Augusto Emilio Rivera Castellanos

Expediente 233/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
233/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
06/05/2015

Partes del expediente

  • Augusto Emilio Rivera Castellanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    (Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos la resolución de treinta de abril de dos mil quince al quejoso y a la tercero interesada, la cual en lo conducente dice:" ". V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 233/2015-III, promovido por Augusto Emilio Rivera Castellanos, por propio derecho. ANTECEDENTES Del acto reclamado. El quejoso tiene la calidad de inculpado dentro de la causa penal 66/2000 del índice del Juzgado Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal, en el que existe pendiente de cumplimentar una orden de aprehensión dictada en su contra el 4 de septiembre de 2003, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico. El mandamiento de captura emitido por el juez de primera instancia constituye uno de los actos reclamados. 2. Del juicio de amparo. Presentación de la demanda ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato: 6 de junio de 2014 (foja 2). Admisión con apertura de incidente de suspensión: 9 de junio de 2014 (foja 7). Emplazamiento al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado: 10 de junio de 2014 (foja 9), sin pedimento ministerial. Emplazamiento al ministerio público adscrito a la autoridad judicial de origen: 10 de octubre de 2014 (foja 110). Emplazamiento a la tercera interesada María Teresa Palacios Cervantes: 17 de diciembre de 2014 (foja 164) Incompetencia en audiencia constitucional: En sentencia dictada en audiencia constitucional de 5 de enero de 2015, terminada de engrosar el 16 de febrero siguiente, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el Distrito Federal, y la autoridades con sede en aquel estado negaron la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, por ende, envió los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en turno (fojas 181 a 185). Aceptación de competencia: El 12 de marzo de 2015 fueron recibidos los autos del juicio de amparo en este juzgado. En esa fecha se aceptó la competencia planteada, se convalidaron las actuaiones el juzgado declinante y se turnaron los autos para la elaboración del proyecto respectivo (fojas 187 a 189). CONSIDERACIONES 1. Competencia. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado se atribuyó a autoridades con residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia. 2. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son los siguientes: Orden de aprehensión de 31 de agosto de 2001 dictada en la causa penal 66/2000 del índice del Juzgado Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal. Orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso. Orden de comparecencia dictada en contra del quejoso. La ejecución de dichas órdenes. 3. Certeza de los actos reclamados. Orden Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Foja 1 Juez de Partido Penal en Guanajuato, Guanajuato. a) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso. b) Orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso. c) Orden de comparecencia dictada en contra del quejoso. Niega 17 2 Juez Primero Penal en el Distrito Federal. a) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso. b) Orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso. c) Orden de comparecencia dictada en contra del quejoso. Autoridad inexistente Razón 54 3 Juez Segundo Penal en el Distrito Federal a) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso. b) Orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso. c) Orden de comparecencia dictada en contra del quejoso. Autoridad inexistente Razón 54 4 Juez Sexagésimo Primero Penal en el Distrito Federal a) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso. b) Orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso. c) Orden de comparecencia dictada en contra del quejoso. Autoridad inexistente Razón 54 5 Juez Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal. a) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso. b) Orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso. c) Orden de comparecencia dictada en contra del quejoso. a) Acepta b) Niega c) Niega 87 a 92 6 Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato. d) Ejecución de las órdenes Niega 14 7 Procurador General de Justicia del Distrito Federal. d) Ejecución de las órdenes Acepta 24 a. Inexistencia de autoridades. Las autoridades responsables identificadas con los números de orden 2, 3 y 4 fueron declaradas inexistentes por el juez declinante mediante proveído de 11 de agosto de 2014, motivo por el cual no se hará referencia en el cuerpo de esta sentencia. Lo anterior fue así, ya que en auto de 14 de julio de 2014, el juez declinante tuvo por recibida la razón asentada por el Servicio Postal Mexicano en el Distrito Federal, en la que se manifestó que no había sido posible entregar los oficios de emplazamiento dirigidos a los Juzgados Primero, Segundo, Sexagésimo Primero y Sexagésimo de lo Penal en el Distrito Federal, toda vez que no tenían su residencia en el lugar al que se dirigió la comunicación oficial. En virtud de ello, el juez federal dio vista a la parte quejosa con el contenido de aquel informe para que manifestara lo que estimara conveniente y la apercibió que para el caso de no hacerlo, tendría por inexistentes a aquellas autoridades. En auto de 11 de agosto de 2014, el juez hizo efectivo ese apercibimiento, declaró inexistentes a tales autoridades y canceló su emplazamiento. El quejoso no se inconformó con tal determinación. Posterior a ello, el 18 de agosto de 2014, juez declinante ordenó emplazar únicamente al Juez Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal, pues del informe justificado rendido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal advirtió la emisión de una orden de aprehensión dictada por aquél, por lo que presumió la existencia de dicho juzgado, empero no hizo pronunciamiento alguno respecto a los otros órganos jurisdiccionales. Por tanto, aun cuando sea un hecho notorio para quien resuelve, que los Juzgados Primero, Segundo y Sexagésimo Primero de lo Penal en el Distrito Federal sí existen en esta ciudad, la presente sentencia no puede versar sobre los actos a ellas atribuídos, ya que no fueron emplazadas, y por ello, no son parte procesal en el presente juicio de amparo. b. Orden de aprehensión. El Juez Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal, aceptó haber girado orden de aprehensión en contra del quejoso el 31 de agosto de 2001, en la causa penal 66/2000; por su parte el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, aceptaron la ejecución de una orden de aprehensión contra el justiciable. Lo que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal 66/2000, que por tratarse de documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Por otra parte, el Juez de Partido Penal en Guanajuato, Guanajuato y el Procurador General de Justicia en ese estado, negaron la emisión y ejecución de la orden de aprehensión reclamada, sin que el quejoso aportara prueba alguna para desvirtuar su negativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a las referidas autoridades, en razón de que sí existen pero fueron emitidos por otra autoridad. En efecto, del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa de las previstas en las primeras veintidós fracciones de dicho precepto, es decir cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia; caso en cual, deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Así, tenemos que el artículo 5°, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Aplicado en sentido contrario, cuando una autoridad no dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, no tiene el carácter de responsable. En sentido, como quedó precisado en párrafos precedentes, Juez Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal, dictó orden de aprehensión en contra del quejoso, misma que se encomendó su ejecución al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por lo que para efectos del presente juicio el Juez de Partido Penal en Guanajuato, Guanajuato y el Procurador General de Justicia en ese estado, no tienen el carácter de autoridades responsables. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, párrafo primero del mismo ordenamiento legal, este último interpretado contrario sensu. c. Orden de reaprehensión y comparecencia. Por último, la totalidad de las autoridades señaladas como responsables negaron la emisión y ejecución de los actos reclamados consistentes en la orden de reaprehensión y comparecencia, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia se sobresee en el juicio respecto a dichos actos reclamados, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez que son inexistentes. 4. Procedencia. De oficio este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado, ya fue materia de análisis en una diversa ejecutoria de amparo. El artículo 61, fracción XI es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)" Por la relación a que hace referencia la fracción anterior, es conveniente transcribir la fracción X de dicho numeral que dice: "(.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de la norma general esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. (.)" Previo estudio de la causal de improcedencia invocada, es necesario referir una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado. 1. El 12 de abril de 2000, se consignó la averiguación previa SC/14797/96-10, sin detenido, iniciada en contra del quejoso por el delito de fraude genérico, que se turnó al Juzgado Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal, en donde se formó la causa 66/2000 (foja 302 del anexo VII). 2. El 14 de abril de 2000, el Juez Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal, negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y ordenó que los autos quedaran para los efectos del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (fojas 303 y 304 del anexo VII). 3. La averiguación previa se consignó con nuevas diligencias, no obstante, el 22 de agosto de 2000 se volvió a negar la orden de aprehensión solicitada (fojas 350 y 351 del anexo VII). 4. El 29 de noviembre de 2000, se consignó una vez más la averiguación previa, pero ahora por el delito de fraude específico; por lo que el 18 de diciembre de 2000, el juez responsable concedió la orden de aprehensión solicitada en contra del quejoso (fojas 385 a 404 del anexo VII). 5. En contra de dicha determinación Augusto Emilio Rivera Castellanos promovió juicio de amparo, del que conoció el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el expediente 12/2001, en el que por sentencia de 5 de marzo de 2001 se concedió la protección solicitada, ya que el acto reclamado carecía de fundamentación y motivación (fojas 478 a 481 del anexo VIII). 6. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el 3 de abril de 2001 el juez responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión y en su lugar sostuvo que los autos debían permanecer para los efectos del artículo 36 del código adjetivo de la materia penal, sin embargo, el juez federal determinó que la sentencia de amparo no estaba cumplida y requirió de nueva cuenta su cumplimiento (fojas 487 y 488 del anexo VIII). 7. El 3 de mayo de 2001, el juez responsable emitió un nuevo pronunciamiento en el que negó librar la orden de captura solicitada y ordenó que los autos quedaran para los efectos del referido artículo 36. Con lo que se tuvo por cumplida la sentencia protectora (fojas 494 a 498 del anexo VIII). 8. Inconforme con dicha determinación, el Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen interpuso recurso de apelación, del que conoció la Octava Sala Penal del Distrito Federal en el toca 1029/2001, resuelto el 21 de agosto de 2001, en el que se revocó el auto impugnado porque se acreditó el cuerpo del delito de fraude genérico y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión (fojas 3 a 43 del anexo IX). 9. En auto de 31 de agosto de 2001, dictado en cumplimiento a la sentencia de apelación, el Juez Sexagésimo Segundo Penal del Distrito Federal ordenó la aprehensión del quejoso Augusto Emilio Rivera Castellanos (fojas 45 a 67 del anexo IX). Acto reclamado. 10. En contra de la sentencia de 21 de agosto de 2001 y el auto de 31 de ese mismo mes y año, el quejoso promovió un nuevo juicio de amparo, del que conoció el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el expediente 1132/2002 (fojas 22 a 50 del anexo X), en donde se concedió el amparo solicitado porque había prescrito el derecho de la víctima para formular la querella (fojas 64 a 66 del anexo X). 11. En contra de la sentencia protectora, los integrantes de la Octava Sala Penal del Distrito Federal y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de distrito interpusieron recurso de revisión, al que se adhirió el quejoso de mérito; medio de impugnación del que tocó conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el expediente R.P. 999/2003, resuelto en sesión de 13 de junio de 2003, en donde por una parte se desechó el recurso interpuesto por la sala de apelación, por otro lado, se determinó que la prescripción analizada por el juez federal no se encontraba colmada, y por último, se modificó la concesión del amparo pues se consideró que la Sala Penal debió emitir directamente la orden de aprehensión y no ordenárselo al juez de primer grado (foja 119 del anexo X). Por tal motivo se concedió el amparo para el efecto de que los magistrados responsables dejaran insubsistente la sentencia de 21 de agosto de 2001, en su lugar dictaran otra en la que reiteraran que se encontraba acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y agregaran un apartado relativo al libramiento de la orden de aprehensión. Por su parte, también se concedió el amparo para que el Juez Sexagésimo Segundo Penal del Distrito Federal, dejara insubsistente la orden de aprehensión de 31 de agosto de 2001, dictada en cumplimiento a aquella sentencia de apelación de 21 de agosto de 2001. 12. En cumplimiento a la sentencia de amparo, el juez responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión de 31 de agosto en comento y giró oficio al Procurador General de Justicia del Distrito Federal para informándole de la cancelación (foja 120 del anexo X). Por su parte, los magistrados de la Octava Sala Penal del Distrito Federal dejaron insubsistente la sentencia de 21 de agosto de 2001 y el 4 de septiembre de 2003 emitieron un nuevo fallo en el que revocaron el auto apelado de 3 de mayo de 2001 y en su lugar concedieron la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, por el delito de fraude específico (fojas 124 a 130 del anexo X y 131 a 167 del anexo XI). 13. En contra de la determinación de 4 de septiembre de 2003, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el expediente 1917/2003, que se sobreseyó porque el acto reclamado había sido dictado en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en la revisión penal 999/2003 antes relacionada (fojas 203 a 205 del anexo XI). Sentencia que se confirmó el 12 de enero de 2004 en el diverso expediente R.P. 1859/2003 del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (foja 223 del anexo XI). De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el auto de 31 de agosto de 2001 dictado por el Juez Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal, fue materia de estudio de la ejecutoria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el toca R.P. 999/2003 vinculado con el juicio de amparo 1132/2002, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal. En dicho juicio de amparo se reclamó por un lado, la sentencia de 21 de agosto de 2001 dictada por los integrantes de la referida sala penal, así como el auto de 31 de agosto del mismo año, emitido por el Juez Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal, mediante el cual libró la orden de aprehensión en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada. En la referida ejecutoria, los integrantes del tribunal colegiado determinaron que eran fundados los motivos de inconformidad esgrimidos por la representación social, al aducir que fueron incorrectas las consideraciones que tuvo ese órgano de control jurisdiccional para decretar prescrita la acción penal y otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al aquí quejoso, lo que conllevó a la revocación de la sentencia recurrida y, por consiguiente el análisis de los conceptos de violación aducidos por el impetrante de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de reenvío en dicha revisión, y al ser infundados por una parte los argumentos hechos valer, se arribó a la conclusión que existían elementos de prueba que acreditaban tanto el cuerpo del delito de fraude especifico, previsto en el artículo 387, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la época de los hechos, como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Sin embargo, al ser fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por el citado inconforme, se modificó la sentencia amparadora, por lo que la Superioridad otorgó la protección de la Justicia de la Unión para el único efecto de que la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con subsistencia de la resolución emitida en el toca penal número 1029/2001, de 21 de agosto de 2001, agregara en la misma lo relativo al libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el órgano investigador contra el aquí inconforme Augusto Emilio Rivera Castellanos. A su vez, en la ejecutoria de mérito, dicho órgano colegiado le concedió el amparo al multicitado peticionario de garantías contra el acto que reclamó al Juez Sexagésimo Segundo Penal del Distrito Federal, para el efecto que dejara insubsistente la orden de aprehensión librada el 31 de agosto de 2001, concesiones que se hicieron extensivas a los actos de ejecución reclamados de las autoridades que fueron señaladas con ese carácter, al no ser reclamados por vicios propios. Por ello, los magistrados integrantes de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 4 de septiembre de 2003, en acatamiento a la ejecutoria emitida por el órgano colegiado en cita, dejaron insubsistente la resolución pronunciada el 21 de agosto de 2001, y libraron la orden de captura solicitada por el Ministerio Público consignador contra el inconforme, al considerarlo probable responsable de la comisión del delito de fraude específico, previsto en el numeral 387, fracción II del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la época de los hechos. Por su parte, el Juez Sexagésimo Segundo Penal en el Distrito Federal dejó insubsistente la diversa orden de aprehensión de 31 de agosto de 2001 que había dictado en acatamiento a la sentencia de apelación de 21 de agosto del mismo año. Con base en lo antes expuesto, se acredita que la orden de aprehensión que se atribuye al juez señalado como responsable, fue materia de estudio en la ejecutoria de amparo dictada por el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en el expediente de revisión R.P. 999/2003, relacionado con el juicio de amparo 1132/2002 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal. Esto es, existe un juicio anterior promovido por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades responsables, en el que incluso se concedió la protección constitucional solicitada. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo. Asimismo, es necesario precisar que, si bien en el juzgado que se encargó del trámite de este juicio, no se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era o no su deseo señalar como autoridad responsable a la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y como acto reclamado a la sentencia de 4 de septiembre de 2003, en donde se emitió la orden de aprehensión que realmente existe en contra del quejoso, dicha circunstancia no es obstáculo para resolver en el sentido que se hace, ya que aun en el supuesto que se hubiera ampliado la demanda de amparo, el juicio en que se actúa seguiría siendo improcedente, toda vez que aquella orden de aprehensión fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo 1917/2003, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el que se sobreseyó porque el acto reclamado había sido dictado en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en la revisión penal 999/2003 antes relacionada. Sentencia que se confirmó el 12 de enero de 2004 en el diverso expediente R.P. 1859/2003 del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Ahora bien, tampoco se soslaya que entre la fecha del dictado de la orden de aprehensión pendiente de cumplimentar en contra del quejoso Augusto Emilio Rivera Castellanos, y la fecha en la que se emite esta resolución, ha trascurrido un plazo de 11 años, 8 meses aproximadamente, y que acorde con el artículo 387, fracción II del Código Penal para el Distrito Federal, abrogado, aplicable al momento de la comisión del delito (31 de marzo de 1993), la pena para ese ilícito se debe fijar sobre en un rango de 3 a 12 años de prisión. Sin embargo, dicha circunstancia por sí sola no es suficiente para que este juzgador entre al estudio de la prescripción de la acción penal, ya que en la especie se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden preferente a la prescripción; pues considerar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. Por último, el sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Procurador General de Justicia del Distrito Federal por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. 5. Protección de datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, todos de la Ley de Amparo, se dicta la presente RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Augusto Emilio Rivera Castellanos, respecto de los actos y autoridades señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones ahí expuestas, así como en el considerando cuarto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, a siete de abril de dos mil quince. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad oficiante, en cumplimiento al requerimiento realizado por auto de doce de marzo de dos mil quince, hace del conocimiento de este juzgado federal, en esencia, que no cuenta con registro alguno sobre algún juicio de amparo diverso promovido por el quejoso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, téngase a la oficiante, informando que el dieciséis de noviembre de dos mil once, se fusionaron los Juzgados Primero y Segundo de Partido en Materia Penal en el Estado de Guanajuato, para formar el Juzgado Penal de Partido en dicha Entidad, de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    México, Distrito Federal, a seis de abril de dos mil quince. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio DGJ-1675/2015, de cuenta, por medio del cual la autoridad oficiante, en cumplimiento al requerimiento realizado por auto de doce de marzo de dos mil quince, hace del conocimiento de este juzgado federal los juicios de amparo promovidos por el quejoso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, intégrese a este expediente el diverso oficio 6193/2015, por el que la autoridad oficiante devuelve sin diligenciar el exhorto 14/2015-III, de este índice, por razones que expone. Así, en atención a lo anterior y demostrada la imposibilidad material que tuvo el funcionario judicial adscrito al juzgado exhortado, para practicar la notificación de mérito, notifíquese al quejoso por lista que se fije en los estrados de este juzgado, el auto de doce de marzo de dos mil quince, dictado en el presente juicio de amparo, así como los subsecuentes, hasta en tanto se señale un domicilio diverso para tal efecto. Finalmente, acúsese el recibo correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    (Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de doce de marzo de dos mil quince a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" ". México, Distrito Federal, a doce de marzo de dos mil quince. Promoción Agréguese a este expediente el oficio de cuenta, por medio del cual el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, remite por razón de incompetencia el juicio de amparo 381/2014, de su índice, dos cuadernos incidentales (original y duplicado) y doce anexos. Ahora, en atención a que la competencia declinada fue realizada en audiencia de cinco de enero de dos mil quince, este juzgador se avoca al conocimiento del procedimiento de aparo, teniendo como legales las actuaciones hasta ese momento realizadas, por ello, se ordena turnar el presente asunto al secretario proyectista correspondiente para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo; procédase al cambio de carátulas del juicio de amparo e incidentes de suspensión; y, acúsese el recibo correspondiente. Aspectos Generales Regístrese el juicio de amparo con el número de juicio de amparo 233/2015-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de 30 a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Exhorto Ahora bien, ya que el domicilio del quejoso se encuentran en: "Puertecito número 13, colonia Centro en Guanajuato, código postal 36000", es decir, fuera de la jurisdicción asignada a este juzgado federal, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a fin de que, en auxilio de este órgano jurisdiccional, comisione a su personal a efecto de que se constituya en dicho domicilio y notifique a AUGUSTO EMILIO RIVERA CASTELLANOS, aquí quejoso, el presente acuerdo. De igual forma, lo requiera para que, en el acto o en el plazo de tres días, contado a partir de que quede notificado de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de México, Distrito Federal, ya que tal señalamiento debe provenir de la parte interesada; apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, le serán realizadas por medio de lista que se publique en este juzgado. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de garantías, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, con base en el artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese.

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