Auditoría Superior de la Federación
Expediente 756/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 123 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 123
- Última actuación
- 03/03/2021
Partes del expediente
- Auditoría Superior de la Federación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 123.
- Principal
Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Séptima Investigadora de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Fiscalía General de la República, por medio del cual solicita copia certificada de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en tanto refiere que dicho documento fue solicitado como "acto de investigación" en la indagatoria a que hace referencia. Al respecto, expídase la copia solicitada, misma que habrá de entregarse a la agente de la Policía Federal Ministerial Berenice Vilchis Guadalupe; por tanto, se comisiona al actuario adscrito que corresponda, para que a través de los medios no procesales señalados, realice una cita con dicha oficial de policía y, previa razón actuarial que formule para constancia, efectúe la entrega de las constancias solicitadas. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se declaró la imposibilidad jurídica para el cumplimiento íntegro de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, que en autos no existen documentos originales exhibidos por las partes, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Luego, no obstante que en su momento los tomos de prueba relativos a la indagatoria de origen fueron enviados por el fiscal de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, remítanse a la agente del Ministerio Público de la Federación responsable, así como el diverso allegado con motivo del cumplimiento de que se trata, en tanto es quien actualmente tiene a cargo la referida averiguación previa, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación correspondiente.
- Principal
Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del auto de dos de septiembre pasado, en que se dio vista con el informe relacionado con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En razón de que la observancia de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196, de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Así, destaca que por sentencia de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1470 a 1480), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió la protección constitucional solicitada por la Auditoría Superior de la Federación, contra la omisión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, de notificarle la resolución emitida en relación con la denuncia penal que dio origen a la averiguación previa FECC/019/2015-02. Inconforme con dicha resolución, las partes quejosa y tercero interesada, por conducto del titular de la Dirección General Jurídica y autorizado, respectivamente, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el orden 109/2017, quien en sesión de once de enero de dos mil dieciocho modificó la sentencia recurrida, y concedió la protección constitucional a la solicitante de amparo para los siguientes efectos: "1. El Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas: Deje insubsistente la resolución de 17 diecisiete de marzo de 2015 dos mil quince, en la que autorizó el no ejercicio de la acción penal propuesto por el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Trámite número Tres de esa Fiscalía, en la averiguación previa FECC/019/2015-02. Dicte otra en la que teniendo en cuenta las consideraciones legales expresadas en este fallo, declare nulo todo lo actuado por el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Trámite número Tres de esa Fiscalía, por carecer de competencia para practicar diligencias en dicha indagatoria penal, y le ordene que a la mayor brevedad devuelva tal expediente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, que previno en el conocimiento del mismo, por ser la autoridad competente para continuar con su integración y resolución. 2. La licenciada Silvia Nathalie Garcia Ocampo, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, o el Ministerio Público que actualmente se encargue del trámite de la mesa que llevaba dicha servidora pública, una vez recibida la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVIII/283/2014, deberá continuar con la integración de dicha indagatoria, en la que deberá: Practicar las diligencias que procedan conforme a derecho, en la o las líneas de investigación que establezca, señalando la metodología que seguirá, en la que diga cuál es el delito que va a investigar y precise quien o quienes probablemente lo cometieron o participaron en su comisión, para resolver dentro de un plazo razonable sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción en tal expediente. Reconocer el carácter de coadyuvante al Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, en términos del artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma de 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho). Notificarle personalmente el acuerdo en el que le reconozca tal carácter de coadyuvante. En el momento procesal oportuno, de estimar procedente proponer el no ejercicio o desistimiento de la acción penal en dicha averiguación previa, previo a emitir el acuerdo relativo, deberá escuchar la opinión del coadyuvante, en acatamiento a lo establecido en la fracción V del artículo 49 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que estaba vigente en la época en que ocurrieron los hechos denunciados". En ese sentido, una vez recibido el testimonio de dicho fallo, por auto de veinticinco de enero del citado año (fojas 2251 y 2252), se requirió a las autoridades responsables vinculadas con el cumplimiento para que en el plazo de tres días informaran lo relativo. Así, luego de los informes recibidos sobre el particular, mediante auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 2517) este juzgado estimó adecuado poner a la vista de las partes las actuaciones con que periódicamente se indicó acatar la referida ejecutoria, de ahí que en el diverso de veintidós de dicho mes (fojas 2528 a 2532), en lo que interesa se estableció lo siguiente: "De esta forma, mediante oficio allegado el primero de febrero siguiente (fojas 2268 y 2269) se recibió el informe relativo del fiscal de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al que adjuntó copia certificada de diversas actuaciones, entre las que destaca la relativa al proveído de veintinueve de enero anterior, a través del cual, por una parte, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de marzo de dos mil quince, en que previamente había autorizado el no ejercicio de la acción penal propuesto por el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite 3 en la averiguación previa FECC/019/2015-02, y por otra, declaró nulo todo lo actuado por esta última autoridad, ordenándole devolviera a la brevedad dicha indagatoria a la agente del Ministerio Público de la Federación que previno en su integración, para que continuara conociendo de la misma. Siendo que mediante comunicado FGE.FCC.03.0883.2018-01 recibido en aquella data en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, se materializó la devolución de la averiguación previa de origen; de ahí que con base en lo anterior, se tiene por acatado el efecto de la concesión marcado con el punto 1, en sus dos incisos. Luego, previa ampliación del plazo correspondiente (foja 2277), por oficio recibido en este juzgado el dos de febrero de la misma anualidad (fojas 2281 y 2282) se informó que sería Victoria Sack Nite Lara Herández, agente del Ministerio Público Titular de la Mesa I de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la referida Unidad, la autoridad encargada del cumplimiento de los restantes efectos de la protección constitucional. Así, mediante comunicado allegado el ocho del mes último en cita (fojas 2293 a 2295) dicha autoridad, a quien en el auto respectivo se le tuvo como sustituta en el presente asunto, informó lo relativo; sin embargo, al no enviar documental alguna se formuló el requerimiento correspondiente, por lo que a través del diverso recibido el quince siguiente (foja 2305) remitió copia de las constancias que estimó oportunas, de las que destacan los acuerdos de nueve de enero anterior y seis de aquel mes, en que se advierte lo siguiente: Radicó la averiguación previa de origen con la nomenclatura AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVIII/283/2014, iniciada contra Carlos Miguel Colex Guzmán, Jose Ramón Hernández Pantiga, James Gómez Montes y Veronica del Carmen Aceituno 'SORIANO', por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, y sancionado en el penúltimo párrafo de dicho numeral; Ordenó la práctica de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados; Giró oficio a la Coordinación General de Servicios Periciales a efecto que se designara perito en materia de contabilidad para que formulara el dictamen correspondiente; y Reconoció el carácter de coadyuvante en la investigación al director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación y le giró oficio a fin de notificarle de ello. Luego, con el oficio recibido el ocho de marzo del mismo año (foja 2325) remitió copia certificada de la comparecencia de trece de febrero anterior y del acuerdo de dos de aquel mes, en que destaca respectivamente que: El representante de la Auditoría Superior de la Federación se dio por notificado de la coadyuvancia reconocida; y La perito designada Alicia Estela Cruz Méndez, formuló requerimiento en el sentido que para que estuviera en aptitud de rendir el dictamen solicitado, era necesario 'que la denunciante aporte al expediente 'Cuenta por Liquidar Certificada', estado de cuenta o documento que acredite cada uno de los recursos federales que fueron transferidos a través de la Tesorería de la Federación a favor del Estado de Chiapas y que fueron transferidos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2011, objeto de la presente indagatoria', así como los 'Recibos o comprobantes de recepción de recursos, en los que se indique el concepto por el cual fueron destinados los recursos transferidos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2011 del estado de Chiapas'; de ahí que giró oficio a aquel representante para que proporcionara la información solicitada. En el entendido que el tres y veintitrés de abril siguiente (fojas 2335 y 2349), allegó copia de los acuses de recibo obtenidos en torno a este último requerimiento, y el once de mayo del citado año informó nuevamente sobre el particular, lo cual incluso motivó requerirle para que en lo subsecuente informara de actuaciones efectivas para la debida integración y determinación de la averiguación previa de que se trata (fojas 2338, 2339, 2360 y 2361). En ese sentido, a partir del primero de junio de dos mil dieciocho, en que se recibió diverso oficio (foja 2367), se ha limitado a informar: Lo relativo a los requerimientos realizados a la persona moral quejosa para que remitiera a la perito la información solicitada; Las respuestas de dicha moral en el sentido que habían sido atendidos todos los requerimientos a ella formulados; Diversas solicitudes al coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República para que designara perito en materia de contabilidad, y se pudiera efectuar la experticia correspondiente; y Lo conducente a la ubicación y localización de los tercero interesados, probables responsables en la investigación. Es con base en la reseña de las anteriores actuaciones, que se declaran cumplidos los aspectos segundo y tercero del punto 2 de la concesión, en tanto como se apuntó, se ha reconocido la calidad de coadyuvante en la investigación al director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de lo cual fue enterado en comparecencia ante la agente del Ministerio Público de la Federación responsable. Ahora, en torno a los restantes aspectos, es evidente que por la forma en que se establecieron, tienen estrecha relación, por lo que su examen tendrá que realizarse en forma conjunta para establecer si se encuentran o no cumplidos. En ese contexto, es claro que aún no se encuentran acatados todos y cada uno de los aspectos que integran la materia de la concesión, pues la agente del Ministerio Público de la Federación responsable no ha realizado todas aquellas actuaciones efectivas tendentes a la debida integración de la indagatoria mencionada y, consecuentemente, al esclarecimiento de los hechos denunciados. Lo anterior, pues como premisa principal, al margen que indicó continuaría investigando el delito de peculado contra Carlos Miguel Colex Guzmán, Jose Ramón Hernández Pantiga, James Gómez Montes y Veronica del Carmen Aceituno 'SORIANO', no ha establecido la o las líneas de investigación con el objeto de abordar el problema planteado en la denuncia formulada, ni ha seguido una metodología específica para allegarse de pruebas para el esclarecimiento de los hechos, como fue establecido en la ejecutoria amparadora, lo que ha derivado en el retardo de la integración de la averiguación previa y la consecuente determinación. Y es que como se relató, desde el primero de junio de dos mil dieciocho hasta este momento, las diligencias que ordenó practicar únicamente han consistido en obtener dictamen pericial en materia de contabilidad, del que ha omitido informar si se llevó a cabo o no, así como en la ubicación y localización de los probables responsables, lo cual, sin duda alguna, se torna en actuaciones deficientes en la integración de la indagatoria y su consecuente determinación, desde luego, ponderando el margen de tiempo con que ha contado y los actos de investigación realizados, que sólo denotan un actuar pasivo en su facultad investigadora. Por tanto, este órgano de control constitucional tiene por no cumplida dicha ejecutoria". En consecuencia, tomando en consideración que aún se encontraban pendientes de cumplimiento los aspectos primero y cuarto del punto 2 de la concesión, se requirió a la agente del Ministerio Público de la Federación responsable para que en el plazo de noventa días hábiles emitiera la resolución que conforme a derecho correspondiera en la averiguación previa de origen; siendo que para el caso que estimara procedente proponer el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, previo a emitir el acuerdo relativo, en el propio plazo anunciado, debía escuchar la opinión del coadyuvante, en términos del artículo 49, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación -vigente en la época en que ocurrieron los hechos denunciados-. De esta forma, por oficio recibido el dos de septiembre del año en curso (fojas 2545 y 2546), la referida responsable remitió el informe correspondiente al que adjuntó copia certificada de diversas actuaciones, las cuales permiten a este órgano de control constitucional declarar que en el caso existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento íntegro de le ejecutoria de amparo. En efecto, de la documental enviada destaca que el veintiséis de julio del año en curso, los tercero interesados -probables responsables en la investigación-comparecieron ante la mencionada autoridad en compañía de su defensor y exhibieron por escrito sus respectivas declaraciones; siendo que en comparecencia de veintiocho de agosto siguiente dicho defensor solicitó "un término de treinta días hábiles a fin de poder estar en posibilidad de exhibir diversas pruebas a favor de mis representados.", respecto de lo cual en la misma fecha la autoridad ministerial acordó de conformidad lo solicitado. Es con base en este último apuntamiento que resulta válido declarar la imposibilidad jurídica en el cumplimiento íntegro de que se trata, desde luego, en ponderación con el derecho al debido proceso en que se encuentra inmerso el de adecuada defensa, que asiste a los probables responsables en la fase de averiguación previa para comparecer a fin de ofrecer y desahogar pruebas antes que sea modificada su esfera jurídica. En ese sentido, obligar a la responsable a emitir la determinación que corresponda en la indagatoria de origen, podría constituir transgresión en la esfera jurídica de los indiciados, quienes como se dijo, han solicitado por conducto de su defensor un plazo de treinta días hábiles para ofrecer pruebas de descargo, que evidentemente podría derivar en la realización de diversas actuaciones y la consecuente valoración de la autoridad investigadora sobre el particular previo a su eventual resolución, de ahí que en un cuidadoso ejercicio de ponderación entre el derecho fundamental involucrado de aquellas personas y el interés público que rige en toda investigación de los delitos, es adecuado establecer que en el particular existe imposibilidad jurídica para el acatamiento íntegro de la ejecutoria de amparo, dadas las condiciones actuales que imperan en la indagatoria. En cuanto a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en el impreso de desahogo de la vista correspondiente, dígasele que deberá estarse a lo determinado en este proveído, en tanto como quedó relatado, las condiciones actuales impiden un pronunciamiento sobre el aspecto relativo a la determinación de la indagatoria, previa opinión recabada de la parte quejosa respecto de esa circunstancia. Sin que se estime conducente enviar los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para el trámite que prevén los artículos 196 y 198 de la ley de la materia, pues acorde con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 490, mayo de 2017, tomo I, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO", este juzgado considera que en el particular, la protección constitucional no puede restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, si se toma en consideración que no se cumplió el fin último de la concesión, consistente en la determinación de la indagatoria ante la imposibilidad destacada previamente, respecto de lo que incluso se manifestó estar consciente de ello, de ahí que conforme al numeral 201, fracción II, de la Ley de Amparo, debe apuntarse que las partes se encuentran en aptitud de interponer recurso de inconformidad contra esta determinación. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.
- Principal
Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica a los tercero interesados Carlos Miguel Colex Guzmán, José Ramón Hernández Pantiga, James Gómez Montes y Verónica del Carmen Aceituno Suriano, el auto de trece de septiembre pasado, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del auto de dos de septiembre pasado, en que se dio vista con el informe relacionado con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En razón de que la observancia de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196, de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Así, destaca que por sentencia de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1470 a 1480), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió la protección constitucional solicitada por la Auditoría Superior de la Federación, contra la omisión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, de notificarle la resolución emitida en relación con la denuncia penal que dio origen a la averiguación previa FECC/019/2015-02. Inconforme con dicha resolución, las partes quejosa y tercero interesada, por conducto del titular de la Dirección General Jurídica y autorizado, respectivamente, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el orden 109/2017, quien en sesión de once de enero de dos mil dieciocho modificó la sentencia recurrida, y concedió la protección constitucional a la solicitante de amparo para los siguientes efectos: "1. El Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas: Deje insubsistente la resolución de 17 diecisiete de marzo de 2015 dos mil quince, en la que autorizó el no ejercicio de la acción penal propuesto por el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Trámite número Tres de esa Fiscalía, en la averiguación previa FECC/019/2015-02. Dicte otra en la que teniendo en cuenta las consideraciones legales expresadas en este fallo, declare nulo todo lo actuado por el Agente del Ministerio Público de la Mesa de Trámite número Tres de esa Fiscalía, por carecer de competencia para practicar diligencias en dicha indagatoria penal, y le ordene que a la mayor brevedad devuelva tal expediente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, que previno en el conocimiento del mismo, por ser la autoridad competente para continuar con su integración y resolución. 2. La licenciada Silvia Nathalie Garcia Ocampo, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, o el Ministerio Público que actualmente se encargue del trámite de la mesa que llevaba dicha servidora pública, una vez recibida la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVIII/283/2014, deberá continuar con la integración de dicha indagatoria, en la que deberá: Practicar las diligencias que procedan conforme a derecho, en la o las líneas de investigación que establezca, señalando la metodología que seguirá, en la que diga cuál es el delito que va a investigar y precise quien o quienes probablemente lo cometieron o participaron en su comisión, para resolver dentro de un plazo razonable sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción en tal expediente. Reconocer el carácter de coadyuvante al Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, en términos del artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma de 18 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho). Notificarle personalmente el acuerdo en el que le reconozca tal carácter de coadyuvante. En el momento procesal oportuno, de estimar procedente proponer el no ejercicio o desistimiento de la acción penal en dicha averiguación previa, previo a emitir el acuerdo relativo, deberá escuchar la opinión del coadyuvante, en acatamiento a lo establecido en la fracción V del artículo 49 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que estaba vigente en la época en que ocurrieron los hechos denunciados". En ese sentido, una vez recibido el testimonio de dicho fallo, por auto de veinticinco de enero del citado año (fojas 2251 y 2252), se requirió a las autoridades responsables vinculadas con el cumplimiento para que en el plazo de tres días informaran lo relativo. Así, luego de los informes recibidos sobre el particular, mediante auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 2517) este juzgado estimó adecuado poner a la vista de las partes las actuaciones con que periódicamente se indicó acatar la referida ejecutoria, de ahí que en el diverso de veintidós de dicho mes (fojas 2528 a 2532), en lo que interesa se estableció lo siguiente: "De esta forma, mediante oficio allegado el primero de febrero siguiente (fojas 2268 y 2269) se recibió el informe relativo del fiscal de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al que adjuntó copia certificada de diversas actuaciones, entre las que destaca la relativa al proveído de veintinueve de enero anterior, a través del cual, por una parte, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de marzo de dos mil quince, en que previamente había autorizado el no ejercicio de la acción penal propuesto por el fiscal del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite 3 en la averiguación previa FECC/019/2015-02, y por otra, declaró nulo todo lo actuado por esta última autoridad, ordenándole devolviera a la brevedad dicha indagatoria a la agente del Ministerio Público de la Federación que previno en su integración, para que continuara conociendo de la misma. Siendo que mediante comunicado FGE.FCC.03.0883.2018-01 recibido en aquella data en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, se materializó la devolución de la averiguación previa de origen; de ahí que con base en lo anterior, se tiene por acatado el efecto de la concesión marcado con el punto 1, en sus dos incisos. Luego, previa ampliación del plazo correspondiente (foja 2277), por oficio recibido en este juzgado el dos de febrero de la misma anualidad (fojas 2281 y 2282) se informó que sería Victoria Sack Nite Lara Herández, agente del Ministerio Público Titular de la Mesa I de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la referida Unidad, la autoridad encargada del cumplimiento de los restantes efectos de la protección constitucional. Así, mediante comunicado allegado el ocho del mes último en cita (fojas 2293 a 2295) dicha autoridad, a quien en el auto respectivo se le tuvo como sustituta en el presente asunto, informó lo relativo; sin embargo, al no enviar documental alguna se formuló el requerimiento correspondiente, por lo que a través del diverso recibido el quince siguiente (foja 2305) remitió copia de las constancias que estimó oportunas, de las que destacan los acuerdos de nueve de enero anterior y seis de aquel mes, en que se advierte lo siguiente: Radicó la averiguación previa de origen con la nomenclatura AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVIII/283/2014, iniciada contra Carlos Miguel Colex Guzmán, Jose Ramón Hernández Pantiga, James Gómez Montes y Veronica del Carmen Aceituno 'SORIANO', por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, y sancionado en el penúltimo párrafo de dicho numeral; Ordenó la práctica de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados; Giró oficio a la Coordinación General de Servicios Periciales a efecto que se designara perito en materia de contabilidad para que formulara el dictamen correspondiente; y Reconoció el carácter de coadyuvante en la investigación al director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación y le giró oficio a fin de notificarle de ello. Luego, con el oficio recibido el ocho de marzo del mismo año (foja 2325) remitió copia certificada de la comparecencia de trece de febrero anterior y del acuerdo de dos de aquel mes, en que destaca respectivamente que: El representante de la Auditoría Superior de la Federación se dio por notificado de la coadyuvancia reconocida; y La perito designada Alicia Estela Cruz Méndez, formuló requerimiento en el sentido que para que estuviera en aptitud de rendir el dictamen solicitado, era necesario 'que la denunciante aporte al expediente 'Cuenta por Liquidar Certificada', estado de cuenta o documento que acredite cada uno de los recursos federales que fueron transferidos a través de la Tesorería de la Federación a favor del Estado de Chiapas y que fueron transferidos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2011, objeto de la presente indagatoria', así como los 'Recibos o comprobantes de recepción de recursos, en los que se indique el concepto por el cual fueron destinados los recursos transferidos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2011 del estado de Chiapas'; de ahí que giró oficio a aquel representante para que proporcionara la información solicitada. En el entendido que el tres y veintitrés de abril siguiente (fojas 2335 y 2349), allegó copia de los acuses de recibo obtenidos en torno a este último requerimiento, y el once de mayo del citado año informó nuevamente sobre el particular, lo cual incluso motivó requerirle para que en lo subsecuente informara de actuaciones efectivas para la debida integración y determinación de la averiguación previa de que se trata (fojas 2338, 2339, 2360 y 2361). En ese sentido, a partir del primero de junio de dos mil dieciocho, en que se recibió diverso oficio (foja 2367), se ha limitado a informar: Lo relativo a los requerimientos realizados a la persona moral quejosa para que remitiera a la perito la información solicitada; Las respuestas de dicha moral en el sentido que habían sido atendidos todos los requerimientos a ella formulados; Diversas solicitudes al coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República para que designara perito en materia de contabilidad, y se pudiera efectuar la experticia correspondiente; y Lo conducente a la ubicación y localización de los tercero interesados, probables responsables en la investigación. Es con base en la reseña de las anteriores actuaciones, que se declaran cumplidos los aspectos segundo y tercero del punto 2 de la concesión, en tanto como se apuntó, se ha reconocido la calidad de coadyuvante en la investigación al director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de lo cual fue enterado en comparecencia ante la agente del Ministerio Público de la Federación responsable. Ahora, en torno a los restantes aspectos, es evidente que por la forma en que se establecieron, tienen estrecha relación, por lo que su examen tendrá que realizarse en forma conjunta para establecer si se encuentran o no cumplidos. En ese contexto, es claro que aún no se encuentran acatados todos y cada uno de los aspectos que integran la materia de la concesión, pues la agente del Ministerio Público de la Federación responsable no ha realizado todas aquellas actuaciones efectivas tendentes a la debida integración de la indagatoria mencionada y, consecuentemente, al esclarecimiento de los hechos denunciados. Lo anterior, pues como premisa principal, al margen que indicó continuaría investigando el delito de peculado contra Carlos Miguel Colex Guzmán, Jose Ramón Hernández Pantiga, James Gómez Montes y Veronica del Carmen Aceituno 'SORIANO', no ha establecido la o las líneas de investigación con el objeto de abordar el problema planteado en la denuncia formulada, ni ha seguido una metodología específica para allegarse de pruebas para el esclarecimiento de los hechos, como fue establecido en la ejecutoria amparadora, lo que ha derivado en el retardo de la integración de la averiguación previa y la consecuente determinación. Y es que como se relató, desde el primero de junio de dos mil dieciocho hasta este momento, las diligencias que ordenó practicar únicamente han consistido en obtener dictamen pericial en materia de contabilidad, del que ha omitido informar si se llevó a cabo o no, así como en la ubicación y localización de los probables responsables, lo cual, sin duda alguna, se torna en actuaciones deficientes en la integración de la indagatoria y su consecuente determinación, desde luego, ponderando el margen de tiempo con que ha contado y los actos de investigación realizados, que sólo denotan un actuar pasivo en su facultad investigadora. Por tanto, este órgano de control constitucional tiene por no cumplida dicha ejecutoria". En consecuencia, tomando en consideración que aún se encontraban pendientes de cumplimiento los aspectos primero y cuarto del punto 2 de la concesión, se requirió a la agente del Ministerio Público de la Federación responsable para que en el plazo de noventa días hábiles emitiera la resolución que conforme a derecho correspondiera en la averiguación previa de origen; siendo que para el caso que estimara procedente proponer el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, previo a emitir el acuerdo relativo, en el propio plazo anunciado, debía escuchar la opinión del coadyuvante, en términos del artículo 49, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación -vigente en la época en que ocurrieron los hechos denunciados-. De esta forma, por oficio recibido el dos de septiembre del año en curso (fojas 2545 y 2546), la referida responsable remitió el informe correspondiente al que adjuntó copia certificada de diversas actuaciones, las cuales permiten a este órgano de control constitucional declarar que en el caso existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento íntegro de le ejecutoria de amparo. En efecto, de la documental enviada destaca que el veintiséis de julio del año en curso, los tercero interesados -probables responsables en la investigación-comparecieron ante la mencionada autoridad en compañía de su defensor y exhibieron por escrito sus respectivas declaraciones; siendo que en comparecencia de veintiocho de agosto siguiente dicho defensor solicitó "un término de treinta días hábiles a fin de poder estar en posibilidad de exhibir diversas pruebas a favor de mis representados.", respecto de lo cual en la misma fecha la autoridad ministerial acordó de conformidad lo solicitado. Es con base en este último apuntamiento que resulta válido declarar la imposibilidad jurídica en el cumplimiento íntegro de que se trata, desde luego, en ponderación con el derecho al debido proceso en que se encuentra inmerso el de adecuada defensa, que asiste a los probables responsables en la fase de averiguación previa para comparecer a fin de ofrecer y desahogar pruebas antes que sea modificada su esfera jurídica. En ese sentido, obligar a la responsable a emitir la determinación que corresponda en la indagatoria de origen, podría constituir transgresión en la esfera jurídica de los indiciados, quienes como se dijo, han solicitado por conducto de su defensor un plazo de treinta días hábiles para ofrecer pruebas de descargo, que evidentemente podría derivar en la realización de diversas actuaciones y la consecuente valoración de la autoridad investigadora sobre el particular previo a su eventual resolución, de ahí que en un cuidadoso ejercicio de ponderación entre el derecho fundamental involucrado de aquellas personas y el interés público que rige en toda investigación de los delitos, es adecuado establecer que en el particular existe imposibilidad jurídica para el acatamiento íntegro de la ejecutoria de amparo, dadas las condiciones actuales que imperan en la indagatoria. En cuanto a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en el impreso de desahogo de la vista correspondiente, dígasele que deberá estarse a lo determinado en este proveído, en tanto como quedó relatado, las condiciones actuales impiden un pronunciamiento sobre el aspecto relativo a la determinación de la indagatoria, previa opinión recabada de la parte quejosa respecto de esa circunstancia. Sin que se estime conducente enviar los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para el trámite que prevén los artículos 196 y 198 de la ley de la materia, pues acorde con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 490, mayo de 2017, tomo I, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO", este juzgado considera que en el particular, la protección constitucional no puede restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, si se toma en consideración que no se cumplió el fin último de la concesión, consistente en la determinación de la indagatoria ante la imposibilidad destacada previamente, respecto de lo que incluso se manifestó estar consciente de ello, de ahí que conforme al numeral 201, fracción II, de la Ley de Amparo, debe apuntarse que las partes se encuentran en aptitud de interponer recurso de inconformidad contra esta determinación. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral...".
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