Aurelia Hernández Acosta
Expediente 541/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Aurelia Hernández Acosta
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de junio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentada por Aurelia Hernández Acosta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 541/2022-I, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO: Ahora bien, el que suscribe considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" El origen legislativo de dicho precepto legal se basó en la consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada, constituyéndose con esto uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de promoverse el juicio constitucional debe agotarse el diverso juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante el cual pueda impugnarse el acto de autoridad que se reclama en el amparo, sin que con esto se violenten derechos fundamentales de los justiciables. Afirmación que encuentra sustento en la tesis I.4o.A.6 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1488, Libro XV, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que reza: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna." De esta manera, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales correspondientes deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, previamente a acceder a la justicia federal, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución General de la República, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente del amparo, señala como acto reclamado el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del juicio ordinario civil 193/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Tierra Blanca, Veracruz, que admite la contestación de demanda efectuada por la aquí quejosa, da tramite a la demanda en reconvención propuesta y niega las medidas cautelares solicitadas (actos de los que se duele la quejosa). Explicado lo anterior, tenemos que en el caso que nos ocupa no se observó el principio de definitividad, ya que existe la posibilidad de acudir ante el juez de origen a ejercitar o agotar el medio de impugnación correspondiente, toda vez que el propio ordenamiento adjetivo civil, en su artículo 509 establece que el recurso de apelación procede en contra aquellos autos que pueden causar un efecto irreparable en el dictado de la sentencia. En este orden de ideas, se estima que la resolución que se combate, constituye un acto de imposible reparación, toda vez que, en él se materializa la forma obtener ingresos para su subsistencia; por tanto, los efectos y consecuencias jurídicas, no pueden retrotraerse con la sola emisión de la sentencia definitiva, porque el objetivo de la medida cautelar es salvaguardar los derechos del solicitante, en este caso, los patrimoniales. En razón de lo anterior, este resolutor estima que el auto de diecinueve de mayo del año en curso, es impugnable mediante el recurso de apelación, pues dicho acto es de imposible reparación; por tanto, sí existe un medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado, como lo es el recurso de apelación el cual tiene por objeto revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.11o.C.162 C (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima época, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2387, registro digital 2023331, de rubro y texto siguientes: MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN EL JUICIO CIVIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O NO ACUERDA DE CONFORMIDAD SU SOLICITUD, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIAMENTE A LA APELACIÓN PREVENTIVA DE TRAMITACIÓN CONJUNTA CON LA INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por el Juez, consistentes en la negativa de imponer las medidas cautelares o providencias precautorias solicitadas; el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo al estimar que no agotó el principio de definitividad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que contra la resolución dictada dentro de un juicio civil, que desecha o no acuerda de conformidad la solicitud de una medida cautelar o providencia precautoria, la quejosa no está obligada, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, a interponer el recurso de apelación, pues conforme a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dicho recurso procede en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva, por ende, resulta ineficaz para salvaguardar a la quejosa los derechos que estima infringidos. Justificación: Lo anterior, porque si contra la resolución que desecha la solicitud de una medida cautelar o providencia precautoria procede el recurso de apelación, al no ubicarse en el catálogo previsto en el artículo 692 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, entonces, deberá sustanciarse conforme a los artículos 692 Ter y 692 Quáter del mismo ordenamiento; esto es, la apelación deberá tramitarse en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva. Lo que implica que el recurso de apelación contra la denegación de las medidas cautelares o providencias precautorias solicitadas se resolverá hasta que el tribunal de alzada se pronuncie sobre la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva en el juicio respectivo. Esto es, hasta que se dicte sentencia definitiva de segunda instancia es que se resolverá sobre la procedencia o no de la referida medida cautelar; momento procesal en el cual, de resolverse el fondo de la controversia, ya no sería procedente acordar sobre la medida cautelar, pues ésta sólo puede decretarse en tanto no se dicta sentencia firme. Ello, porque conforme al artículo 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, hay cosa juzgada cuando las sentencias causan ejecutoria y, entre otras, causan ejecutoria por ministerio de ley las sentencias dictadas en segunda instancia. Lo que produce la ineficacia del recurso de apelación y, por ende, la quejosa no se encuentra obligada a interponerlo previamente al juicio de amparo. Ello, pues aunque en principio el recurso de apelación es el idóneo para obtener la revocación o modificación del auto por virtud del cual no se acordó de conformidad la medida cautelar solicitada, dicho recurso no resultaría eficaz para tutelar y restituir íntegramente los derechos que estima infringidos la parte quejosa, pues es evidente que por la forma en que se sustancia y el momento procesal en el que se resuelve dicho recurso, propicia que la presunta violación que mediante éste se hiciera valer, quedara irreparablemente consumada. Lo anterior, pues se tramitaría todo el juicio hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva, sin que el tribunal de alzada resuelva sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, lo que evidentemente impediría que, de ser procedente ésta, su otorgamiento tutele los derechos que el solicitante pretendió salvaguardar a través de ella. Además, las medidas cautelares o providencias precautorias sólo se pueden solicitar y resolver en tanto en el juicio no se dicte sentencia firme, y es evidente que si la apelación preventiva se resuelve en forma conjunta con la que se interpone contra la sentencia definitiva, si en ésta se resuelve el fondo de la controversia, ello propiciaría que ya no pudiera otorgarse dicha medida cautelar. Con lo que quedaría irremediablemente consumada la afectación a la esfera jurídica de la quejosa, sin posibilidad de repararse; ello, porque ya no sería posible que el tribunal de alzada resolviera sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada; de ahí que aun cuando ésta eventualmente fuera procedente, ya no podría ser decretada ni surtir los efectos para los que fue solicitada si en el juicio ya se resolvió, en sentencia firme, la controversia planteada. En consecuencia, aunque sea idóneo el recurso de apelación en efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva, no es eficaz para salvaguardar íntegramente los derechos que la quejosa estima infringidos con motivo de la denegación de la medida cautelar que solicitó y, por tanto, no se encuentra obligada a interponer el referido recurso en contra de dicha resolución, antes de promover el juicio de amparo indirecto." Tal criterio establece que no basta con que un acto sea irreparable para inobservar el principio de definitividad, pues la excepción a dicho principio opera cuando el acto reclamado no pueda ser impugnado mediante un medio ordinario de defensa, por su inexistencia, o que existiendo no resulte idóneo para combatir sus efectos. Por lo cual, en el caso no existe excepción al principio de definitividad; y se hace exigible la interposición del medio ordinario de defensa para la procedencia del juicio constitucional, y al respecto resulta aplicable por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, Febrero de 2002, página 871, registro digital 187764, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Sentado lo anterior, la promovente al no interponer el recurso de apelación en contra del acuerdo reclamado, incumplió con el principio de definitividad, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizada con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Pedro Victorino López Piedra, Karla Aricel González Ruiz, Daniel Espinosa González, Mario Hernández Nolasco y Víctor Michel López Piedra, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el registro de su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada en la página electrónica respectiva, con dirección: www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/index, registro que se considera suficiente para tenerlo por autorizado y solo para oír y recibir notificaciones a las personas restantes por así haberlo solicitado ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Asimismo, téngasele solicitando la consulta de expediente electrónico en el presente asunto; en ese sentido, se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar a la usuario "VICTORINO", para que pueda accesar y consultar vía electrónica lo relativo al juicio de amparo en que se actúa. A su vez, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada al usuario "VICTORINO", por así haberlo pedido. DATOS PARA CONTACTO Por otra parte, téngasele a la promovente proporcionando los correos electrónicos y números telefónicos que indica para contacto en este asunto, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las restantes partes a fin de que se sirva proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde pueda ser localizada, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las demás partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. INEXISTENCIA AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelve(n) el(los) oficio(s) con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo(s) a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) destinataria(s) por inexistencia de la(s) misma(s), se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella(s), y en su oportunidad se tendrá(n) por inexistente(s), lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la(s) autoridad(es) en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s), que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le(s) será(n) notificadas por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le(s) notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese electrónicamente a la promovente.
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