Audon Rosales Elizondo
Expediente 912/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/08/2019
Partes del expediente
- Audon Rosales Elizondo
Actuaciones
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- Principal
MESA VI. UN ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
MESA VI. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA (A.R.E) EL PROVEÍDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Vista la certificación precedente evidencia que la parte quejosa **************** por conducto de su apoderada **************** dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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MESA VI. UN ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.
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MESA VI. AVISO PARTE QUEJOSA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE: INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el comunicado mediante el cual el Presidente por sí y en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su informe justificado; asimismo, remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes del laudo emitido el catorce de mayo del año en curso, en el juicio laboral 1056/2016. PRUEBAS. En esas condiciones, respecto de las constancias que remite la oficiante, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas como pruebas documentales, dada su propia y especial naturaleza. Es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Así, visto el oficio y constancias de cuenta, se tiene a la autoridad responsable manifestando que el uno de agosto de dos mil diecinueve, se notificó a la parte actora y demandada del laudo de catorce de mayo del año en curso, emitido en el juicio laboral 1056/2016 de su índice. En esas condiciones, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" A fin de comprender mejor lo anterior, conviene precisar que el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que él mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo cuando los efectos del acto han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por mandato del numeral 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el uno del mes y año en curso, el Tribunal responsable, notificó el laudo de catorce de mayo del año en curso a la actora y demandada en el juicio laboral 1056/2016, siendo éste precisamente el acto que causaba perjuicio al quejoso, es decir, su motivo de agravio era el que no se había notificado el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen, lo que ya aconteció a la fecha y evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado. De manera tal, que se ha constituido legalmente una situación diferente a aquella que existía antes de la solicitud del amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista a las diez horas con diez minutos del nueve de agosto de dos mil diecinueve, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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