Augusto Seseña Estéban
Expediente 180/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Augusto Seseña Estéban
- Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que sobresee en el juicio de amaro de veintidós de septiembre del presente año, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro parte, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el once de marzo de dos mil veintiuno, y turnado en la misma fecha a este Juzgado, la parte promovente Licenciada Susana Prieto Terrazas apoderada de Augusto Seseña Esteban, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en la localidad, los cuales hizo consistir en: "4.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable, se reclama la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la substanciación del juicio, en términos diversos a los establecidos por la Ley". SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se registró bajo el expediente 180/2021-III-B; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito", por tratarse de un juicio de amparo en el que los actos reclamados se ejecutaron en esta ciudad, lugar donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del juicio, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Es aplicable al tema el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como el criterio sustentado en la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, del análisis al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir en: --- La omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la substanciación del juicio, en términos diversos a los establecidos por la Ley. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en la localidad, niegan la existencia de los actos que les atribuyó la parte quejosa; sin embargo, del contenido se advierte que acepta que se admitió la demandainterpuesta por la hoy trabajadora Augusto Seseña Esteban en autos del expediente laboral 2/15/2925 formado con la reclamación del mismo en contra de la demandada SERVITECHNO, S. DE R. L. DE C. V., y quien resulte responsable de la fuente de trabajo, señalándose en el auto de radicación hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, audiencia ofrecimiento y admisión de pruebas, desahogo de probanzas ofertadas por las partes del presente juicio las cuales fueron calificadas de legales en términos del artículo 880 fracción IV de la legislación laboral, confesionales, inspecciones, testimoniales, oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, probanzas que en su oportunidad fueron desahogadas, por ejemplo acuerdo que data 19 de febrero del año 2018, donde se giró oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitado por la parte actora. Ahora bien, debido a la carga de trabajo que cuenta esta Junta Especial de la Local, acorde a la agenda que maneja la misma no fue posible señalar fecha y hora dentro de los parámetros que establece la Ley Federal del Trabajo, máxime lo decretado en las diversas actas de asamblea extraordinarias de acuerdo de pleno de fechas 22 de marzo, 14 de abril, 1 de mayo, 28 de mayo, 13 de junio debido a la suspensión de las audienciasy términos señaladas por el periodo del 22 de marzo al 29 de junio del 2020, reanudando labores con motivo de la pandemia de Covid 19. En apoyo a su informe justificado, la autoridad responsable descrita, envió copia certificada de las constancias relativas a la emisión de los actos reclamados, medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Pues fueron expedidas por funcionarios públicos en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen e impugnan de inconstitucionales, por ende, se tienen plenamente probados los actos que se reclaman a las autoridades responsables. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". De ahí que se tengan por ciertos los actos de ejecución, atribuidos a la autoridad responsable de referencia. CUARTO. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción constitucional, por ser de orden preferente sobre aquel aspecto, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo y atento a lo establecido en la jurisprudencia ochocientos catorce, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". No obstante la certeza de los actos materia del reclamo, atribuidos a la autoridad responsable, Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en la localidad, el que esto resuelve, estima que se actualiza una causal que da origen al sobreseimiento del sumario en el que se actúa, como a continuación se analizará. En tal sentido, de autos se advierte que por auto de cinco de agosto del año en curso, se previno a la parte quejosa, para que en el plazo de veinte días contados a partir de su legal notificación exhibiera el pago de la publicación de los edictos ordenados, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y también para que compareciera a este Juzgado, dentro de los cinco días que se le concedieron a recoger dichos Edictos ya que pese a las diversas investigaciones realizadas por este Juzgado con el propósito de emplazar a la tercero interesada persona moral SERVITECHNO, S. DE R. L. DE C. V., se ordenó que dicho emplazamiento se realizara por medio de edictos que deberían publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en le República, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa quedó notificada el nueve de agosto del año en curso, por lo que el término de treinta días empezó a contar el once de agosto y feneció el ocho de septiembre del año en curso, sin contar los inhábiles, sábados y domingos, como lo fueron; catorce, quince, veintiuno y veintidós, veintiocho y veintinueve de agosto; así como uno, seis y siete de septiembre de dos mil veintiuno. Por ello, se declara por concluido el plazo de veinte días para que la parte quejosa, exhibiera los recibos de pago de las publicaciones ordenadas en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b) segundo párrafo de la Ley de Amparo, se le tiene por perdido su derecho para exhibir los recibos de pago de las publicaciones de referencia. Lo anterior es así, en virtud de que se ordenó al quejoso que exhibiera ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de veinte días, el recibo de pago de las publicaciones de los edictos ordenados mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, circunstancia que la parte quejosa no acreditó en forma alguna, dentro del plazo descrito. Bajo ese contexto, se estima presente el motivo que hace improcedente el juicio de garantías, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 5º, fracción III y 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de no haber acreditado el pago de la publicación de los edictos ordenados en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en le República, dentro del plazo que para ello se le otorgó -veinte días-, se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo, no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, de tal forma que la omisión de publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Federal, entorpeciéndose la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 25/2015 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 22, del mes de septiembre de dos mil quince, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro 2009915, visible en la página 27, que es del rubro y contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Además se afirma lo anterior, en virtud de que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio agraviado, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional enunciado en el párrafo que antecede, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Sobre el particular, deviene atinente el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 64/2002 emitida dentro de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es vista en la página 211 del Tomo XVI, Julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Como corolario, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del arábigo 61, relacionada con los numerales 5º, fracción III, y 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63, de la Ley de la Materia. Por consiguiente, la causal de sobreseimiento mencionada, como ya se dijo en párrafos precedentes, impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, ya que el sentido del fallo no sólo no obliga a ello, sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Tomo 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de la Materia; se, R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con el considerando Cuarto de la presente sentencia, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por la Licenciada Susana Prieto Terrazas, apoderada de Augusto Seseña Esteban. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no ha sido posible localizar el domicilio en donde pudiera emplazarse a la persona moral tercero interesada SERVITECHNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, señalada en este juicio de amparo con tal carácter. Así, pese a las diversas investigaciones realizadas con dicho propósito a las dependencias a las que se les envió oficio; en consecuencia, como se previno en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno y toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento al mismo en el plazo concedido, se ordena su llamamiento por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación, fijándose además en la puerta de este Juzgado, una copia íntegra de este proveído, por todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndole que si pasa este término y no comparece a este Juzgado, las ulteriores notificaciones, se le harán por medio de rotulón, el que se fijará en las puertas de este Juzgado. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. Por lo tanto, prevéngase a la quejosa, para que, en el término de tres días, contados a partir de su legal notificación, comparezca ante este Juzgado, a efecto de que se le haga entrega de los citados edictos, para los efectos de su publicación, en los cuales deberá hacerse un breve resumen de la demanda de amparo; hágasele saber que dentro de los veinte días siguientes deberá acreditar que gestionó lo necesario para su publicación. Se apercibe al querellante del amparo que para el caso de que no acuda a este Tribunal, en el lapso otorgado a recoger los edictos o de no acreditar la publicación de los mismos en el plazo fijado, se sobreseerá en el presente controvertido constitucional, ello con apoyo en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso.". En tal virtud, tomando en consideración lo anterior, el suscrito Juez Federal, ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy Fe. FSC.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. A sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta. Así, y en atención al oficio con el oficio que signa el licenciado Leonardo Gabriel Gahona Orihuela, representante legal de Teléfonos de México Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en esta ciudad, se le tiene informando que en su base de datos y sistemas relacionados, no se encontró registro alguno a nombre de la moral tercero interesado SERVITECHNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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