Audiel Galindo Torres

Expediente 574/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
574/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
04/09/2018

Partes del expediente

  • Audiel Galindo Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    AGRREGUESE AL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES EL OFICIO SIGNADO POR ELSECRETARIO DE ACUERDOS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE ESTE DECIMOPRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL JUICIO DE AMPARO IV-574/2018 DEL INDICE DE ESTE JUZGADO Y COMUNICA QUE MEDIANTE AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD SE ADMITIO EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE ORGANO JURISDICCIONAL.

  2. Principal

    VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 574/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A.... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...

  3. Incidental

    V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número IV-574/2018, promovido por -; y, R E S U L T A N D O: l. -, por su propio derecho, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal con incidente de suspensión, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Suprremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, los que hizo consistir en lo siguiente: "IV. EL ACTO RECLAMADO, lo es la sentencia definitiva de fecha nueve de mayo del 2018 dos mil dieciocho, pronunciada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del Toca I-103/2018, Derivada del recurso de apelación interpuesta por -, dentro del juicio Especial Oral Familiar de modificación de convenio relativo a la convivencia de menores, que fuera registrado bajo el número 81/2018, ante el Juez del Segundo Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Hidalgo, Michoacán". El peticionario de garantías, estimó violadas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1°, 4, 8, 16 Y 16 Constitucionales; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 fracción IV, 35, 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 3/2013 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde éste tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. El Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al rendir su informe previo, manifestó que son ciertos los actos reclamados por el impetrante de garantías. No obstante lo anterior, en el caso se considera pertinente precisar que la suspensión del acto reclamado, procede cuando se cumplan los siguientes requisitos: La existencia del acto reclamado. Que la naturaleza del mismo permita su paralización; y, Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1796, Tomo: XXI, Febrero de 2005, Novena Época del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. La suspensión a petición de parte está sujeta a requisitos de procedencia y de efectividad; los primeros están constituidos por aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión; mientras que los segundos implican aquellas exigencias que el agraviado o quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión otorgada. Por tanto, la procedencia de la suspensión definitiva debe fundarse en tres condiciones concurrentes que son: a) que los actos contra los cuales se haya solicitado dicha medida cautelar sean ciertos; b) que la naturaleza de los mismos permita su paralización; y, c) que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, es decir, que lo solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y, por último, que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto sean de difícil reparación". Es pertinente señalar que el objetivo de la suspensión en el juicio de amparo es mantener la situación jurídica de los quejosos en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de una hipotética concesión de la protección constitucional; por lo que concedida esa medida sus efectos se traducen en la detención de los procedimientos encaminados a ejecutar los actos reclamados mientras se decide si resultan o no constitucionales; lo que explica por qué la suspensión sólo procede contra actos positivos que implican una acción, una orden, una privación o una molestia, pues únicamente éstos son aptos de paralización, no así los negativos que constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se rehúsan a hacer algo u omiten efectuar lo solicitado por los gobernados. De lo anterior se pone de manifiesto que en el caso en concreto, el referido acto reclamado no es susceptible de suspenderse, ya que por su naturaleza se trata de un acto negativo, ello en virtud de que la resolución que ahora se combate y que confirma el auto dictado en el juicio natural del que emana el acto reclamado, mediante el cual el juez natural, dentro del Juicio Especial Oral 81/2018, con fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, negó admitir a trámite la demanda reconovencional planteada por el peticionario de garantías, por lo que su característica denota la negación de la autoridad; y, como ya se dijo, al ser el objetivo de la suspensión del acto reclamado paralizar y detener la acción de la autoridad durante la tramitación del juicio de amparo, de concederse tal medida cautelar, sería darle efectos restituirlos, los cuales son propios del estudio que se realice sobre la legalidad e inconstitucionalidad del acto en la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde emana el presente incidente. Sirve de sustento la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 408, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión". Asimismo por identidad jurídica, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, editado en el Tomo XV, Marzo de 2002, página 1468, de la invocada compilación jurisprudencial, Novena Época, que expresa: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS.- Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". Por lo expuesto y fundado; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a -, la suspensión definitiva, respecto a las autoridades señaladas en el considerando segundo de esta resolución, y por los motivos ahí indicados. Notifíquese.

  4. Principal

    AGREGUESE A SUS AUTOS EL OFCIO DE CUENTA SIGNADO POR EL MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD, A TRAVES DEL CUAL Y EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE LE HIZO EN AUTO, INFORMA QUE NO TIENE REGISTRO ALGUNO DEL QUE SE ADVIERTA QUE S EHAYA PROMOVIDO DIVERSO JUICIO DE AMPARO DERIVADO DEL ACTO RECLAMADO EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL; ASIMISMO QUE A CRITERIO DE ESA AUTORIDAD NO EXISTE CAUSA ALGUNA QUE DE LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL ACTO EN RECLAMO.

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