Aurelia Cortez Alonzo
Expediente 1107/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aurelia Cortez Alonzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, específicamente, la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyanse el juicio y el cuaderno único del incidente de suspensión. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Habida cuenta que el pasado cinco de octubre de este año, se dictó sentencia en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; intégrese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite a este juzgado el oficio 934/2023-II, suscrito por el agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Dos en Zacapu, Michoacán, con el que en cumplimiento al requerimiento formulado el cinco de ese mes, informa lo relativo a la denuncia por escrito formulada por los quejosos. Toda vez que al comunicado de cuenta se anexa, además, el diverso oficio ********************, previo su registro en Oficialía de Partes, acuérdese lo relativo a él en el incidente de suspensión derivado de autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.Ángel/*
- Incidental
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta propia fecha en el juicio principal y considerando que el pasado veintidós de septiembre se dictó sentencia en la que se determinó negar a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado; intégrese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por el agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Dos en Zacapu, Michoacán, con el que en cumplimiento al requerimiento formulado el cuatro de ese mes, adjunta en copia certificada la denuncia por escrito formulada por los quejosos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1107/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Dos en Zacapu, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado con el número 17724, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y hace constar que las demás partes no formularon alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado presentando pedimento, mismo que se tomará en consideración al momento de resolver el presente asunto y precluye el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se concluye la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en este Juzgado de Distrito, Aurelia Cortez Alonzo y Neftalí Delgado Cortés, por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y del agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Dos con sede en Zacapu, Michoacán, en los términos siguientes: - La falta de recursos necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la procuración de justicia; y, - La omisión de dar inicio y trámite a los actos de investigación derivados de la denuncia presentada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Segundo. Por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclaman actos omisivos provenientes de autoridades con residencia en esta ciudad y en Zacapu, Michoacán, lugares donde este juzgado ejerce jurisdicción. También, sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y tesis de jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: - La falta de recursos necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la procuración de justicia; y, - La omisión de dar inicio y trámite a los actos de investigación derivados de la denuncia presentada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Tercero. Al momento de rendir sus informes justificados las autoridades responsables, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Lo anterior, se robustece con las documentales que allegó a esta instancia constitucional el agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Dos con residencia en Zacapu, Michoacán, las cuales adquieren valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza de públicas. Documentales de las que se advierte que el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la mencionada autoridad responsable agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Dos con residencia en Zacapu, Michoacán, registró con el número de caso consecutivo 1005202333408 y dio inicio al expediente ZAM/107/00389/2023, derivado de la denuncia penal formulada por los aquí quejosos Aurelia Cortez Alonzo y Neftalí Delgado Cortés, por el delito de robo en contra de imputado desconocido. Constancias de la cuales también se advierte que el agente responsable giró los oficios correspondientes para la integración de dicho expediente. Por tanto, es claro que al momento de presentación de la demanda en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad (veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés) no existían los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, pues ya se había iniciado y ordenado el trámite de la denuncia presentada por los quejosos el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aurelia Cortez Alonzo y Neftalí Delgado Cortés, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
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