Auditoria Superior de la Federación
Expediente 1930/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1930/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/12/2015
Partes del expediente
- Auditoria Superior de la Federación
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, del Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual rinde su informe justificado. En mérito de lo anterior, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, en términos del artículo 9º de la citada ley, téngasele designando como delegados a las personas que cita en el oficio que se acuerda y por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Igualmente, con fundamento en el diverso artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de su parte las documentales que refiere y anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, para el mejor manejo de las copias certificadas que se anexan al oficio que se acuerda, éstas correrán por cuerda separada debidamente identificadas como cuaderno auxiliar I, conservando su folio, rúbrica y sello originales. Por otra parte, dada la voluminosidad del cuaderno auxiliar I, existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que con fundamento en los artículos 91 y 92 del ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se hace del conocimiento de las partes que dicho cuaderno, se encuentran a su disposición en el expediente impreso, en la secretaría del juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Maribel Camacho Fuentes, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil quince y comunicada mediante oficio CCJ/ST/6299/2015; ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha han transcurrido los cinco días que se le otorgó a la quejosa María de los Ángeles Santos Crespo, a efecto de que acreditara con las constancias conducentes haber efectuado el pago de la garantía del interés fiscal ante la Administración Local de Recaudación de Puebla, Norte, en acatamiento a la resolución interlocutoria de cuatro de diciembre de dos mil quince, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida, sin que lo hubiere hecho. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir sus efectos la suspensión definitiva antes referida, por tanto, hágase del conocimiento lo anterior, a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.47 K (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Reg. 2008029, página: 3040, que a continuación se invoca: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible." De igual forma, tiene aplicación la tesis aislada I.15o.A.31 K, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Reg. 170577, página: 1823, que dice: "SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. Este precepto legal previene que la determinación que concede la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cubre dentro del plazo de cinco días los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, esto es, los conocidos como de efectividad a que se refieren los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que dependen de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión, es decir, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias; requisitos que, a diferencia de los de procedencia, se refieren a la generación de los efectos de dicha medida. En esos términos, es posible que se conceda la suspensión por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse cumplido los señalados en la ley para su efectividad; de ahí que no tiene el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues en el primer caso, deja de tener vigencia y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse acatado la condición que se impuso. Por consiguiente, tratándose de la garantía que se requiere para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, si la parte quejosa deja de exhibirla dentro del mencionado plazo, esto no significa que la medida cautelar quede anulada o revocada, sino sólo que no puede surtir sus efectos y que se encuentran expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sobre tales premisas, no debe entenderse que la parte quejosa pierde el derecho de otorgar la garantía requerida una vez transcurridos los cinco días que contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo dejará de surtir efectos y los recobrará cuando se cubra ese requisito exigido para su efectividad."
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