Audelia Trujillo Mondragon
Expediente 2074/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2074/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Audelia Trujillo Mondragon
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Audelia Trujillo Mondragón, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, en virtud de que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por ende, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase...
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa, el auto y/o resolución de VEINTISIETE de diciembre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Audelia Trujillo Mondragón, por derecho propio, contra el acto reclamado a la Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (María Luisa de Jesús Ramírez Cadena). Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 2074/2017-IV, que por orden le corresponde. Consideraciones previas. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar ese examen preliminar, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En primer lugar, conviene precisar que la quejosa reclama el auto de no vinculación a proceso dictado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete dentro de la carpeta técnica JC/662/2017. La quejosa no refiere la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, pero sí que el veinte de octubre de este año impugnó dicho acto mediante el recurso de apelación; por ende, se tiene que al menos tuvo conocimiento de éste desde el veinte de octubre de dos mil diecisiete. Desechamiento de la demanda. Señalado lo anterior, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por las razones jurídicas que enseguida se explican: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los artículos 17 y 18 de la misma ley disponen "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se desprende que el término para la interposición de la demanda de amparo, por regla general, es de quince días y que dicho plazo se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, de manifestado por la quejosa se advierte que tuvo conocimiento de la resolución que se reclama al menos desde el veinte de octubre de dos mil diecisiete, fecha en que interpuso recurso de apelación en contra de ésta. Por tanto, tomando como base esta fecha, el término de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo contra el acto reclamado, transcurrió a partir del día veintitrés de octubre siguiente y abarcó hasta el quince de noviembre de dos mil diecisiete, sin contar los días inhábiles: veintiuno y veintidós de octubre, uno al cinco y once y doce de noviembre, todos de dos mil diecisiete. De tal manera que si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, el plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso, motivo para considerar que se actualiza la causal de improcedencia hecha valer, prevista en la fracción XIV del artículo 61 del mismo ordenamiento legal antes mencionado. No pasa inadvertida la manifestación de la quejosa en el sentido de que no se conformó ni se ha conformado con el acto reclamado, aduciendo que la interposición de la apelación en contra de éste suspendió los tiempos o términos para impugnaciones como el presente y que, por ende, este juicio es promovido en tiempo. Sin embargo, contrario a su aserto, la interposición de un recurso ordinario que, como en el caso, se consideró improcedente por la autoridad, no interrumpe el término para la presentación de la demanda de amparo, por lo que ésta resulta extemporánea para reclamar la resolución de no vinculación a proceso, máxime que no se combate el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Cobra aplicación, por identidad de razones, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Segunda Parte, página 93, cuyo rubro y texto son los siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS IMPROCEDENTES. SU INTERPOSICION NO INTERRUMPE EL TERMINO DE PRESENTACION DE LA DEMANDA. Es verdad que cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley que ya ha sido aplicada, es optativo para el quejoso, conforme a lo preceptuado en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, agotar los recursos ordinarios que procedan contra el primer acto de aplicación, por existir la posibilidad de que éste pueda ser revocado, modificado o nulificado a virtud del recurso, y bien pudiera ocurrir que sin necesidad de demandar al amparo quedase sin efectos el acto lesivo de la autoridad aplicadora de la ley; así que cuando se opta por el recurso es necesario que éste sea procedente, pues de no serlo, no existiría la posibilidad de que quedase sin efectos el acto de autoridad, o sea que la interposición de recursos ordinarios improcedentes no interrumpe el plazo para pedir amparo contra el fallo respecto del cual se hicieron valer aquellos recursos." No obstante que la tesis citada hace referencia al artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia abrogada, resulta aplicable de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que no se opone a su contenido; máxime que dicha causal de improcedencia continúa presente el artículo 61, fracción XIV, de esta última. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado por la parte quejosa, y por autorizado únicamente para tales efectos a Cornelio Díaz Velázquez, toda vez que en la demanda no se precisan los alcances de su autorización y, en ese sentido, este Juzgado está imposibilitado para tenerlo en términos amplios si la parte quejosa no lo manifestó expresamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6345/2017, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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