Aurelia García Cruceño

Expediente 190/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
190/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Aurelia García Cruceño

Actuaciones

  1. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL ESCRITO DE *****, AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DE LA PARTE QUEJOSA, PERSONALIDAD QUE TIENE RECONOCIDA EN AUTOS, POR MEDIO DEL CUAL PROMUEVE INCIDENTE DE NULIDAD EN CONTRA DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE RECAYÓ AL PROVEÍDO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO EN ESTE ASUNTO. COMPETENCIA LEGAL ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA EMITIR EL PRONUNCIAMIENTO RELATIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 321 , 332 FRACCIÓN IV, 353 , 374 Y 665 Y 686 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIRTUD QUE LA NOTIFICACIÓN IMPUGNADA FUE PRACTICADA EN EL PRESENTE SUMARIO CONSTITUCIONAL ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DEBEN ANALIZAR LOS VICIOS PROPIOS DE LA NOTIFICACIÓN Y LOS DE LA FORMA EN LA QUE SE HUBIERE ORDENADO; ESTO ES, SI SE REALIZÓ O NO, EN TÉRMINOS DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 24 7 , 25 8 , 26 9 , 2710, 2811, 2912, 3013 Y 3114 DE LA LEY DE AMPARO. EN VIRTUD QUE LA PARTE INCIDENTISTA ADUJO QUE LA FORMA EN QUE SE ORDENÓ NOTIFICAR NO FUE LA CORRECTA, ADEMÁS DE QUE TILDÓ DE ILEGAL LA NOTIFICACIÓN PRACTICADA POR EL ACTUARIO ADSCRITO POR LA VÍA ELECTRÓNICA, POR EVENTUALES VICIOS PROPIOS, ES INDUDABLE QUE EL INCIDENTISTA LOS CONTROVIERTE, AUNADO A LA FORMA EN QUE SE ORDENÓ. POR ELLO, LA MATERIA DE LA LITIS A RESOLVER EN EL PRESENTE INCIDENTE ES DETERMINAR SI FUE LEGAL O NO LA ORDEN DE NOTIFICAR DICHO ACUERDO VÍA ELECTRÓNICA, O EN SU CASO, HABER ELEGIDO UNA NOTIFICACIÓN EN FORMA PERSONAL A LA DIRECTA QUEJOSA. A CRITERIO DE ESTE JUZGADO FEDERAL SON INFUNDADOS E INOPERANTES LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR LA INCIDENTISTA, POR LAS RAZONES QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN. ESENCIALMENTE, EL QUEJOSO A TRAVÉS DE SU AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, ****. AHORA BIEN, LA REGULACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES EN LOS JUICIOS DE AMPARO ESTÁ PREVISTA EN EL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE AMPARO, QUE COMPRENDE DE LOS ARTÍCULOS 24 A 32; Y ESPECÍFICAMENTE, LAS NOTIFICACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN FORMA PERSONAL, VÍA ELECTRÓNICA Y POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 26, 27, 29 Y 30 DE LA LEY DE LA MATERIA. DE LOS REFERIDOS NUMERALES 26 Y 27 SE DESPRENDEN LOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS EN QUE LAS NOTIFICACIONES SE EFECTÚAN EN FORMA PERSONAL, ASÍ COMO LAS REGLAS QUE EL ACTUARIO JUDICIAL DEBE OBSERVAR AL PRACTICARLAS. POR SU PARTE, DE LOS INVOCADOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE LA LEY EN CITA, SE ADVIERTEN LAS REGLAS A LAS QUE SE SUJETARÁN LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRACTIQUEN POR MEDIO DE LISTA Y VÍA ELECTRÓNICA; SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE PRECISAR QUE EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA (FOJAS 3 Y 30/06/23 20:13:17 4) QUE ORIGINÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, LA PARTE QUEJOSA ****, EXPRESÓ:**** EN TORNO A LO ANTERIOR, DEBE DECIRSE QUE CONFORME QUE EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO, QUE ESTABLECE LAS FORMAS EN QUE SE DEBE DE NOTIFICAR A LAS PARTES EN UN JUICIO DE AMPARO, ÉSTAS NO OPERAN POR EXCLUSIÓN, SINO QUE DEBE DE PREVALECER UNA VÍA DE ENTRE LAS QUE SEÑALA DICHO PRECEPTO LEGAL. LUEGO, ATENTO A ELLO, ASÍ COMO A LO PETICIONADO POR LA PARTE QUEJOSA, SE ORDENÓ NOTIFICAR EL REFERIDO PROVEÍDO Y LOS SUBSECUENTES, INCLUSO LOS DE CARÁCTER PERSONAL, A TRAVÉS DE LA VÍA ELECTRÓNICA, PORQUE ASÍ FUE SOLICITADO Y CONTAR CON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA ELLO, COMO ES LA FIRMA ELECTRÓNICA Y USUARIO REGISTRADO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LO ANTERIOR, EN RAZÓN DE QUE JURÍDICAMENTE NO SE PUEDEN REALIZAR LAS NOTIFICACIONES POR DOS VÍAS, COMO LO PRETENDÍA EL QUEJOSO. A LO ANTERIOR, DEBE SUMARSE LA GRAVE SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PAÍS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS COVID-19, Y A LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA PARTE QUEJOSA ESTÁ PRIVADA DE SU LIBERTAD PERSONAL Y SE PRESUME QUE IMPLICARÍA UN ALTO RIESGO A LA POBLACIÓN AHÍ RESGUARDADA EL MÍNIMO CONTACTO CON PERSONAL EXTERNO, AUNADO A LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS OFICIALES (NOTIFICACIONES PERSONALES, ETCÉTERA). DE AHÍ, QUE EN ESE ACUERDO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO SE ORDENÓ NOTIFICAR VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y, SE TUVO POR HECHA EL DIECISÉIS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AL TRANSCURRIR EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ORDINAL 3015, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. ASÍ, ESTE JUZGADO DE DISTRITO ATENDIÓ EXPRESAMENTE A LA SOLICITUD FORMULADA POR LA SOLICITANTE DE LA TUTELA CONSTITUCIONAL, RELATIVA A QUE SE LE NOTIFICARA VÍA ELECTRÓNICA, PUES ASÍ LO MANIFESTÓ EXPRESAMENTE EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA; POR LO QUE QUEDA EVIDENCIADO QUE SÍ EXISTE SU AUTORIZACIÓN PARA TAL EFECTO. EN ESE ORDEN DE IDEAS, SI EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE LA PETICIONARIA DE LA TUTELA CONSTITUCIONAL, SE ORDENÓ NOTIFICAR VÍA ELECTRÓNICA EL AUTO DE TRECE DE AGOSTO ANTERIOR, RESULTA INCONCUSO QUE LA NOTIFICACIÓN ORDENADA POR ESTE JUZGADO VÍA ELECTRÓNICA SE AJUSTÓ A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE AMPARO. MÁXIME QUE, POR CUANTO HACE A LAS NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA, NO SE HACE UNA DISTINCIÓN PARA EFECTUARLAS DE OTRA FORMA CUANDO SE TRATE DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA, PREVENCIÓN O DESECHAMIENTO, SINO QUE DEBE ATENDERSE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ORDINAL 30 DE LA LEY DE AMPARO. DE TAL FORMA, QUE LA IMPETRANTE DE AMPARO A TRAVÉS DE SU AUTORIZADA, QUIEN CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) ESTÁ OBLIGADA A INGRESAR AL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TODOS LOS DÍAS Y OBTENER LA CONSTANCIA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS A PARTIR DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LA HUBIERE ENVIADO; DE LO CONTRARIO SE TENDRÁ POR HECHA LA NOTIFICACIÓN. EN ESE SENTIDO, ES EVIDENTE QUE LA NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA QUE RECAYÓ AL PROVEÍDO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, MATERIA DE ESTA INCIDENCIA, SE ENCUENTRA APEGADA A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, PUES SE REALIZÓ CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO. MÁXIME QUE DICHA PARTE PROCESAL TAMPOCO EXHIBIÓ PRUEBA DOCUMENTAL FEHACIENTE DE LA QUE SE ADVIERTA ALGÚN TIPO DE ERROR O FALLA EN EL SISTEMA QUE ACREDITE SU DICHO, PUES LAS IMPRESIONES QUE ADJUNTÓ NO REFLEJAN DATO OBJETIVO ALGUNO QUE SE TRATE DE UNA FALLA PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE ESTE ASUNTO, NI LA HORA Y DÍA DE CONSULTA DEBIDAMENTE ACREDITADA. DE AHÍ QUE RESULTEN INFUNDADAS LAS MANIFESTACIONES DE LA INCIDENTISTA. POR OTRA PARTE, SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO EN LOS QUE EXPONE QUE EL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SE PERCATÓ QUE DESDE EL ONCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, SE ENCONTRABA VENCIDA SU FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA, Y QUE POR ELLO NO PUDO ENTERARSE OPORTUNAMENTE DEL ACUERDO MULTICITADO, PUES SE REITERA, LA PROPIA QUEJOSA FUE QUIEN SOLICITÓ LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, LO QUE EVIDENCIA QUE ESTABA OBLIGADA A VERIFICAR QUE DICHA FIRMA ELECTRÓNICA SE ENCONTRARA VIGENTE PARA ENCONTRARSE EN APTITUD LEGAL DE INGRESAR AL SISTEMA Y CONSULTAR LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. AUNANDO A LO ANTERIOR, RESULTA DABLE PRECISAR QUE NO HABÍA IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO PARA QUE LA CITADA QUEJOSA, CONFORME LO AUTORIZADO EN AUTO DE TRECE DE AGOSTO ANTERIOR EFECTUARA LA CONSULTA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL PRESENTE ASUNTO A TRAVÉS DEL USUARIO PROPORCIONADO POR ÉSTA, Y EN SU CASO, TAMBIÉN REVISARA LA LISTA, PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES DECIR, CON SUS MANIFESTACIONES VERTIDAS EN EL OCURSO DE CUENTA, LA INCIDENTISTA NO ACREDITA QUE LA NOTIFICACIÓN QUE TILDA DE ILEGAL SE DEBIÓ ORDENAR POR DIVERSO MEDIO AL EN QUE SE PRACTICÓ, PUES RESULTAN AFIRMACIONES GENÉRICAS Y SUBJETIVAS. POR LAS RAZONES EXPUESTAS NO RESULTAN APLICABLES AL CASO LAS TESIS QUE CITA LA PROMOVENTE, DEBIDO A QUE SE REFIEREN Y DESARROLLAN HIPÓTESIS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS CON LA LITIS PLANTEADA EN ESTA INCIDENCIA; ES DECIR, NO SON APLICABLES NI LE FAVORECEN EN ALGÚN SENTIDO, PORQUE NO SE TRATAN DE LOS MISMOS SUPUESTOS QUE ESTE ASUNTO; ADEMÁS, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL TIENE FACULTADES LEGALES PARA EMITIR SUS PROPIAS DETERMINACIONES CONFORME A SU PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL, POR LO QUE LAS RESOLUCIONES DE OTROS JUZGADOS Y TRIBUNALES SÓLO TIENEN CARÁCTER ILUSTRATIVO, CARENTE DE OBLIGATORIEDAD EXCLUSIVAMENTE EN ESTE EXPEDIENTE. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, DEBE CONCLUIRSE QUE LA NOTIFICACIÓN QUE RECAYÓ AL PROVEÍDO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, PRACTICADA ELECTRÓNICAMENTE, FUE REALIZADA LEGALMENTE, EN RAZÓN QUE EL ACTUARIO ADSCRITO A ESTE JUZGADO LA LLEVÓ A CABO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, RESULTA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES PLANTEADO. FINALMENTE, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL NO REALIZA PRONUNCIAMIENTO EN TORNO AL USUARIO QUE PROPORCIONA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, TODA VEZ QUE EN PROVEÍDO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE TUVO AL MISMO PARA TALES EFECTOS. NOTIFÍQUESE DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo firmada por *****, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala de la Independencia del Estado de Guerrero. Registro. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 190/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desecha. Ahora bien, este juzgado federal considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio constitucional, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. En materia penal, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad de una persona; o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de esa situación jurídica se presenta cuando se cumplimenta una de tales etapas en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así, dentro del procedimiento penal una situación jurídica se crea con motivo de la emisión de alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión o de comparecencia, previstas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) Auto de vinculación a proceso, contenido en el numeral 313 del citado ordenamiento legal; y c) Sentencia definitiva, contemplada en el precepto 206 de la legislación de que se trata. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar es que no pueden convergir para el estudio de fondo; toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Así, para que se actualice la causa de improcedencia de trato, es necesario, que se pronuncie una resolución que produzca el cambio de la situación jurídica en que se encontraba la quejosa al momento de promover el juicio de amparo y que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación que define su estatus jurídico; por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. En el caso, se advierte que la parte quejosa se duele de los actos reclamados consistentes en: a) La omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la procedencia del procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada. b) La omisión de velar por los derechos fundamentales de la quejosa en cualquier etapa del proceso. c) La omisión de actuar bajo un estándar de carácter reforzado de la debida diligencia al tratarse de una mujer perteneciente a una comunidad indígena. Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que ya se le dictó sentencia a la impetrante. Por tanto, el dictado de la sentencia conlleva a concluir que opera un cambio de situación jurídica por virtud del cual deba considerarse consumada irreparablemente los actos reclamados, pues no es factible analizarse su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica generada por le ejecutoria de mérito. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***. En apoyo a las aseveraciones que preceden, se invocan los siguientes criterios: Tesis XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Materias Común, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Tesis XCVII/89, sustentada por la Tercera Sala, del Máximo Tribunal del País, visible en la página 314, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR, EN CASO DE SUSTITUCION DE UNA ETAPA PROCESAL POR OTRA EN UN JUICIO PENAL. Si la situación jurídica que impera para el recurrente en la época que solicita el amparo, depende de los efectos y consecuencias de un auto de formal prisión, los cuales desaparecen al ser sustituidos por los efectos y consecuencias de la sentencia que se dicta en el proceso penal, aun cuando en ambos casos resulta privado de su libertad personal, en cada uno lo es por motivos diversos, por lo que opera un cambio de la situación jurídica precedente, lo que lleva a concluir que se consumaron de manera irreparable las violaciones reclamadas, provocando la improcedencia del juicio de garantías, en los términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este juzgador que se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia emitida en el juicio natural, ante la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con sede en Iguala, toda vez que el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la sentencia que se emita en el recurso de apelación tendrá como finalidad confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, o bien ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma, por la cual se considera que dicho medio de impugnación es el pertinente para impugnar dicha resolución, pues se encuentra instituido expresamente por la ley adjetiva y regido por un procedimiento para su tramitación, con el que puede invalidarse o modificarse los actos reclamados pues estos guardan relación con la ejecutoria emitida en la carpeta de investigación 1206038010148402019, del índice del juez responsable. Autorizado. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y únicamente para oír y recibir notificaciones a ****, por no contar con dicho requisito. Notificaciones electrónicas. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de amparo, en relación con el numeral 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, háganse las notificaciones a dicha parte procesal vía electrónica; por así haberlo solicitado. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en el que se encuentra interno y el diverso ubicado en la Ciudad de México; lo anterior, dado que en párrafos que anteceden se proveyó su solicitud en el sentido de que las notificaciones se le realicen vía electrónica; además, que el segundo de los mencionados se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los numerales 34 y 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta de este asunto vía electrónica bajo el usuario "***", para tal efecto, se ordena realizar tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se tiene correo electrónico de contacto. Finalmente, con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se tiene como correo electrónico el siguiente ****, a efecto de establecer contacto respectivo con la promovente en los casos en que se estime necesario; lo anterior, para los efectos legales conducentes; sin que haya lugar a tener dicha cuenta electrónica para oír y recibir notificaciones toda vez que la Ley de Amparo, no contempla las notificaciones por dicha vía. Medidas de seguridad al momento de realizar la notificación del presente proveído. Se exhorta al actuario judicial adscrito que al momento de realizar la notificación, deberá proceder en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, a fin de resguardar su integridad y salud, y de las personas justiciables. De igual forma, se le solicita acate el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención de Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), en términos de lo indicado en el artículo 2, fracción XIV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Asimismo, se destaca que conforme al punto 12, de la Circular SECNO/7/2020, de siete de mayo de dos mil veinte, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el Portal de Servicios en Línea existe un apartado que contiene el listado de autoridades con las que se tienen celebrados convenios de interconexión para las notificaciones que deban efectuarse por medio de oficio. Por otra parte, dispone del concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales, para efectos de que sean confirmados para la práctica de notificaciones que pueden realizarse en términos de lo dispuesto de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias mediante. Se hace del conocimiento a los litigantes que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En los inmuebles del Poder Judicial Federal se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos establecidos para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a los inmuebles del Poder Judicial Federal deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada de conformidad con los mecanismos previstos en los artículos 3 o 6, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Aviso de transparencia. Finalmente, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Expediente electrónico. Ahora, conforme con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye el oficial de partes, a los oficiales administrativos y demás personal de este Juzgado de Distrito que tenga intervención en la formación de este expediente, para formar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Igualmente, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; de igual forma, tampoco se digitalizarán las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano de control constitucional, deba guardarse sigilo con relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como las constancias que por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; constancias que quedan a disposición de las partes para su consulta, salvo aquéllas sobre las que resulte imposible su consulta en términos de la Ley de referencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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