Augusto Fernando Cabrera Mcgregor

Expediente 129/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
129/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Augusto Fernando Cabrera Mcgregor

Actuaciones

  1. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica suscrito por el secretario de Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia Guanajuato capital, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 23/2021, en cuyo único punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja" En tales condiciones, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior en cumplimiento al artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente...

  2. Principal

    SE ACUERDA PROMOCIÓN Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa; en atención a su contenido, expídase a su costa copia simple de las constancias que solicita1 , por conducto de las personas que autoriza para tal efecto, previa razón de recibo que se deje en autos. TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE COPIAS El centro de fotocopiado que se encontraba en el edificio sede de este juzgado dejó de prestar servicio definitivamente, por lo que, para la obtención de copias, personal de este órgano jurisdiccional debe trasladarse a algún centro de fotocopiado, siendo que sólo labora un número reducido de servidores públicos de manera presencial, a fin de llevar a cabo la recepción de todo tipo de promociones e integración de los expedientes que se trabajan diariamente. Ello, con motivo de la pandemia producida por el virus COVID-19, que dio lugar a las medidas dispuestas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 21/2020, en relación con del diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia. De tal suerte, es que se estima necesario que sujetar el otorgamiento de copias a las siguientes reglas. 1. La reproducción de las copias sólo se efectuará el día miércoles a las nueve horas. 2. Para ello, el interesado deberá comunicarse, cuando menos con dos días de anticipación, al teléfono 462 123 9428, en donde deberá indicar el número del presente expediente, así como la fecha (en día miércoles) en que acudirá a realizar la reproducción fotostática, en el entendido que puede acudir cualquier persona facultada para ello, debidamente identificada con documento oficial (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional); siendo que, cualquier error en los datos que proporcione puede ser en su perjuicio, ocasionando un retardo en la obtención de las copias solicitadas. 3. El día miércoles agendado, deberá presentarse en la entrada del edificio sede de este juzgado (sin ingresar a él), donde personal del juzgado le indicará a qué centro de fotocopiado deberán trasladarse para la obtención de sus copias. 4. Si se trata de copias simples, éstas se entregarán en el propio centro de fotocopiado, una vez que obre la razón respectiva en autos y se cubra su costo (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional). 5. Si se trata de copias certificadas, deberá cubrirse su costo en el dentro de fotocopiado (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional) y, para su entrega, la parte interesada deberá agendar una cita para ese día o días subsecuentes, a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado; lo cual deberá realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2,[1] respecto de lo que se le informa que el horario de citas de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:00 horas de lunes a viernes; en el entendido que se entregarán previas las formalidades de ley. No obstante lo anterior, se informa que en caso de solicitar el acceso al expediente electrónico, con su firma electrónica, podrá descargar copia de las constancias que obran el expediente electrónico, las cuales, de incluir la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

  3. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, que contiene la transcripción del auto de doce de abril de dos mil veintiuno, en el que se acusa recibo del comunicado mediante el cual le fue remitido el recurso de queja hecho valer por el quejoso, contra el auto de desechamiento, dictado en el presente juicio de amparo. Asimismo, este Juzgado se da por enterado de que el referido recurso se admitió a trámite y quedó registrado con el número de recurso de queja 23/2021...

  4. Principal

    ... Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra el acto que reclama del Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en Materia Penal de la Segunda Región con sede en Irapuato, Guanajuato, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 129/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora, de un análisis integral a la demanda se obtiene que el acto que en esta vía reclama, consistente en la resolución dictada el diecisiete de febrero de la anualidad que transcurre, emitida en audiencia de Juicio Oral dentro de la causa penal ***, que se instruye a **** por el delito de fraude y fraude procesal en agravio de *** y la Administración de Justicia, en la que el Tribunal Unitario Agrario de Enjuiciamiento resolvió que en la radicación emitida por el tribunal por lo que hace a la imputada Martina Schevenin Pinedo el dieciocho de agosto de dos mil veinte, se incluyera como radicación también de apertura a juicio oral, el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno y su regulatorio de tres de febrero de la propia anualidad, a fin de que se incluya también al aquí quejoso a la apertura del juicio oral, a efecto de que se homologara la apertura del juicio en lo relativo a los imputados ***, así como su notificación, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación" Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente, como en el caso acontece. Ahora bien, como se dijo, el acto reclamado se hace consistir en: - La resolución dictada el diecisiete de febrero de la anualidad que transcurre, emitida en audiencia de Juicio Oral dentro de la causa penal ***, que se instruye a *** por el delito de fraude y fraude procesal en agravio de *** y la Administración de Justicia, en la que el Tribunal Unitario Agrario de Enjuiciamiento resolvió que en la radicación emitida por el tribunal por lo que hace a la imputada Martina Schevenin Pinedo el dieciocho de agosto de dos mil veinte, se incluyera como radicación también de apertura a juicio oral, el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno y su regulatorio de tres de febrero de la propia anualidad, a fin de que se incluya también al aquí quejoso a la apertura del juicio oral, a efecto de que se homologara la apertura del juicio en lo relativo a los imputados ***y ***, así como su notificación, De lo anterior, se obtiene que el acto reclamado fue emitido en la etapa intermedia; pero, se considera que no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no afecta derecho sustantivo alguno del quejoso, consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que sólo puede producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, puesto que la homologación de fechas para el desahogo de la audiencia de juicio oral dentro de la causa penal ***, se traduce únicamente en que se continúe con el curso de la respectiva etapa a través de una sola diligencia, sin que se afecten derechos sustantivos de la parte promovente; motivo por el cual, se insiste, es notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado. Tanto más que el hecho de homologar la fecha de la audiencia de juicio oral no transgrede el derecho de defensa del inculpado, al haber sido debidamente notificado de dicha determinación; lo que, contrario a lo que alega el promovente, no le ha sido violentado su derecho de audiencia, sino sólo se traduce en la prosecución de la etapa correspondiente. De ahí que, se insiste, el juicio de garantías no prospera contra el acto impugnado. En ese orden, no pasa inadvertida la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL". Pues si bien, de acuerdo con lo determinado por la referida autoridad, al promoverse el amparo directo en un juicio penal, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, y el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral; lo cierto es que, esa cuestión no hace procedente el amparo indirecto contra actos como los que en la especie se reclaman, esto es, la homologación de fechas para la audiencia de juicio oral dentro de la causa penal ***, debido a que no afecta derechos sustantivos del quejoso, por lo expuesto en párrafos que anteceden. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: Época: Décima Época Registro: 2017175 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV Materia(s): Común, Penal Tesis: II.2o.P.66 P (10a.) Página: 3094 "MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ORAL DE TIPO ACUSATORIO. SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, CONTRA SU ADMISIÓN EN LAS ETAPAS INTERMEDIA O DE JUICIO ORAL ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DE ACUERDO CON EL ASPECTO LÓGICO DE VALORACIÓN POST FACTO DE SU TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO. Para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva (intermedia o de juicio oral), existe un aspecto fundamental a considerar tratándose de la admisión o no de medios de prueba en el sistema penal oral de tipo acusatorio, a efecto de estar en posibilidad de determinar si realmente se afecta un derecho sustantivo, como sería el de defensa adecuada, que justifique la procedencia, por excepción, o si en ese momento únicamente implica una cuestión intraprocesal; y éste se refiere a la conducencia, idoneidad o utilidad del medio de prueba en cuestión, en relación con el hecho que pretenda probarse, lo cual, constituye un aspecto que no se limita a la cuestión formal de su admisibilidad en sí misma, sino que implica una necesaria porción de análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo y, por ello, inexorablemente, salvo casos de excepción, se requiere del examen contextual de la prueba de referencia y su trascendencia y conducencia en relación con el acto previamente realizado de valoración que ocurre precisamente en la sentencia; de modo que, la posibilidad de afirmar, por ejemplo, que la inadmisión de un medio de prueba afecta un derecho sustantivo de modo irreparable, por regla general, no puede anticiparse apriorísticamente prejuzgando sin fundamento lógico, sino únicamente post facto al dictado del fallo, a fin de establecer esa pertinencia e indispensabilidad en el contexto del eventual resultado valorativo. Por tanto, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta la valoración indebida de una prueba ilícita o si aquella inadmisión de pruebas trascendió o no en la sentencia emitida en perjuicio del quejoso y si su ausencia en cuanto a incorporación hace ineludible de acuerdo a los fines del proceso penal, catalogarla o no como violación procesal que ineludiblemente amerite la reposición procedimental. Por ello, desde una perspectiva lógico-funcional, en esos supuestos, el amparo indirecto, por lo general, es improcedente." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Queja 190/2017. 25 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Silvestre P. Jardón Orihuela. Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Así también, es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3ª/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En razón de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente. Luego, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES El promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que, de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En consecuencia, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la Administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta junio de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *** se le tiene como autorizado de la parte promovente, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo expuesto en la certificación de cuenta, y a ***en términos restringidos del citado numeral, por así haberlo solicitado expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28, del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte promovente....

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