Aureliano Romero Valencia
Expediente 685/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/10/2022
Partes del expediente
- Aureliano Romero Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el escrito signado por tercero interesado; en atención a su contenido, expídansele las copias certificadas de las constancias que solicita, previo recibo y razón que se otorgue en autos, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que remite la Juez del Juzgado Primero de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial, por el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 37/2018-44 del índice de este Órgano Jurisdiccional, que se giró a efecto de emplazar al tercero interesado; sólo agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo de estilo, toda vez que en proveído de ocho de junio del año en curso se ordenó la baja administrativa de dicho despacho.
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 133 y 134 del Tomo II), mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Con el contenido del presente acuerdo, dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, se advierte que por auto de cuatro de abril del dos mil dieciocho (foja 104 del Tomo II), se ordenó girar despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que por comisión de este Juzgado de Distrito emplazara al tercero interesado, glosándose en autos una minuta con número 37/2018-44. En ese tenor, dado que ya causó estado el auto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia y toda vez que el sentido de la resolución dictada no le irroga perjuicio alguno, es procedente dejar sin efectos la comunicación oficial 37/2018-44, por lo que deberá tramitarse su baja administrativa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no acreditó ante este órgano de control constitucional, haber realizado la publicación de los edictos por medio de los cuales se emplazaría a los terceros interesados Edgar Ernesto Urbina González y Marco Antonio Villalobos Elizalde, a pesar que desde el trece de abril de la presente anualidad, se ordenaron tales emplazamientos. Proveído que le fue notificado el dieciocho de abril pasado, sin que la parte quejosa manifestara su imposibilidad material o por insolvencia económica, para su publicación; por lo que se hace efectivo en contra de la parte quejosa, el apercibimiento contenido en dicho proveído. Ahora bien, de lo anterior se desprende que la parte promovente demostró desinterés en la prosecución de este asunto, habida cuenta que a la fecha ha transcurrido el término que se le otorgó sin que hiciera manifestación alguna respecto de la imposibilidad de publicar los edictos correspondientes para emplazar a este asunto a los terceros interesados en cita, así como que este Juzgado de Distrito tiene la obligación de llamar al juicio de amparo a las partes en el mismo y debido a la imposibilidad de ello, no es posible continuar con el presente procedimiento ante la falta del emplazamiento de la totalidad de las partes, no obstante de haber agotado todo los medios posibles para ello, además, de la obligación de este órgano jurisdiccional de cuidar que los juicios de garantías no queden paralizados. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia y se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, ante la imposibilidad de continuar con el procedimiento sin la intervención de la totalidad de las partes, de conformidad con el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el 27, fracción III, inciso b), último párrafo de dicho ordenamiento legal, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del numeral 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decreto". "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". Son aplicables a la anterior determinación las jurisprudencias del rubro y texto siguiente "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad". (Época: Décima Época. Registro: 2013740. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: XVII.1o.C.T. J/14 (10a.). Página: 1859). «Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de febrero de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013». "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo". (Época: Décima Época. Registro: 2009915. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 27/2015 (10a.). Página: 27). «Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013». "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento". (Época: Décima Época, Registro: 2006232, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 4/2014 (10a.), Página: 729). En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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