Aurelia Mandujano Zuñiga
Expediente 1516/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1516/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Aurelia Mandujano Zuñiga
- Castor Balderas Rubio, Subdelegado de Prestaciones Economicas del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegacion Estatal de San Luis Potosi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1516/2023-V, [...] Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido el escrito aclaratorio de demanda signado por la quejosa Aurelia Mandujano Zúñiga, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de trece de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión Consecuencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión que se solicita. Requerimiento de informe justificado Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Requiérase a las responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se les atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad. Apercibimiento Con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Asimismo, se informa a las autoridades jurisdiccionales que los términos de los requerimientos que se hagan en el presente juicio serán computados sin que se descuenten los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo1. Vista al agente del Ministerio Público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Audiencia constitucional Se señalan las DOCE HORAS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para la celebración de la audiencia constitucional. Alegatos En la inteligencia de que las partes podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, deberán presentarse minutos previos a la celebración de la aludida audiencia. 1 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2022 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE.", en la que se sustentó el siguiente criterio jurídico: "Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable." [registro digital: 2024510] Causas de sobreseimiento Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Pruebas De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que se adjuntaron al escrito de demanda, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser consideradas al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Diferimientos En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Juicio en línea Finalmente, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Formación de expediente Como está ordenado en el cuaderno principal con copia simple de la demanda, tramítese el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1516/2023-V, promovido por Aurelia Mandujano Zúñiga, contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal de San Luis Potosí y otras autoridades. Duplicado en versión digital En el entendido de que el duplicado del incidente de suspensión se integrará con la versión digital del expediente electrónico, el cual podrá ser consultado en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Informe previo Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes previos que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda y del escrito aclaratorio, sin que se descuenten de ese término, los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo1; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental Se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Estudio sobre la medida cautelar. I. Acto reclamado 1 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2022 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE.", en la que se sustentó el siguiente criterio jurídico: "Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable." [registro digital: 2024510] A efecto de resolver lo conducente en relación a la suspensión del acto reclamado, debe destacarse el contenido del artículo 146, fracción I2, de la Ley de Amparo, el cual establece que la resolución que decida sobre la suspensión debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, del contenido del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, en esencia: La cancelación de la pensión por riesgo de trabajo número 514526 y, como consecuencia, su falta de pago. II. Marco jurídico. Conviene señalar que los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 128 de la ley de la materia disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;" "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y 2 "Artículo 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; [.]" II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Dichos numerales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación); c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." En el caso, se estima acreditado el primer elemento, ya que las consecuencias que traen consigo la cancelación del pago de la pensión que hasta este momento venía recibiendo la parte quejosa, implican dejarla en estado de indefensión, al no poder acceder a su pensión en el preciso momento que los necesite; asimismo un detrimento en su subsistencia y, en su caso, en la de sus familiares. Ahora, en relación con los requisitos que prevé el artículo 128 de la Ley de Amparo, está el interés suspensional que prevé la fracción I de dicho numeral, al indicar "Que la solicite el quejoso", mismo que se cumple al señalar la parte quejosa expresamente en su escrito de demanda que solicitaba la suspensión del acto reclamado. Además, con las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda, se desprende que a la quejosa le fue otorgada la pensión por riesgo de trabajo número 514526, de ahí que se tiene por acreditado su interés suspensional para afectos del presente asunto. Por otra parte, con su otorgamiento, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, tomando en consideración que por orden público se entiende el sistema de norma de mayor importancia para conservar y encausar el orden en la sociedad y, por interés social, la intención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Asimismo, se toma en cuenta que de no otorgarse la medida que nos ocupa, sí se causaría a la parte quejosa, daños y perjuicios de difícil reparación, pues se ve afectado sus ingresos y por ende su subsistencia. III. Antecedentes Es de mencionarse que del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, así como de las documentales que acompaña, se advierte lo siguiente: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado otorgó a Aurelia Mandujano Zúñiga, una pensión por riesgo de trabajo (número 514526), a partir de octubre de 1998. La quejosa cuenta con tres pensiones vitalicias, siendo la de jubilación, viudez y riesgo de trabajo, las cuales, señala son independientes entre ellas. La pensión de riesgo de trabajo la ha recibido de manera ininterrumpida, hasta este noviembre, al mencionar la quejosa bajo protesta de decir verdad, que dicha pensión se le debió de haber depositado en el mes de octubre, sin que así sucediera. Motivo de lo anterior, se presentó en las oficinas de la ahora responsable el pasado seis de noviembre, donde de manera verbal el personal de ahí le informó que su pensión por riesgo de trabajo ya no se la pagarían, sin que le dieran mayor explicación. IV. Concesión de la suspensión provisional En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 136, 138, 139 y 147 se concede la suspensión provisional, para que no se suspenda el pago de su pensión por concepto de riesgo de trabajo número 514526, o en su caso se vuelva a realizar el pago correspondiente; lo anterior, hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que sobre la suspensión definitiva se pronuncie. Es menester señalar, que en el caso se trata de preservar un beneficio que la quejosa asegura ya venían gozando, según lo manifiesta bajo protesta de decir verdad, atendiendo también a las constancias que anexó para demostrar tal efecto, aunado a las consecuencias que de su privación pueden emanar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.5o.T.11 L (11a.), con número de registro digital 2024896, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Undécima Época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA, CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, FRENTE A LA FALTA DE PAGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA ATRIBUIDA A LA EMPRESA PATRONAL (TELMEX), BASTANDO PARA ELLO QUE EL TRABAJADOR AFECTADO ACREDITE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Hechos: Un trabajador pensionado promovió juicio de amparo indirecto frente a la empresa patronal Telmex, contra la orden verbal o escrita dirigida a retener, suspender, cancelar, bloquear o revocar el pago del monto total de su pensión jubilatoria por años de servicios, previamente convenida, ratificada y elevada a la categoría de cosa juzgada ante la Junta laboral. El Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva para el efecto de que recibiera la cantidad equivalente al treinta por ciento (30%) del ingreso real que percibía por este concepto, señalando que no era procedente conceder la suspensión solicitada para el efecto de reintegrar el monto de las pensiones dejadas de pagar, al considerar que la medida cautelar carece de efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado determina que conforme a los artículos 17 constitucional y 147 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión definitiva, con efectos restitutorios provisionales, frente a la falta de pago de una pensión jubilatoria, para el efecto de que la empresa patronal (Telmex) continúe garantizando el derecho del quejoso a acceder a todos los beneficios económicos y en especie que integran la jubilación, especialmente en aquellos casos en que existen indicios que indican que ha sido convenida, ratificada y elevada a cosa juzgada ante la Junta laboral. Justificación: Los artículos 17, 107, fracción X, primer párrafo, constitucionales y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en respetar, garantizar y preservar los derechos humanos de la parte quejosa que se encuentren en peligro mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales), las cuales deben concederse en la especie, toda vez que: 1) el pensionado quejoso acreditó la apariencia del buen derecho, ya que aportó pruebas suficientes que apuntan a que cuenta con el reconocimiento de una pensión jubilatoria por años de servicio, convenida, ratificada y elevada a cosa juzgada ante la Junta laboral, lo que actualiza el deber de cumplimiento de pago a cargo del patrón, a que se refieren los artículos 1, 23, 24 y 25 de la Ley del Seguro Social, en relación con los derechos humanos a la propiedad y a la seguridad social; 2) existe peligro en la demora, toda vez que los ingresos derivados de la jubilación son asimilables a los salarios, por lo que, de negarse la suspensión, se pondrían en riesgo los derechos humanos a la vida digna, al mínimo vital, al producto del trabajo y a la subsistencia del quejoso y su familia, especialmente en los casos en que las constancias evidencian el carácter intempestivo e injustificado de la falta de pago de la pensión jubilatoria por parte de la patronal; en la inteligencia de que será hasta el juicio principal en que deba resolverse si la empresa patronal, a través del acto reclamado dirigido a extinguir, modificar o sustraer en forma unilateral el derecho patrimonial adquirido por el trabajador pensionado, actualiza o no la procedencia del juicio de amparo frente a particulares prevista en la Ley de Amparo; todo ello de conformidad con los artículos 1o., 4o., 5o., 14, 16, 17 y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 y 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos." De igual forma, el artículo 147 de la ley en comento, señala: ".Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Del artículo trascrito se advierte la posibilidad de restablecer provisionalmente a la quejosa del goce de su derecho, el cual en el caso concreto se precisa en continuar percibiendo su pensión como lo ha venido haciendo. Aunado de lo anterior, conviene señalar que al resolver la contradicción de tesis 255/2015, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala del alto tribunal, determinó que sí es factible conceder la suspensión con efectos de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional3. 3 La jurisprudencia en comento se cita como apoyo a las consideraciones previamente vertidas, por identidad en el criterio, la cual es del contenido siguiente: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las De ahí, que de lo narrado por la parte quejosa, es factible conceder la medida cautelar en los términos precisados, pues se acreditó de manera indiciaría el daño que resultaría por la demora en la sentencia de fondo. Por lo que es dable concluir que en el caso, sí se puede otorgar la suspensión provisional con los efectos restitutorios solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." Registro digital: 2011829, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: 1a./J. 21/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 672, Tipo: Jurisprudencia contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo."4 IV. Garantía La medida cautelar que aquí se decreta, surtirá efectos desde luego, sin el requisito de garantía alguna, al no actualizarse los supuestos a que se refieren los artículos 132 y 135 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se cita el criterio contenido en la tesis I.7o.A.479 A del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1458 del tomo XXIV del Semanario Judicial de la 4 Registro digital: 2026730. Federación y su Gaceta, de octubre de 2006, de la Novena Época, con registro 174053, que estatuye: "PENSIÓN POR ORFANDAD OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PROCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN QUE DECRETA SU DISMINUCIÓN, SIN NECESIDAD DE EXHIBIR LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO. Para la concesión de la suspensión contra la orden que decreta la disminución de la pensión por orfandad que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no es necesario otorgar la garantía a que alude el artículo 125 de la Ley de Amparo, pues si se toma en cuenta que dicho instituto, en términos del artículo 11 de la citada ley tiene el carácter de autoridad responsable y no de tercero perjudicado, es evidente que los daños económicos que pudieran ocasionársele con motivo de la concesión de la mencionada medida cautelar, son insuficientes para requerir la garantía respectiva, en atención a que el juicio de amparo es el medio de control constitucional consagrado por antonomasia para defender los derechos fundamentales de los gobernados, y no para velar por los intereses económicos de las autoridades a las que se imputan violaciones constitucionales. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitieron los recursos de revisión interpuestos contra la sentencia de amparo, el cual fue registrado con el expediente 645/2023. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Asuncion Pescina Rodriguez659/2019
- Atanacio Carrizales Vazquez833/2019
- Atanacio Mascorro Vazquez979/2021
- Atanacio Padron Davila1071/2023
- Aufracia Martinez Segura514/2020
- Auntamiento de Tampacan, San Luis Potosi507/2023
- Aureliano Cerda Aguilar1143/2017
- Aurelio Castillo Castillo878/2018
- Aurelio Castillo Castillo396/2023
- Aurelio Castillo Castillo568/2021
- Aurelio Rangel Moreno573/2022
- Aurelio Rangel Moreno259/2018