Aurelio Ferrer Baltazar

Expediente 967/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
967/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Aurelio Ferrer Baltazar

Actuaciones

  1. Principal

    ... el oficio remitido vía interconexión, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual comunica que ese tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso, radicándolo bajo el número de expediente 404/2019 de su índice...

  2. Principal

    ... el escrito signado por el quejoso ******************** mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciocho de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, origen de estos autos. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe justificado relativo a la queja de que se trata, remítase de inmediato el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos órganos colegiados, con residencia en Boca del Río, Veracruz, así como copias certificadas de las constancias relativas, necesarias para su resolución; asimismo, se manifiesta a la superioridad que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones.

  3. Principal

    ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Aurelio Ferrer Baltazar, contra actos de la Presidenta Municipal Constitucional de Tlapacoyan, Veracruz y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 967/2019/VI-A. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama en sede constitucional la orden de retiro, desinstalación, demolición y desalojo del espacio que ocupa en la calle Ignacio Zaragoza del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, emitida por escrito y de manera verbal el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora, en el caso a estudio la suscrita estima que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual establece que el juicio de amparo resulta improcedente contra las resoluciones que admitan un recurso o medio de defensa ordinario. Lo anterior es así, ya dada la naturaleza del acto reclamado, debe indicarse que el artículo 280 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece la procedencia del juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares. Asimismo, en términos de los artículos 293, 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, dentro de dicho juicio se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, sobre la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas y la misma puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada el viernes 13 de septiembre de 2019, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Por tanto, en el caso particular, en modo alguno se advierte que el impetrante de amparo haya combatido el acto reclamado a través del juicio contencioso administrativo, aunado a que, dicho acto no encuadra en ninguno de los casos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVII de la Ley de la materia, de ahí que es dable sostener que no satisfizo el principio de definitividad del juicio de amparo, lo que torna improcedente la acción constitucional ahora intentada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia, visible en la página 37, Volumen 12, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, sustentada en la Séptima Época por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito la cual a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa guisa, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda origen de este asunto. Sin que pase inadvertido, la circunstancia de que el promovente no haya adjuntado a su escrito de demanda, documento alguno con el que acredite ocupar el espacio en el que dice realiza su actividad comercial, del cual como ya se indicó refiere lo pretenden desalojar, pues en todo caso, tales medios de prueba, deberá hacerlos llegar en el juicio contencioso que en su caso promueva. DOMICILIO Y AUTORIZADO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda y por autorizados en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Braulio Enrique Martínez Hernández, Cándido Arturo Hernández Sánchez y Linda Joanna Peralta Ceseña, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, sin que pase desapercibido que los nombres que señala el promovente en su escrito de demanda difieren de los registrados en el sistema antes mencionado, sin embargo, al consultarse con el número de cédula profesional proporcionado, se corrobora su registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación.... SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA POR ASÍ HABERLO SOLICITADO...

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