Aurelia Hernandez Barrios
Expediente 391/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Aurelia Hernandez Barrios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación que antecede, se advierte que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido, sin embargo, se omitió proveer respecto el destino que debe darse a los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que derivan del mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de proveer lo relativo a los cuadernos de referencia. Destino de cuadernos incidentales Incidente original. En ese sentido, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva; el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, como lo estipula el artículo 21 inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, una vez concluido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Incidente duplicado. Con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido acuerdo el cuaderno duplicado es DESTRUIBLE, en el lapso de seis meses.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término de diez días previsto en el numeral 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley en comento, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales conducentes. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se compute el término relativo a la autoridad responsable y a la tercera interesada, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Hágase las anotaciones correspondientes en la caratula de este expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado Armando Gómez Centeno, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese únicamente para que obre como constancia el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, remite copia certificada de las constancias relativas a la audiencia de veintisiete de septiembre del año en curso y notificación realizada a las partes, pues en el presente juicio se decretó el sobreseimiento. En otro aspecto, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada Selene Vázquez Sánchez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.SVS/chf
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA ESTA DETERMINACIÓN A LA QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando la parte quejosa exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con número de registro 184572, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, con número de registro 173878, que a continuación se inserta: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado, por lo que no existe materia El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando no exista el acto reclamado. De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el quejoso reclama por parte de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, haber señalado las trece horas del once de noviembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por la parte demandada en el incidente de liquidación de laudo tramitado en el juicio laboral 202/2016 de su índice. Hechos con los cuales considera que se vulnera en su perjuicio el derecho contenido en el artículo 17 de la Carta Magna. Igualmente, se obtiene que mediante oficio recibido en este órgano el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable rindió su informe justificado, manifestando la negativa del acto reclamado y remitió copia certificada del acuerdo de siete de septiembre del año en curso, se fijó las diez horas del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial contable, dentro de los autos del expediente laboral de origen Cabe destacar que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad el nueve de septiembre de dos mil veintiuno y fue recibida por este órgano jurisdiccional el mismo día y el auto del que se duele la quejosa, se dictó el siete de septiembre del año en curso; empero, ésta aún no se había hecho del conocimiento al solicitante del amparo, por lo que dicha circunstancia constituía un aspecto fundamental que consagra el derecho de justicia pronta. Lo anterior, es acorde a los criterios que sobre el derecho de petición, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, han establecido en la jurisprudencia número XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2167: de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." De la jurisprudencia transcrita se advierten los siguientes criterios en torno al derecho de petición: I) La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; II). La respuesta la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición, y; III) la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. En ese tenor, no debe olvidarse que la falta de contestación a un escrito y en su caso la falta de notificación de la respuesta de la autoridad es un acto omisivo, que se prorroga en el tiempo de momento a momento, por lo que deben cumplirse tales características para tener por no vulnerado el derecho de petición. Es así que, de las constancias anexas al informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se acordó lo conducente respecto a la solicitud de la quejosa de justicia pronta, copia certificada que anexó a su informe justificado. Medios de convicción que hacen prueba plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de documentales expedidas por funcionario público legalmente autorizado en ejercicio de sus funciones. Ahora, de las constancias que obran en autos, se observa que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional tuvo por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con el que, en acatamiento a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la parte quejosa; proveído que le fue notificado a través de lista el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, surtiendo efectos el veintiocho siguiente; fecha a partir de la cual, legalmente se considera que la peticionaria del amparo tuvo conocimiento del informe justificado rendido por la responsable, el que se integra con las constancias remitidas por ésta como sustento, y por tanto, tuvo conocimiento de la determinación de siete de septiembre del año en curso, que dictó el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí. Apoya lo anterior, la interpretación que ha hecho la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la manera en que la autoridad puede dar cumplimiento a la obligación de comunicar a los solicitantes la respuesta a su petición, plasmada en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 164/2008, publicada en la página 874, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, marzo de 2009, en la que la Sala estimó que cuando la autoridad señalada como responsable hace del conocimiento del quejoso el acuerdo emitido en respuesta a la petición que le fue solicitada durante la secuela procedimental del juicio de amparo, se tiene por satisfecho el requisito en estudio, en la medida en que la parte quejosa, a través del presente juicio, tiene conocimiento de la respuesta dada por las autoridades responsables; y ello es tan contundente que inclusive, está en posibilidad de ampliar la demanda en relación con la respuesta emitida. Sobre la eficacia de que se haya notificado a la parte quejosa de la respuesta dada a sus peticiones durante la tramitación del juicio de amparo, lo que incluso sustituye la obligación de la autoridad de ser ella quien lo haga del conocimiento del quejoso, resulta ilustrativa, por las razones que la informan, la jurisprudencia 36/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, Mayo de 1999, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." También ilustra lo considerado, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada con el número XXI.2o.16 K, en la página 1081, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias. Por tanto, en la especie debe considerarse que aun cuando la autoridad responsable -Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí- no haya realizado la notificación a la quejosa de la determinación de siete de septiembre de dos mil veintiuno -que recayó a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de este año, y cuya omisión de respuesta aquí reclamada por la peticionaria del amparo-, al haber tenido conocimiento de tal resolución por habérsele notificado en el presente juicio de amparo el informe justificado rendido por la responsable, el que como se indicó, incluye las constancias remitidas como sustento, entre las que se encuentra la resolución antes referida, en el caso debe considerarse que sobrevino la causa de improcedencia citada, pues se constituyó una situación idéntica a la que habría existido como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular restituyendo al quejoso en el goce de la garantía violada, y bajo ese supuesto, sería ocioso entrar al estudio de la constitucionalidad o no de un acto que ya no está surtiendo efectos, pues es claro que tal actuar de la responsable ya no puede afectar la esfera jurídica del impetrante de amparo, por haber desaparecido de manera inmediata, total y sin condición el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo. Lo anterior, permite constatar la inexistencia del acto reclamado, al momento en que se promovió el presente juicio de amparo. Al caso tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 registro 206346; emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15; del rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Igualmente, se cita en lo conducente, la tesis IV.3o.72 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, registro 213793; visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, de la Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, que dice: JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado Cenobio Guerrero Mata, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
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