Augusto Braulio Aguado Cruz
Expediente 823/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/12/2017
Partes del expediente
- Augusto Braulio Aguado Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente juicio de amparo, por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo antes citada, se declara que ha CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales; por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, en razón de haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia. Hágase saber a las partes que una vez transcurridos dichos años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito.....iii
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 30/11/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO AGUSTO BRAULIO AGUADO CRUZ, ANTONIO ELEUERIO MATIAS AGUADO PACHECO EL AUTO DE 29/11/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio (con anexos) de cuenta que remite el Director General del Centro SCT Querétaro, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del cual cumple con el requirimiento realizado por este Órgano Jurisdiccional en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete y al efecto remite copias certificadas de las constancias consistentes en: razonamiento de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, citatorio y cédula de notificación de fechas diecisiete y dieciocho de julio de dos mil diecisiete y del oficio C.SCT.721.412/1553/2017 de veintinueve de junio de dos mil diecisiete con firma de recibido, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el oficio (con anexos) de cuenta, a juicio de este juzgador, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La razón de la causal de improcedencia establecida en el artículo arriba transcrito, es la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, siendo necesario destacar, que los efectos del acto reclamado se traducen en una violación de derechos humanos en perjuicio del agraviado, por ende, para hablar de cesación de tales efectos, debe atenderse, necesariamente, si la contravención alegada por la parte quejosa ha desaparecido totalmente, sea porque la propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha acontecido por circunstancias ajenas a ella, esto es, debe constatarse si las cosas se han reestablecido al estado que guardaban antes de la emisión y ejecución, en su caso, del acto reclamado, en tratándose de actos positivos, pues sólo en esta hipótesis se estaría en presencia de la causal de improcedencia en comento. En el caso, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión o falta de contestación al escrito presentado en la Oficialía de Partes de la autoridad responsable en veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; sin embargo, de las constancias que remite la responsable en el oficio de cuenta, mismas que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que derivado de lo anterior, en fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, notificó el oficio C.SCT.721.412/1553/2017 de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, a través del cual la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis ante la autoridad responsable. Bajo esa perspectiva, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al estar probado plenamente que se dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de junio de dos mil dieciséis, por lo que es evidente, que han cesado los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro: 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 63, fracción V, de ordenamiento legal invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Determinación que se extiende al acto de ejecución atribuido a las autoridades a quienes se les otorgó ese carácter, de conformidad con la jurisprudencia visible en la página 647, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE
- Principal
. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio (con anexos) de cuenta que remite el Director General del Centro SCT Querétaro, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del cual cumple con el requirimiento realizado por este Órgano Jurisdiccional en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete y al efecto remite copias certificadas de las constancias consistentes en: razonamiento de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, citatorio y cédula de notificación de fechas diecisiete y dieciocho de julio de dos mil diecisiete y del oficio C.SCT.721.412/1553/2017 de veintinueve de junio de dos mil diecisiete con firma de recibido, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el oficio (con anexos) de cuenta, a juicio de este juzgador, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La razón de la causal de improcedencia establecida en el artículo arriba transcrito, es la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, siendo necesario destacar, que los efectos del acto reclamado se traducen en una violación de derechos humanos en perjuicio del agraviado, por ende, para hablar de cesación de tales efectos, debe atenderse, necesariamente, si la contravención alegada por la parte quejosa ha desaparecido totalmente, sea porque la propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha acontecido por circunstancias ajenas a ella, esto es, debe constatarse si las cosas se han reestablecido al estado que guardaban antes de la emisión y ejecución, en su caso, del acto reclamado, en tratándose de actos positivos, pues sólo en esta hipótesis se estaría en presencia de la causal de improcedencia en comento. En el caso, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión o falta de contestación al escrito presentado en la Oficialía de Partes de la autoridad responsable en veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; sin embargo, de las constancias que remite la responsable en el oficio de cuenta, mismas que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que derivado de lo anterior, en fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, notificó el oficio C.SCT.721.412/1553/2017 de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, a través del cual la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis ante la autoridad responsable. Bajo esa perspectiva, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al estar probado plenamente que se dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de junio de dos mil dieciséis, por lo que es evidente, que han cesado los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro: 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 63, fracción V, de ordenamiento legal invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Determinación que se extiende al acto de ejecución atribuido a las autoridades a quienes se les otorgó ese carácter, de conformidad con la jurisprudencia visible en la página 647, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE....III NP
- Principal
Intégrese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, por el que remite copia certificada de la resolución emitida el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en los autos del amparo en revisión administrativo 455/2017, promovido por la autoridad responsable Director General del Centro SCT Querétaro, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contra la sentencia emitida por este juzgado el trece de julio de dos mil dieciséis; y devuelve el expediente original del juicio en que se actúa. En esas condiciones, acúsese el recibo de estilo respectivo, asimismo, intégrese a los autos del expediente que se recibe el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso aludido, previa extracción de las copias que lo integran, a fin de no aumentar la voluminosidad del expediente en forma innecesaria dado que los originales de estas obran en el juicio. Luego, toda vez que al atender al contenido de la resolución que se recibe se aprecia, que el órgano colegiado revocó la sentencia y determinó reponer el procedimiento del juicio para los efectos ahí precisados, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para el desahogo de la audiencia constitucional. En cumplimiento a la ejecutoria requiérase a la autoridad responsable Director General del Centro SCT Querétaro, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que dentro del plazo de veinticuatro horas desahogue el requerimiento que se le efectúo mediante auto de doce de julio de dos mil diecisiete, inherente a la contestación (oficio número C.SCT.721.1553/2017 de veintinueve de junio de dos mil diecisiete), dada a la petición formulada por la parte quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Para fines estadísticos, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno conducente con motivo del presente reingreso.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma OSCAR PALOMO CARRASCO, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la Secretaria Gabriela Zárate Martínez, que autoriza y da fe. Intégrese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, por el que remite copia certificada de la resolución emitida el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en los autos del amparo en revisión administrativo 455/2017, promovido por la autoridad responsable Director General del Centro SCT Querétaro, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contra la sentencia emitida por este juzgado el trece de julio de dos mil dieciséis; y devuelve el expediente original del juicio en que se actúa. En esas condiciones, acúsese el recibo de estilo respectivo, asimismo, intégrese a los autos del expediente que se recibe el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso aludido, previa extracción de las copias que lo integran, a fin de no aumentar la voluminosidad del expediente en forma innecesaria dado que los originales de estas obran en el juicio. Luego, toda vez que al atender al contenido de la resolución que se recibe se aprecia, que el órgano colegiado revocó la sentencia y determinó reponer el procedimiento del juicio para los efectos ahí precisados, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para el desahogo de la audiencia constitucional. En cumplimiento a la ejecutoria requiérase a la autoridad responsable Director General del Centro SCT Querétaro, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que dentro del plazo de veinticuatro horas desahogue el requerimiento que se le efectúo mediante auto de doce de julio de dos mil diecisiete, inherente a la contestación (oficio número C.SCT.721.1553/2017 de veintinueve de junio de dos mil diecisiete), dada a la petición formulada por la parte quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Para fines estadísticos, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno conducente con motivo del presente reingreso....III
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