Augusto Rivera Apaiz

Expediente 1022/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 38 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1022/2022
Año
2022
Actuaciones
38
Última actuación
02/01/2024

Partes del expediente

  • Augusto Rivera Apaiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Ciudad de México, dos de enero de dos mil veinticuatro. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de quince días para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que declaró cumplido el fallo protector; sin que lo hiciera. Por tanto, se declara que dicho auto ha quedado firme. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se instruye lo siguiente: 1. Conservar el expediente principal, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla la temporalidad de tres años contados a partir de la publicación del presente acuerdo. 3. El presente asunto no es de relevancia documental, puesto que no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el acuerdo general antes referido, para ser considerado como tal. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Apoderada para la defensa jurídica y en representación de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mediante el cual, realiza diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia y remite copias de misivas de la que se advierten las acciones llevadas a cabo al respecto. Finalmente, respecto de las constancias remitidas y restantes manifestaciones relacionadas con las gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento al fallo protector, agréguese sin mayor proveído, toda vez que el catorce de los corrientes se tuvo por cumplido el fallo protector. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogara la vista otorgada en auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el sentido de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha realizara pronunciamiento alguno al respecto, no obstante de encontrarse debidamente notificada como se desprende de la constancia que obra agregada en autos. En consecuencia, y atento a lo señalado en auto de diez de noviembre del presente año, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento a la misma. En ese contexto, es necesario precisar que mediante sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión, para los efectos siguientes: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Augusto Rivera Apaiz, para los efectos de que se precisan en el siguiente considerando. Concesión que se hace extensiva al segundo acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de cancelar y/o suspender de pago del salario, haberes y demás prestaciones quincenales, dado que constituye una consecuencia del emplazamiento declarado inconstitucional en esta resolución. (.) Por lo cual, ante la prohibición constitucional de ser reinstalado en el cargo que desempeñaba, lo que procede es, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como la Jurisprudencia 2a./J. 103/2010, conceder el amparo al quejoso para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: 1. Indemnicen a la parte quejosa con el monto correspondiente a tres meses de salario; más veinte días por año efectivo de servicio, que debe contarse desde la fecha en que inició la relación administrativa hasta aquella en que fue separado de su cargo. En el entendido que si existe disposición legal aplicable que establezca una indemnización mayor, deberá estarse a ésta, conforme a lo establecido en las jurisprudencias 2a./J. 198/2016 (10a.) y 2a./J. 46/2020 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: (.) 2. Realicen el pago correspondiente a las demás prestaciones a que tenga derecho, las cuales consisten en la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios; desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes, salvo que en la normativa aplicable se fije alguna limitante a esa temporalidad o montos; lo cual deberá ser acreditado por las autoridades responsables. (.) 3. La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la parte quejosa, deberá reanudarlo, hasta en tanto no se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones monetarias; quedando vinculada dicha institución de salud a acatar este fallo. Lo anterior, porque si esa era una de las prestaciones a la que tenía derecho, también debe ser incluida para la restitución de los derechos de la parte quejosa; pues si fue injustificada la destitución o separación del quejoso, también es ilegal que se dejara de ministrarle esos servicios de salud, por lo que en vía de reparación, debe restituírsele en el goce del derecho que se le privó con motivo del acto de autoridad; de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: (.) 4. Ordenen la anotación en el expediente personal del quejoso, inclusive el resguardado en el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública, de que fue separado, destituido o cesado de manera injustificada, pero que, derivado de la restricción constitucional establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo. Lo anterior, porque esas anotaciones se traducen en un efecto pernicioso del acto reclamado que deben repararse; como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 55/2016, el seis de julio de dos mil dieciséis, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), de rubro y texto: (.) En el entendido de que al cumplimiento de la ejecutoria de amparo quedan vinculadas todas las autoridades que en razón de sus funciones les corresponda realizar alguna gestión". Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado con el número R.A. 199/2023, el cual fue desechado, por lo que mediante proveido de doce de junio de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, de la revisión a los presentes autos se advierte lo siguiente: Por lo que respecta a los efectos concedidos en la sentencia de amparo marcados con los números "1" y "2", mediante proveído de diez de agosto se tuvieron como fijas las cantidades a entregar a la parte quejosa, previamente señaladas por la parte responsable, siendo las siguientes: $215,772.02 (doscientos quince mil setecientos setenta y dos pesos 02/100 moneda nacional) por concepto de indemnización constitucional, y $209,183.15 (doscientos nueve mil ciento ochenta y tres pesos 15/100 moneda nacional) como las demás prestaciones. Mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso a disposición del quejoso el título de crédito por los conceptos antes señalados dando una cantidad neta de $424,955.17 (cuatrocientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 17/100 moneda nacional), con la cual se ordenó dar vista a la parte quejosa para que se presentara ante las autoridades responsables a recoger dicho título. Sin embargo, no obstante de estar debidamente notificado de lo anterior, el quejoso no ha realizado ninguna manifestación al respecto, y aunado a lo anterior, en proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad informó que la parte quejosa, aun no se presentaba a recoger el título de crédito. Ahora bien, por lo que hace a los efectos concedidos en el punto 3, se advierte que toda vez que el pago ha sido puesto a disposición de la parte quejosa, no obstante que no se acreditó aún que haya sido entregado, la institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la parte quejosa, debió reanudar el citado servicio y seguirá otorgándolo, hasta en tanto no se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones monetarias; quedando vinculada dicha institución de salud a acatar este fallo. Finalmente por lo que hace al punto número 4, en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, la apoderada para la defensa jurídica y en representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México exhibió copia de diversos documentos a efecto de acreditar que se anotó en la hoja única de servicios del quejoso (documento que refiere es el único con que cuenta para demostrar la cancelación de la sanción impuesta), que éste fue destituido de manera injustificada, como se observa a continuación: En ese contexto, con las actuaciones mencionadas, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria, toda vez que las autoridades responsables pusieron a disposición de la parte quejosa el cheque por concepto de indemnización constitucional así como las demás prestaciones a que tiene derecho a recibir el quejoso de la cantidad que fue determinada, y se realizó la inscripción en el expediente del quejoso. Se precisa que no influye en esta determinación que la parte quejosa no se haya presentado haber recibido el título de crédito en mención, dado que la autoridad requerida cumplió con la obligación de ponerlo a su disposición; máxime que el que la parte quejosa se apersone a realizar el cobro correspondiente no es materia de la ejecutoria, pues como se advierte en líneas precedentes, la autoridad responsable acreditó poner a disposición de ésta el documento de valor, siendo su responsabilidad presentarse ante la autoridad responsable y su posterior cobro; ello, pues la concesión del amparo no vincula a la autoridad responsable a verificar si la parte quejosa hizo el cobro de la cantidad que se puso a su disposición, sino que se limita únicamente a devolver la cantidad correspondiente. Por tanto, la conducta de la parte quejosa, en el sentido de no confirmar a este Juzgado si recibió o no el pago correspondiente, no puede condicionar el cumplimiento de la obligación de la responsable. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis III.3o.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, mayo de dos mil cinco, Tomo XXI, Materia Administrativa, página 1455. Registro 2006027 cuyo rubro es: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Con todo lo antes relatado, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, en ese sentido, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa(o en forma electrónica de así haberse acordado.

  4. Principal

    Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la apoderada para la defensa jurídica en representación de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que la parte quejosa no se presentó a recoger el Contra-recibo a las oficinas de la mencionada autoridad. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente, se ordena turnar el presente asunto a la secretaria encargada del cumplimiento del presente expediente, a fin de realizar un estudio pormenorizado de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa y en su momento se dicte el pronunciamiento correspondiente. Notifíquese.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,879 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano