Aurelia Jaimes Alfaro

Expediente 1055/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1055/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2019

Partes del expediente

  • Aurelia Jaimes Alfaro
  • Aurelia Jaimes Alfaro y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término para la parte quejosa, que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que interpusiera el recurso de queja en contra del auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. ARCHIVO. Asimismo, del estado de autos se aprecia que a la fecha no existe trámite pendiente que realizar en este expediente; por ende, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, como asunto totalmente concluido. DESTINO. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues no se considera de relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *** y ****, ambos de apellidos ***, en favor de ***, contra actos del Director y/o responsable del Centro de Readaptación Social en San José el Alto, Querétaro y otra autoridad, se tiene por presentada la misma, se ordena registrar el amparo respectivo bajo el número 1055/2019-V; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y libro de gobierno respectivo. Bajo ese contexto, el acto reclamado de la demanda de amparo se advierte que se invocan violaciones previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del citado numeral 15 de la Ley de Amparo, dado que los promoventes refieren que Carlos Jaimes Alfaro, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social ubicado de San José El Alto, Querétaro, y señalan como actos reclamados: La privación de la libertad, incomunicación y desaparición forzada. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en la parte que nos interesa: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales...." Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De igual forma, el artículo 126 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento." De lo anterior, se aprecia claramente que los actos que se reclaman, se encuentran previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, de ahí que RESULTA PROCEDENTE DECRETAR DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS; consecuentemente, conforme lo establece el artículo 126 en relación con el citado 15 de la Ley de Amparo, 22 Constitucional; 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los efectos de la presente suspensión de plano son para que CESEN DE INMEDIATO LOS ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DEL PROCEDIMIENTO Y DESAPARICION FORZADA, o bien, los previstos en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que pongan en peligro la vida de Carlos Jaimes Alfaro, y sea tratado con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. Debiendo comunicar las autoridades responsables, DE INMEDIATO el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión; lo anterior, con fundamento en lo establecido por el numeral 126 de la Ley de Amparo vigente, apercibidos que de no hacerlo, se harán acreedores a la sanción que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo.". La citada suspensión no aplica si es dentro de procedimiento penal, detención por caso urgente, flagrancia o los permitidos por la Constitución. Cabe tener presente cuando la detención del quejoso sea efectuada por autoridades administrativas distintas de las Ministerio Público como probables responsables de algún delito, sin dilación debe ser puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos del artículo 16 de la Constitución Federal, o en su caso su consignación. Si la detención es efectuada por el Ministerio Público, para que sean puestos en libertad o se les consignen dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso. En la inteligencia de que, si se encuentra a disposición del Ministerio Público en cumplimiento de una orden de aprehensión debe ser consignado ante el juez penal correspondiente, dentro del término de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, y en caso de detención por flagrancia, a partir de que sea puesto a disposición. Para el caso de que la orden de privación de la libertad no guarde relación alguna con la comisión de un ilícito, deberá ser puesto en inmediata libertad. Se requiere a las autoridades responsables para que informen la causa legal o justificada de la privación de la libertad, para el caso de no existir deberá de suspenderla inmediatamente, debiendo remitir las constancias que acrediten dicha circunstancia. Ahora bien, como de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes refieren que Carlos Jaimes Alfaro, se encuentra incomunicado en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro; en consecuencia, se ordena a la Actuaria adscrita a este Juzgado, para que se constituya en dicho centro de reclusión, o en el lugar en el que se le indique que se encuentra privado de su libertad; y le notifique a éste, el presente auto y lo requiera sobre la RATIFICACIÓN de la demanda de amparo promovida en su favor por Aurelia y Santos, ambos de apellidos Jaimes Alfaro; con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en ese momento, o bien dentro del término de tres días, se tendrá por no presentada dicha demanda. De igual forma, se comisiona a la fedataria encomendada para que, se cerciore y de fe del estado físico perceptible de dicha persona y de la condición del lugar donde se encuentra, debiendo asentar la razón que corresponda. En la inteligencia de que una vez que el quejoso ratifique la demanda de amparo que ha sido promovida en su favor, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en los presentes autos. - Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Transparencia. En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígase al promovente que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de éstos que le conciernan en este expediente o en el sistema adoptado en términos del artículo 43, en relación con el 52, ambos del citado cuerpo de leyes, en relación con el artículo 23, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Autorizados y domicilio. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su ocurso por así solicitarlo expresamente y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda.

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