Aurelia Lilia Solano Martínez y Otros.
Expediente 962/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aurelia Lilia Solano Martínez y Otros.
- Aurelia Lilia Solano Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el doce de abril de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Por otra parte, devuélvase a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, el expediente laboral 3/2011 de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Finalmente, agréguese el escrito de los quejosos Aurelia Lilia Solano Martínez, Carmen Martínez Vásquez, Balbina Joaquín Martínez, Hwovany Aragón Villareal, Abel Pinelo Diego y Vicente Aguilar Martínez, en su atención, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expídaseles copia simple de la sentencia dictada en el presente juicio, previa identificación y razón que de su entrega se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 962/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, promovieron demanda de amparo contra actos de los Miembros Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; que hicieron consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: La omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito de 28 de enero de 2020 por medio del cual nombramos nuevos apoderados, así como domicilio para recibir y oír todo tipo de acuerdos y notificaciones en el juicio laboral ********************, el cual fue recibido ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado el 5 de febrero de 2020, y desde entonces dicha autoridad ha omitido pronunciarse al respecto. La omisión de la autoridad responsable para agotar los medios de apremio necesarios para exigir el cumplimiento pronto y expedito del laudo emitido con fecha 1 de junio de 2012, dentro del expediente ********************, pues han transcurrido más de 9 años sin que se cumpla dicho laudo por lo que ha retrasado su ejecución en demasía." Actos que estiman violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, quien la admitió en auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, bajo el número de expediente 962/2021; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, emplazó al tercero interesado, otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar el escrito de veintiocho de enero de dos mil veinte, presentado ante la autoridad responsable el cinco de febrero de dos mil veinte. La omisión de la autoridad responsable de dar cabal cumplimiento al laudo de uno de junio de dos mil doce, dictado en el expediente laboral ******************** de su índice. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. Lo que así se corrobora con las documentales que al efecto anexó a su informe, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este órgano jurisdiccional estima que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de veintiocho de enero de dos mil veinte, presentado ante la autoridad responsable el cinco de febrero de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, pues conforme a las constancias de autos se advierte, la parte quejosa refiere en su demanda de amparo que mediante escrito de veintiocho de enero de dos mil veinte, presentado ante la autoridad responsable el cinco de febrero de dos mil veinte, nombraron nuevos apoderados, revocando a los señalados con anterioridad, así como señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, todo ello en el juicio laboral ******************** del índice de la responsable, sin que ésta hubiera acordado dicha promoción. Al respecto, la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, informó que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ******************** de su índice, acordó el escrito de los quejosos de veintiocho de enero de dos mil veinte, revocando a los apoderados que habían señalado con anterioridad y por designados a los indicados en su escrito de referencia, así como el nuevo domicilio que indicaron para oír y recibir notificaciones. Determinación que les fue notificada el cinco de octubre de dos mil veintiuno, por conducto de su autorizada ********************. Luego, al haber emitido la responsable el acuerdo correspondiente a la petición de los quejosos, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dos de septiembre de dos mil veintiuno), conduce a establecer, cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose, por ende, la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer en el juicio respecto a dicho acto, con fundamento en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora bien, en cuanto al diverso acto reclamado a la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, que hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de dar cabal cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral ******************** de su índice, se evidencia la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, sin que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierta que la parte quejosa aluda a una omisión específica en esa etapa de ejecución forzosa, en la que refiera una participación concreta que vincule a la autoridad responsable. Al respecto, manifestaron que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional, ya que al dictarse el laudo el uno de junio de dos mil doce, se condenó al ********************, a la reinstalación de cada uno de los actores, así como al pago de diversas prestaciones, sin que a la fecha haya dado cabal cumplimiento a esa resolución. Y de las constancias de autos se advierte, la Presidenta de la Junta Laboral responsable requirió el cumplimiento en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo. Pues las actuaciones para cumplimentar el laudo, están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, por ende, de reclamarse una omisión, debe ser concreta; lo que en el caso no acontece, pues solo referir actos futuros que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Es aplicable, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), por contradicción de tesis, sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en página 1469, Libro 63, Febrero 2019, Tomo II, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, registro digital 2019185, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Así también, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 2771, Libro III, Diciembre 2011, Tomo 4, Materia Común, Laboral del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2000011, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías 962/2021, promovido por ********************, contra los actos señalados en el considerando segundo de este fallo, reclamados a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, por las razones que quedaron precisadas en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos de la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca, téngasele apersonando al presente juicio de amparo con el carácter de tercera interesada; con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como delegados, los que indica en su oficio; de igual manera, solicita el diferimiento de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Con apoyo en el artículo 119 de la citada ley, se admite como prueba documental la que se anexa a su oficio, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se fijan nuevamente las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, mediante el cual informa que mediante oficio JAESPO/PRESIDENCIA/86/2022, remitió a este Órgano Jurisdiccional, el expediente laboral 3/2011 de su índice; lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en auto de veintitrés de febrero pasado, se acordó lo conducente a la prueba documental que refiere. NOTIFÍQUESE.
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