Aurelia Hernández López
Expediente 986/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aurelia Hernández López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 986/2023, que promovió ***, contra el acto de la autoridad que se mencionará más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, *** demandó en juicio de nulidad al aquí tercero interesado encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). De dicho asunto correspondió conocer a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien lo radicó con el número 159/23-15-01-1 de su índice. El veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el aludido juicio de nulidad. Por escrito de la quejosa presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés -en la oficialía de partes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa- solicitó que se declarara firme la sentencia de nulidad y se requiriera el cumplimiento a la parte demandada. Mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente de nulidad *** del índice de la responsable, esta última atendió la citada promoción, acordándola en sentido negativo, debido a que no era posible declarar firme el fallo emitido en el juicio natural porque su contraparte interpuso recurso de revisión fiscal contra aquél. Siendo esta circunstancia la última de que se tiene noticia respecto del juicio natural. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *** promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y recibido en la misma fecha ante este órgano jurisdiccional al que correspondió conocer por razón de turno. La parte señala como derecho fundamental violado el contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se: i) admitió a trámite la demanda de amparo, ii) registró con el progresivo 986/2023; iii) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; iv) emplazó a la parte tercera interesada; y v) otorgó la intervención conducente al agente del Ministerio Público adscrito. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción, además que se reclama un acto omisivo. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa atribuye a los magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Omisión de acordar el escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, recibido por la responsable el dieciocho de agosto siguiente, por el que solicitó que se declare firme la sentencia dictada en el expediente 159/23-15-01-1 y se requiriera su cumplimiento. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado, porque en acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés dictado en el juicio de nulidad *** de su índice, dio respuesta al escrito de la quejosa de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, que recibió el dieciocho de agosto siguiente. Sin embargo, esa negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado, debido a que si bien la responsable indica haber atendido la promoción de la disidente que originó este asunto, mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, lo cierto es que la demanda de amparo que motivó de juicio en que se actúa se presentó el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Lo que se advierte, de las constancias remitidas por la responsable, con su informe de ley, entre las que se encuentra copia certificada del escrito de petición de la quejosa y del proveído referido por la responsable; documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de modo que se hace evidente que el acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, se emitió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo de origen del presente asunto -veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés-. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Motivo por el cual, se tiene como plenamente probada la existencia del acto reclamado. VI. LEGITIMACIÓN La quejosa afirma que el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, presentó un escrito dirigido al juicio de nulidad *** del índice de la responsable donde solicitó que se declarara firme la sentencia de nulidad y se requiriera el cumplimiento del fallo su índice. Acreditó su interés jurídico con la copia simple de la petición que refiere con sello de su recepción, adminiculada al hecho de que por tratarse de un acto omisivo, a la autoridad responsable correspondía acreditar que dio respuesta e hizo saber ésta a la quejosa, esto es, que cumplió con la garantía contenida en el artículo 8° constitucional. VII. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". VIII. PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Este órgano jurisdiccional advierte que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- quedó plenamente acreditado que mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, emitido por la responsable en el expediente de nulidad 159/23-15-01-1 de su índice, atendió la citada promoción de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, recibido el dieciocho de agosto siguiente [por el que se solicita que se declare firme la sentencia dictada en el aludido expediente y se requiriera su cumplimiento] acordándola en sentido negativo, debido a que en dicho proveído indico que no era posible declarar firme el fallo emitido en el juicio natural porque su contra parte interpuso recurso de revisión fiscal contra aquél. Se llega a tal conclusión, con base en las constancias exhibidas en autos, que adquieren valor probatorio pleno en los términos apuntados en el considerando V de esta resolución, con las cuales se dio vista a la disidente, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación que destruyó por completo los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de atender el escrito fechado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés y recibido por la responsable el dieciocho de agosto siguiente, como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal. En efecto, si la autoridad responsable citada en último término, proveyó lo relativo a la petición de la parte interesada, ningún caso tendría examinar la dilación aludida si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica de la solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." No es obstáculo a lo anterior, que de las constancias que remite la autoridad responsable, no se advierta la notificación realizada a la parte quejosa del acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, emitido por la responsable en el expediente de nulidad 159/23-15-01-1 de su índice, por el que se da respuesta al escrito petitorio origen de este asunto, debido a que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal se ha pronunciado respecto de dicha circunstancia [mediante la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.)] al indicar que la ausencia de tal notificación, no cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, puesto que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada, así como de constreñirla a impulsar el procedimiento. Motivo por el cual, la falta de notificación no puede combatirse de forma autónoma, por no causar a la quejosa un daño irreparable. Apoya lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil quince y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, página 480, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." IX. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causal de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable y por las razones referidas en apartado VIII de esta resolución. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes por medio del cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito acusa recibo de las actuaciones remitidas con motivo del recurso de revisión que la inconforme interpuso en contra la sentencia dictada en este juicio de amparo e informa que se admitió ese medio de impugnación bajo el toca del recurso de revisión 352/2023. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la secretaria de acuerdos adscrita a dicho órgano jurisdiccional, y ténganse como prueba de su parte, las documentales que aporta; con lo anterior, dese vista a las partes. Notifíquese por lista.
- Incidental
INTERLOCUTORIA********************Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 986/20********************, promovido por ********************, en contra del acto de la autoridad que se menciona más adelante.********************TRÁMITE********************La parte quejosa señaló como autoridad responsable a los magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quienes reclama la omisión de acordar un escrito.********************La demanda de amparo fue recibida el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, quedando registrada con el número 986/20******************** y admitida el veintisiete siguiente. En dicho acuerdo se ordenó tramitar -por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada.********************La audiencia incidental se llevó a cabo hoy en los términos del acta que antecede. ********************II. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS********************Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ********************46, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos.********************En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene que esencialmente, la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes:******************** Autoridad responsable ********************Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa****************************************Acto reclamado****************************************Omisión de acordar el escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, recibido por la responsable el dieciocho de agosto siguiente, por el que solicitó:****************************************Que se declare firme la sentencia de nulidad dictada en el expediente ********************/********************-********************-********************-********************.****************************************III. SE PRESUME LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO********************La autoridad responsable magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no rindió informe previo a pesar de haber quedado notificado de la solicitud del mismo, el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo ********************42 de la Ley de Amparo se presume la existencia de la omisión que se le reprocha.********************IV. ANALISIS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA********************Este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, donde se concedió la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para conceder la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva.****************************************Estudio de la medida suspensional. Debe considerarse el normativo ********************07, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.****************************************Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral ********************25 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado, además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: ********************El acto combatido sea cierto. ********************El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. ****************************************Resulta preciso apuntar que la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia. Evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada. Esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental violado.****************************************Como se adelantó, el quejoso en esencia reclama de los magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la omisión de acordar el escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, recibido por la responsable el dieciocho de agosto siguiente, dirigido al expediente ********************/********************-********************-********************-********************, y como se desprende del acuse del escrito que anexa a su demanda, mediante el cual acredita su interés suspensional.****************************************Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender y dependiendo de la naturaleza del acto reclamado así como del derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). ****************************************Los efectos del acto reclamado son susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos ********************3******************** y ********************47 de la Ley de Amparo la Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público, permite que se otorgue la medida.****************************************Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.****************************************Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.****************************************En ese contexto, se advierte que para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender.****************************************Así es, la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, puede tener efectos "conservativos" y "restitutivos". El artículo ********************47 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero y segundo, establece lo siguiente: ****************************************"Artículo ********************47. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.********************Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo".****************************************Como se puede apreciar, la suspensión del acto reclamado no se limita a mantener las cosas en el estado que guardan, es decir, no tiene como único propósito "paralizar" un acto para evitar que afecte derechos del quejoso, sino que también permite "restablecer" provisionalmente al promovente del amparo en el goce del derecho violado, siempre que ello no implique "constituir" un derecho del que no gozaba previamente la parte quejosa (restricción establecida en el párrafo segundo del artículo ********************3******************** de la Ley de Amparo).****************************************Dicho en otras palabras, la Ley de Amparo prevé la posibilidad que el órgano jurisdiccional, con el otorgamiento de la medida cautelar, restablezca o restituya al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, para impedir perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso.****************************************Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia ********************a./J. 70/2********************9 (********************0a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor:********************"SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos ********************07, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y ********************47 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior".****************************************En este sentido, cuando se reclama la inactividad del Estado (omisión) y con ello, se restringe un derecho, no existe obstáculo jurídico para otorgar la medida cautelar, dotándola de efectos restitutorios, con el objeto de impedir que esa afectación perdura durante la substanciación del juicio de amparo.****************************************En el caso concreto, los efectos de la medida cautelar solicitados no restituyen a la quejoso(a) en el goce del derecho vulnerado puesto que la suspensión definitiva tiende únicamente a que desaparezca la inactividad procesal con motivo de una falta de proveído.****************************************Aunado a que la según el dicho de la parte disidente, bajo protesta de decir verdad, existe una paralización total con relación a lo pedido en su escrito, lo cual justifica establecer medidas de protección del derecho al acceso eficaz de la tutela judicial, de una vez y no esperar a que se continúe violando ese derecho procesal básico y fundamental. No sólo involucra una cuestión que relativa a la pronta impartición de la justicia, en la medida en la que ese derecho humano se ve potenciado, ante la presencia de otros bienes de igual o mayor jerarquía, como son el derecho a que se declare firme la sentencia de nulidad.****************************************En ese sentido, si lo que se reclama es la omisión de una autoridad jurisdiccional responsable de proveer sobre una promoción de la parte aquí quejosa, que tiene la calidad de actora en el juicio natural y como tal, es parte del procedimiento administrativo y dicha promoción fue presentada treinta y ocho días naturales antes de solicitar el amparo (la promoción fue recibida por la responsable el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés y la demanda se presentó el veintiséis de septiembre pasado) entonces, la afectación que pudiera producir el acto reclamado versa sobre el derecho de acceso a la justicia de la quejosa, como una variante del derecho de petición que tiene ligar cuando éste se ejerce dentro del marco de un procedimiento.****************************************En este contexto, el efecto restitutorio de la medida cautelar debe ser el de vincular a la autoridad responsable a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con la petición de la quejosoa, pues de esa forma es posible evitar que la afectación derivada de la omisión reclamada siga incidiendo en la esfera jurídica del quejoso.****************************************Por lo expuesto, se concede la suspensión definitiva para el efecto de vincular a la autoridad responsable a que, con plena libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con la promoción de la quejosa.****************************************Con este efecto, se evita que la afectación derivada de la omisión aludida siga incidiendo en la esfera jurídica de la impetrante durante la sustanciación del juicio y, en esa medida, la suspensión cumpla con su propósito en términos del artículo ********************47 de la Ley de Amparo.****************************************Respalda lo anterior, la tesis I.2o.P.5 P (****************************************a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable con el registro digital: 2025443, dentro de la página de internet del Semanario Judicial de la Federación. que es del contenido siguiente:********************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE PROVEER RESPECTO DE UNA PROMOCIÓN PRESENTADA POR LA PARTE QUEJOSA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, PARA EL EFECTO DE VINCULARLO A QUE, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, EMITA UNA DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON ESE ESCRITO.********************Hechos: La parte quejosa reclamó en el juicio de amparo indirecto la omisión del Juez de Control de proveer respecto de una promoción que presentó en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable, una vez concluida esa etapa del procedimiento penal, lo suspenda hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo; sin embargo, al no estar de acuerdo con los efectos de la medida cautelar, interpuso recurso de queja.********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclama la omisión de la autoridad judicial de proveer sobre la promoción presentada por una de las partes del procedimiento penal en la etapa intermedia, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que implica vincularla a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con esa promoción.********************Justificación: De conformidad con el artículo ********************47 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, puede tener efectos "conservativos" y "restitutorios", es decir, no tiene como único propósito "paralizar" un acto para evitar que afecte derechos de la parte quejosa, sino que también permite "restablecer" provisionalmente a ésta en el goce del derecho violado, siempre que ello no implique "constituir" un derecho del que no gozaba previamente (restricción establecida en el párrafo segundo del artículo ********************3******************** de la Ley de Amparo). En este sentido, si con motivo de la inactividad del Estado (omisión) se restringe el goce de un derecho, por regla general no existe obstáculo jurídico para otorgar la suspensión provisional dotándola de efectos restitutorios, con el objeto de impedir que esa afectación perdure durante la sustanciación del juicio de amparo. Luego, si el acto reclamado es la omisión del Juez de Control de proveer sobre la promoción de la parte quejosa, presentada en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que implica vincular a la autoridad responsable a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con esa promoción, pues de esa forma se evita que la afectación derivada de la omisión reclamada siga generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de la solicitante del amparo durante la sustanciación del juicio, específicamente en el derecho de acceso a la justicia, como una variante del derecho de petición que tiene lugar cuando éste se ejerce dentro del marco de un procedimiento."****************************************Sin que lo hasta aquí razonado, implique que la concesión de la suspensión apuntada, deje sin materia el juicio, pues desde una apreciación material, el acto reclamado en realidad la constituye una abierta dilación u omisión de acordar una petición en breve término, que sigue generando un impacto presente y actual en la esfera jurídica de la quejosa y el hecho de que mediante la concesión quede sin materia el juicio, es una situación que sucede en una diversidad de ocasiones en amplio grado (por ejemplo, en asuntos de derecho administrativo, como en el presente caso, actos de peligro de privación de la vida, de la libertad fuera de procedimiento judicial, actos de incomunicación, tortura y en general, actuaciones que puedan consumarse en forma instantánea) de modo que resultaría injustificado que ese hecho impidiera la emisión de las medidas cautelares para la tutela efectiva de los derechos humanos en el juicio de amparo.****************************************Apoya lo anterior, el criterio I.********************4o.T.9 L (****************************************a.) esbozado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página de internet del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital: 20********************885 y que establece lo siguiente:********************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ABIERTA DILACIÓN U OMISIÓN DE EJECUTAR UN LAUDO EN BREVE TÉRMINO.********************Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra el auto por el cual el presidente de la Junta fijó fecha lejana para llevar a cabo su reinstalación, ordenada en el laudo que le fue favorable, pues en su opinión, ello constituía una tardanza excesiva de proveer adecuadamente. Por su parte, el Juez Federal negó la suspensión provisional, al considerar que de concederse, los efectos dejarían sin materia una eventual sentencia protectora, dado que la restitución que aquél solicita coincidiría exactamente, en su caso, con los del fallo protector. ********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al artículo ********************47 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión o abierta dilación de ejecutar un laudo en breve término.********************Justificación: Lo anterior es así, pues de la tesis de jurisprudencia ********************a./J. 70/2********************9 (********************0a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." y del artículo ********************47 de la Ley de Amparo, se advierte que es factible conceder la suspensión provisional de los actos de naturaleza omisiva, por lo que puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con efectos positivos o negativos. Por tanto, de un análisis ponderado del derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones firmes, derivado del artículo ********************7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente a la abierta dilación de cumplimentar un laudo en breve término, se concluye que debe concederse la suspensión provisional para que cese la omisión de la autoridad responsable, a efecto de que señale una nueva fecha para reinstalar a la parte quejosa en cumplimiento del laudo firme. Sin que la consideración de que el acto reclamado se ha consumado por haber transcurrido la fecha original fijada para la reinstalación del quejoso, o que la concesión de la suspensión dejaría sin materia el juicio, sea un argumento válido para negar la medida cautelar, pues desde una apreciación material, el acto reclamado en realidad la constituye una abierta dilación u omisión de cumplimentar el laudo en breve término, que sigue generando un impacto presente y actual en la esfera jurídica del quejoso, y el hecho de que mediante la concesión quede sin materia el juicio, es una situación que sucede en una diversidad de ocasiones en amplio grado (por ejemplo, en asuntos de derecho familiar, actos de peligro de privación de la vida, de la libertad fuera de procedimiento judicial, actos de incomunicación, tortura y, en general, actuaciones que puedan consumarse en forma instantánea), de modo que resultaría injustificado que ese hecho impidiera la emisión de las medidas cautelares para la tutela efectiva de los derechos humanos en el juicio de amparo."********************Por el momento es innecesario condicionar el otorgamiento de la suspensión, acorde al artículo ********************32 de la Ley de Amparo, debido a que se traduce en ordenar a la autoridad responsable que provea sobre el escrito de la quejosa.****************************************Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución ejecutoria que en cuanto al fondo del asunto se pronuncie.****************************************Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, debido a que la controversia incidental se configura con lo expresado en la demanda de amparo sobre los efectos para los cuales se pide la medida cautelar y con los informes previos rendidos por las responsables. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en esta resolución incidental.****************************************Es aplicable la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA DECRETARLA EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE LOS ALEGATOS FORMULADOS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO."********************Por lo expuesto y fundado, se:********************RESUELVE********************ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ********************, por las razones expresadas en el apartado IV de esta resolución.********************Notifíquese por lista.
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