Augusto Carlos Galvan Acosta

Expediente 1998/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1998/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2016

Partes del expediente

  • Augusto Carlos Galvan Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del correo institucional por el Director para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal; visto su contenido, se acuerda: Téngase a la autoridad oficiante comunicando que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se solicitó en versión pública, es decir, con supresión de datos personales e información reservada y confidencial, la siguiente información En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 100, 106, 113, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 86 y 87 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y archivos, como lo solicita la autoridad oficiante, comuníquesele que resulta improcedente entregar la información solicitada. La interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite advertir que aun cuando conforme a la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se busca preservar el principio de máxima publicidad; sin embargo, a través de los artículos 110 y 113 de dicho ordenamiento con relación al diverso 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos invocados en términos del numeral 7 previamente transcrito, el legislador estableció casos excepcionales en los que no será procedente otorgar la información solicitada. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio constitucional, es posible advertir que mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, la persona moral denominada Facturar en Línea, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado Adolfo Ernesto Hernández Martínez, promovió juicio de amparo en contra de las órdenes de visita domiciliaria 500-05-2016-1028 y 500-05-2016-1027 de quince de febrero de dos mil dieciséis emitidas por el Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con residencia en la Ciudad de México con la finalidad de verificar física y documentalmente la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de mercancías de procedencia extranjera localizadas en el domicilio visitado. Sobre ese contexto, a consideración de esta potestad federal si bien en el presente expediente consta la demanda de amparo, así como los informes justificados rendidos por las responsables y al encontrarse glosado el incidente de suspensión, también los informes previos respectivos; empero, se estima que resulta improcedente entregar la información solicitada ya que ésta se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 113, fracciones VI y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se afirma lo anterior pues el acto reclamado en el presente juicio constitucional precisamente versa sobre las visitas domiciliarias realizadas por una autoridad administrativa a fin de verificar el cumplimiento de leyes fiscales y de las constancias de autos no es posible advertir que en el procedimiento administrativo de origen se haya dictado la resolución correspondiente y ésta haya causado estado. Cierto, aun cuando en términos de la actual legislación en materia de transparencia es necesario preservar el principio de máxima publicidad; sin embargo, el propio legislador estableció un catálogo específico de supuestos en los que no se deberá otorgar la información solicitada por estimar que debe preservarse el interés del Estado en que no se entorpezcan los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ni las facultades de comprobación de las autoridades. Así, en términos del artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera que al aplicar la prueba de daño, se constata la improcedencia del otorgamiento de la información solicitada, por las razones siguientes: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público Se estima que la divulgación de la información solicitada constituye un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, ya que de las constancias de autos es posible advertir que los documentos sobre los que se solicita la información tienen relación directa con un procedimiento seguido en forma de juicio en el que no se advierte se haya dictado resolución firme y éste versa sobre las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, lo que implica que de concederse la información solicitada se podría obstruir esa facultad, así como la correcta conducción del procedimiento de origen. II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda De acuerdo a lo dispuesto por el propio legislador, existe un interés del Estado en no obstaculizar las facultades de comprobación de las autoridades, así como los procedimientos seguidos en forma de juicio y en el caso, conforme a las constancias de autos es posible advertir que los documentos respecto de los que se solicita información tienen estrecha relación con estos temas, por lo que a fin de evitar se entorpezca el procedimiento de origen y el actuar de las autoridades administrativas tendentes a velar por el cumplimiento de la normatividad respectiva, se estima que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada supera el interés general de que se difunda. III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio La doctrina especializada ha señalado que los derechos fundamentales y sus respectivos límites externos operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda del test de proporcionalidad. En el caso, se estima que las hipótesis previstas en los preceptos invocados, tienen como finalidad preservar la certeza jurídica y facultades que la propia Constitución General de la República establece, pues de esta manera se asegura que los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio no se obstaculicen y así el Estado verifique que efectivamente se cumpla con la normatividad respectiva. Asimismo, a criterio de este juzgador la medida adoptada es idónea, pues sólo así se evitara que se difunda información que podría obstaculizar las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, así como un procedimiento del que no existe constancia de que se haya dictado resolución firme. De igual forma, esa medida es necesaria pues con ello se asegura el objetivo que persiguió el legislador al establecer las hipótesis previstas en el artículo 113, fracciones VI y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el mismo tenor, se considera que dicha medida es la menos restrictiva disponible para evitar el perjuicio, en tanto que aun cuando el presente juicio constitucional ha concluido, ya que el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio ante el desistimiento de la parte quejosa, la información solicitada versa sobre las facultades de comprobación de la autoridad fiscal y un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en el que no existe constancia se haya dictado resolución firme. Consecuentemente, no se advierte una medida diversa menos restrictiva que evite que de otorgarse la información solicitada se obstaculice la facultad de comprobación de la autoridad fiscal o incluso se pueda obstaculizar la debida substanciación del procedimiento de origen. En ese sentido, se estima que la información solicitada tiene un periodo de reserva de cinco años como lo establece el artículo 101 de la Ley General invocada, con relación a los diversos 113, fracciones VI y XI, del propio ordenamiento; tiempo que se estima suficiente para que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación. Además, la documentación solicitada contiene información confidencial, en términos del numeral 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque gran parte de ella se refiere a datos personales de la parte quejosa, respecto de los cuales ésta no ha otorgado su consentimiento para su publicación como lo ordena el diverso dispositivo 120 del propio ordenamiento. Consecuentemente, a criterio de esta potestad federal, resulta improcedente otorgar la información solicitada por tener las características de reservada y confidencial en los términos expuestos. Comuníquese la presente determinación a la autoridad oficiante, a través del correo dtsai@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Augusto Carlos Galván Acosta, contra actos del Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1998/2016-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que Augusto Carlos Galván Acosta, señala como acto reclamado, lo siguiente a resolución dictada por el ciudadano Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla dentro del expediente 526/2011 de fecha DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, notificada por lista con fecha VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, en la que se resuelve Resolución diecinueve de octubre de dos mil dieciséis PRIMERO. Se reitera la determinación del auto DIECIOCHO (sic) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS mediante la que se dejó insubsistente la resolución de DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE pronunciada por esta autoridad al resolver las liquidaciones de costas formuladas por los demandados patrocinados por el abogado JUAN CARLOS ZENTENO CASTILLO dentro de los autos, relativos al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD promovido por PATRICIA VELASCO SMITH ACOSTA y otros en contra de la institución educativa denominada "COLEGIO HUMBOLDT" ASOCIACIÓN CIVIL a través de su representación y otros, radicado en el índice de este juzgado con el número de expediente 526/2011. SEGUNDO. En substitución de la resolución mencionada en el resolutivo que precede se dicta otra que queda en la forma siguiente: l. Este juzgado fue competente para ejecutar la resolución dictada en autos con fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce. II. Fueron procedentes en cuenta a su trámite las planillas de liquidación de costas formuladas por: I) La persona moral denominada COLEGIO HUMBOLDT ASOCIACIÓN CIVIL, 2) ILEANA OLMOS GARCÍA y 3) SALVADOR PADILLA KOENINGER, ya que en autos se justificaron los requisitos necesarios para su procedibilidad. III. Se aprueban conjuntamente las tres liquidaciones de sentencia propuestas por los demandados por la única cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, la cual se deberá dividir entre los tres ejecutantes para que cada uno liquide a su abogado patrono los honorarios que le corresponden por los servicios profesionales que les presto, o dicho en otras palabras, se aprueba a cada uno de los tres ejecutantes por costas que individualmente se les generaron a concepto de pago de honorarios por los servicios profesionales de su abogado patrono, la cantidad única de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. (misma que resulta de dividir entre los tres ejecutantes la cantidad de única DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por la que antes han sido aprobadas conjuntamente las tres liquidaciones de costas de la sentencia definitiva). VI. Se determina que los actores principales PATRICIA VELASCO SMITH y AUGUSTO CARLOS GALVÁN ACOSTA deben pagar las costas aprobadas en esta resolución a los demandados que las formularon, de manera mancomunada, es decir por partes iguales entre ambos. VII. Se ordena notificar la presente interlocutoria a las partes mediante lista que se publique en los estrados del Juzgado.' TERCERO. Comuníquese la presente resolución a través de oficio al Ciudadano Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del Sexto Circuito con sede en el Estado, a fin de hacerle saber que se ha cumplimentado la ejecutoria de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, pronunciada por los ciudadanos Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el toca de revisión R-157/2016 interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1314/2015 y su acumulado 131912015, del índice del mencionado Juzgado Federal, por PATRICIA VELASCO SMlTH ACOSTA y AUGUSTO CARLOS GALVÁN ACOSTA, en contra de actos de esta autoridad; debiéndose adjuntar al oficio aludido, copia certificada de la presente resolución para los efectos a que haya lugar. CUARTO. Se ordena notificar esta resolución a las partes mediante lista." Esto es, se duele de la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el incidente de liquidación de sentencia deducido del expediente 526/2011, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el juicio de amparo en revisión 157/2016. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que respecto al referido acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De la transcripción que antecede se advierte que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución del mismo. Se considera que esa causa de improcedencia no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de amparo, inmersa en él u omisión acaecida dentro del mismo; por ello, en lo referente a la ejecución de las mismas, el legislador no solamente se refirió a resoluciones que se emiten en cumplimiento a las de amparo, sino que se comprenden todos esos actos u omisiones llevados a cabo por las autoridades, vinculados con la cumplimentación de toda resolución de amparo, haya sido emitida en el juico principal, recurso o incidente derivado de éste. Es decir, todo acto u omisión enmarcado en la ejecución de una resolución de amparo es inatacable mediante el juicio constitucional. En el caso, se advierte que el acto aquí reclamado atañe a la ejecución de la sentencia protectora dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el juicio de amparo en revisión 157/2016. En efecto, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito juez federal, la existencia del recurso de revisión hecho valer por el hoy quejoso en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1314/2015 y su acumulado 1319/215, del índice de este órgano jurisdiccional, del que tocó conocer por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, bajo el número 157/2016; en el cual, de conformidad con los datos proporcionados por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), mediante ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, otorgó el amparo y protección al hoy quejoso y a Patricia Velasco Smith, respecto del acto que reclamaron al Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, consistente en la resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, dentro de los autos del juicio ordinario civil de nulidad número 526/2011, para los siguientes efectos "Por tanto, resulta incuestionable que lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para que el Juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra, en la que tomando en cuenta las razones expuestas, establezca que el monto total de las costas asciende únicamente a la cantidad de $2'526,785.86 (dos millones quinientos veintiséis mil setecientos ochenta y cinco pesos, ochenta y seis centavos), por concepto de los honorarios del abogado patrono atendiendo tanto a lo dispuesto por los artículos 416 y 419 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, así como al artículo 33 de la Ley para el cobro de Honorarios Profesionales en el Estado de Puebla." (Lo resaltado es propio) Ahora, el hoy quejoso reclama la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el incidente de liquidación de sentencia deducido del expediente 526/2011, en cumplimiento a la ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el juicio de amparo en revisión 157/2016; en la que declaró probada la planilla de liquidación formulada por Colegio Humbolt", Asociación Civil, Ileana Olmos García y Salvador Padilla Koeninger, por el monto de $2'526,785.86 (dos millones quinientos veintiséis mil setecientos ochenta y cinco pesos, ochenta y seis centavos). Por tanto, es innegable que a través de acto reclamado el impetrante pretende controvertir el cumplimiento a la ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el juicio de amparo en revisión 157/2016; por lo que resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente, pues tal aspecto atañe a la sentencia protectora dictada en ese juicio de amparo. Por tanto, cualquier circunstancia que el quejoso considere que no se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo en comento, deberá hacerla valer ante la autoridad que la haya tenido por cumplida. Lo anterior, en atención a que en la ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el juicio de amparo en revisión 157/2016, se precisaron los lineamientos a seguir por la responsable ordenadora, de manera que respecto a todo lo actuado y dejado de actuar por parte de las responsables y no responsables en relación con el incumplimiento o cumplimiento de los parámetros protectores, el juicio de garantías resulta improcedente, porque tales actos (cabales, excesivos o defectuosos) los llevan a cabo carentes de jurisdicción ya que actúan sometidas a una sentencia constitucional. Por ello, es que este juicio de amparo resulta improcedente, porque no podría analizarse la legalidad de la actuación del Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, pues ello equivaldría a decidir si la ejecutoria de amparo fue cumplimentada correcta o incorrectamente, y con ello emitir juicios de valor que no pueden determinarse en un nuevo juicio de amparo, sino solamente en aquél en el que se emitió el fallo protector porque ahí fue donde se decidió qué es lo que se debería hacer para respetar los derechos humanos del quejoso, por lo que es ahí en donde yace la jurisdicción para decidir todo lo relacionado con el cumplimiento. Es por ello que en la Ley de Amparo se prevé un sistema destinado para hacer efectiva toda ejecutoria concesoria de protección constitucional, mismo en el que incluso se prevé la posibilidad de llegar a la destitución de la autoridad que incumpla la sentencia de amparo, lo cual, no se logra en un nuevo juicio porque no se podría amparar y proteger a los quejosos para que las responsables cumplan con una sentencia de amparo anterior. Por ello, aun cuando el acto reclamado no se trata de una resolución o acuerdo determinado dictado en el citado juicio, ello no impide que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no es estrictamente necesario que el acto reclamado lo constituya de manera forzosa una resolución o acuerdo específico, sino también, un acto de naturaleza omisiva dentro del trámite del mismo juicio constitucional o en ejecución del mismo, como en el caso acontece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Augusto Carlos Galván Acosta. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Octavio Ortega Pineda, Marixochitl Castillo Romero y Olga Lidia Aguilar Morales, en virtud de haber acreditado tener inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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