Aurelio Amezcua Ortiz
Expediente 761/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Aurelio Amezcua Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Se declara que ha causado estado determinación de demanda no presentada. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ACTUAL, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho auto, por lo que con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la directora Técnica, en suplencia de la directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado el treinta de agosto pasado, para lo cual informa que en fecha catorce de julio del año actual, el quejoso ***************** egresó de dicho centro penitenciario al habérsele concedido el beneficio de la libertad anticipada y remite copia certificada de la documental con la que lo acredita. Se ordena notificación. En atención a lo anterior, toda vez que se desconoce el paradero actual del peticionario del amparo, se ordena realizarle la notificación de los proveídos de diez y veintiuno, ambos del mes de julio del año que transcurre, así como las subsecuentes notificaciones personales, por medio de lista, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LOS PROVEÍDOS DE DIEZ Y VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN CUMPLIMIENTO AL DIVERSO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ACTUAL, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Se recibe demanda. Se requiere designación de defensor previo a formular prevención. Del análisis del escrito de demanda, se desprende la necesidad de realizar una prevención al quejoso en torno a la precisión del acto reclamado y antecedentes del mismo; ello, en términos de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, así como en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. Asimismo, enfatizó que el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; la cual, no es posible garantizar a plenitud con la suplencia de la queja, puesto que dicha figura es ineficaz para solventar aspectos relacionados con la procedencia del juicio, el señalamiento de autoridades y actos reclamados, prevenciones, entre otros, que constituyen cuestiones complejas que requieren necesariamente de la asistencia de un abogado. No obsta que la Ley de Amparo no contemple expresamente la obligación de nombrar un abogado al quejoso privado de la libertad que promueve amparo indirecto por derecho propio y sin asistencia letrada; ya que ésta no debe interpretarse de manera aislada, sino conforme con las exigencias constitucionales y de manera sistemática con otros ordenamientos relevantes para el juicio constitucional, como las leyes que regulan las defensorías, federales y locales. Lo anterior, en virtud de que las personas privadas de la libertad provisional o definitiva, con motivo de un proceso penal, se encuentran en una situación de especial sujeción frente al Estado, que implica una total vulnerabilidad respecto de su seguridad, alimentación, salud, integridad y vida; a la vez que, por lo general enfrentan carencias culturales, educativas y económicas que les impiden representarse a sí mismos eficazmente en un juicio de amparo indirecto; de ahí que, resulte un deber extraordinariamente fuerte del Estado frente a éstos para garantizar sus derechos fundamentales. Así, señaló la citada sala, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente. En caso de que el peticionario no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá designarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente para que proporcione de inmediato el servicio y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y a las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puede tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional se considerará como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto o la suplencia de la queja. Consideraciones que dieron origen a la siguiente jurisprudencia: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." De ahí que, previo a realizar la prevención al quejoso y tomar en consideración las manifestaciones que en todo caso vierta, se estima necesario nombrarle un abogado que lo represente. Por tanto, con copia del escrito de demanda, requiérase a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que en el plazo de tres días, designe abogado al quejoso a fin de que, previa aceptación del cargo (lo que podrá hacer mediante escrito en el que imprima su firma electrónica) y notificación de la prevención que para tal efecto se formule, se entreviste con el peticionario del amparo, a fin de que, de forma conjunta, cumplan con la prevención que en su caso se formule. Apercíbase tanto a la autoridad administrativa como al defensor que sea designado, que de no cumplir con lo requerido, se les impondrá una corrección disciplinaria consistente en una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos, de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir a la delegada de dicho Instituto para que designe al quejoso la defensora pública federal que indica en su demanda de amparo, toda vez que al tratarse de un servidor público, su designación, en caso que se estime procedente, deberá ser realizada por la titular de la Defensoría Pública Federal, atendiendo a las cargas de trabajo de las personas a su cargo. IV. Domicilio. Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, en virtud de que se encuentra privado de su libertad; lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. V. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.." Y "Defensora pública federal acepta cargo. Agréguense a los autos el ocurso y anexos que remite la defensora pública federal ********************, mediante los cuales acepta y protesta el cargo de defensora pública y/o asesora jurídica del quejoso Aurelio Amezcua Ortiz, dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se le tiene por aceptando y protestando el cargo conferido, para los efectos legales procedentes. ****************************************De la misma forma, toda vez que dicha profesionista solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, así como la consulta del expediente electrónico; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que en lo subsecuente se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio, así como la consulta electrónica del presente expediente, al usuario que proporciona (********************). ****************************************II. Notificación a la parte quejosa sobre designación de defensora pública y/o asesora jurídica. Hágase del conocimiento del quejoso que le fue designada como defensora pública y/o asesora jurídica para que le preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo a la defensora pública federal ********************. ****************************************III. Notificaciones a la parte quejosa. Hágase del conocimiento al quejoso y a la defensora pública federal, que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente a la parte impetrante o a su respectivo defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. ****************************************Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." ****************************************IV. Se glosa razón actuarial para efectos. Por otro lado, glósese únicamente para que obre como corresponda, la razón actuarial que antecede, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto a su contenido, toda vez que en este auto se tuvo a la defensora pública federal ******************** aceptando y protestando el cargo que le fue conferido. ****************************************V. Prevención a la parte quejosa. Ahora bien, visto el estado de autos y a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, así como 108, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que en forma conjunta, dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y sin presentar ni formular nueva demanda, cumpla con lo siguiente:****************************************Señale con precisión cuál es el acto que reclama ante esta instancia constitucional; lo anterior, toda vez que en el apartado respectivo por un lado indica, en forma genérica, que es la omisión de dar seguimiento y resolución a la solicitud del beneficio de libertad anticipada presentada por el quejoso, mientras que por el otro señala que es la falta de respuesta, sin especificar a qué se refiere la misma; por su parte, en el capítulo de antecedentes indica que el juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, ya admitió a trámite su solicitud de libertad anticipada, sin que hasta esta data haya tenido una fecha fija para que se lleve a cabo la audiencia de mérito y se dé respuesta a su solicitud de libertad anticipada, todo lo cual resulta incongruente y contradictorio, lo que hace necesario la presente prevención a efecto de trabar correctamente la litis constitucional. ****************************************Para lo anterior, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS."****************************************Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo."
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