Augusto Garcia Pineda

Expediente 513/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
513/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Juez Cuarto de lo Civil En la Ciudad de Mexicali, Baja California
  • Augusto Garcia Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.********************Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que ha transcurrido en exceso el término de tres días otorgado a la parte quejosa, a efecto de cumplir con la prevención formulada mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, y en términos del párrafo cuarto del artículo 88 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, SE TIENE POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN, hecho valer por la parte quejosa en contra de la sentencia de tres de octubre de dos mil dieciocho.****************************************CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA************************************************************Por otra parte, vista la certificación de cuenta, y atento a que la parte quejosa no dio cumplimiento con el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de octubre del año en curso; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de tres de octubre de dos mil dieciocho, que negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes.************************************************************En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo.********************Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme la negativa del amparo y protección de la justicia federal decretada, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden.********************Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado].********************Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se negó la suspensión provisional, y se concedió la suspensión definitiva solicitadas, acorde con el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.********************De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro.********************Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.************************************************************Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.********************Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente.********************También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.********************NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Incidental

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER DEL PROVEIDO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual anexa testimonio correspondiente a la sesión de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada dentro del incidente en revisión civil 371/2018, derivado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 513/2018-1A, interpuesto por la parte quejosa en contra la resolución incidental dictada el diez de agosto de dos mil dieciocho. Por otra parte, por lo que hace a la materia del recurso de revisión, se toma conocimiento que la superioridad resolvió: ".PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva a Augusto García Pineda, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 860/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Mexicali, Baja California. TERCERO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria se concede la suspensión definitiva a Augusto García Pineda, por cuanto hace a los efectos y consecuencias (sic) acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 860/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Mexicali, Baja California." Acúsese a la Superioridad el recibo de estilo correspondiente. SE CONCEDE SUSPENSIÓN DEFINITIVA. En acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, y con fundamento en los artículos 128, 135 y 151 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el único efecto de que sin suspender el procedimiento del juicio especial hipotecario 860/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil, de esta ciudad, se abstenga de ordenar la escrituración y entrega del inmueble hipotecado, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dictó en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión. Asimismo, la suspensión definitiva, surte efectos desde luego, de conformidad con el artículo 136, de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si en un término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al que se le notifique al quejoso AUGUSTO GARCÍA PINEDA, si éste no exhibe garantía en cualesquiera de las formas permitidas por la ley, para efectos de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a terceros, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, moneda nacional), en términos del segundo párrafo del artículo 132, de la Ley de Amparo, al tratarse de la posesión de un bien inmueble. INTEGRACIÓN DE CUADERNILLO En diverso aspecto, intégrese al juicio en que se actúa, el cuadernillo que quedó en sustitución del original, con excepción de las fotocopias obtenidas para abrir dicho cuaderno y destrúyanse las mismas, a fin de no engrosar este expediente excesivamente, conforme al principio de economía procesal. De igual modo, remítase copia certificada del testimonio a las autoridades responsables, a fin de que tengan conocimiento de los lineamientos sobre la medida cautelar decretada por la Superioridad. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mexicali, Baja California, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados por este Juzgado de Distrito, para que tenga verificativo la presente audiencia constitucional, en los autos del juicio de amparo 513/2018-1A, ante la presencia judicial de Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe, procedió a celebrar la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia personal de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las cuales se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Cuarto de lo Civil y Actuario Adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad (obrantes respectivamente a fojas 20 y 21, 150 y 151 de autos). Así como con las constancias de notificación relativas al emplazamiento del tercero interesado BBVA, BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (fojas 155 a 158 de autos). El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados por las autoridades responsables en términos del ordinal 117 de la Ley de Amparo, así como por emplazado al tercero interesado de referencia. Acto continuo, se apertura el período de pruebas, en el cual el Secretario hace relación de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad (fojas 22 a 149), al rendir su informe con justificación. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por admitidos y desahogados dichos medios de prueba, en razón de su propia y especial naturaleza, a fin de ser valorados y tomados en cuenta al momento de resolver el presente asunto. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la cual el Secretario hace constar que no se formularon por ninguna de las partes. El Juez acuerda: Vista la razón del Secretario, y no existiendo pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y se declaran vistos los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. V I S T O S los autos del expediente 513/2018-1A, a fin de resolver en SENTENCIA lo relativo al juicio de amparo promovido por Augusto García Pineda, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Mexicali, el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, ocurrió en demanda de amparo la parte quejosa contra actos de las autoridades señaladas como responsables. Segundo. No se transcribirán los actos reclamados por la parte quejosa, en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción en la sentencia, pues no constituye elemento de validez ni requisito formal o material de ésta, y con tal omisión no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad; por el contrario, se observa el principio de expedites en la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a foja 406, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Tercero. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y consideró infringidos en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto. Por auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, previó cumplimiento de prevención, se admitió la demanda de amparo en sus términos, se solicitó informes justificados, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito, y se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo su verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali, Baja California, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, con base en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 33, 35, 37, 107, y demás aplicables de la Ley de Amparo; artículos 103 y 107 Constitucionales; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es menester efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, con registro digital 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 860/2017 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias del expediente 860/2017, que la responsable ordenadora remitió como justificación a su informe. Documentales que al haberse emitido ante la fe de dicha autoridad adquieren el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2°, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; en tal virtud, se tiene por acreditada fehacientemente la existencia del acto reclamado en la presente instancia constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Al no advertir el suscrito juzgador que las partes hayan formulado alguna causa de improcedencia y tampoco de oficio se aprecia que alguna se actualice en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de los Conceptos de Violación. Se tienen por transcritos en este apartado, los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos pues no existe precepto legal alguno que obligue al juzgador a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, por exacta aplicación, la jurisprudencia número 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo 2010, Materia Común, número de registro digital 164618, Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El impetrante del juicio de derechos fundamentes, en esencia, aduce como conceptos de violación que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que dice, no fue llamado al juicio de origen. Dichos argumentos devienen infundados, en atención a las siguientes consideraciones. Previamente, resulta necesario establecer que de acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Pleno del más alto tribunal del país, de carácter obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el caso, procede la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación del quejoso, en términos del artículo 79, fracción VI, del ordenamiento legal citado, ya que reclama su falta de emplazamiento al juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 149/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 190656, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Aduce el promovente del amparo que se viola en su perjuicio las garantías de seguridad y legalidad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no fue emplazado al juicio de origen. Al respecto, cabe destacar que los artículos 114, 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, establecen los lineamientos que deben invariablemente observarse al momento de llevarse a cabo el llamamiento a juicio de la parte demandada dentro de la contienda judicial de que se trate. Los preceptos en comento son los siguientes: "Artículo 114. Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes: I. El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias." [.] "Artículo 116. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto." "Artículo 117. En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: I. El emplazamiento debe hacerse según los casos, a las personas que a continuación se indica: a). Si se tratare de personas físicas directamente a la parte a quien se va a emplazar, a menos de que carezcan de capacidad procesal, pues en este caso se hará el emplazamiento a su representante legal [.]. b) Tratándose de personas morales [.]. II. El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física, y si se trata de persona jurídica en el domicilio social, y en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, en que lo será el del lugar de tales establecimientos o sucursales, si cuentan con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por o con intervención de éstos. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares. III. El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y se fijará atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio, además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con las personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que se le recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente. IV. Cuando la persona a quien deba emplazarse no radique en el lugar del juicio [.]. V. Si la persona emplazada radica en el extranjero [.]. En todos los casos de emplazamiento, los Jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este Artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites, imponiendo una corrección disciplinaria al Actuario cuando aparezca responsable." De los preceptos transcritos se desprende esencialmente, que el emplazamiento se entenderá directamente con el interesado y, que si éste no fuere encontrado en el domicilio, se le dejará citatorio para hora fija dentro de las horas hábiles del día siguiente, fijándose fecha atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hubieren manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio; además de que en el citatorio deberá fijarse la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento para el caso de que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar copia del mismo y levantar la razón correspondiente en la diligencia. Asimismo, en el caso de que el actuario no sea esperado por la persona a quien se pretende emplazar se le hará la notificación por cédula, que deberá entregarse a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, previo cercioramiento de que ahí tiene su domicilio la persona buscada y, que en el propio documento deberá constar la mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, debiéndose igualmente asentarse la razón correspondiente en la diligencia. Ahora en lo que interesa al presente asunto tenemos que del análisis de las fotocopias certificadas del juicio especial hipotecario 860/2017, previamente valoradas, específicamente de la diligencia practicada el dieciocho de abril del año en curso, relativas al emplazamiento del quejoso al juico natural, se advierte que su llamamiento a juicio se llevó a cabo con las formalidades que establecen los numerales 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Lo anterior es así, pues la fedataria responsable al presentarse en el domicilio identificado como vivienda ubicada en Avenida Río San Fernando número 2728, fraccionamiento Elisaura de esta ciudad, en esta ciudad, a las nueve horas con cuarenta minutos de ese día, para llevar a cabo la diligencia encomendada en los autos de trece de diciembre de dos mil diecisiete y once de abril del año en curso, se cercioró de encontrarse en el lugar aludido -que precisamente era el señalado por la parte actora, como el domicilio del demandado, en el escrito presentado ante la responsable el tres de abril del presente año -foja 118-, por visualizar la nomenclatura del lugar y señalamientos; además, por haber preguntado a la persona que la atendió en ese lugar, quien precisamente es el ahora quejoso Augusto García Pineda, quien manifestó ser el domicilio correcto y vivir en el mismo, identificándose con credencial para votar con fotografía numero 0478024450166, a quien le corrió traslado con las copias simples respectivas debidamente selladas y cotejadas, a fin de que en el termino de cinco días, compareciera a dar contestación a la demanda entablada en su contra, con los apercibimientos de ley. Lo anterior se corrobora con las siguientes imágenes, que se reproducen vía escáner: Circunstancias que se consideran suficientes para tener por cerciorado que el domicilio donde se presentó la fedataria, era precisamente en donde vivía el demandado, tal y como se exige en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en tanto que la actuaria constató encontrarse en el domicilio del interesado, por medio de la nomenclatura que había en el lugar, así como por el dicho de la persona que la atendió, quien resultó ser precisamente el ahora quejoso, quien inclusive se identificó plenamente. Lo expuesto, permite concluir que sí existió emplazamiento al aquí quejoso, y que el mismo fue llevado conforme a los lineamientos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que no se le dejó en estado de indefensión, en tanto que dicho llamamiento reúne los requisitos que establece el código de la materia; virtud de lo cual, todas las subsecuentes actuaciones no pueden estimarse violatorias de sus derechos fundamentales, por haberse respetado, como se demostró, su garantía de audiencia previa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1322, tomo LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, materia comum, Quinta Época, Registro Digital 356303, del texto y rubro siguientes: "EMPLAZAMIENTO, VALIDEZ DEL. Cuando no existe prueba de que el domicilio del emplazado haya sido distinto de aquel en que lo fue, el emplazamiento subsiste, mientras no se desvirtúe debidamente la eficacia que debe tener la razón asentada por el notificador, en cuanto expresa haberse cerciorado de que el domicilio del demandado, era el lugar en que se hizo el emplazamiento." Así, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, al no advertirse violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 fracción VI de la Ley de Amparo, así como también al colegirse que, contrario a lo que refiere, sí se cumplieron todos los extremos legales para el emplazamiento; en consecuencia, como no se probó infracción ni la consecuente trasgresión a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, seguridad y debido proceso, contemplados por los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios. SEXTO. Publicación de la sentencia. En otro aspecto, y toda vez que las partes no han ejercido su derecho de oponerse a la publicación de su nombre y datos personales de la presente sentencia, previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; por tanto, mientras no ejerzan ese derecho, la presente resolución, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales de las partes, a los que alude la fracción XXI del artículo 2 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59 párrafo segundo de la ley en mención; suprimiéndose los datos sensibles, reservados o confidenciales, que en su caso se advirtieren en la presente sentencia, de esa naturaleza, los cuales se encuentran precisados en fracción XXII, del artículo 2 del citado reglamento, y artículos 13, 14 y 18 de la ley en comento. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74 al 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Augusto García Pineda, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones contenidas en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando. Notifíquese.

  4. Principal

    R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Augusto García Pineda, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones contenidas en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando. Notifíquese.

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