Aura Díaz Aquino

Expediente 174/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
174/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Aura Díaz Aquino
  • Alejandro Luis Martínez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de julio de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede, se advierte que el uno de julio pasado feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de diez de junio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse sobreseído en el juicio. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo de más de cinco años, contados a partir de la emisión de este acuerdo, el Centro de Documentación y Análisis proceda a la destrucción y depuración del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, respecto de la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Mónica Penélope Rosales Gallegos, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; por medio del cual se tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintisiete de mayo del año en curso, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en relación al convenio celebrado entre los aquí quejosos Alejandro Luis Martínez Martínez y Laura Sánchez Agustín, respecto de los alimentos de la menor de edad de identidad reservada, dentro de los autos del juicio ordinario civil 543/2020, del índice del juzgado de su adscripción. Ahora, del análisis de las referidas constancias, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así, tenemos que, de la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, debe señalarse que de acuerdo a lo expuesto por la parte quejosa dentro de su demanda de amparo, antecedentes y conceptos de violación que la conforman, el acto reclamado en el presente juicio constitucional consiste, en esencia, en la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 543/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que resuelve el recurso de reclamación. Ahora bien, la autoridad responsable remite diversas constancias derivadas del expediente de origen, a las cuales se otorga valor en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°. Así pues, de tales constancias, se advierte que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, aprobó judicialmente el convenio celebrado entre los quejosos Alejandro Luis Martínez Martínez y Laura Sánchez Agustín, respecto de los alimentos de la menor de edad de identidad reservada, dentro de los autos del juicio ordinario civil 543/2020. Lo anterior, pone de manifiesto que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos, ya que con la resolución dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, que aprueba judicialmente ell convenio celebrado entre los quejosos Alejandro Luis Martínez Martínez y Laura Sánchez Agustín, respecto de los alimentos de la menor de edad de identidad reservada, dentro de los autos del juicio ordinario civil 543/2020, del índice del juzgado de su adscripción; las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada que a continuación se cita: PETICION, DERECHO DE. RESPUESTA DADA DESPUES DE PROMOVIDO EL AMPARO. Si se reclama la violación al derecho de petición, y la autoridad afirma en el juicio haber dado contestación a la solicitud del quejoso, mediante oficio cuya copia exhibe ante el Juez, no puede pretenderse que la exhibición de ese documento en el juicio sea una notificación legal del acuerdo recaído a la petición, pues esta conducta de la autoridad deja viva la controversia sobre si se violó, o no, el derecho de petición, y será la sentencia de fondo la que resuelva el problema. Pero en cambio, sí es lícito, y aun deseable, que si la autoridad había omitido contestar en breve término, lo haga al ser promovido el juicio, sin litigar en éste la cuestión, ni esperar a que recaiga sentencia que conceda el amparo al quejoso. Pero debe hacerlo notificando la respuesta por los medios legales procedentes, fuera del juicio de amparo, y sólo acompañar a éste la prueba de que la violación constitucional ha cesado, y de que procede, por ende, sobreseer el juicio, pues sería absurdo en estos casos retener la respuesta hasta que recaiga sentencia, como en el caso anteriormente examinado sería absurdo que la sentencia decidiera si la respuesta se notificó bien dentro del juicio de amparo, dejando al peticionario sin defensa oportuna contra la respuesta dada. Cabe precisar que el hecho de que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, no origina agravio alguno a la peticionaria de amparo ni se le priva del derecho de defensa, ya que al haber quedado sin efectos el acto reclamado las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional y, por ende, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las diez horas del siete de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos de los que se advierte que en proveído de seis de mayo del año en curso, se tuvo informando al 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; que en proveído de veintinueve de abril del año en curso, tuvo por exhibido el convenio efectuado por Alejandro Luis Martínez Martínez y Laura Sánchez Agustín, partes contendientes dentro del juicio ordinario civil 543/2020 del índice de su adscripción, así como por ratificado el mismo, al tenor de la diligencia que se llevó a cabo el veinte de abril de dos mil veintiuno, y con base en lo anterior, dio vista al Fiscal adscrito al Juzgado de su adscripción, por el plazo de cinco días para que manifestara a lo que su interés convenga. En mérito de lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del plazo de TRES DÍAS a que refiere la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado copias certificadas, íntegras y legibles de la resolución emitida al convenio efectuado por Alejandro Luis Martínez Martínez y Laura Sánchez Agustín, partes contendientes dentro del juicio ordinario civil 543/2020 del índice de su adscripción, así como en su caso, del auto en el cual haya causado estado dicha resolución, y de las que tengan relación a dicho convenio, o en su caso informe en impedimento legal que tenga para no hacerlo. Apercibiendo a la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, dentro del plazo previamente establecido para el efecto, en la sentencia respectiva, se le impondrá multa de cincuenta hasta quinientos días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según sea el caso, de conformidad con el artículo 262 fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngase remitiendo diversas constancias, de las que se advierte que en proveído de veintinueve de abril del año en curso, tuvo por exhibido el convenio efectuado por los aquí quejosos Alejandro Luis Martínez Martínez y Laura Sánchez Agustín, partes contendientes dentro del juicio ordinario civil 543/2020 del índice de su adscripción, así como por ratificado el mismo, al tenor de la diligencia que se llevó a cabo el veinte de abril de dos mil veintiuno; con base en lo anterior, dio vista al Fiscal adscrito al Juzgado de su adscripción, por el plazo de cinco días para que manifieste a lo que su interés convenga; en esas condiciones, estese en espera de un plazo prudente a fin de que remita la resolución correspondiente, a fin de acordar lo procedente. Notifíquese en términos de ley.

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