Aurelia Ancheyta Cruz
Expediente 795/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/07/2016
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal, Tijuana, Baja California
- Aurelia Ancheyta Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial que antecede que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, y con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dése aviso a la autoridad responsable, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el dieciocho de julio de dos mil veintiuno. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el dieciocho de julio de dos mil veintiuno, debiéndose conservar únicamente el acuerdo de once de mayo de dos mil dieciséis, por el cual se concedió la suspensión provisional solicitada. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; por lo tanto, se fija como fecha probable para su destrucción el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico de Toluca, en el Estado de México, el dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa.
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SE RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...
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Agréguese a los autos el pedimento 250/2016, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, y respecto a su contenido, téngasele formulando los alegatos de su parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de hacer nueva relación del mismo en la audiencia constitucional. Ahora, en relación con la solicitud de que le sean expedidas copias de la sentencia que se emita en el presente juicio de amparo, por el momento no es procedente expedirlas hasta en tanto se dicte la misma e insista en su petición. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe con justificación rendido por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, con el que se dio vista el veintisiete de mayo del presente año. En mérito de lo anterior, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, para su celebración.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por la autoridad responsable mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En relación con la prórroga que solicita, no es procedente acordar de conformidad, por virtud de que su concesión es potestativa y no obligatoria para el que suscribe, en términos de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; además, al haberse reclamado la constitucionalidad del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, su existencia no se encuentra sujeta a prueba, al constituir un hecho notorio, por encontrase publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; sin embargo, queda expedito su derecho para de considerarlo conveniente, allegue al presente juicio de amparo las constancias a que se refiere en el oficio que se atiende. Encuentra sustento a la anterior consideración la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por último, se le tiene designando como delegados a los profesionales que refiere en su oficio, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.
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