Aurelia Sotelo García

Expediente 116/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
116/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Aurelia Sotelo García
  • AURELIA SOTELO GARCÍA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio con anexo de cuenta, mediante el cual la Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, remite copia certificada de acatamiento que dio al fallo protector. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso, con la misiva de cuenta y anexos que la acompañan, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga con la forma en que la responsable dio cumplimiento al fallo protector; apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Notifíquese.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el AVISO de dos de marzo de dos mil veintiuno, y se notifica por medio de lista, a la parte quejosa, el auto de veintiséis de febrero del año en curso, que en síntesis dice: "Toluca, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ******************, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, regístrese bajo el número 116/2021-I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora, es importante destacar que de la narrativa que hacen los quejosos en su escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia en el expediente 1086/2017, del índice del tribunal responsable, en el que son parte demandada y comparecieron a juicio, el cual no puede considerarse como la última actuación en dicha etapa de ejecución. Lo anterior se considera así, porque nuestro máximo Tribunal ha establecido que el significado de la expresión "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, lo cual, no es el caso que nos ocupa, ya que la proveído que se combate no cumple con esa exigencia. Subrayado lo anterior, en atención a lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda, se concluye que el acto que reclama forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que de lo que se duele medularmente, es del auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, emitido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, con residencia en esta ciudad, en el expediente ****, mediante el cual se ordena la entrega de las fracciones de terreno materia del juicio de origen, en un término de diez días, y en caso de no hacerlo se aplicaran los medios necesarios para la ejecución forzosa. Por lo anterior se advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar al desechamiento de plano de la demanda, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 107, fracción IV, del ordenamiento citado en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo los cuales establecen: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.". Del artículo transcrito en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de garantías sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte (demandada); ha comparecido al procedimiento, y en dicho procedimiento se dictó sentencia, la cual se encuentra en la etapa de ejecución de la misma. De lo cual se sigue que el acto reclamado está encaminado al cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente **** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, con residencia en esta ciudad; por ende, al ser una actuación realizada en ejecución de la misma queda regida por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no puede analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; se insiste, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello. En otras palabras, el auto que por esta vía combate la parte quejosa no es el último que puede impugnarse a través del juicio de amparo, pues no se advierte que se haya dictado auto en que se tenga por cumplida la sentencia, por lo que será seguido de otros actos procesales encaminados a tener por cumplida dicha sentencia dictada en el procedimiento de origen; de modo tal, que las violaciones que hayan podido cometerse en esa etapa, de ser el caso, podrían plantearse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse a si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia o convenio o que establece la imposibilidad para ello. La determinación efectuada por la autoridad responsable, que reclama la parte quejosa va encaminada a la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, y la misma no puede ser considerada la última resolución dictada en tal procedimiento, pues el tribunal responsable únicamente continúa con la ejecución de la sentencia dictada en el expediente **** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, por lo que es claro que el multicitado auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento de ejecución en el juicio de origen; por ende, se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia. Se cita por analogía la tesis aislada (común) I.8o.C.22 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2115, Tomo IV, Enero de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA..". Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". También es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/27, visible en la página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Novena Época, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.". Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, pues como ya se precisó, el acto reclamado no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, y 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edmundo Elpidio Plata Plata y en términos restringidos a ****; es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones. Exhortación a tramitar asuntos "EN LINEA". Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, será el nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente."

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