Aurelio Del Ángel Vázquez
Expediente 214/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 43 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aurelio Del Ángel Vázquez
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que hasta la presente fecha el Titular de Fonatur del Estado, con residencia en el Estado de Campeche, no ha rendido su respectivo informe justificado, ni obra en autos la boleta de acuse de recibo relativa al oficio con el que se le solicitó, aún cuando se ha ordenado el reenvío de dicho oficio; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con treinta minutos del veintidós de enero de dos mil veinticuatro. Lo anterior, a fin de dar oportunidad a que la nombrada autoridad rinda su informe justificado solicitado, en virtud que tiene su domicilio fuera del lugar de residencia de este juzgado y que este órgano jurisdiccional gozará de su período vacacional del uno al dieciséis de enero de dos mil veinticuatro. No obstante lo antes señalado y a fin de evitar mayores dilaciones, reenvíese de nueva cuenta el oficio con el que se solicitó su informe justificado a la nombrada autoridad, a fin de que esté en condiciones de rendir su informe justificado solicitado en este juicio. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables, dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el telegrama remitido por la Directora de Amparos de la Consejería adjunta de Control Constitucional y Contencioso de la Consejería del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual solicita que este juzgado emita una interpretación de los alcances de la suspensión provisional de los actos reclamados, concedida en acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, específicamente si dicha suspensión permite a esa autoridad responsable emitir decreto expropiatorio relativo al bien inmueble defendido por la parte quejosa como propio, y si las autoridades competentes para ello estén en posibilidad jurídica y material (sic) publicar y ejecutar ese fallo presidencial; por lo que se ordena glosar dicho telegrama a estos autos para que obre como corresponda. Al respecto, de los presentes autos se advierte que por acuerdo de once de mayo del año en curso, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".Conforme a lo ampliamente expuesto, al advertirse que se encuentran satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder a Aurelio del Ángel Vázquez, la suspensión provisional respecto de los actos de naturaleza positiva que reclama para el efecto que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad o posesión del inmueble que por esta vía defiende el quejoso, identificado como el solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche; lo cual desde luego implica que no se obstruya el acceso a ese inmueble, y que se suspenda cualquier obra o trabajo que se esté realizando dentro del bien propiedad del quejoso; esta medida cautelar provisional surtirá efectos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en este incidente. Ahora, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando por mandato expreso de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional. En ese sentido, si tuviese intervención algún particular, en la ejecución de los actos de autoridad que se atribuyen a las autoridades responsables, será obligación de éstas últimas ordenar al particular la inmediata paralización de la ejecución de los actos reclamados y tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de la suspensión provisional en los términos y para los efectos que se han precisado en este acuerdo. Es de trascendental importancia precisar que la suspensión provisional aquí concedida no surtirá efecto alguno si respecto del área que ocupa el inmueble identificado como el solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche, se ha decretado su expropiación. Hecha la precisión anterior, sobre la base que la suspensión provisional surtirá efecto siempre y cuando no exista un decreto expropiatorio en el que se incluya el área que ocupa el predio que el quejoso defiende; que además la medida cautelar se constriñe a ese inmueble; y que no se advierte controversia alguna frente a un tercero respecto de la titularidad en la propiedad o posesión del predio; en el caso no procede fijar garantía como requisito de efectividad para que surta efectos la medida cautelar." De conformidad con lo anterior, es de destacar que la suspensión provisional concedida en proveído de fecha once de mayo de dos mil veintitrés, fue para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad o posesión del inmueble que por esta vía defiende el quejoso, identificado como el solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche; que por esta vía defiende la parte quejosa, lo que implica que no se obstruya el acceso al predio, y que se suspenda cualquier obra o trabajo que se esté realizando dentro de dicho inmueble. Por tanto, respecto a la solicitud de interpretación que formula la autoridad responsable en el telegrama de cuenta, sobre los efectos de la suspensión provisional concedida, comuníquese que deberá estarse a los efectos que fueron fijados en dicho acuerdo de once de mayo del año en curso, así como a las precisiones y diversas salvedades que también quedaron puntualizadas a la vez que la concesión de dicha medida cautelar en el citado acuerdo, entre ellas, el eventual caso de un decreto expropiatorio del bien inmueble involucrado; a lo que deberá sujetarse bajo su entera responsabilidad, respecto de lo previsto en este incidente de suspensión. Asimismo, se tiene por recibido el oficio sin número remitido en línea y signado por Daniel Abreu Saucedo, apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), con residencia en Ciudad de México, mediante el cual ofrece una prueba documental. En virtud de lo anterior, se tiene por admitida la documental que la citada autoridad responsable adjunta a oficio de cuenta, de conformidad a lo establecido por el artículo 143 de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguense a los presentes autos los informes relativos al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional rendidos la titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Turismo de la Administración Pública del Estado de Campeche, autoridad responsable; lo anterior para que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno de conformidad con el artículo 208 de la Ley de Amparo Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio sin número remitido por Daniel Abreu Saucedo, apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), con residencia en Ciudad de México, con el que solicita se resuelva lo conducente a la solicitud de revocación de la suspensión provisional que instó en estos autos. El ocursante solicitó la revocación de la suspensión provisional concedida mediante acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés a la parte quejosa, en virtud que a su consideración aconteció un hecho superveniente que hizo consistir en la expedición del Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 215,530.00m2, correspondientes a setenta y siete inmuebles de propiedad privada de los municipios de Escarcega, Champotón y Campeche, en el Estado de Campeche, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya. Fundó su pretensión en la prueba documental consistente en el referido decreto expropiatorio del ejecutivo federal, que aduce fue publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. En el caso, el apoderado de la autoridad refiere esencialmente que en el acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés se concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión del inmueble que por esta vía defiende el quejoso, relativo al solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche; lo cual desde luego implica que las autoridades no obstruyan el acceso a ese inmueble, y que se suspenda cualquier obra o trabajo que se esté realizando dentro del inmueble. Asimismo, la autoridad ocursante hizo notar que en el propio acuerdo se enfatizó que la suspensión provisional concedida no surtirá efecto alguno si respecto del área que ocupa el inmueble identificado como un terreno que aduce es de su propiedad (solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche), se ha decretado su expropiación. En ese sentido, señala que resulta un hecho notorio que el ocho de septiembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 215,530.00m2, correspondientes a setenta y siete inmuebles de propiedad privada de los municipios de Escárcega, Champotón y Campeche, en el Estado de Campeche. El apoderado de la autoridad responsable, solicita que la suspensión provisional sea revocada, sobre la base de que el referido decreto expropia tierras de uso común comprendiendo parte de la superficie del solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche, que defiende el quejoso en calidad de propietario y respecto de la que se concedió la suspensión provisional. Señala que, en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el propio acuerdo consistente en que, habiendo sido expropiada esa superficie, no surte efecto la medida cautelar. De igual forma hace ver que el decreto expropiatorio de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, es posterior al dictado del acuerdo que otorgó la suspensión provisional, por lo que sostiene se está ante un hecho superviniente. Ahora bien, a efecto de analizar las manifestaciones expuestas por la autoridad, para pretender que se revoque la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, en virtud que sustenta su petición en un hecho que estima superveniente, resulta necesario pronunciarse sobre la naturaleza de éste. El invocado artículo 139 de la Ley de amparo, establece lo siguiente: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." Debe precisarse que el hecho superveniente que es susceptible de revocar o modificar la resolución relativa a la suspensión, ya sea provisional o definitiva, ha sido interpretado por el Máximo Tribunal del país, como aquel que ocurre con posterioridad al dictado de la resolución y, por excepción, con anterioridad, pero que sea desconocido por el Juez y altere los hechos que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y resulte ser de tal magnitud que provoque la modificación o revocación de la suspensión, aunado a que debe tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Al respecto es aplicable en la parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 159/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1190 del Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, en la cual se dice "JURISPRUDENCIA. SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN NO CONSTITUYEN UN HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN. La resolución de una solicitud en materia de suspensión se lleva a cabo en dos momentos: 1. Al analizar los hechos o acontecimientos circunscritos al caso concreto relacionado con las partes, actos, lugares y situaciones que los rodean, esto es, los elementos fácticos derivados del propio expediente relativo al juicio constitucional; y, 2. Al valorar la aplicabilidad del derecho al contrastar si los hechos cumplen con los requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo señalan al efecto, así como la jurisprudencia aplicable al caso emitida para interpretar las leyes respectivas. No obstante lo anterior, dicha medida cautelar puede modificarse o revocarse por hechos supervenientes, los cuales se refieren a los acontecimientos posteriores al dictado de la resolución y, por excepción, con anterioridad, pero que sean desconocidos por el Juez y alteren a los que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y resulten ser de tal magnitud que provocaran la modificación o revocación de la suspensión, los cuales deben tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Por tanto, al ser la jurisprudencia una interpretación de la ley, esto es, un criterio de aplicación obligatoria de los órganos jurisdiccionales facultados para ello y relacionado con el análisis del derecho que lleva a cabo el Juez, su emisión y publicación no constituyen un hecho superveniente en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para efectos de modificar o revocar la resolución dictada con motivo de la suspensión." A partir de la premisa de lo que es un hecho superveniente, como exige la norma prevista en el artículo 139 de la ley de la materia, para modificar o revocar la medida suspensional, se analiza que en el caso, la autoridad solicita por conducto de su apoderado, se revoque la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, con base en un hecho que aduce tiene la connotación de ser superveniente. En principio cabe señalar que la parte quejosa le atribuyó a la autoridad la afectación en la posesión del terreno respecto del que aduce es propietario. En el acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión provisional respecto de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables detengan cualquier intromisión y se abstengan de realizar actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión del inmueble que por esta vía defiende el quejoso, relativo al solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche; lo cual desde luego implica que las autoridades no obstruyan el acceso a ese inmueble, y que se suspenda cualquier obra o trabajo que se esté realizando dentro del inmueble. La autoridad ocursante señala como hecho superveniente suficiente para la modificación de la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, la expedición del Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 215,530.00m2, correspondientes a setenta y siete de inmuebles de propiedad privada de los municipios de Escarcega, Champotón y Campeche, en el Estado de Campeche, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya; cuya existencia no necesita acreditarse ya que basta que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, como en el caso acontece. Ahora, para demostrar que es procedente la revocación de la suspensión provisional concedida, en su caso, resulta necesario que la autoridad responsable exhiba pruebas de la actualización de un hecho superviniente que, siendo posterior al dictado de la resolución que concedió la suspensión definitiva -hipótesis plateada por la autoridad responsable en este caso- además tenga el alcance de alterar los hechos que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, que resulte ser de tal magnitud que provoque la modificación o revocación de la suspensión, el cual, por tanto, debe tener relación directa con el caso en concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Con base en lo expuesto, quien esto resuelve considera que el hecho planteado por la autoridad responsable, no se trata de un hecho superveniente, que provoque la revocación de la suspensión, pues en el caso el ocursante no acreditó -cuando es quien tiene la carga de la prueba- que se alteraron los hechos analizados al dictarse la suspensión provisional, con tal magnitud que provoque la modificación o revocación de la suspensión; lo anterior por cuanto que en este incidente de suspensión no se acreditó que el terreno que el quejoso defiende en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se encuentra dentro de la superficie expropiada a través del Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 215,530.00m2, correspondientes a setenta y siete de inmuebles de propiedad privada de los municipios de Escarcega, Champotón y Campeche, en el Estado de Campeche, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya. En efecto, si bien en el caso no se discute que la publicación del referido decreto de expropiación -ocho de septiembre de dos mil veintitrés- es posterior en el tiempo al dictado de la suspensión provisional -once de mayo de dos mil veintitrés- y que en ese sentido, se trata de un hecho desconocido por el juzgado al momento de conceder la medida cautelar respecto del acto reclamado a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), lo cierto es que en este incidente de suspensión no se acreditó cómo con la expedición del Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 215,530.00m2, correspondientes a setenta y siete de inmuebles de propiedad privada de los municipios de Escarcega, Champotón y Campeche, en el Estado de Campeche, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya, se crea, modifica o extingue las situaciones de derecho, relacionadas directamente y exclusivamente con los hechos o sucesos planteados en la demanda de amparo y que sea de tal magnitud que provoque un cambio en la situación jurídica del quejoso, y que trae consigo una repercusión tal en el análisis del derecho, efectuado con posterioridad, que provoque la revocación o modificación de la suspensión. Pues para ello, resultaba indispensable que se demuestre que el inmueble que por esta vía defiende el quejoso, identificado como un terreno respecto del que aduce tiene los derechos de propietario este es, el solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche, respecto del cual se concedió la suspensión provisional, se encuentra inmerso dentro de la superficie de 215,530.00m2, correspondientes a setenta y siete de inmuebles de propiedad privada de los municipios de Escarcega, Champotón y Campeche, que fue expropiada para la construcción del Proyecto Tren Maya; lo cual no aconteció. Es imperativo recordar que la autoridad responsable solicitó que la suspensión provisional sea revocada, sobre la base de que el referido decreto expropió tierras de uso común comprendiendo parte de la superficie del solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche, que defiende el quejoso en calidad de propietario y respecto de la que se concedió la suspensión provisional. Sin embargo, de la lectura del Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 215,530.00m2, correspondientes a setenta y siete de inmuebles de propiedad privada de los municipios de Escarcega, Champotón y Campeche en el cual incluso se encuentra inserto un plano y cuadro de construcción, no obra dato alguno que permita identificar sin lugar a dudas el solar urbano identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche, como parte de la superficie expropiada. Sin que pase inadvertido, que la autoridad ocursante exhibió un informe técnico realizado por el ingeniero Francisco Rodríguez Damián, quien manifiesta que parte de la superficie del solar identificado como lote cuatro de la manzana veintisiete de la zona uno del poblado Lázaro Cárdenas, municipio de Champotón, Campeche corresponda a la nomenclatura 113-CAM-CHAEXPR-PRIV con folio 31929 desplegado en el Decreto de mérito, el cual únicamente se tiene exhibido como copia simple en virtud que no se manifestó bajo protesta de decir verdad que dicho informe técnico remitido electrónicamente es copia íntegra e inalterada del que obra en su poder, ni la naturaleza del documento del que deriva dicha copia, de ahí que se tenga exhibido únicamente como copia simple. Máxime, que del desplegado de la información proporcionada no se advierte dato alguno que permita concluir que dentro de esa área se encuentra inmerso el inmueble que corresponde al terreno respecto del que el quejoso señala de su propiedad. Todo ello, valorado en su conjunto, lleva a este Juzgador a concluir que en el caso no se acreditó la existencia de un hecho superviniente que altere los que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa, y resulten ser de tal magnitud que provocaran la modificación o revocación, los cuales deben tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo. Esto acorde con la interpretación que respecto al hecho superviniente realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 159/2012 (10a.), previamente transcrita. Es decir, no acreditó la existencia de un hecho superviniente que justifique la modificación o revocación de la suspensión provisional, en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, pues la expedición del Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 215,530.00m2, correspondientes a setenta y siete de inmuebles de propiedad privada de los municipios de Escarcega, Champotón y Campeche, en el Estado de Campeche, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya aun cuando fue posterior al dictado del cuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés que concedió la suspensión provisional, para efecto de este incidente, no tiene el alcance de modificar o extinguir la situación de derecho que imperaba al momento de conceder la suspensión provisional, en la medida que no se acreditó que el inmueble que defiende el quejoso se encuentra dentro de la superficie expropiada. Lo anterior no es de menor relevancia, pues lo que realmente trasciende para determinar la existencia del hecho superviniente en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, es demostrar que la propiedad del inmueble que defiende el quejoso está siendo afectada por dicho acto administrativo (que por cierto establece áreas delimitadas sobre las que recae), lo cual se insiste no aconteció. Respecto del requerimiento de demostrar en el incidente de suspensión que el terreno que defiende el quejoso se encuentra dentro del área expropiada, similar criterio, pero aplicado en sentido contrario, sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito al resolver la queja 207/2021, en sesión de diez de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese y por oficio a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). (...)
- Incidental
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ********************mediante el cual hace diversas manifestaciones en respuesta a la solicitud de revocación de la suspensión provisional formulada por ******************** apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Ahora bien, toda vez que en los presentes autos no se ha resuelto sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo cual se hará analizando no solo los informes previos rendidos por las autoridades responsables, sino también los medios de prueba y alegaciones vertidos por las partes en este incidente, pudiendo variar el sentido de la suspensión que hasta ahora prevalece en este asunto, se estima pertinente reservar las manifestaciones planteadas tanto por ******************** apoderado de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), como por el quejoso ********************para ser analizadas al momento de celebrarse la audiencia incidental respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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