Augusto Ramos González
Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Augusto Ramos González
Actuaciones
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve se otorgó la medida provisional y por resolución de veinticuatro de septiembre del mismo año, se otorgó la suspensión definitiva de los actos reclamados, respectivamente; por lo que deberán conservarse las determinaciones relativas a su otorgamiento. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Mérida, Yucatán, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable, al que anexa diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la Junta responsable de notificar a la parte demandada en autos del juicio laboral 1137/2019 la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y regularizar la fecha y hora señalada para tal efecto. Sin embargo, de las copias certificadas que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que en el juicio reclamatorio laboral 1137/2019 del índice de la Junta a su cargo, el diez de marzo de dos mil veintiuno, se regularizó el procedimiento, y señaló fecha y hora para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, asimismo, el veintiuno y veintisiete de abril del año en curso, notificó a las partes de dicho acuerdo; esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veintiséis de marzo último, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para para el día de hoy a las doce horas con diez minutos. Notifíquese y personalmente.
- Principal
MESA III. Mérida, Yucatán, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 817/2019, para resolver si se ha cumplido o no la sentencia ejecutoriada; y, R e s u l t a n d o: Primero. En dicha sentencia ejecutoriada, se concedió el amparo en contra del acto reclamado a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, consistente en la falta de cancelación del certificado de derechos sobre tierras de uso común número 000000007024 del ejido de Cuncunul, Municipio de Cuncunul, Estado de Yucatán, a nombre de ************** y la expedición y entrega de un nuevo certificado con el nombre correcto del aquí agraviado **************+; en cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente TUA 592/2013, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad. Segundo. Por oficio RAN/YUC/SR/DJ/3439/2020, la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, informó del cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo para que manifestaran lo que a su interés conviniera; y, C o n s i de r a n d o: Único. La parte quejosa no hizo manifestaciones respecto de la vista que se le dio en relación con el cumplimiento dado a dicha ejecutoria. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para cumplir la ejecutoria, los actos que debía realizar la autoridad responsable, serían el siguiente: Realice las gestiones necesarias, respecto al trámite de la materialización y entrega del certificado número 1010435, a favor del quejoso Martiniano Tamay Ydzincab, respecto de las tierras de uso común número 000000007024 del ejido de Cuncunul, Municipio de Cuncunul, Estado de Yucatán, para ello deberá notificarle los trámites realizados, en los términos señalados en el Capítulo VII del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, debiendo remitir a este Juzgado de Distrito la constancia de entrega de dicho certificado que así lo acredite. Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/3439/2020, informó sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto y para acreditarlo exhibió copia certificada del citatorio -recibo de veintidós de octubre de dos mil veinte. Del examen de la documental antes descrita, que merecen pleno valor, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende lo siguiente: En fecha veintidós de octubre de dos mil veinte se entregó a Santiago Manuel Aguilar Puc, apoderado del quejoso, el certificado de uso común relativo número 1010435. De lo anterior, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Por último, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado Federal su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente.
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