Augusto Fernando Cabrera Mc Gregor
Expediente 1012/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Augusto Fernando Cabrera Mc Gregor
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días, para que recurriera el auto de nueve de agosto pasado, en el que se desechó de plano su demanda, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
ista la demanda de amparo firmada por Augusto Fernando Cabrera Mc Gregor, contra actos de la Agente del Ministerio Público 5 de Tramitación Común de la Fiscalía Regional "B", con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese con el número 1012/2022-VII. Causa de improcedencia De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación de examinar con todo detenimiento la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación a los principios que rigen el juicio de amparo, establecidos en el diverso 107, fracciones III, IV y V, aplicables por identidad jurídica a la diversa fracción II, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, no contiene algún motivo específico de improcedencia del juicio de amparo, sino que permite deducir la improcedencia de alguna disposición tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Ley de Amparo. El contenido de las fracciones III, IV y V del artículo 107 del referido ordenamiento legal permite advertir una regla general de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos suscitados al desahogarse un juicio, un procedimiento en forma de juicio e incluso en procedimientos específicos como el de ejecución de sentencia y de remate. Esto tiene su razón en que, por una parte, el juicio de amparo no debe obstaculizar el desarrollo de tales procesos, y por otra, que las violaciones que en su caso ocurran son susceptibles de análisis constitucional, a través de amparo directo o indirecto, al reclamarse la decisión definitiva que se emita en el juicio o procedimiento respectivo. Empero, como se dijo, la improcedencia aludida constituye una regla general y como tal tiene su excepción, ya que el juicio de amparo indirecto es procedente si el acto realizado en el juicio o procedimiento es de imposible reparación, entendiéndose por tal, el que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Así, el carácter de irreparable del acto es la característica esencial que permite acudir al juicio de amparo indirecto, puesto que, de ser reparable en un acto posterior, como lo es en la resolución que decide la materia del juicio o procedimiento, dicho sumario es improcedente. En la especie, el acto reclamado es la determinación de trece de julio pasado, a través del cual el Agente del Ministerio Público 5 de Tramitación Común de la Fiscalía Regional "B", con residencia en esta ciudad, no admitió datos de prueba ofrecidos por la víctima -aquí quejoso-dentro de una carpeta de investigación, concretamente, las periciales en materia de morfología forense y grafoscopía, esta última, previa autorización judicial en la toma de muestras de un instrumento notarial. Lo anterior bajo el argumento de que son sobreabundantes. Al respecto, se destacan tres cuestiones: Primera: el acto reclamado se gestó dentro de una investigación inicial que, conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales forma parte del procedimiento penal, pues tal indagatoria está constituida por un conjunto de actos procesales formalmente ordenados para determinar si se ejerce o no la acción penal. Segunda: la investigación inicial, como parte del procedimiento penal, no constituye un procedimiento seguido en forma de juicio y tampoco es constitutivo de un juicio. Tercera: como consecuencia de lo anterior, por regla general, los actos surgidos en la etapa de investigación inicial no son susceptibles de análisis constitucional mediante el juicio de amparo indirecto en términos de las fracciones III y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues se insiste, no se emiten dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio y tampoco dentro de juicio. Ahora bien, el hecho de que el acto reclamado no tenga cabida, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, no impide subsumirlo en la fracción II del artículo 107 de la ley de la materia, que admite dicho juicio contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales, judiciales administrativos o del trabajo. Así, los actos ocurridos en la investigación inicial del procedimiento penal son, por regla general, susceptibles de reclamo constitucional conforme a dicho precepto y fracción. Entonces, esta hipótesis legal, desde un plano gramatical, no exige que tales actos sean de imposible reparación para acudir al amparo indirecto. Sin embargo, si el acto reclamado ha sido emitido dentro de un procedimiento formal y legalmente establecido, pese a que la invocada fracción II del artículo 107 no lo prevea, debe exigirse el requisito de irreparabilidad como ocurre en los casos de las fracciones III, IV y V de ese precepto, ya que es palpable que subyace el mismo principio. Esto es, existe la posibilidad de reparabilidad dentro del mismo procedimiento al emitirse una resolución posterior que es impugnable en amparo indirecto, en el cual pueden invocarse las violaciones ocurridas durante el procedimiento. Como se anunció, en el caso, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación a los principios que rigen el juicio establecidos en el diverso 107, fracciones III, IV y V, aplicables por identidad jurídica a la diversa fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues la circunstancia de no recabar datos de prueba en los términos solicitados por el aquí quejoso, dentro de la fase de investigación inicial, no es un acto de imposible reparación. En efecto, producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. Los artículos 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales facultan al Ministerio Público que tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, para dirigir la investigación penal con la finalidad de obtener indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Si en el caso, el acto reclamado consiste en la negativa del Ministerio Público de recabar los datos de prueba ofrecidos por el quejoso, el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues sus consecuencias no resultan de tal gravedad que le impidan el ejercicio de un derecho antes del dictado de la resolución definitiva. Es así, porque el acto reclamado fue emitido durante la etapa de investigación inicial y puede concluir con el dictado de diversas resoluciones, que hasta ese momento, se considerarían como una determinación definitiva. Es decir, el acto reclamado durante esta etapa no irroga perjuicio al quejoso -víctima en el procedimiento penal de origen-, en virtud de que no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule imputación ante el Juez de Control, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Además, en todo caso, procederá el juicio de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso, en el que se podrán reclamar las violaciones de carácter probatorio que se estimen se hayan cometido. En suma, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, el derecho de la víctima está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un juez sea quien tutele ese derecho fundamental, y en el supuesto de que no se judicialice la carpeta, cabe promover amparo contra determinación del juez de control en la que confirme el no ejercicio de la acción penal. Las consideraciones y argumentos anteriores se retomaron de lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la queja 313/2017, mediante ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, que dio origen a la tesis: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular."
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