Augusto Cruz Sanchez y Otros.
Expediente 709/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Augusto Cruz Sanchez y Otros.
- Augusto Cruz Sanchez
Actuaciones
- Principal
* Vista la certificación que antecede ... ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO ... Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
* Vista la razón levantada por el actuario de la adscripción de la que se advierte que hizo constar la imposibilidad de notificación personal a la parte quejosa, del proveído de treinta de junio de este año; toda vez que no localizó el domicilio señalado para tal efecto, toda vez que el mismo no existe. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley invocada, notifíquese por lista de acuerdos el proveído de treinta de junio del dos mil diecisiete, a la parte quejosa. Notifíquese. ACUERDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE * San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada ante la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, promovida por *****, contra actos del Magistrado del Distrito Número Veintiuno del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese con el número 709/2017. En conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico' del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de que se trata, se advierte que la parte quejosa ****, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto atribuido a las autoridades ya mencionadas, consistente en el auto de tres de abril del año en curso en el cual determina no nombrar un perito tercero en discordia respecto de la prueba pericial en topografía ofrecida dentro del expediente agrario 1373/2016. Al respecto, a estimación de quien esto resuelve, debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues conforme a la lectura integral de su escrito, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudablemente improcedente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia, que más adelante se precisará. En efecto, el numeral citado en último término, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal, es el fundamento con el cual este tribunal, estima que se debe desechar la demanda de garantías; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado, que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso ******, mismos que sucintamente se describen: Mediante escrito de veintiuno de octubre de dos mil trece *****, demando, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno con residencia en la ciudad capital, el mejor derecho para poseer sobre el paraje denominado "El Calvario", de la comunidad de Asunción Tlacolulita, Oaxaca, el respeto irrestricto a la posesión sobre la superficie descrita y la nulidad de documentos públicos y privados, consistentes en el acta de posesión de veintidós de septiembre de dos mil trece. El nueve de noviembre de dos mil dieciséis se llevó acabo la inspección judicial por parte del Tribunal Unitario Agrario sobre el bien materia de la Litis. En audiencia de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo como perito de la parte actora proponiendo su perito en materia de topografía. Así pues en el auto reclamado de tres de abril del año en curso, se determinó no ha lugar a nombrar perito en discordia, en virtud de que no está bajo cuestionamiento el bien mismo, sino el mejor derecho a poseerlo. Hecha la anterior narración, como se dijo con anterioridad, se ve actualizada la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no causa en los derechos fundamentales del quejoso una ejecución de imposible reparación. En efecto, los referidos artículos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del artículo y fracción citados en último término, se advierte claramente que la Ley de Amparo, no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; de tal modo que esa afectación, no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable al quejoso, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, pues la razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente en la obtención de una sentencia a su favor; por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 189, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, para que un acto de autoridad pueda ser calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, en la actual redacción de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se recogió el concepto jurisprudencial de afectación en grado predominante o superior como un criterio para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta. En ese orden, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió la determinación impugnada, es inconcuso que el acto que se reclama, a estimación de quien esto acuerda, no es de aquellos actos, que contempla el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Es aplicable la Jurisprudencia IV.2o. J/13, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 538, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Así, conforme al artículo 107, inciso b), fracción III, constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos dentro del juicio, se encuentra supeditada al hecho de que los actos que se reclamen tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, como son la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, lo que en el caso no ocurre. De tal modo, como el acto reclamado no es un acto de imposible reparación, pues no afecta derechos sustantivos, ni constituye el supuesto de excepción para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto; en consecuencia, se ve actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V, aplicado contrario sensu, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113, todos de la Ley de Amparo vigente; por lo cual, por evidente e indudablemente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto promovida por Augusto Cruz Sánchez, contra actos del Magistrado del Distrito Número Veintiuno del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otra autoridad. Tiene aplicación la Tesis Aislada II.1o.20 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada el cinco de agosto de dos mil dieciséis, cuyo contenido dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA SÓLO DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Si el gobernado promueve demanda de amparo indirecto contra la falta de notificación personal de la sentencia pronunciada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la que resuelve el recurso de revisión promovido contra lo resuelto en el amparo directo, es evidente que ello no le irroga afectación a sus derechos sustantivos, además de que contra dicha resolución no existe medio de impugnación alguno que pudiera promover; de ahí que el conocimiento de esta decisión, aun en el supuesto de que no hubiera sido notificada por la Sala citada, no irroga perjuicio a sus derechos fundamentales, ya que únicamente se está frente a una violación de carácter procesal, ante la cual, procede desechar la demanda de amparo indirecto, por no tratarse de un acto de imposible reparación violatorio de derechos sustantivos, en términos de la fracción V del artículo 107, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo." Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y únicamente para oírlas y recibirlas a la persona que refiere, toda vez que en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales, no aparece registrada ninguna a su favor, tal como lo establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificado o identificables, por lo que si desea que sean divulgado, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente.
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