de Control de ese distrito, llevó a cabo la audiencia inicial y dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso Aurelio Guerra Orona. Asimismo, señala que los ofendidos y el amparista celebraron acuerdo reparatorio consistente en la entrega de un bien inmueble y cantidad fija de dinero, lo anterior a entera satisfacción de los ofendidos. Luego, fijo fecha y hora para la audiencia de revisión de dicho acuerdo reparatorio y notificó a las partes de lo anterior. Por tanto, cesó la medida cautelar de prisión preventiva bajo la cual se encontraba el quejoso y ordenó su libertad en el citado proceso penal. A fin de acreditar lo anterior, remite copia certificada del registro de audio y video de la audiencia en mención, por lo que se ordena reproducir su contenido por el medio idóneo y certifique el secretario de este juzgado federal en acta por separado, que es accesible para su ulterior consulta; guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional, para ser reproducido en cualquier momento; lo cual se toma en consideración para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Elfego Bencomo Siller, secretario que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,163 expedientes
- Audón Quintero Ríos470/2023
- Aurelia Hernández Díaz667/2016
- Aurelia Holguín Pizaña783/2021
- Aurelia Malaga Toto y Otros.562/2021
- Aureliano Miguel González Baz466/2016
- Aureliano Miguel González Baz321/2016
- Austreberto Guerrero García573/2015
- Azucena Escobedo Rubio639/2012
- Baldemar Valenzuela López931/2016
- Baltazar Javier Esquivel Soberaniz518/2019
- Baltazar Javier Esquivel Soberaniz860/2017
- Baltazar Javier Esquivel Soberaniz831/2016