Aureliano Juan Robles y/o Aureliano Robles Ortega

Expediente 614/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
614/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Aureliano Juan Robles y/o Aureliano Robles Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV-A "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo promovida .... el cual se notificó personalmente a la parte promovente el veintiséis de junio del año en curso; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo;... archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    MESA IV-A "... Vista la demanda de amparo promovida por Aureliano Juan Robles y/o Aureliano Robles Ortega, contra actos del Comisariado de Ejidal de San Agustín de las Juntas, del Municipio de San Agustín de las Juntas, Centro, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 614/2018. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del contexto de la demanda se desprende que el promovente del amparo señala como autoridad responsable al Comisariado de Ejidal de San Agustín de las Juntas, del Municipio de San Agustín de las Juntas, Centro, Oaxaca, representado por el Presidente, Secretario y Tesorero, a quienes les reclama: "(.) LA ORDEN DE VERBAL DE PRIVARME DE MIS DERECHOS COMO EJIDATARIO, ASÍ COMO LA ORDEN DE ENTREGARME LA CANTIDAD DE $ 417, 680.00 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS, MONEDA NACIONAL) (.)" En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: ... Por su parte, los normativos 21, 33, 36, 99 y 107 de la Ley Agraria, disponen: "Artículo 21. Son órganos de los ejidos: ... En relación con los artículos anteriores, existen los criterios siguientes: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes. (Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación 151-156 Tercera Parte, Séptima Época, página 44.) "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones I y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional." (Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 Tercera Parte, página 17.) "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. (Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2184.) "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea. (Tesis VI.3o.A.27 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1099.) Los artículos y criterios transcritos revelan que la Asamblea General es un Órgano de la Comunidad, que el Comisariado Comunal tiene facultades de representación, administración, dirección, ejecución y vigilancia interna para la comunidad a la que sirve; los acuerdos a que llegue la asamblea, como máximo órgano de la comunidad, serán dirigidos, respetados, gestionados y ejecutados por el Comisariado de Bienes Comunales; y quien vigilará que este último cumpla su cometido, será el Consejo de Vigilancia; sin embargo, los actos que unos y otros realicen, con motivo de la materialización de los acuerdos concensados serán siempre actos entre particulares, sin imperio ni coerción de ninguna especie, porque no existe norma por la cual pudieran hacer uso de la fuerza pública o bien, solicitarla a diversa autoridad, para ejecutar los actos de la asamblea general o llevar a cabo el cumplimiento de las determinaciones de ésta; de ahí que sus actos no pueden ser considerados como provenientes de autoridad. En el caso, el quejoso reclama la orden de verbal de privarlo de sus derechos como ejidatario, así como la orden de entregarle la cantidad de $417,680.00 (cuatrocientos diecisiete mil seiscientos ochenta pesos, moneda nacional); sin embargo, como ha quedado demostrado, no pueden ser consideradas autoridades para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. .." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE HABERLOS SEÑALADO PARA SER NOTIFICADO PERSONALMENTE. CONSTE.)

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