Aureliano Gutiérrez Cortez

Expediente 1052/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1052/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Aureliano Gutiérrez Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal que guardan los autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que en auto de esta data, dictado en el cuaderno principal del que deriva este incidente, se ordenó´ el archivo definitivo del juicio de amparo; asimismo, se observa que no queda medio de defensa legal alguno pendiente de resolver, ni diligencias por desahogar; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este incidente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes depurables, artículo 13/01/22 13:56:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN18, fracción I, inciso a), se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se concedió´ la medida cautelar provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, se establece que el duplicado de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Sin que se haga pronunciamiento alguno en relación con la devolución de garantía, ya que no fue exhibida en el presente asunto, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandra Zarai Canche Chan, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede a las partes para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno en la que se decretó el sobreseimiento, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 13/01/22 13:56:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHANdisposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; debiéndose conservar en las instalaciones del Juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y transcurrido dicho lapso, así como concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de que se tramitó el incidente de suspensión del acto reclamado, se ordena proveer lo conducente a la valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo en los cuadernos correspondientes. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado de Distrito, y las correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandra Zarai Canche Chan, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva el presente sumario; en ese sentido, toda vez que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se radicó el presente juicio de amparo en cumplimiento al SECNO/STCCNO/439/2020, con motivo del envío a este órgano jurisdiccional de asuntos con audiencia constitucional celebrada y, se formó el cuadernillo correspondiente, se ordena glosar a los presentes autos dicho cuadernillo, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, en virtud de que, después de celebrada la audiencia constitucional, no debía mediar acuerdo alguno, respetando las fases de dicha audiencia, como lo son: a) el periodo de pruebas, en donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia, la cual se rige por el principio de concentración establecido en el artículo 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, íntimamente relacionado con el diverso 124 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo lo siguiente: "Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 acto continuo se dictará el fallo que corresponda", de ahí que en el caso, al ya haberse emitido la sentencia correspondiente y respetado la continuidad de las fases de la audiencia constitucional, se procede a integrar el cuadernillo correspondiente que al efecto se apertura. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandra Zarai Canche Chan, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1052/2020-I, promovido por AURELIANO GUTIÉRREZ CORTEZ, por derecho propio. ANTECEDENTES: PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El siete de enero de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, en el que en sus artículos Décimo Segundo y Vigésimo transitorios de dicha legislación,1 el cual aduce el quejoso, lesiona sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1o., 5o., y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta constituye la norma y los artículos específicos reclamados. Asimismo, la parte quejosa aduce que es permisionario para la prestación del servicio de transporte público y que dicha norma le causa una afectación en su esfera jurídica, toda vez que el Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit, emitió la orden de que le fuera aplicada la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, en específico los artículos Décimo Segundo y Vigésimo transitorios de dicha legislación y, que el diez de febrero de dos mil veinte, dicha autoridad le negó que realizara el pago del refrendo vehicular, la renovación del permiso de transporte público y la obtención de la tarjeta de circulación, todos correspondientes al año dos mil veinte; asimismo, la parte quejosa expuso que la citada autoridad ordenó retirar del servicio de transporte público la unidades vehicular cuya 1 "DÉCIMO SEGUNDO. Las concesiones, permisos y autorizaciones, otorgadas con apego a la Ley que se abroga, conservarán su vigencia, debiendo regirse en lo sucesivo y sin perjuicio de los derechos adquiridos, por las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación." "VIGÉSIMO. La Comisión Técnica de Movilidad, podrá realizar el análisis respectivo de actualización de tarifa hasta el año 2022." ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 titularidad ostenta. Estos los hace constituir en los actos de aplicación de las normas reclamadas. No obstante, el acto de aplicación destacado en el párrafo que antecede, el quejoso manifiesta en su demanda de amparo que los citados dispositivos legales que reclama entrañan una afectación directa con su sola entrada en vigor, por lo que reclama dicha normativa en su naturaleza de autoaplicativa. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Diecisiete de febrero dos mil veinte, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (foja 2). Prevención: Veintiséis de febrero de dos mil veinte (foja 34). Escrito aclaratorio: Dieciocho de febrero de dos mil veinte (fojas 30 y 31). Admisión con incidente de suspensión: Veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 35 y 36). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Dos de marzo de dos mil veinte, quien no formuló alegatos (foja 36 vuelta). Celebración de audiencia constitucional: Veintidós de septiembre de dos mil veinte (foja 68). Radicación en este órgano jurisdiccional en cumplimiento al SECNO/STCCNO/439/2020: Veintiséis de noviembre de dos mil veinte. ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [3] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción.2 Asimismo, de conformidad con el punto acuerdo 82/2020, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, notificado mediante el SECNO/STCCNO/439/2020, relativo al equilibrio de las cargas de trabajo entre los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en el que, entre otras cosas, se determinó la remisión 2 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 a este juzgado federal de determinados asuntos con audiencia celebrada radicados en los diversos órganos jurisdiccionales de la materia en este circuito, para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. a) Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Discusión, aprobación y expedición de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado el siete de enero de dos mil veinte, en particular los artículos Décimo Segundo y Vigésimo transitorios. b) Del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, aprobación, firma, promulgación y orden de publicación del dispositivo señalado en el inciso a) que antecede, así como la omisión de expedir el título de permiso para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros urbano y sub urbano de autobuses a que se refiere la copia certificada del recibo A1267873. c) Del Director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, la publicación de la ley precisada en el inciso a). d) Del Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit, reclama el acto de aplicación de los dispositivos señalados en el inciso a) de la ley que se reclama, consistentes en: > Orden verbal o escrita de aplicar al quejoso los artículos Décimo Segundo y Vigésimo Transitorios la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit. > Negativa de recibir al quejoso el pago del refrendo vehicular y permiso de transporte público para el ejercicio dos mil veinte. ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [5] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? > Orden verbal o escrita, de retirar del servicio de transporte público las unidades vehiculares que aduce el quejoso son de su propiedad. De igual modo, se reclamó a dicha autoridad responsable lo siguiente: > La omisión de expedir el título de permiso para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros urbano y sub urbano de autobuses a que se refiere la copia certificada del recibo A-1267873. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. El citado en el inciso a) Omiso y se presume certeza 38 (notificación) GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT. El citado en el inciso b) Cierto Promulgación Cierto Omisión de expedir título de permiso (se desvirtúa) 52 a 55 DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT. El citado en el inciso c) Cierto 52 a 55 SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT. El citado en el inciso d) Niega Actos de aplicación Cierto Omisión de expedir título de permiso (se desvirtúa) 40 a 51 TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos. 3.1. Inexistencia respecto a determinados actos reclamados precisados en el inciso b) [aprobación, firma y orden de publicación]. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit negó los actos que se le reclaman consistentes en la aprobación, firma y orden de publicación de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado el siete de enero de dos mil veinte, en particular los artículos Décimo ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Segundo y Vigésimo transitorios, pues adujo que, dentro de sus facultades constitucionales, se encuentra, entre otras, únicamente la promulgación de las leyes y reglamentos, de conformidad con el artículo 69, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.3 En tales condiciones, debe decretarse el sobreseimiento respecto a los actos consistentes en la aprobación, firma y orden de publicación de la citada norma, reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia, ante su inexistencia, al no ser facultad de dicha autoridad; además, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo,4 dispone que cuando se impugnen normas generales, como es el caso, el quejoso deberá señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, requisito que ya quedó colmado en el presente juicio de amparo, aún con el citado sobreseimiento. 3.2. Inexistencia respecto a los actos reclamados precisados en el inciso d) [órdenes de aplicar artículos impugnados y retirar vehículo de circulación, así como negativa de recibir pago]. Por otra parte, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados al 3 "Artículo 69. Son facultades y obligaciones del Gobernador: [.] II. Sancionar, promulgar y ejecutar las leyes y decretos dados por el Poder Legislativo y formar en la parte administrativa los reglamentos necesarios para su más exacta observancia. [.]" 4 "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [7] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit, debido a que son inexistentes. En efecto, el Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit, negó los actos de aplicación que se le atribuyen, pues aduce que no ha llevado a cabo actos tendentes a la aplicación de los artículos de los que se duele el quejoso. En ese sentido, por lo que respecta a la negativa a recibir el pago de derechos del refrendo vehicular, la renovación del permiso de transporte público y la obtención de la tarjeta de circulación, todos correspondientes al año dos mil veinte, refiere que dicha autoridad señalada como responsable, únicamente realiza el acto administrativo que permite su pago, pero la recepción de éste corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas por medio de su Recaudación de Rentas; y, en cuanto a la realización del trámite administrativo, esa autoridad cuenta con sus ventanillas de transporte público disponibles a efecto de que los permisionarios realicen los trámites que les permitan realizar el pago, pero este es recaudado por la citada autoridad correspondiente. Dicha afirmación tiene sustento en el artículo 33, fracción XVI,5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, el cual establece que, además de las atribuciones constitucionales, a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, corresponde recaudar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos que el Estado 5 "Artículo 33. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde, además de las atribuciones constitucionales las siguientes: [.] XVI. Recaudar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos que el estado tenga derecho a percibir en los términos de las leyes fiscales aplicables, y convenios suscritos en materia de colaboración administrativa en materia fiscal; [.]" ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 tenga derecho a percibir en los términos de las leyes fiscales aplicables, y convenios suscritos en materia de colaboración administrativa en materia fiscal. Asimismo, el pago de derechos de refrendo vehicular y permiso de transporte a que se alude en la demanda de derechos fundamentales, se encuentra previsto en el artículo 20, fracción III,6 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2020; por lo que al tratarse del pago de un derecho, la recaudación de este efectivamente corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y no así al Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit; de ahí la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la aplicación de los artículos de los que se duele el quejoso y la negativa a recibir el pago de derechos del refrendo vehicular que refiere el quejoso. Sin que haya existido la necesidad de requerir a la parte quejosa si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, toda vez que de los informes justificados no se advirtió la participación de dicha autoridad en el acto de aplicación reclamado, sino que la diversa autoridad Secretario de Movilidad en el Estado, únicamente hizo mención de la misma, en los argumentos que vertió en su informe respecto del por qué no era la autoridad competente para atender la solicitud del quejoso. 6 "Artículo 20. Se causarán y pagarán estos derechos por los servicios en materia de Tránsito y Transporte, de conformidad con las leyes respectivas, de acuerdo con la siguiente: [.] III. Por revalidación de concesiones y/o permisos de todo tipo de vehículos de servicio público consistentes en transporte de materiales de construcción; transporte de turismo; servicios de grúas arrastre o salvamento, combis, minibuses o similares, respectivamente, automóviles de sitio; camiones urbanos, camiones de pasajeros foráneos y de carga; y transporte de personal. [.] ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [9] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? Luego, por cuanto hace a la orden de retirar de la prestación del servicio de transporte público la unidad vehicular del quejoso, la autoridad responsable manifiesta que no ha ordenado a sus subalternos la detención de ninguna unidad vehicular del servicio público, lo que únicamente procedería en los casos en que la parte quejosa o cualquier transportista incumpla con lo establecido por la ley de movilidad, ya sea por el incumplimiento de alguno de los requisitos para la circulación que todo conductor debe observar o, bien, viole lo establecido por la citada ley. Así, tenemos que la autoridad responsable Secretario de Movilidad en el Estado de Nayarit, negó los actos de aplicación de la norma reclamada, consistentes en: > Orden verbal o escrita de aplicar al quejoso los artículos Décimo Segundo y Vigésimo Transitorios la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit. > Negativa de recibir al quejoso el pago del refrendo vehicular y permiso de transporte público para el ejercicio dos mil veinte. > Orden verbal o escrita, de retirar del servicio de transporte público las unidades vehiculares que aduce el quejoso son de su propiedad. Por tanto, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los "actos de aplicación" de la porción normativa reclamada antes enunciados, pues las pruebas ofrecidas por la parte quejosa resultan insuficientes para desvirtuarlas. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) Cuando no se pruebe su existencia. Entonces, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento.7 En ese sentido, el quejoso tenía la carga procesal de aportar los medios de convicción que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable; sin embargo, no lo hizo de esa manera, pues las probanzas que adjuntó a su escrito de demanda son insuficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados y, con ello, la aplicación de los artículos Décimo Segundo y Vigésimo Transitorios la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, publicada el siete de enero de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado. Lo anterior es así, toda vez que de las documentales que el quejoso allegó al presente juicio de amparo, se desprenden las 7 Tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [11] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? copias certificadas de los recibos oficiales A1267873 y A1267872 (fojas 24 y 25, respectivamente), expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con motivo del pago de derechos por revalidación de servicio público, tarjeta de circulación de servicio público y verificación de vehículos de servicio público, relativos al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Así, dichas documentales si bien cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos; son insuficientes para desvirtuar la inexistencia de los actos de aplicación reclamados, pues de los mismos se pone en evidencia que, como lo manifestó la autoridad responsable, es la Secretaría de Administración y Finanzas a quien corresponde la recaudación de ese tributo, pues de las mismas se advierte que dicha autoridad fue quien expidió los citados recibos y quien tuvo por recibido y pagado las cantidades que el quejoso enteró, al ser dicha autoridad la competente para ello, como lo manifestó la autoridad responsable Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit en su informe justificado. Sin que pase inadvertido que el quejoso solicitó al Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit que recibiera el pago de derechos de refrendo dos mil veinte de los vehículos de su propiedad, con motivo de sus concesiones para prestar el servicio de trasporte de personas, tal como se desprende de la copia certificada del escrito recibido el diez de febrero de dos mil veinte en la oficialía de partes de dicha autoridad, pues, como se vio, no es la autoridad competente para recibir el pago de los derechos respectivos. ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 En ese sentido, al no estimarse satisfecha la obligación procesal que recae en quien solicita la protección federal para acreditar la existencia de los actos reclamados ante la negativa de los mismos por la autoridad responsable, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto a los actos y autoridad que aquí se analiza, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues, se itera, correspondía al quejoso allegar medios de prueba con los cuales demostrara el acto de aplicación que reclama, respecto a la norma combatida. 3.3. Inexistencia respecto a los actos reclamados precisados en el inciso b) y d) [omisión de expedir título de permiso]. Al rendir el informe justificado correspondiente, tanto el Gobernador como el Secretario de Movilidad, ambos del Estado de Nayarit, adujeron que era cierta la omisión de expedir el título de permiso para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros urbano y sub urbano de autobuses a que se refiere la copia certificada del recibo A-1267873. Al respecto, debe decirse que, tratándose de autoridades, para que un acto negativo o de omisión se produzca, es necesario que exista un deber jurídico a cargo de la autoridad de realizar alguna actuación, que de verificarse crearía, modificaría o extinguiría alguna situación jurídica; incluso, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, al definir el concepto de autoridad precisa: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [13] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? Sentado lo anterior, para demostrar la existencia de un acto negativo u omisivo, primero tiene que precisarse cuál es la obligación que la autoridad debió cumplir, esto es, debe acreditarse el origen o fuente del deber jurídico de hacer lo que el quejoso pretende, y a partir de ahí poder decidir si la autoridad incurrió en la omisión. Así pues, el quejoso reclama un acto omisivo, pues afirma que, desde el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, pagó los derechos para la expedición del permiso, revalidación, tarjeta de circunlación y verificación de vehículo, todo ello relacionado con la prestación del servicio público de transporte por lo que ve al ciclo dos mil diecinueve, sin que le haya sido expedido el documento relativo a dicho permiso por parte del Titular del Poder Ejecutivo y Secretario de Movilidad (entonces Director General de Tránsito y Transporte), ambos de esta entidad federativa; obligación que no es de aquellas que se consideran de carácter inmediato o incondicional8 y, por ende, la demostración de que, en el presente caso, se actualizó correspondía a la parte quejosa, pues sólo así se activará el deber jurídico del servidor público de actuar en consecuencia. Precisado lo anterior, debe etablecerse si en el caso existe obligación para las autoridades responsables relacionadas en este apartado en expedir a la parte quejosa el título de permiso para la prestación del servicio público correspondiente al ciclo dos mil diecinueve, conforme a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit9. Al respecto, la legislación en comento prevé que permiso es el acto administrativo por el cual la Administración Pública del Estado a través de la instancia competente, otorga autorización, con los derechos y obligaciones que implica, a personas físicas o 8 Ya que su activación depende de que el gobernado se coloque en una situación determinada para exigir su cumplimiento. 9 Abrogada actualmente, pero vigente al momento en que se realizó el pago de los derechos por la revalidación del permiso correspondiente (veintitrés de mayo de dos mil diecinueve); por ende, resulta ser la norma aplicable al caso que nos ocupa. ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 morales para la prestación del Servicio Público de Transporte (artículo 4o., fracción V)10. De igual manera, la normativa aplicable mencionada permite advertir que tanto el Titular del Poder Ejecutivo de esta entidad federativa como el Director General de Tránsito y Transporte (denominación anterior del Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit) son autoridades competentes en materia de tránsito y transporte en este Estado (artículo 8, fracciones I y III)11; puesto que al primero corresponde, entre otras cosas, organizar y prestar el servicio público de transporte o permisionarlo en su caso, a las personas físicas o morales con apego a los requisitos establecidos en la Ley (artículo 9o., fracción V)12, mientras que al segundo corresponde, además de otras, expedir la documentación correspondiente en que se haga constar el otorgamiento, modificación, cesión, suspensión o revocación de los permisos, y en su caso las autorizaciones de rutas, horarios, itinerarios y tarifas para operar el servicio público de transporte (artículo 11, fracción XIV)13. Asimismo, la legislación aludida dispone que la facultad de disponer la prestación del servicio público de transporte en forma directa o a través de organismos descentralizados o empresas de 10 "ARTICULO 4o.- Para la interpretación y aplicación de esta Ley, se entenderá por: [.] V.- Permiso, es el acto administrativo por el cual la Administración Pública del Estado a través de la instancia competente, otorga autorización, con los derechos y obligaciones que implica, a personas físicas o morales para la prestación del Servicio Público de Transporte; [.]". 11 "ARTICULO 8o.- Son autoridades competentes en materia de tránsito y transporte del Estado: I.- El Titular del Poder Ejecutivo; [.] III.- El Director General de Tránsito y Transporte; [.]". 12 "ARTICULO 9o.- Son atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo en las materias que regula esta Ley: [.] V.- Organizar y prestar el servicio público de transporte o permisionarlo en su caso, a las personas físicas o morales con apego a los requisitos establecidos en esta Ley; [.]". 13 "ARTICULO 11.- Son facultades y obligaciones del Director General de Tránsito y Transporte, las siguientes: [.] XIV.- Expedir conforme a la presente Ley, la documentación correspondiente en que se haga constar el otorgamiento, modificación, cesión, suspensión o revocación de los permisos, y en su caso las autorizaciones de rutas, horarios, itinerarios y tarifas para operar el servicio público de transporte llevando su correspondiente registro; [.]". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [15] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? participación estatal corresponde al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad, quien podrá permisionarlo a particulares sin que ello constituya un derecho preexistente, en los casos condiciones y modalidades que señala la ley (artículo 109)14. De ese modo, conforme a la normativa aplicable, permiso para la prestación del servicio público de transporte es el acto por medio del cual el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit otorga autorización a una persona física o moral, para que mediante el pago de una retribución autorizada, lo lleve a cabo bajo cualquiera de las modalidades que se señalan en la ley (artículo 123)15. Igualmente, la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit dispone que los permisos serán otorgados en forma directa a personas físicas o morales que demuestren capacidad financiera y reúnan, además, los requisitos que señala dicho ordenamiento, siendo el caso que para el transporte urbano, el cual comprende las modalidades de taxis, autobuses, minibuses, vans, combis u otros similares, la Comisión Técnica del Transporte evaluará el otorgamiento de los permisos en función de los requerimientos de servicio (artículo 125)16. El interesado en obtener del Titular del Ejecutivo del Estado, permiso para prestar el servicio de transporte, deberá llenar el formato que para tal efecto expida la Dirección General de Tránsito y Transporte, así como satisfacer diversos requisitos 14 "ARTICULO 109.- Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo la facultad de disponer la prestación del servicio público de transporte en forma directa o a través de organismos descentralizados o empresas de participación estatal. Podrá asimismo, permisionarlo a particulares sin que ello constituya un derecho preexistente, en los casos condiciones y modalidades que esta Ley señala.". 15 "ARTICULO 123.- Se entiende por permiso para la prestación del servicio público de transporte, el acto por medio del cual el Titular del Poder Ejecutivo otorga autorización a una persona física o moral, para que mediante el pago de una retribución autorizada, lo lleve a cabo bajo cualquiera de las modalidades que se señalan en esta ley.". 16 "ARTICULO 125.- Los permisos serán otorgados en forma directa a personas físicas o morales que demuestren capacidad financiera y reúnan además, los requisitos que señala este ordenamiento. Para el caso del transporte urbano, que comprende las modalidades de taxis, autobuses, minibuses, vans, combis u otros similares, la comisión evaluará el otorgamiento de los permisos en función de los requerimientos de servicio.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 [tales como tipo de servicio que pretende prestarse, características del vehículo, ser nayarita o mexicano con cinco años de residencia mínima en la entidad, horarios, Registro Federal de Contribuyentes, entre otros] (artículo 127)17. Además, para la procedencia del permiso, el solicitante deberá comprobar la propiedad legal del vehículo con documentos originales e idóneos (artículo 128)18. Una vez recibida la solicitud, la entonces Dirección General de Tránsito y Transporte debía turnarla para su dictamen a la Comisión Técnica del Transporte19; en el entenido de que el Titular del Ejecutivo del Estado dispondría de un término que no podría exceder de cuarenta y cinco días naturales para resolver sobre la procedencia o no del otorgamiento del permiso, en su caso (artículo 138)20. 17 "ARTICULO 127.- El interesado en obtener del Titular del Ejecutivo del Estado, permiso para prestar el servicio de transporte, deberá llenar el formato que para tal efecto expida la Dirección y satisfacer los siguientes requisitos. I.- Tipo de servicio que se pretende prestar y características del vehículo; II.- Ser nayarita con residencia en el Estado o tener la nacionalidad mexicana, con cinco años de residencia mínima actual en la entidad; III.- Presentar Registro Federal de Contribuyentes; IV.- Presentar identificación personal suficiente a satisfacción de la autoridad; V.- Acreditar, en su caso, que dispone de terminales en los puntos de origen y destino de la ruta solicitada; VI.- Descripción, en su caso, de la ruta solicitada en cuya conformación deberán considerarse los tramos o ramales que conecten o formen parte de la misma; VII.- Horarios mínimos; VIII.- Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; IX.- En el caso de transporte de pasaje y turismo presentar además póliza de seguro que garantice ampliamente daños, lesiones y su indemnización, así como en el caso de muertes; X.- Constancia de verificación del vehículo, y XI.- Tratándose de personas morales, deberán tener su domicilio principal en el Estado y exhibir los estatutos respectivos, en los términos de la Ley.". 18 "ARTICULO 128.- Para la procedencia del permiso, el solicitante deberá comprobar la propiedad legal del vehículo con documentos originales e idóneos. No se permitirá que al amparo de permiso circulen vehículos de procedencia extranjera, cuya situación legal en el país sea irregular.". 19 Conforme al numeral 14, fracción II, inciso a), y 15, ambos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, la Comisión Técnica del Transporte debía elaborar los dictámenes relativos al otorgamiento, modificación, revocación o transmisión de permisos para el servicio público de transporte en sus respectivas modalidades; dictámenes que debían elaborarse, luego de escuchar a las partes. 20 "ARTICULO 138.- Recibida la solicitud para obtener permiso de servicio público de transporte, la Dirección la turnará para su dictamen a la Comisión. En ese sentido, el Titular del Ejecutivo del Estado dispondrá de un término que no excederá los cuarenta y cinco días naturales.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [17] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? Conviene señalar que la ley aplicable precisa que los permisos para prestar el servicio público de transporte serán siempre temporales, durarán hasta diez años y serán renovables siempre y cuando prevalezcan las condiciones que determinaron su otorgamiento, se esté al corriente en el pago de las contribuciones y derechos fiscales respectivos y las demás obligaciones inherentes (artículo 140)21. Identificado y definido el procedimiento a través del cual se otorgaban los permisos conforme a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, debe realizarse el análisis del material probatorio por la parte quejosa, para determinar si en el caso existe obligación de las autoridades responsables señaladas en este apartado para expedir el título de permiso respectivo. Así pues, las pruebas que obran en el sumario aportadas por la parte quejosa22 fueron las siguientes: i. Copia certificada del recibo oficial A1267873 (foja 24); ii. Copia certificada del recibo oficial A1267872 (foja 25); iii. Copia certificada de cédula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal (fojas 26 y 27); iv. Copia certificada de diversas identificaciones del peticionario de amparo (foja 28); y, v. Copia certificada del escrito con sello de recibido el diez de febrero de dos mil veinte por la Oficialía de Partes de la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit (foja 29). 21 "ARTICULO 140.- Los permisos para prestar el servicio público de transporte serán siempre temporales, durarán hasta 10 años y serán renovables siempre y cuando prevalezcan las condiciones que determinaron su otorgamiento, se esté al corriente en el pago de las contribuciones y derechos fiscales respectivos y las demás obligaciones inherentes." 22 Cuyo contenido probatorio, alcances y valoración fue debidamente realizada en el apartado precedente. ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Empero, tales constancias resultan insuficientes para demostrar que el peticionario de amparo presentara el formato de solicitud que expidiera la Dirección General de Tránsito y Transporte para la obtención del permiso para la prestación del servicio público de transporte, el cual era necesario para iniciar el trámite relativo al otorgamiento del permiso aludido. De ese modo, las documetales no revelan que el peticionario de amparo siguiera el procedimiento definido por la legislación aplicable para la obtención del permiso correspondiente; por tanto, no existe obligación juridica para expedir el título de permiso aludido por la parte quejosa a cargo del Gobernador y Secretario de Movilidad, ambos del Estado de Nayarit, ya que no se inició el trámite para tal efecto. No se soslayan las copias certificadas de los recibos oficiales A1267873 y A1267872; empero, tales documentales revelan únicamente la satisfacción de uno de los requisitos que deben presetarse con la solicitud para la obtención o renovación del permiso para la prestación del servicio público de transporte, esto es, estar al corriente en el pago de las contribuciones y derechos fiscales respectivos, conforme al artículo 140 de la ley aplicable. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no se actualizó el deber jurídico que el peticionario de amparo sostiene fue incumplido por el Gobernador y Secretario de Movilidad responsables y, por ende, el acto reclamado es inexistente; en ese sentido, sin que las pruebas aportadas por la parte quejosa desvirtúen la inexistencia del acto reclamado identificado en los incisos b) y d) [omisión de expedir título de permiso para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros urbano y sub urbano de autobuses a que se refiere la copia certificada del recibo A-1267873], atribuido a dichas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [19] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Congreso del Estado libre y soberano de Nayarit, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado no obstante de encontrarse debidamente notificado (foja 38); por lo que, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la existencia del acto que se le reclama, respecto al proceso legislativo que originó la expedición de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit. Por su parte, el Gobernador del Estado de Nayarit aceptó haber promulgado la ley tildada de inconstitucional y, por lo que respecta al Director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, aceptó la publicación de la legislación que en esta vía se reclama. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba.23 QUINTO. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo 23 Tiene aplicación, Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. 5.1. Análisis de la causa de improcedencia respecto al acto reclamado precisado en el inciso c). El presente juicio es improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII,24 en relación con el 108, fracción III,25 de la Ley de Amparo, por lo que ve a la publicación de la norma tildada de inconstitucional, que se atribuye al Director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, dado que dicho acto no se reclama por vicios propios. De la interpretación literal de las porciones normativas mencionadas, se desprende que cuando el gobernado reclama una norma general debe señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley hubiese encomendado su promulgación, pues en el caso de las autoridades que intervinieron en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, únicamente deben considerarse con el carácter mencionado, cuando se les atribuya vicios propios a sus actos. Por tanto, si en el caso que ocupa la parte quejosa señaló, entre otros, como acto reclamado la publicación de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado el siete de enero de dos mil veinte, en específico los artículos Décimo Segundo y Vigésimo 24 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 25 "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [21] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? transitorios; empero, del análisis del escrito inicial de demanda no se advierte que la parte impetrante impugne por vicios propios tal publicación de los numerales en comento, que atribuye al Director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, es de concluirse que el juicio constitucional resulta improcedente respecto de dicha autoridad, por no combatirse de manera autónoma los vicios propios del acto de publicación, al así establecerlo la ley de la materia. Sobre ese contexto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción V, del arábigo 63, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia consignada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que atañe al acto y autoridad responsable precisada en el párrafo que antecede.26 5.2. Análisis de la causa de improcedencia respecto al acto reclamado precisado en el inciso a) y b). Por lo que se refiere a los actos reclamados relativos a la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, publicada en el periódico oficial del estado el siete de enero de dos mil veinte, en particular los artículos Décimo Segundo y Vigésimo transitorios, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII,27 en 26 Se invoca como criterio orientador la Jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2248, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Décima Época, registro: 2010097, que establece: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo.". 27 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 relación con el diverso 5o.,28 fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, debe destacarse que el quejoso manifiesta en su escrito de demanda, que la norma reclamada antes citada, es de naturaleza autoaplicativa, pues aduce que con su sola entrada en vigor le causa perjuicio a su esfera jurídica al ser un permisionario para la prestación del servicio de transporte público en el Estado de Nayarit. De esta manera, para estar en posibilidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia en comento y, posteriormente, determinar si en el caso concreto se actualiza o no, es indispensable primero, precisar si en el caso se está en presencia de una norma heteroaplicativa o autoaplicativa. Para tales efectos, es necesario precisar que en el presente juicio de amparo resulta aplicable la noción de interés jurídico, toda vez que el quejoso reclama una afectación sobre la titularidad de un derecho subjetivo que aduce tener, con motivo de la obligación de ajustarse a lo previsto en la norma combatida, basado en el hecho de que el quejoso comparece con el carácter de concesionario para la prestación del servicio de transporte público en el Estado de Nayarit, por lo que estima que se le afecta el ejercicio de sus derechos derivados de dichas concesiones, por lo que necesariamente requiere acreditar una lesión actual y directa sobre la esfera de derechos de dichas actividades que realiza. [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...]". 28 "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [23] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? En ese entendido, cuando el peticionario acude a la instancia constitucional reclamando que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, tal circunstancia debe demostrarse en forma fehaciente; es decir, no debe existir lugar a duda de que el acto impugnado le ocasiona un daño, un perjuicio o un menoscabo en sus derechos, de tal manera que si el interés jurídico no se encuentra plenamente acreditado la demanda de amparo resulta improcedente. Esto es, para que la parte quejosa se encuentre en posibilidad de reclamar constitucionalmente el acto pronunciado por la autoridad primeramente debe demostrar de forma indubitable ser el titular del derecho subjetivo que se ve afectado con la emisión de ese acto, no así que su titularidad se infiera con base en presunciones.29 Una vez delimitada que en el caso es aplicable la noción de interés jurídico, es oportuno precisar algunos aspectos relacionados con la distinción entre normas de carácter autoaplicativas, respecto de las heteroaplicativas. En esa medida, el Pleno del más Alto Tribunal de la Nación ha establecido para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas que conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a 29 Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, observable en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época; de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho y de esa forma adujo que cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Y en cambio precisó el Tribunal Pleno, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.30 30 Cobra aplicación la Jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de Julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época, Materias Constitucional y Común, con registro 198200, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [25] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? Por tanto, es de concluir al tenor de este criterio jurisprudencial que, contrario a lo manifestado por el quejoso, son de individualización condicionada -heteroaplicativas- las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad, cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, como lo es en el caso, la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, en específico los artículos Décimo Segundo y Vigésimo transitorios, que establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos de otorgamiento de concesión, tal como se advierte de su contenido, que es del tenor literal siguiente: "DÉCIMO SEGUNDO. Las concesiones, permisos y autorizaciones, otorgadas con apego a la Ley que se abroga, conservarán su vigencia, debiendo regirse en lo sucesivo y sin perjuicio de los derechos adquiridos, por las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación.". "VIGÉSIMO. La Comisión Técnica de Movilidad, podrá realizar el análisis respectivo de actualización de tarifa hasta el año 2022.". En ese sentido, como ya se dijo, el quejoso reclama una afectación sobre la titularidad de un derecho subjetivo que aduce tener como concesionario para la prestación del servicio de transporte público en el Estado de Nayarit; por ello, es incuestionable que para que afecte la Ley de Movilidad la esfera jurídica del quejoso, se requiere en primer lugar, que previamente se extinga la vigencia de las concesiones otorgadas bajo el imperio de las disposiciones derogadas por la ley impugnada, ya que éstas según el precepto transcrito, continúa su vigencia hasta su conclusión en los términos en que fueron otorgadas, lo que no ocurrió en la especie pues no se advierte así de constancias. ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 En segundo lugar, para que ocurra la afectación se requiere que, una vez fenecidas las concesiones para el trasporte público, que tiene otorgadas el quejoso antes de la entrada en vigor de la ley tildada de inconstitucional, las que le dan el derecho incorporado temporalmente en su patrimonio a explotarlas, acuda ante la administración a solicitar su renovación; lo que sin duda colma el sentido de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso, derivará en su caso, de la condición de que vuelva a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo de concesión para el ejercicio de esa actividad.31 En esta trama argumentativa, tratándose de disposiciones de observancia general como la reclamada, que regulan una actividad cuyo desempeño se encuentra sujeto a la emisión de un acto administrativo, su naturaleza autoaplicativa dependerá de que por sí solas afecten la esfera jurídica de los gobernados beneficiados por el respectivo acto de autoridad, para lo cual será necesario que aquéllas se refieran a derechos u obligaciones que al momento de su entrada en vigor ya se encuentran en la esfera jurídica de éstos y, por tanto, le 31 Es ilustrativa la Jurisprudencia 2a./J. 73/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materias Constitucional, Administrativa, Página 236, Novena Época, con registro 191309, de rubro y texto siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de invidualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [27] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? vinculen a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, lo que en la especie por lo explicado no acontece, hecha consideración de que es el propio artículo Décimo Segundo transitorio, el que garantiza que el estado de cosas que imperan para el justiciable por virtud de las concesiones que tiene otorgadas bajo el imperio de la ley derogada, seguirán hasta en tanto expiren, pues éstas conservaran su vigencia sin perjuicio de los derechos adquiridos. De lo hasta aquí considerado, se concluye que, contrario a lo manifestado por el quejoso en su demanda de amparo, la normativa reclamada es de naturaleza heteroaplicativa, pues la aplicación jurídica o material de dichas normas, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de un acto diverso que condicione su aplicación, en ese sentido, como ya se dijo, el quejoso acude a la presente instancia aduciendo un interés jurídico, toda vez que reclama una afectación sobre la titularidad de un derecho subjetivo que aduce tener como concesionario del servicio de transporte público en el Estado de Nayarit, lo que genera una ampliación en el ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de la norma con su mera entrada en vigor y la condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo; por lo que necesariamente requiere acreditar una lesión actual y directa sobre la esfera de derechos de dichas actividades que realiza, con motivo de la legislación reclamada.32 32 Se invoca como criterio orientador la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Registro: 2006963, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 En ese contexto, como ya se dijo, respecto de los preceptos reclamados por el quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la ley de la materia, toda vez que dicha porción normativa no le causa un perjuicio directo ya que no se demostró que dichos ordinales le hubieran sido aplicados. Lo anterior, pues la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional los artículos Décimo Segundo y Vigésimo transitorios de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, con motivo del acto de aplicación que atribuyó al Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit; sin embargo, como se analizó en el considerando tercero de la presente resolución, los actos de aplicación reclamados a dicha autoridad, consistentes en la orden de aplicar al quejoso la citada legislación, la negativa de recibir al quejoso el pago del refrendo vehicular y permiso de transporte público para el ejercicio dos mil veinte, así como la orden de retirar del servicio de transporte público las unidades vehiculares que aduce el quejoso son de su propiedad, son inexistentes. de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [29] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? Sobre esa base, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5o., fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.(.).". Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: 33 a) Un derecho legítima o jurídicamente tutelado, y 33 Es sustento de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En relación con lo que se expone, el artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.(.).". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio (autoaplicativas); II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada (heteroaplicativas). Así pues, en tratándose de amparo contra normas generales heteroaplicativas, como la que se reclama en esta instancia constitucional, es necesario que exista un acto concreto de aplicación que cause perjuicio al quejoso, pues la sola vigencia de éstas no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, las leyes heteroaplicativas requieren que se cumpla la condición contenida en ellas para poderse individualizar en los gobernados, ya que las obligaciones previstas no surgen por su sola entrada en vigor. De ahí que cuando se reclame una norma, ésta requiera de un acto concreto de aplicación anterior a la presentación de la ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [31] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? demanda de amparo, para causar perjuicio, pues de no existir, el juicio constitucional resulta improcedente.34 Por tanto, la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una norma con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de amparo, dado que dicho acto constituye el presupuesto para que se pueda constatar la existencia del perjuicio en la esfera jurídica del gobernado. En ese contexto, de la interpretación de los numerales reclamados, se advierte que estos establecen que las concesiones, permisos y autorizaciones, otorgadas con apego a la ley que se abroga, conservarán su vigencia, debiendo regirse en lo sucesivo y sin perjuicio de los derechos adquiridos, por las disposiciones de la nueva Ley y su reglamentación (Décimo Segundo); asimismo, que la Comisión Técnica de Movilidad podrá realizar el análisis de actualización hasta el dos mil veintidós (transitorio Vigésimo). De manera que para demostrar su interés jurídico, era necesario que la parte quejosa demostrara que el Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit, efectivamente ordenó la aplicación al quejoso de los artículos Décimo Segundo y Vigésimo Transitorios la citada ley, con la negativa de recibirle el pago del refrendo vehicular y permiso de transporte público para el ejercicio dos mil veinte, así como la orden de retirar del servicio de transporte público la unidad vehicular cuya titularidad ostentó el quejoso. 34 Es sustento de lo considerado, en lo conducente, la tesis P. LXXXV/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Sin embargo, como se explicó en el considerando tercero, las documentales allegadas por la parte quejosa fueron insuficientes para acreditar el acto de aplicación de la porción normativa reclamada, pues los medios de convicción consisten en los documentos siguientes: i. Copia certificada del recibo oficial A1267873 (foja 24); ii. Copia certificada del recibo oficial A1267872 (foja 25); iii. Copia certificada de cédula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal (fojas 26 y 27); iv. Copia certificada de diversas identificaciones del peticionario de amparo (foja 28); y, v. Copia certificada del escrito con sello de recibido el diez de febrero de dos mil veinte por la Oficialía de Partes de la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit (foja 29). Medios de convicción que son ineficaces para acreditar el acto de aplicación de las normas controvertidas y, por ende, la afectación al interés jurídico del quejoso. Ello, en virtud de que si bien son aptas para justificar que la parte quejosa pagó los derechos de refrendo para la expedición del título de permiso para la prestación del servicio de transporte público, que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, así como en el Registro Federal de Electores y que existió una solicitud realizada al Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit para que recaudara el pago por los derechos de refrendo para el período dos mil veinte; lo cierto es que no demuestran que los preceptos combatidos en esta vía constitucional le hayan sido aplicados al quejoso. ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [33] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? Incluso, tales documentales no demuestran que la parte quejosa tenga la calidad de concesionario o permisionario del servicio público de transporte aludido. Además, los efectos de las disposiciones normativas reclamadas, ocurren en forma condicionada dado que su aplicación está condicionada a que se emitan los reglamentos conducentes que establecen en sus artículos transitorios quinto, sexto y séptimo de la ley cuestionada, que en lo conducente dicen: "QUINTO. El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit, dentro de los 180 días contados a la entrada en vigor de la presente Ley." "SEXTO. Los ayuntamientos deberán expedir o adecuar los reglamentos municipales que deriven de esta Ley, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley y su reglamento, permaneciendo entre tanto vigentes los reglamentos municipales existentes, en todo aquello que no se oponga al contenido de la presente Ley.". "SÉPTIMO. El Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit y las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno deberán expedirse en un término de noventa días contado a partir de la publicación de la presente Ley.". En efecto, la aplicación de las normas cuestionadas están sujetas al Reglamento de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit -que se deberá expedir dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la ley-, los Reglamentos Municipales -que deberán expedir los Ayuntamientos dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la ley y su reglamento-, el Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit y las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría General de ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Gobierno -dentro de los noventa días contados a partir de la publicación de la ley-. De igual forma, están condicionadas a la integración de la Comisión Técnica de Movilidad, cuyos miembros serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado - dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la ley-, tal como se observa del artículo transitorio vigésimo tercero de la norma reclamada, que dispone: "VIGÉSIMO TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de los 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley nombrara a los integrantes de la Comisión Técnica de Movilidad. En tanto el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no designe a los integrantes de la Comisión Técnica de Movilidad los integrantes de la Comisión Técnica de Transporte asumirán sus funciones." Bajo esa óptica, es importante precisar que el acto de aplicación que actualiza el supuesto previsto en un precepto legal de individualización condicionada, puede ser también una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía, como un reglamento, acuerdo o circular, dirigida a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en la ley y concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en esta última, lo que permitirá su impugnación a través del juicio de garantías, aplicando para su procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes.35 35 Ilustra lo expuesto, la tesis jurisprudencia 2a./J. 70/2000, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 234 que se lee: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo, no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede ser una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía, dirigida a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, y en virtud de la cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada puedan dar lugar a que se considere afectado su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [35] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? Ordenamientos e integración que a la fecha de presentación de la demanda de derechos fundamentales aún no habían sido expedidos, tampoco integrada comisión alguna, por estar transcurriendo los plazos dados en los transitorios de mérito; afirmación que encuentra sustento de la vista que se tiene de la página oficial de internet periodicooficial.nayarit.gob.mx, relativa al Periódico Oficial del Estado de Nayarit; lo cual se invoca como hecho notorio de conformidad con el dispositivo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo en términos de su artículo 2o...36 En esa tesitura, tomando en consideración que a la fecha de presentación del escrito de demanda, aun no se habían emitido los reglamentos a que hace alusión a porción normativa reclamada, tiene también como consecuencia que no se verificara la emisión del acto de aplicación del que se hacía depender la impugnación propuesta en el escrito de demanda. Entonces, si las mencionadas normas controvertidas no han incidido en la esfera jurídica de la parte quejosa; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia suceder que un reglamento, acuerdo o circular, que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en una ley, concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en esta última, lo que permitirá la impugnación de ésta a través del juicio de garantías, aplicando, para su procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes.". 36 Dicho argumento encuentra apoyo en la jurisprudencia XX.2o. J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, observable en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 examinada, pues no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario al tener los preceptos impugnados carácter de heteroaplicativos, es decir, de condición individualizada, como ya quedó precisado previamente. Además, es menester destacar que es criterio reiterado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que tratándose de la impugnación de leyes heteroaplicativas, es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, es decir, que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda; asimismo, que no basta la posible inminencia de la aplicación de la ley, para que el amparo sea procedente, ya que aquella no actualiza el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo. 37 En consecuencia, al no existir un acto de aplicación de la norma reclamada, carece del interés jurídico con el que se ostenta para reclamarla y, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo y lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos y autoridades aquí analizados, con 37 Sustentan las anteriores consideraciones, las jurisprudencias 2a./J. 76/97 , con registro 196955 y 2a./J. 77/97 con registro 196955, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio.". "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio." ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Juicio de Amparo Indirecto 1052/2020-I [37] Juicio de amparo indirecto 1052/2020-I ??????????????? ??????????????? ??????????????? apoyo en la fracción V, del artículo 63, del referido ordenamiento. En mérito del resultado obtenido, se estima innecesario estudiar la diversa causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit, dado que su examen resultaría ocioso al haberse actualizado la analizada en este apartado, que concluyó en el sobreseimiento de los actos que se reclaman, por lo que a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución.38 Finalmente, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que lo anterior representa un agravio a las partes en el presente juicio de amparo.39 SEXTO. Protección de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. 38 Por su aplicación al caso y por identidad de razones, es de citarse la tesis de jurisprudencia 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.". 39 Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 49 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc 13/01/22 13:56:50 Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aureliano Gutiérrez Cortez, respecto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a la parte quejosa a través del usuario electrónico "amedinasatarain", por oficio a las autoridades responsables; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta hoy veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, día en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Alejandra Zarai Canche Chan, Secretaria que autoriza y da fe.

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