Aurelio Andres López
Expediente 237/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Aurelio Andres López
- Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Galeana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia definitiva dictada este Juzgado Federal, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo. ....se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b) del mismo ordenamiento, al haberse NEGADO la protección constitucional en la sentencia pronunciada en el presente juicio; así también, cuaderno original relativo al incidente de suspensión, se establece que este cuaderno es susceptible de depuración, por haberse concedido la medida cautelar, tanto provisional como definitiva, conforme al artículo 18, inciso a), del mismo Acuerdo General, por lo que, ambos se consideran con valor jurídico, sin embargo, se estiman sin relevancia documental. En relación al duplicado del incidente de suspensión, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, al encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción III del artículo vigésimo del mencionado Acuerdo General; por lo que se consideran sin valor jurídico, y por ende sin relevancia documental. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que continúe a disposición de este Juzgado Federal la causa penal número 89/2008-II (un tomo de prueba formado por separado), que remitió el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, al rendir su informe justificado; devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes.
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado en el proveído de ocho de agosto de dos mil veintiuno, notifico a la tercera interesada Olivia Nuñez Soberanis, la resolución de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, mediante lista que se fija y publica en el área habilitada por la Adminiestración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, en Acapulco como Estrados, así como en las listas electrónicas consultables en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación visible en la página www.cjf.gob.mx.consultas, con fundamento en al artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de amparo y el diverso Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que reforma y adiciona el similar 21/2020, (dada la contingencia decretada por la pandemia del virus COVID-19).,la cual en su único punto resolutivo dice:...ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Aurelio Andrés López, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 237/2021-II, promovido por Aurelio Andrés López, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana y otra autoridad y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y remitido por razón de turno el cinco de abril del año en curso, a la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el peticionario de amparo Aurelio Andrés López, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los siguientes autoridades y actos: "A).- El Juez Penal de Primera Instancia Del Distrito Judicial de Galeana, EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA, con domicilio en Carretera Tecpan-Santa María, Kilometro 1.5, Colonia Lomas Bonitas, del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero. B).- Director del Centro Regional de Reinserción Social de Tecpan de Galeana, EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA, con domicilio en Carretera Tecpan-Santa María, Kilometro 1.5, Colonia Lomas Bonitas, del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero." IV.- ACTOS RECLAMADOS.- A).- El Juez Penal de Primera Instancia Del Distrito Judicial de Galeana, EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA, se reclama; el auto de formal prisión, de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno. B).- Director del Centro Regional de Reinserción Social de Tecpan de Galeana, EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA, Se reclama; la retención de la libertad del suscrito, en dicho Centro de Reinserción Social." El quejoso narró los antecedentes del caso y señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de seis de abril del año en curso, sea admitió la demanda; se ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; posteriormente, en auto de diez de junio del presente año, se reconoció como tercero interesado a Olivia Núñez Soberanis; finalmente, la audiencia constitucional se celebró el quince de dicembre del presente año, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, constitucional, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centros de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable al caso por similitud de razón, con número de registro 192097, cuyos rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por tanto, para efecto de dar precisión de los actos reclamados, y estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se establece que de acuerdo al análisis integral que se hace a la demanda, la quejosa señaló como tal: El auto de formal prisión de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictado en su contra, en autos de la causa penal número 89/2009-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, que se le instruye por el delito de homicidio simple intencional, cometido en agravio de Belermina Soberanis Mendoza. TERCERO. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76 del mes de Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, en su informe justificado, reconoció el acto reclamado, por lo que se tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas de la causa penal número 89/2009-II, que se instruye a Aurelio Andrés López, por el delito de homicidio simple intencional, en agravio de Belermina Soberanis Mendoza (tomo de pruebas que se formó por separado), a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por un funcionario judicial en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, el Director del Centro Regional de Reinserción Social, residente en Tecpan de Galeana, Guerrero, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar notificado para ello; por tanto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye; además de que la existencia del acto reclamado fue reconocida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana. CUARTO. Al no existir causa de improcedencia alguna propuesta por las partes o que se advierta de oficio, se procede a estudiar el concepto de violación que se hace valer. Al respecto, cabe indicar que el concepto de violación que se propone se tiene por reproducido en obvio de innecesaria repetición y no se transcribe, de conformidad con lo dispuesto por la Jurisprudencia número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a efectuar el estudio del fondo de este asunto, debe decirse que se resolverá de acuerdo al contenido de los artículos 14, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su redacción anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, de conformidad con el artículo segundo transitorio de la mencionada reforma, relativo a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio en territorio nacional, así como atento al contenido del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; en concordancia con lo anterior, resultan también aplicables las disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, en términos del artículo segundo y del artículo transitorio tercero del Decreto número 503 mediante el cual la Sexagésima Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero, emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al Marco Jurídico del Estado de Guerrero y Declara el Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta entidad federativa. Es infundado el concepto de violación que propone el quejoso, en el que expresa lo siguiente: Que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque se le pretende privar de su libertad sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; que también se conculcan sus derechos en la medida que el juez responsable de manera equivocada e ilegal concluyó que se probaron los elementos corpóreos del delito de homicidio calificado y, su probable responsabilidad en la perpetración del citado evento delictivo. El artículo 19 de la Constitución General de la República, establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: A) El delito que se impute al acusado; B) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; C) Que los datos que arroja la averiguación previa, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Los numerales 63 y 64 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, en torno al cuerpo del delito y la probable responsabilidad, literalmente previenen: "Artículo 63.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y el Tribunal, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos". "Artículo 64.- El cuerpo del delito correspondiente se tendrá por comprobado, cuando se acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito. --- En los casos en que la ley incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo o normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la acreditación del mismo para la comprobación del delito. --- La probable responsabilidad del inculpado se tendrá por comprobada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su obrar doloso o imprudencial en el delito que se le imputa, y no exista acreditada en su favor alguna causa de exclusión del delito." Supuestos jurídicos que a criterio de este resolutor de amparo, en el caso concreto se cumplen cabalmente, dado que la resolución combatida fue emitida por autoridad judicial en ejercicio de sus facultades y atribuciones, expresándose claramente el delito imputado al inculpado, el lugar, tiempo y circunstancias de su consumación y datos bastantes para comprobar el ilícito en comento y que hacen probable la responsabilidad del indiciado, aquí quejoso, en su comisión, tal como se acredita con las constancias que en fotocopias certificadas aportó el juez responsable al rendir su informe justificado, deducidas de la causa penal número 89/2009-II, iniciada en su contra, como probable responsable de la comisión del delito de homicidio simple intencional, a que se refiere el artículo 103 del Código Penal del Estado de Guerrero, constancias entre las que aparece el auto de formal prisión controvertido. En ese sentido, para este resolutor la conducta realizada por la quejosa encuadra perfectamente en la hipótesis delictiva, prevista por el artículo 103, del invocado código sustantivo penal aplicable, que dice: "103.- Al que prive de la vida a otro, se le impondrá prisión de ocho a veinte años." Precisado lo anterior, los elementos del cuerpo del delito de homicidio, son los siguientes: La existencia previa de una vida humana. La supresión de esa vida, por una causa externa, imputable a un sujeto activo. Bien, analizando las pruebas que integran la causa penal de origen, este juzgador concluye que se encuentran probados los elementos corpóreos del delito de homicidio simple intencional, en agravio de Belermina Soberanis Mendoza, y la probable responsabilidad en su comisión por parte del ahora procesado y quejoso Aurelio Andrés López, pruebas que, al ser adminiculadas entre sí y valoradas en términos legales, se estima que son idóneas para acreditar tales extremos, dado que esos elementos de prueba son aptos y suficientes para presumir que el peticionario, en forma dolosa, consciente y voluntaria, por sí mismo, en términos del artículo 15 del Código Penal para el Estado de Guerrero, transgredió el bien jurídico protegido por la ley, que en este caso lo es la vida de la finada Belermina Soberanis Mendoza. En efecto, del estudio de la resolución reclamada, se advierte que en el caso se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de homicidio simple intencional, así como la probable responsabilidad penal del indiciado, aquí quejoso, en su comisión, ello conforme a la apreciación conjunta de los elementos de prueba integrantes de la causa penal de donde emana el acto reclamado. En ese sentido, a criterio de este resolutor de amparo el primer elemento del delito de homicidio simple intencional, consistente en la existencia previa de una vida humana, se acreditó plenamente con los testigos de identificación cadavérica, Olivia Núñez Soberanis y María Guadalupe Vargas Núñez, quienes fueron coincidentes en manifestar que después de tener a la vista el cadáver de la víctima, reconocieron sin temor a equivocarse que era Belermina Soberanis Mendoza, quien fue madre y abuela, respectivamente de los citados testigos; que tenía setenta años de edad, casada y que al momento de su deceso no tenía enfermedad alguna. Testimonios a los cuales el Juez de la causa correctamente valoró en términos del numeral 127 del Código de Procedimientos Penales aplicable, porque producen certeza de haber identificado plenamente el cuerpo de la víctima, ello derivado del parentesco que los unía con aquélla, pues lógicamente sabían de su existencia, origen, edad, ocupación; lo que hace que la citada probanza sea idónea. Asimismo, el Juez responsable correctamente concatenó la indicada probanza con la inspección ocular, fe de cadáver, lesiones, características, posición y de ropas, realizadas por el Agente del Ministerio Público; diligencias a las que se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 58 y, párrafo cuarto y 125 del Código Procesal Penal aplicable. Con base a lo anterior, el Juez acertadamente consideró que de la relación entre los medios de prueba mencionados, se acredita la existencia del primer elemento del delito que nos ocupa, consistente en la vida de Belermina Soberanis Mendoza. En relación al segundo de los elementos consistente en la supresión de una vida humana por causa externa imputable a un sujeto activo, se acredita con la declaración de los testigos Benito Avilez Cebrero, Jonathan Iván Ramírez, Lorenzo Avilez Cebrero, Ángel Raúl Serna y Julisa de la Cruz Cuevas, quienes de manera uniforme relataron ante el Agente del Ministerio Público, que el veintiocho de enero de dos mil nueve, se encontraban en calle Leovigildo Serna, colonia El Baden, de San Luis San pedro, Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, que aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos, llegó la finada Belermina Soberanis Mendoza, acompañada Jhonatan Iván Ramírez López, quien traía una carretilla, en la cual este último se detuvo, y la citada víctima se colocó en medio de los tubos de la carretilla, para despachar carne, cuando llegó el inculpado Aurelio Andrés López, quien al ver a la agraviada se subió a la camioneta, la arrancó y la aceleró hacia donde estaba Belermina Soberanis Mendoza, a quien arroyó junto con la carretilla, para detenerse contra un rotoplas y un carretón, para después darse a la fuga. Deposiciones a las que atinadamente el Juez del proceso, les concedió el valor de indicio, en términos de los numerales 121 ibidem y 127, en virtud de que los testigos tienen la edad suficiente y el criterio necesario para juzgar el acto; además de que al recibirse sus declaraciones la autoridad ministerial hizo constar que los referidos testigos no padecían alguna afección originada por enfermedad o deficiencia de carácter físico, psicológico o sensorial por adicción a sustancias tóxicas; máxime que sus declaraciones son claras, precisas, sin dudas ni reticencias sobre las circunstancias especiales en que ocurrieron los hechos, y no se encuentra acreditado que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno. Es aplicable la tesis aislada XXI. 1o. 25 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 453, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Septiembre de 1994, Octava Época, Materia Penal, registro 210678, que establece: "TESTIGOS PARIENTES DEL OFENDIDO. A más de que en materia penal no se admiten tachas, la circunstancia de que los testigos presenciales resulten parientes del ofendido no invalida sus declaraciones toda vez que, si acaso, referirán circunstancias que gravan la situación jurídica del o de los autores, pero no imputarán los hechos delictivos a persona diversa, sino al contrario, querrán que no se castigue a otra distinta del verdadero culpable." Lo expuesto por los indicados testigos, acertadamente el Juez responsable lo concatenó con lo declarado por Olivia Núñez Soberanis y Guadalupe Vargas Núñez, pues éstos refirieron que por voz de Ángel Raúl Serna Venegas y Julisa de la Cruz Cuevas, se enteraron que aproximadamente que a las nueve horas con treinta minutos, llegó la finada Belermina Soberanis Mendoza, acompañada Jhonatan Iván Ramírez López, quien traía una carretilla, en la cual este último se detuvo, y la citada víctima se colocó en medio de los tubos de la carretilla, para despachar carne, cuando llegó el inculpado Aurelio Andrés López, quien al ver a la agraviada se subió a la camioneta, la arrancó y la aceleró hacia donde estaba Belermina Soberanis Mendoza, a quien arroyó junto con la carretilla, para detenerse contra un rotoplas y un carretón, para después darse a la fuga. Orienta lo considerado la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 48, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Penal, registro 256055, que dispone: "TESTIGOS DE OIDAS. DEBE TOMARSE EN CUENTA SU DECLARACION SI CONCUERDA CON LAS DE OTROS TESTIGOS. El testimonio de quienes escuchan una versión de los acontecimientos, hecha por un testigo presencial, debe valorarse como prueba indiciaria, supuesto que el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales de Guanajuato, señala que el tribunal tomará en consideración, entre otras circunstancias, al valorar la testimonial, que el testigo conozca el hecho por sí mismo y no por referencias de otro, pero no prohíbe valorar la declaración de un testigo de oídas cuya versión concuerde con el resultado convictivo de los demás elementos probatorios del sumario." De igual forma, el dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense es apto para acreditar al igual que la inspección ocular, la existencia física del vehículo automotor y el lugar en el que la finada Belermina Soberanis Mendoza, fue arrollada; opinión técnica que merece valor probatorio en términos del artículo 126 del Código de Procedimientos Penales, al considerar que por un experto en la materia, quien tiene la capacidad suficiente y necesaria para opinar en la forma en que lo hizo. Tiene aplicación la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 298, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Febrero de 1993, Octava Época, Materia Penal, registro 217361, que dispone: "PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." En consecuencia, el suscrito considera que acertadamente el Juez natural determinó que los medios de convicción que obran en autos de la causa penal 89/2009-II, son suficientes para acreditar los extremos a que alude el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las citadas probanzas, debidamente relacionadas entre sí y valoradas en su conjunto de manera lógica y jurídica en términos de los ya citados artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, son aptas y suficientes para acreditar el cuerpo del delito de homicidio simple intencional, previsto por el artículo 103 del Código Penal, y sancionado por el numeral 108 del citado código, así como la probable responsabilidad de Aurelio Andrés López, en la comisión de dicha figura delictiva, ya que este de forma probablemente intencional, aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve, consistente en haber conducido un vehículo automotor sobre la calle Leovigildo Serna, colonia El Badén, de la población de San Luis San Pedro, del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, a sabiendas de que no tenía conocimiento en el manejo de ese vehículo, con la cual asumió indiferencia respecto del resultado, pues sabía que podía atentar contra la vida de la víctima Belermina Soberanis Mendoza, a quien le provocó su deceso, por lo que es dable concluir que el auto de formal prisión se encuentra apegado a derecho. Sin que obste a lo anterior, que el inculpado al rendir su declaración preparatoria en el sentido que involuntariamente accionó el swicht, y que no fue su intención atropellar a la finada Belermina Soberanis Mendoza, así como las testimoniales que el ahora quejoso ofreció con cargo a Ma. de los Ángeles Cebrero Salgado y Benito Avilez Cebrero, pues tales probanzas hasta este momento procesal no son suficientes para demostrar la falta de responsabilidad en la comisión del delito que se atribuye al quejoso. Resulta aplicable la jurisprudencia número 275, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos, Primera Parte, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, que dice: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado." También es aplicable la Jurisprudencia número 97, sustentada por la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintitrés, Tomo V, del mes de junio de 1997, del semanario judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión." Asimismo, resulta aplicable, la jurisprudencia número 463, sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página trescientos cuarenta y ocho, Segunda Parte, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Novena Época, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISION, UNICAMENTE DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS A QUE SE CONTRAE EL ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL. En el auto de formal prisión solamente debe puntualizarse el o los delitos por el cual se continuará el proceso y determinar, si está demostrada la corporeidad del ilícito o ilícitos correspondientes; si existen pruebas que hagan probable la presunta responsabilidad en su comisión, pero de ninguna manera deberá precisarse que ésta se justificó plenamente, toda vez que esto es lo que constituye el objeto del proceso y materia de la resolución definitiva; sostener lo contrario, equivale a rebasar las exigencias a que se contrae el artículo 19 constitucional." En consecuencia, se estima que la resolución controvertida se dictó con apego al artículo 19 de la Constitución General de la República, pues de acuerdo a las constancias que obran en autos, se acreditó el cuerpo del homicidio simple intencional, así como la probable responsabilidad de la quejosa en su comisión. De lo anterior se colige que, contrariamente a lo que aduce la peticionaria de amparo, la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, ya que la autoridad responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, y precisó las causas, motivos y circunstancias que tuvo en consideración para emitir el acto reclamado, por lo que es claro que no se transgreden los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política Federal. Es aplicable al caso, la tesis 43, consultable en la página 1531, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XXIII, Mayo 2006, Novena Época, Materia Común, del tenor literal siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Por lo anterior, al no advertirse violación alguna de los derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa ni de las garantías individuales instrumentadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la protección de aquellos, procede negar el Amparo y Protección que de la Justicia Federal se demanda, máxime que para el dictado de un auto de formal prisión, la ley no exige pruebas plenas, sino sólo indicios que hagan presumir la probable responsabilidad penal del indiciado en la comisión del delito que se le atribuye. Orienta la consideración anterior, la Jurisprudencia número 440, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 257 del Tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Octava Época, que a la letra dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 216 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Aurelio Andrés López, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por razón de distancia no ha existido tiempo suficiente para que el tercero interesado Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, residente en Técpan de Galeana, Guerrero, sea notificado del oficio número 15960/2021, de veintiuno de septiembre del presente año, el cual fue enviado a fin de emplazar al presente juicio de amparo, mismo que fue relacionado en la factura de correspondencia de veinticuatro siguiente, que se lleva como control en este Juzgado Federal. Por tal razón, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que se difiere, y se fija como nueva fecha para su verificativo las diez horas con veinte minutos del quince de diciembre del año que transcurre. Notifíquese.
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