Aurelia Sanchez Gaxiola
Expediente 417/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Aurelia Sanchez Gaxiola
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio 9641/2021, signado por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que se declaró firme el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el cual, desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por el licenciado ********************, autorizado de la quejosa ********************, el cual, únicamente se ordena agregar al presente sumario para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que remita el oficio relativo al acuse de recibo al tribunal colegiado oficiante vía interconexión, a través del módulo "Expediente- Envío de documentos a órganos" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es es destruible, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente.
- Principal
Téngase recibido el oficio 9238/2021, recibido vía juicio en línea por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que la presidencia de dicho órgano federal desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por el licenciado Miguel Izaguirre Ojeda, autorizado de la quejosa Aurelia Sánchez Gaxiola, contra el auto de tres de julio de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo indirecto 417/2021-II-1; memorial que, en atención a su contenido, se ordena agregar en autos para que surta los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Ténganse recibidos el escrito enviado vía juicio en línea por Miguel Izaguirre Ojeda, autorizado de la quejosa Aurelia Sánchez Gaxiola, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de seis de julio de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó de plano la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO que en auto de seis de julio de dos mil veintiuno, este juzgado desechó de plano por considerar improcedente la demanda de amparo promovida por Aurelia Sánchez Gaxiola, y remítase el mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta localidad, así como el original y copia del libelo de queja del que se dio noticia y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este sumario.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Aurelia Sánchez Gaxiola, por su propio derecho, contra el acto del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 417/2021-II-1. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Precisado lo anterior, la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Al efecto se señalan los siguientes actos reclamados: DEL C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA reclamo: 1.- EL AUTO DE FECHA 9 NUEVE DE JUNIO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL NÚMERO 31/2019. 2.- LAS CONSECUENCIAS LEGALES Y MATERIALES DE LOS ACTOS OUE SE RECLAMAN. Además, de los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad por la quejosa, a la luz de las pruebas documentales que ofreció, se desprende lo siguiente: La quejosa Aurelia Sánchez Gaxiola demandó en la vía incidental a Silvestre Cervantes Torres, la resolución de litigio en su integridad en el juicio de tramitación especial de divorcio judicial 31/2019 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en esta ciudad. Dicho incidente fue admitido a trámite en auto de trece de junio de dos mil diecinueve, y en ese mismo acto, se ordenó emplazar al demandado incidentista Silvestre Cervantes Torres; quien fue emplazado mediante acta de notificación de diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Luego, en auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el juez responsable decretó la rebeldía del demandado, toda vez que no dio contestación al incidente interpuesto por la quejosa. Posteriormente, en audiencias de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, veintisiete de febrero de dos mil veinte y veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se desahogaron las pruebas admitidas. Después, en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable citó a las partes para el dictado de la resolución interlocutoria en el incidente de origen. Sin embargo, en proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, el juez responsable determinó que no existe certeza de que el emplazamiento efectivamente se realizó ante el demandado incidental Silvestre Cervantes Torres, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 139 y 164 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, decretó diligencia para mejor proveer a fin de regularizar y sanear el procedimiento para ordenar nuevamente el emplazamiento del demandado en el domicilio correcto, por lo cual dejó sin efecto lo actuado en dicho incidente a partir de la diligencia de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, con excepción de los autos de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve y veinticuatro de enero de dos mil veinte, con sus respectivas notificaciones, así como el oficio remitido el veintiséis de febrero de dos mil veinte, por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En contra de dicha determinación la quejosa interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto por la responsable en auto reclamado de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de no admitirlo a trámite por considerarlo notoriamente frívolo e improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Narrado lo anterior, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En ese tenor, cabe precisar que son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, verbigracia: derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etcétera. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata solo de las reglas fijadas por el Estado para la prosecución del procedimiento. Lo anterior obedece a que nuestro más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, pues mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben reunir dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los cuales el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones, derivan de la jurisprudencia 37/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2014, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En ese orden de ideas, como se adelantó, el acto reclamado consiste en el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable no admitió el recurso de revocación en el incidente de resolución de litigio en su integridad del juicio de tramitación especial de divorcio judicial 31/2019. Por tanto, el efecto del acto reclamado consiste en que adquiere firmeza el diverso proveído de seis de mayo del año en curso, en el que el juez responsable decretó diligencia para mejor proveer a fin de regularizar y sanear el procedimiento para ordenar nuevamente el emplazamiento del demandado en el domicilio correcto, por lo cual dejó sin efecto lo actuado en dicho incidente a partir de la diligencia de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, con excepción de los autos de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve y veinticuatro de enero de dos mil veinte, con sus respectivas notificaciones, así como el oficio remitido el veintiséis de febrero de dos mil veinte, por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En esa tesitura, el acto reclamado no constituye un acto dentro del incidente de origen, cuyos efectos sean de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que solo produce efectos de carácter adjetivo (intraprocesales) que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, al existir la posibilidad legal de que la resolución interlocutoria que se emita en el incidente derivado del juicio de tramitación especial divorcio judicial de origen sea favorable a la parte quejosa; en cuyo caso desaparecerían los efectos intraprocesales que ha generado la actuación reclamada. Y si por el contrario, la interlocutoria que en su momento se dicte en el incidente de origen, es contraria a los intereses de la quejosa, podrá impugnar la violación procesal en cuestión, a través del juicio de amparo que, en su caso, promueva en contra la aludida interlocutoria. Máxime que el acto reclamado no implica la revocación de la disolución del vínculo matrimonial decretada en el juicio de divorcio de origen; sino únicamente la reposición del procedimiento incidental en el que deberán resolverse en su integridad lo relativo a los hijos y los bienes, sobre guarda y custodia, derechos de visitas, alimentos, uso del domicilio conyugal y del menaje, administración de los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, forma de liquidación y la compensación en caso de matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, y demás cuestiones derivadas del divorcio decretado en las que hubo oposición, en términos del artículo 413 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa; de ahí que, se insiste, sus efectos son meramente intraprocesales. No es óbice a lo anterior, lo alegado por la quejosa en el sentido de que el acto reclamado le genera una afectación a su derecho al acceso a una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y expedita, reconocido en el artículo 17 constitucional; ya que si bien toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, ello no significa violación al principio de justicia pronta; aunado a que tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó, una vez reparada la violación procesal mencionada. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, febrero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 170244, que dice: NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Así como la tesis IV.2o.C.55 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 167805, que dice: ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso. En suma, el simple transcurso del tiempo en el que tenga que resolverse el incidente natural con motivo de la reposición no constituye circunstancia que afecte los derechos de fondo discutidos en el juicio, pues el procedimiento familiar no está legalmente limitado a determinado periodo como para considerar que en el caso de que el mismo fuere rebasado, no pudiera ser reparable el tiempo que de dicho lapso se excediera. Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Aurelia Sánchez Gaxiola, contra el acto del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en esta ciudad. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis VII.2o.C.247 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, abril de 2021, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2023325, que dice: DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA ALZADA QUE DEJA SIN EFECTO LA DECISIÓN INTERMEDIA QUE LO DECRETÓ Y ORDENÓ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA PROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, COMO EL RELATIVO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VII.2o.C.227 C (10a.)]. Hechos: En un juicio ordinario civil el Juez natural accedió a disolver el vínculo matrimonial sin haber concluido el procedimiento. En contra de esa determinación se interpuso recurso de apelación. La alzada revocó esa decisión intermedia y ordenó la reposición del procedimiento, a efecto de seguir con la secuela procesal y resolver todas las prestaciones en una sola sentencia, dicha determinación es la que constituyó el acto reclamado en el amparo indirecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la resolución de la alzada que deja sin efectos la decisión intermedia que decretó el divorcio sin expresión de causa y ordenó reponer el procedimiento, es improcedente el juicio de amparo indirecto, al ser un acto de naturaleza procesal que no afecta derechos sustantivos, como el relativo al libre desarrollo de la personalidad. Justificación: Lo anterior, porque la citada resolución no es un acto que afecte derechos sustantivos, pues es de naturaleza adjetiva, ya que los argumentos que sustentan esa determinación no establecen la improcedencia de la petición de divorcio, pues encuentran razón sólo en función de observar las formalidades esenciales del procedimiento; esto es, resolver todas las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial hasta en tanto culmine el juicio en sus etapas. En esas circunstancias, si el acto reclamado no se sustenta en la negativa a decretar el divorcio sin expresión de causa, sino en aspectos de índole procesal o adjetivo, es evidente que no se afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por ende, no resulta factible impugnar esa decisión de la alzada mediante el juicio de amparo indirecto. Razones que llevan a este órgano a apartarse del criterio sostenido en la tesis aislada VII.2o.C.227 C (10a.). Finalmente, no pasa inadvertido que la reposición del procedimiento también implica, en mayor o menor grado, una dilación para resolver el juicio de origen; sin embargo, ello tampoco actualiza la procedencia del juicio de amparo, si se pondera que el fin que se persigue con dicha reposición del procedimiento es su culminación hasta el dictado de una sentencia definitiva en el que se resuelvan todas las prestaciones reclamadas. En esas condiciones, no produce en la quejosa una violación material y directa a sus derechos fundamentales sino que, en su caso, sólo implica una afectación a derechos adjetivos, en tanto que el retardo en la impartición de justicia que se pudiere generar, por sí solo no actualiza violación alguna al principio de justicia pronta, lo que no justifica la procedencia del juicio de amparo. Sin que ello signifique inobservar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 73/2014, de título y subtítulo: "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS)."; en virtud de que en ella se estableció que no debía desconocerse la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante, temas que debían tramitarse y resolverse de acuerdo a su propia naturaleza y características, significando la observancia al derecho fundamental del debido proceso y el principio de justicia completa y eficaz consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que deben resolverse las cuestiones inherentes a la disolución matrimonial acorde a sus propias características, esto es, mediante la sustanciación del juicio en todas sus etapas y resolverse en una sola sentencia todas las prestaciones sometidas ante la potestad del juzgador. Lo anterior es acorde con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Domicilio y autorizados De conformidad con el arábigo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la expresada ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Reforma, número 2007-B, Local C-2, Plaza Laguna, Fraccionamiento Flamingos, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Miguel Izaguirre Ojeda, Miguel Izaguirre Castro, David Izaguirre Castro, José Luis Escareño Rodríguez, Rodrigo Velázquez Ochoa y Andrea Rueda Ibáñez, quienes tienen sus cédulas profesionales 69779, 9605070, 9803630, 8645810, 10035355 y 10560618, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Ana José Abelardo Ramos Bojórquez y Natalia Elizabeth Tussi Tirado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tiene a la promovente señalando el correo andrea.rueda2311@gmail.com, como medio de comunicación no procesal. Luego, solicita se autorice al licenciado Miguel Izaguirre Ojeda (identificado con el usuario izaguirre03), a fin de que realice la consulta del expediente electrónico y notificaciones por día vía en el juicio de amparo en que se actúa; en atención a ello, instrúyase al secretario actuante con el propósito de que habilite los mecanismos correspondientes conforme a lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la herramienta de que se trata, a fin de que la parte accionante esté en aptitud de realizar los procesos que permite el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, a saber, presentación de promociones, consulta de expedientes y de notificaciones electrónicas; operaciones las antes descritas que podrán efectuar a través de la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea. Uso de medios electrónicos Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Integración del expediente electrónico Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Autorización de copias Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. Devolución de documentos Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Ingreso a las instalaciones En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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