Audelio Piña González

Expediente 617/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
617/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
21/08/2015

Partes del expediente

  • Audelio Piña González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de seis de agosto de dos mil quince (fojas 10 a 20), que desechó la demanda de garantías presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a la parte quejosa, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, se previene a la parte quejosa para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, a recoger el documento que acompañó a la demanda de amparo (foja 6), dentro del plazo de noventa días naturales, apercibida que en caso de no hacerlo así, el documento referido será destruido junto con el expediente; lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General mencionado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Audelio Piña González, contra actos de la autoridad responsable Subdirector adscrito a la estación Piedras Negras de la Policía Federal, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 617/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: (...) En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, al no oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: (...) Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, el quejoso en su demanda reclama lo siguiente: (...) En ese entendido, este tribunal, considera que el acto reclamado por el quejoso, no es susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la inobservancia del principio de definitividad; lo anterior, en virtud de que la parte quejosa, previamente a promover este juicio constitucional, debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo anterior se estima así, por las siguientes consideraciones: En artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, dispone: (...) También cabe destacar el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: (...) La interpretación de los preceptos transcritos evidencia, que en estos se patentiza el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, conforme al cual este medio de control constitucional sólo será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, por virtud de los cuales pueden ser modificados, revocados o nulificados, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto. Desprendiéndose del precepto invocado en primer término que, el legislador federal estableció excepciones a dicho principio de definitividad, las cuales son: 1. Cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; y 2. Cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso se prevea en un reglamento y no en una ley. Excepciones las anteriores, las que, en el caso que nos ocupa, no se actualizan, pues como se precisó con antelación, el acto reclamado por el quejoso lo constituye la boleta de infracción folio 3982612, de dieciséis de julio del año en curso, emitida por la Policía Federal, con sede en esta ciudad. Esto es así, porque contra el referido acto procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, medio de defensa el cual prevé la suspensión de los actos, pues al efecto en el artículo 14, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se establece lo siguiente: (...) Por su parte, los artículos 1°, 2, 24, 28, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disponen: (...) En las condiciones apuntadas, de los citados ordinales se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan, entre otros actos, contra las resoluciones y actos administrativos que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Hipótesis que encuadra en el caso sujeto a estudio, ya que, como se dijo, la parte quejosa reclama boleta de infracción folio 3982612, de dieciséis de julio del año en curso, emitida por la Policía Federal, con sede en esta ciudad. Cabe hacer notar, que dicho medio de impugnación también contempla la suspensión de los actos reclamados en su ordinal 28, el que ha quedado transcrito y del que se desprende que en el caso la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en el citado ordinal, no estipula mayores requisitos que la Ley de Amparo para obtener la suspensión de los actos reclamados, como se desprende del examen comparativo de las normas legales correspondientes, ya que incluso se aprecia que ambas establecen símiles exigencias para obtener la medida cautelar, lo que se desprende del aludido numeral de la ley fiscal y del diverso 124 de la Ley que rige a la materia. En esa tesitura, es dable colegir que en el caso que nos ocupa no se actualiza la excepción al Principio de definitividad anteriormente señalado. Sin que pase inadvertido para este resolutor federal, lo establecido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Tesis: 2a./J. 56/2007, de la Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Mayo de 2007, consultable en la Página: 1103, Materia(s): Administrativa, de rubro y texto siguiente: (...) Lo dicho, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 39/2007-SS, que dio origen a la jurisprudencia que se analiza, determinó que no era necesario agotar el juicio contencioso en contra de las resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de amparo, ya que el artículo 28 de La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecía mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley que rige el juicio de amparo, a saber: Circunscribe la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; Obliga al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; Obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; Constriñe a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales se considera que se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; Condiciona el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, Establece que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. En efecto, el aludido numeral 28 de la Ley que rige la materia fiscal, establecía mayores exigencias a las previstas en la Ley de Amparo, para la obtención de la medida cautelar, lo que hacía que se actualizara una excepción al principio de definitividad; empero, tal ordinal fue reformado mediante Decreto emitido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, y de conformidad con el artículo Segundo Transitorio de dicho Decreto, tal reforma entró en vigor a partir de los noventa días siguientes al de su publicación, plazo que a la fecha ya transcurrió y del cual de un simple análisis comparativo, no se aprecia que en dicha ley ordinaria, se exijan mayores requisitos de los que la Ley de Amparo, exige para otorgar la suspensión de los actos. En efecto, en ambos ordenamientos basta con solicitar la medida cautelar ante la autoridad competente (Magistrado instructor o Juez de Distrito) en cualquier etapa del juicio, sin exigir que la medida cautelar se circunscriba a que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución del acto, y menos aún la condiciona al ofrecimiento de las pruebas donde consten esos supuestos. Asimismo, puede apreciarse que tanto el artículo 28 analizado como la Ley de Amparo establecen que la medida solicitada durante la sustanciación del juicio tiene efectos hasta que se dicte sentencia definitiva que lo resuelva, y el primero ya no obliga a ofrecer garantía únicamente mediante billete de depósito o póliza de fianza para reparar posibles daños y perjuicios, ni que esos medios de garantía se expidan a favor de las partes demandadas. Además, el precepto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, regula la suspensión del acto impugnado del mismo modo que la Ley de Amparo, pues no condiciona su otorgamiento a la exposición de las razones para solicitarla, ni a la explicación de los perjuicios que se causarían e incluso se omitió la exigencia, en el sentido de que sólo procedía la medida cautelar ante la manifiesta ilegalidad del acto impugnado. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del diez de marzo de dos mil once, ya no establece obligaciones adicionales a las señaladas en la Ley de Amparo para solicitar y obtener la suspensión del acto reclamado pues, como puede advertirse de su texto, los requisitos que deben satisfacerse en ambas leyes para obtener esa medida cautelar, básicamente giran en torno a tres aspectos fundamentales: 1. Que la solicite el agraviado. 2. Que con la concesión de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto. Lo anterior, pues el texto del artículo 28 en cita, demuestra que la suspensión se concede con esas tres condiciones y de manera semejante a la Ley de Amparo: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concede si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concede si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. c) En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fija discrecionalmente el importe de la garantía. De esa guisa, es inconcuso que, en esencia, la Ley de Amparo y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen los mismos requisitos para solicitar y obtener la suspensión de los actos reclamados. Es importante señalar que, en lo relativo a la forma de garantizar el crédito fiscal a que alude el inciso b) de la fracción II del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se exceden tampoco los requisitos previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión; por el contrario, esa norma legal contiene disposiciones más favorables en la medida en que establece que ésta será concedida si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables y, además, contempla la posibilidad de reducirla si el monto de los créditos excede la capacidad económica del solicitante, y si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Además, como puede corroborarse, la fracción III, inciso c), del artículo 28 analizado establece que el Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; lo cual, evidentemente, no excede el plazo establecido en la Ley de Amparo. Lo anterior si se tiene en cuenta los artículos 112 y 139 de la ley de la materia Amparo, que dicen: (...) De los artículos transcritos se colige que el órgano que conozca del juicio de amparo debe proveer sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, en los casos que proceda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que recibe la demanda. Por tanto, si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo determina que la suspensión provisional se acordará a más tardar al día siguiente hábil en que se haga la solicitud, es inconcuso que se equipara a las veinticuatro horas que prevé la Ley de Amparo. De lo anterior expuesto se observa que, tanto en el juicio de nulidad como en el juicio de amparo se prevé la posibilidad de conceder la medida precautoria de manera inmediata. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J.130/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446, que copiada a la letra dice: (...) Así mismo, no se advierte que el quejoso se ubique en la excepción de no agotar tal medio de defensa, contenido en la hipótesis de improcedencia en estudio. A virtud que el acto reclamado, no carece de fundamento, por tanto no se trata solo de alegaciones directas a la Constitución y el medio de defensa encuentra su existencia en la ley aplicable. Luego entonces, quien juzga estima que en el caso planteado por el quejoso en esta vía constitucional, se actualiza la causal de improcedencia antes citada, por no haberse agotado el principio de definitividad. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.3°.A.J/5 (10ª.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, página 1470, que copiada a la letra dice: (...) En el caso, no escapa a la consideración del suscrito juzgador, que dada la naturaleza de irreparabilidad que pudiera revestir el acto reclamado, se considerara que conforme a lo previsto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procediera el juicio de amparo indirecto. Empero, es claro que el justiciable está obligado a respetar el principio de definitividad, ya que la irreparabilidad de que se habla, por sí misma no constituye una excepción a dicho principio. La irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la Ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí, una excepción a la regla de definitividad, a virtud que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. La anterior afirmación encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Décima Época, página 350, cuyo rubro y texto dicen: (...) Aunado a que, como se indicó con la promoción del juicio contencioso administrativo se puede lograr la suspensión del acto impugnado, en términos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual como se vio, no establece mayores requisitos de la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado. De igual manera, tampoco surte efectos la diversa excepción al principio de definitividad respecto de los actos que carezcan de fundamentación, toda vez que de las constancias de autos se advierte que sí la contienen. A mayor abundamiento, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no se opone en forma alguna a la normatividad que en materia de derechos humanos existe en México, ya que en los propios artículos 1° y 103 Constitucionales se prevén, límites y obligaciones correlativas a los derechos humanos, como en el caso lo es, agotar los recursos ordinarios. De manera que dicho principio es uno de los rectores del juicio de amparo, que se justifica en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; de ahí que previamente a su promoción, el quejoso deba acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto que se reclama, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, las disposiciones en Derechos Humanos, no resultan incompatibles con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados. Es de aplicarse la tesis I.4o.A.6 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, Página 1488 que dice: (...) En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano la demanda de amparo. Se tiene como autorizado en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesional Sergio Ocampo Rangel, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el ocurso de cuenta. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo.

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